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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
17-04-2026Chad: dos décadas de transición de una fachada democrática hacia una autocracia de línea dura
Restricciones a las libertades y violaciones al Estado de derecho. Un país carcomido por la corrupción: el freno al desarrollo socioeconómico. La instrumentalización de la guerra contra el terrorismo como justificación de la violencia de Estado. El estrechamiento de lazos con potencias no-occidentales como medio de presión para incumplir los derechos humanos.
Por Thibaut Francois
Considerado por Occidente como un pilar de la estabilidad del Sahel, Chad esconde una realidad interna marcada por una pobreza endémica y una autocracia cada vez más violenta. El análisis de los informes del BTI de 2006 a 2026 pone de manifiesto cómo la llegada al poder de Mahamat Déby, hijo del expresidente Idriss Déby, entre 1990 y 2021, precipitó al país hacia una autocracia de línea dura. La evolución de los distintos indicadores del BTI muestra que la dinastía está dispuesta a sacrificar el desarrollo y los derechos de su población para mantenerse en el poder.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI)
El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) es un índice de evaluación publicado cada dos años por la Fundación Bertelsmann, que abarca 137 países en desarrollo o en transición. El BTI 2026 analiza el período comprendido entre febrero de 2023 y enero de 2025. Cada país se evalúa en una escala del 1 al 10 (siendo 1 la situación más desfavorable y 10 la más favorable) a partir de tres dimensiones analíticas: transformación política, transformación económica y el índice de gobernanza.
La transformación política se basa en cinco criterios: la estatalidad, la participación política, el estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y la integración política y social. Por su parte, la transformación económica evalúa siete criterios, que van desde el nivel de desarrollo socioeconómico hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la organización del mercado, la estabilidad monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y el régimen de protección social. Por último, el índice de gobernanza mide la capacidad de los dirigentes para gestionar eficazmente estas transformaciones a través de cinco criterios: la capacidad de liderazgo, la eficiencia en el uso de los recursos, la creación de consenso, la cooperación internacional y el nivel de dificultad estructural del país.
Desde su independencia del imperio colonial francés en 1960, Chad ha atravesado numerosas crisis, marcadas por dictaduras sangrientas, guerras civiles y crisis humanitarias. Tras el fin de la dictadura de Hissène Habré —vencedor de la guerra civil chadiana de 1982— su mano derecha, Idriss Déby, tomó el poder por la fuerza en 1990 y lo retuvo hasta ser asesinado por grupos rebeldes en 2021. Desde entonces, su hijo, Mahamat Idriss Déby, fue designado jefe de Estado por el Consejo Militar de Transición, haciendo todo lo posible por perpetuar el poder en manos del MPS (Mouvement Patriotique du Salut), el partido fundado por su padre.
En este contexto, el BTI ha analizado la evolución política, social y económica de la nación centroafricana desde 2006, documentando el deterioro institucional que arrastró al país de ser una «autocracia moderada» a convertirse en una «autocracia de línea dura». En la actualidad, Chad es uno de los países menos desarrollados del mundo (puesto 190 de 193 en el índice de desarrollo humano) y, según el BTI, ocupa el lugar 124 en su ranking de transformación democrática.
El gráfico revela una tendencia decreciente marcada por tres dinámicas distintas: en primer lugar, una caída abrupta entre 2006 y 2010, que coincide con la guerra civil chadiana; luego, una cierta estabilización y el mantenimiento de una fachada democrática bajo el mandato de Idriss Déby entre 2010 y 2020; y, finalmente, un nuevo desplome de los indicadores a partir de 2020, como resultado directo del fallecimiento del mandatario y del impacto de la pandemia del COVID-19.
Esta caída de los indicadores en la presente década ilustra a la perfección la transición del régimen entre la gestión de Idriss Déby y la de su hijo, Mahamat Déby. En efecto, el padre, urgido de apoyo occidental, especialmente para la lucha contra el terrorismo, intentaba mantener una fachada democrática permitiendo un cierto pluralismo político y la existencia de la oposición (aunque en la práctica esta careciera de influencia real). Tras su muerte, la acumulación de crisis que atraviesa el país (la expansión de Boko Haram, las tensiones étnicas internas, los impactos del conflicto en Darfur y la inestabilidad de la renta petrolera) terminó por destruir el espejismo de la democracia chadiana. Este quiebre institucional se ha materializado en el asesinato de opositores políticos, la represión sangrienta de manifestaciones, el exilio forzado de líderes clave y la supresión sistemática de libertades fundamentales como la de expresión y asociación, a pesar de estar expresamente consagradas en la recién promulgada Constitución de 2023.
El colapso de la fachada democrática : entre restricciones a las libertades y violaciones al Estado de derecho
Como se mencionó anteriormente, se observa una clara ruptura entre la gestión de Idriss Déby y la de Mahamat Déby. La fachada democrática de Chad se ha derrumbado, aún cuando de por sí[1] carecía de credibilidad.
