El otrora país más democrático de Asia Central, casi sin escalas, ha viajado de un sistema caótico y fragmentado pero democrático a la mano dura de un mandamás fuerte con cada vez mayor poder y menor oposición. Tal vez este lejano país permita comprender cuán débil es la democracia cuando no existen instituciones sólidas, cómo la fragilidad entraña inestabilidad y ésta abre las puertas a los líderes carismáticos que se autoproclaman salvadores tan sólo para dar un paso hacia el autoritarismo.

Por Ignacio E. Hutin

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Asia Central es bastante más que la ruta de la seda, un punto aleatorio en los mapas de Marco Polo o aquel conjunto de confusos sufijos “stan”. Por supuesto que la distancia geográfica con América Latina no ayuda a afianzar lazos y tampoco que Kazajistán sea el único país centroasiático con embajada en la región. Y sin embargo, es conveniente mirar a Kirguistán. El último año y el futuro que ya comienza a vislumbrarse para este país pueden ser una buena lección sobre cuán rápidamente se degradan las instituciones democráticas, cómo un Estado puede romperse en apenas 6 meses.

Kirguistán se constituía como la república más democrática de su región, tal vez porque fue la única en la que no gobernó ningún heredero local de la nomenklatura, la elite del Partido Comunista soviético. Aun así, Askar Akaiev fue presidente desde la independencia, en 1991, y hasta 2005, cuando debió abandonar el poder (y el país) tras una serie de manifestaciones populares originadas en un supuesto fraude electoral. Lo sucedió Kurmanbek Bakíev, pero cinco años más tarde se repitió la historia: manifestaciones, renuncia y huida al extranjero. Dos eventos tan similares en tan sólo un lustro marcaban la necesidad de un cambio de rumbo. Y Kirguistán se convirtió así en el único país de la región con régimen parlamentario.

¿Cómo resultó aquel experimento? En una década hubo nada menos que 16 gobiernos, incluyendo a 5 encabezados por Primeros Ministros interinos o en funciones. Kirguistán nunca tuvo un liderazgo fuerte y unipersonal como sí tuvieron sus vecinos de Turkmenistán o Uzbekistán, pero tampoco logró consolidar una cultura política que derivara en elecciones justas, en gobiernos reconocidos. Simplemente quedó en el medio. Los partidos y las instituciones son débiles, más aún en un sistema parlamentario, en el que el poder está fragmentado. Pero las aspiraciones democráticas se mantienen pese a las dificultades. O, mejor dicho, se mantenían.

En 2020 la fragmentación política implosionó. Las acusaciones de fraude que siguieron a unas muy parejas elecciones parlamentarias desembocaron en manifestaciones, tan grandes como las de 2005 y 2010, pero más violentas. La sede del gobierno fue incendiada y fueron liberados políticos que estaban presos, entre ellos Sadir Zhaparov, un carismático ex miembro del Parlamento y asesor presidencial de Bakíev que había sido condenado en 2017 por secuestrar a un oficial del gobierno. Los curiosos caminos de una revolución caótica y heterogénea, sumados a renuncias sucesivas, llevaron a que Zhaparov se convirtiera en Primer Ministro. Incluso llegó a ejercer la presidencia por un mes, es decir que fue Jefe de Estado y líder del gobierno al mismo tiempo. En apenas 10 días, pasó de la prisión a tener en sus manos la suma del poder público sin haber recibido siquiera un voto. Las fallidas elecciones parlamentarias quedaron olvidadas y no se repitieron.

Zhaparov emergió como un líder de fuerte personalidad en medio del caos, como una suerte de salvador, como un héroe. O como la mano dura que se necesitaba para alcanzar finalmente una estabilidad que ni la democracia parlamentaria ni la presidencialista habían podido proveer. Su popularidad creció exponencialmente gracias a un discurso anticorrupción y nacionalista, sumado a una cercanía con los votantes atípica para la región. Habló de nacionalizar las minas de oro, mineral que representa más del 40% de las exportaciones del país centroasiático, y de apoyo a los trabajadores migrantes en países como Rusia y Turquía.

En enero obtuvo casi el 80% en unas elecciones presidenciales anticipadas en las que participó menos del 40% de la población, quizás reflejo de la desconfianza en el sistema. Al mismo tiempo fue ratificada su propuesta de volver a un régimen presidencialista. El nuevo líder de Kirguistán asumió virtualmente sin oposición y con más poder que cualquiera de sus antecesores.

Zhaparov ya estaba inmerso en su triunfalismo cuando, apenas 3 meses más tarde, el pasado 11 de abril, se llevó a cabo un segundo referéndum constitucional. Esta vez la propuesta consistía en aumentar el poder del presidente y reducir la cantidad de miembros y las responsabilidades del Parlamento. Entre otras funciones transferidas del poder legislativo al ejecutivo aparecían la posibilidad de convocar a referéndums, quitar fueros, nombrar y destituir unilateralmente a miembros del gabinete, a jueces, al fiscal general, al presidente del Banco Central y a la mitad de los miembros del Comité Central Electoral, que así dejaría de ser independiente. Además se proponían mayores controles a organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos, y la exigencia de un permiso previo para realizar manifestaciones, tal como sucede en Rusia. Por otro lado, se incluía la prohibición de actividades y difusión de información contrarias a los “valores morales y la conciencia pública del pueblo”. Sin especificar a qué refieren dichos valores, este artículo podría dar lugar a la represión y al abuso de poder. En pocas palabras, y según la organización Human Rights Watch, el proyecto de cambio constitucional “socava las normas de derechos humanos y debilita los controles y equilibrios necesarios para evitar abusos de poder”.

Pero las advertencias no bastaron. El segundo referéndum significó un nuevo triunfo abrumador para Zhaparov: el proyecto de nueva Constitución fue apoyado una vez más por casi el 80% de los votos. Mientras tanto, las fallidas elecciones parlamentarias aún no han vuelto a realizarse. Es decir que fue un parlamento interino el que inició el proceso de enmiendas constitucionales a instancias del presidente ¿Tenía legitimidad para hacerlo? Ya no importa.

En apenas seis meses, todo se ha roto en Kirguistán, el otrora país más democrático de Asia Central. Casi sin escalas, ha viajado de un sistema caótico y fragmentado pero democrático a la mano dura de un mandamás fuerte con cada vez mayor poder y menor oposición. Tal vez este lejano país permita comprender cuán débil es la democracia cuando no existen instituciones sólidas, cómo la fragilidad entraña inestabilidad y ésta abre las puertas a los líderes carismáticos que se autoproclaman salvadores tan sólo para dar un paso hacia el autoritarismo. O quizás también sirva para probar aquella máxima kafkiana: “toda revolución se evapora y deja atrás sólo el limo de una nueva burocracia”.

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Ignacio E. Hutin

Consejero Consultivo

Magíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).