Uno de los criterios más importantes que sustentan esta afirmación es la celebración de elecciones libres: en los años posteriores a la guerra civil (2005-2010), Idriss Déby intentaba mantener una apariencia de soberanía popular y representación ciudadana, nombrando, por ejemplo, a un primer ministro del sur, a pesar de que él provenía de una etnia del norte (los zaghawa). Aunque fraudulentas, se celebraban elecciones con frecuencia, lo que le permitía al país mantener un puntaje del BTI que oscilaba entre 3 y 4 en el indicador “elecciones libres y justas”. Tras su muerte, el incumplimiento de un referéndum sobre el estatus federal o unitario del Estado, el terror impuesto a la oposición, especialmente durante el episodio del "Jueves Negro" (el 20 de octubre de 2022), y el nulo respeto por el pluralismo político provocaron el desplome de este indicador a 1 en el BTI 2024. Ese mismo año se celebraron las elecciones presidenciales oficiales y los comicios parlamentarios que ratificaron la abrumadora victoria del MPS (obteniendo 124 de los 188 escaños).
El episodio del Jueves Negro es clave para entender el silenciamiento sistemático de la sociedad civil y de la oposición: el 20 de octubre de 2022, miles de chadianos salieron a protestar contra la prolongación del período de transición militar de Mahamat Déby, a pesar de que las manifestaciones habían sido prohibidas. En respuesta, el régimen disparó con munición real contra la multitud, asesinando a decenas de manifestantes y dejando al menos 300 heridos, según diversas ONG. Además, alrededor de 600 personas fueron detenidas y deportadas a una prisión de máxima seguridad en pleno desierto.
Por otro lado, el sistema de partidos políticos también se ha visto gravemente afectado, pasando de un puntaje de 4 a principios del siglo a 2 puntos en el último informe del BTI. Aunque Chad cuenta con más de 300 partidos políticos registrados, en la práctica la inmensa mayoría ha sido cooptada por el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS) bajo el paraguas de la "Coalición por un Chad Unido”.
Respecto a las libertades fundamentales, a pesar de estar expresamente consagradas en la nueva Constitución de 2023, estas sufren vulneraciones graves y sistemáticas. En efecto, la libertad de expresión y de prensa se encuentra bajo constante asedio: los periodistas que no se alinean con el régimen enfrentan amenazas, intimidación y penas de cárcel. El caso de Idriss Yaya ilustra a la perfección esta realidad: este periodista, que investigaba el resurgimiento de los conflictos en la región, había recibido múltiples amenazas por parte de personas vinculadas al gobierno antes de ser asesinado junto a su esposa y su hijo en 2024, según denunció Amnistía Internacional. Frente a este escenario, los opositores intentan utilizar las redes sociales para alertar a la comunidad internacional, pero el Estado redobla sus esfuerzos para silenciarlos, recurriendo incluso a cortes generales de internet para controlar el flujo de la información.
Cabe destacar que el caso de Idriss Yaya no es un caso aislado. Según el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Chad se encuentra en el puesto 109 de 180 países en el índice de libertad de la prensa y la persecución contra las voces críticas son constantes. El periodista Service Ngardjelaï permaneció detenido durante siete meses en una prisión de alta seguridad en la que la tortura y los trabajos forzados eran algo cotidiano. Otro claro ejemplo es el del defensor de los derechos humanos Baradine Berdei Targuio, documentado por Amnistía Internacional, quien sufrió 17 meses de detención arbitraria por “quebrantamiento del orden constitucional” por una publicación en Facebook en la cual alerta sobre la situacion de los derechos humanos en la región del Tibesti.
Por su parte, los derechos de asociación y de manifestación han sido igualmente cercenados: su calificación en el BTI se desplomó de un 6 en 2006 a un alarmante 2 en 2024. Para comprender las razones detrás de esta caída, el trágico desenlace del "Jueves Negro" resulta más que elocuente.
Estas libertades y derechos civiles tan elementales tampoco se respetan por una razón estratégica: la guerra contra la creciente influencia de Boko Haram (grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico) desde 2015. En efecto, Chad registra un puntaje de 6 en el indicador del monopolio del uso de la fuerza. Esta cifra demuestra que, si bien el Estado controla la mayor parte de su territorio, los grupos rebeldes siguen siendo sumamente poderosos, en particular en el norte del país y en la región de Darfur, escenario de una de las peores crisis humanitarias del continente.
La caída del Estado de derecho constituye, quizás, el indicador más revelador de la deriva autoritaria del régimen. El puntaje de la separación de poderes, ya de por sí bajo durante la gestión de Idriss Déby, alcanzó su piso absoluto de 1 sobre 10 en el informe BTI 2026. En teoría, la nueva Constitución de diciembre de 2023 impone una separación formal de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En la práctica, esta disposición no es más que otra fachada: el propio Mahamat Déby nombró a todos los miembros de las instituciones clave incluso antes de que el texto entrara en vigor, garantizando así su lealtad incondicional. El parlamento de transición, cuyo mandato ya había expirado, ilustró esta sumisión total al proponer y aprobar el nombramiento de Déby con el título de mariscal de Chad, una distinción honorífica que hasta entonces ostentaba únicamente su padre.
La independencia del poder judicial sigue la misma trayectoria de colapso, pasando de un 3/10 en 2006 a un 1/10 en 2026. Los controvertidos nombramientos de los presidentes de la Corte Constitucional y de la Agencia Nacional de Gestión de Elecciones en enero de 2024, ambos militantes históricos del MPS, ilustran de manera concreta esta captura institucional. Lejos de ejercer un control sobre el poder ejecutivo, la justicia se ha convertido en un instrumento de consolidación del poder: la amnistía concedida en noviembre de 2023 a los responsables de la represión del Jueves Negro, así como la impunidad total de la que gozan las fuerzas armadas tras la operación Haskanite, son ejemplos patentes de ello. En este contexto, los ciudadanos comunes, los opositores políticos y los periodistas quedan a merced de la arbitrariedad de un aparato judicial enteramente subordinado a la voluntad presidencial.
Un país carcomido por la corrupción: el freno al desarrollo socioeconómico
Las recurrentes violaciones a los derechos humanos en este país también deben analizarse desde una perspectiva económica. Chad cuenta con uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del mundo (ocupa el puesto 189 de 193) y no muestra ningún signo de mejora, tal como lo subraya el informe del BTI (cuyo puntaje de desarrollo socioeconómico se encuentra estancado en 1 sobre 10 desde la edición de 2006). Por el contrario, la situación parece agravarse: el puntaje de transformación económica del BTI pasó de 4,18 en 2006 a un alarmante 3,07 en 2026. Además, la proporción de la población que sobrevive en situación de pobreza multidimensional severa no ha dejado de crecer desde 2022, alcanzando un devastador 84,2 %.
A pesar de las abundantes riquezas petroleras presentes en su territorio, Chad no ha hecho ningún esfuerzo por diversificar su matriz productiva. El crudo representa el 80% de sus exportaciones, lo que condena al país a una extrema vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Estos pésimos resultados económicos no son producto de la incompetencia, sino que evidencian la férrea determinación del clan Déby por mantenerse en el poder. Esta estrategia de supervivencia se basa en la captación total de la renta petrolera, cuyos contratos son administrados exclusivamente por la estatal Sociedad de Hidrocarburos de Chad (SHT). El régimen asfixia deliberadamente el surgimiento de actores económicos privados independientes, ya que estos podrían acumular el poder suficiente para representar una amenaza a la supervivencia de la autocracia.
La política de apertura comercial de Chad, impulsada por su pertenencia a la zona de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), no es más que otra fachada destinada a tranquilizar a los organismos financieros internacionales. Detrás de este barniz, los indicadores de liberalización se han desplomado (pasando de un 7 en el BTI 2006 a un 4 en 2026): el régimen asfixia deliberadamente el surgimiento de un sector privado independiente, al que percibe como una amenaza para su hegemonía política. Al captar la renta petrolera a través de circuitos opacos, el poder priva a los ciudadanos de sus derechos económicos más elementales, volviendo inalcanzable el acceso al agua o a la salud para la mayoría. Este cerrojo institucional se traduce en una inseguridad jurídica sangrienta. El informe del BTI subraya la negativa sistemática del Estado a garantizar los derechos de propiedad de la tierra, una desprotección que alimenta graves violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales. Los conflictos entre agricultores sedentarios y pastores nómadas derivan con demasiada frecuencia en el horror, transformándose en ejecuciones extrajudiciales y masacres a gran escala, como las ocurridas en Sandana o Mangalmé. Protegidos por una justicia parcial y por estrechos vínculos con la élite militar, diversos grupos armados se apropian de las tierras por la fuerza y con total impunidad.
Finalmente, esta depredación va acompañada de una desinversión total en el capital humano. El indicador del BTI relativo a la educación y a la Investigación y Desarrollo se estanca en un nivel muy bajo (entre 1 y 2 sobre 10). Mientras que el presupuesto nacional es devorado por el aparato de seguridad, la educación pública es sacrificada. Privada de acceso a una educación de calidad y excluida de cualquier inversión en innovación, a la juventud chadiana no le queda más alternativa que intentar sobrevivir en un sector informal que concentra actualmente cerca del 70 % de la población económicamente activa.
La instrumentalización de la guerra contra el terrorismo como justificación de la violencia de Estado
En cuanto a la gobernanza, Chad es un Estado que enfrenta profundas limitaciones estructurales (reflejadas en un puntaje constante de 9) y un elevado índice de conflictos. Sin embargo, el régimen actual instrumentaliza estas dificultades para afianzar su yugo sobre la población, abandonando por completo las urgencias sanitarias y sociales para concentrarse exclusivamente en la agenda militar. Aun cuando el país es azotado por graves epidemias (como el VIH o el cólera), derivadas en gran medida de los desplazamientos masivos provocados por la violencia terrorista en la región, el indicador del BTI que mide la capacidad del gobierno para establecer prioridades se desploma a un alarmante 1 sobre 10. De esta manera, la administración de Déby dinamita la escasa legitimidad popular que le queda y termina alimentando el surgimiento del mismo terrorismo que afirma combatir.
En realidad, la llamada transición política nunca tuvo como objetivo construir la paz. Tal como subraya el informe del BTI, el gobierno no muestra voluntad alguna de erradicar los males estructurales de la nación (pobreza, terrorismo, falta de infraestructura). El asesinato del líder opositor y primo del presidente en 2024, perpetrado por las fuerzas armadas, es un testimonio brutal de esta violencia de Estado a plena luz del día y evidencia la ferocidad inaudita con la que el régimen actúa contra sus propios ciudadanos. El ejemplo de la operación militar “Colère de Boma” (Ira de Boma), lanzada en represalia por los ataques de Boko Haram, ilustra a la perfección que el Estado está dispuesto a masacrar a la población civil, operando bajo un manto de impunidad absoluta garantizado por un poder judicial totalmente subordinado al ejecutivo militar.
El gobierno ha ratificado numerosos acuerdos para mejorar su imagen internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero en la práctica no aplica ninguna medida concreta a nivel interno. Esto explica el estancamiento de la política anticorrupción en un puntaje de 2 en los informes del BTI. La creación de una autoridad «independiente» no funciona más que como una fachada para ocultar la opacidad de los negocios del régimen. A esto se suma la creación de organizaciones no gubernamentales ficticias, cuyo objetivo es diluir la influencia de la verdadera sociedad civil que reclama sus derechos, sembrar la desconfianza ciudadana y, de paso, captar ilícitamente los fondos de la ayuda internacional. Se trata, en definitiva, de aplicar a la perfección la premisa de «divide y reinarás».
El estrechamiento de lazos con potencias no-occidentales como medio de presión para incumplir los derechos humanos
En conclusión, el análisis del BTI pone en evidencia que Chad nunca inició realmente su transición democrática. Todo el poder permanece concentrado en manos de la dinastía militar Déby, la oposición ha sido amordazada y la población vive sumida en el miedo desde la violenta represión de las protestas del 20 de octubre de 2022. La categorización de Chad como una «autocracia de línea dura» resulta, por lo tanto, innegable, sustentada en el saqueo de los ingresos petroleros y en el despliegue desproporcionado del aparato militar.
La ruptura de la cooperación militar con Francia en enero de 2025 —justificada bajo la retórica de la soberanía nacional y el anticolonialismo— demostró la hábil instrumentalización de la posición geopolítica de Yamena, un hecho que quedó en evidencia con la rápida reanudación de las negociaciones apenas un año después, en enero de 2026. Al amenazar con volcarse hacia nuevos actores no occidentales en un Sahel profundamente inestable, Chad logra imponer su chantaje diplomático y obliga a Occidente a cerrar los ojos ante las múltiples y constantes violaciones a los derechos humanos que se perpetran en su territorio.
Thibaut FrancoisPasante internacional de CADALPasante internacional de CADAL. Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Lumière Lyon y está cursando el Máster en Ciencia Política – Política Comparada y Cooperación Internacional: Américas, Universite de Bordeaux.
Considerado por Occidente como un pilar de la estabilidad del Sahel, Chad esconde una realidad interna marcada por una pobreza endémica y una autocracia cada vez más violenta. El análisis de los informes del BTI de 2006 a 2026 pone de manifiesto cómo la llegada al poder de Mahamat Déby, hijo del expresidente Idriss Déby, entre 1990 y 2021, precipitó al país hacia una autocracia de línea dura. La evolución de los distintos indicadores del BTI muestra que la dinastía está dispuesta a sacrificar el desarrollo y los derechos de su población para mantenerse en el poder.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI)
El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) es un índice de evaluación publicado cada dos años por la Fundación Bertelsmann, que abarca 137 países en desarrollo o en transición. El BTI 2026 analiza el período comprendido entre febrero de 2023 y enero de 2025. Cada país se evalúa en una escala del 1 al 10 (siendo 1 la situación más desfavorable y 10 la más favorable) a partir de tres dimensiones analíticas: transformación política, transformación económica y el índice de gobernanza.
La transformación política se basa en cinco criterios: la estatalidad, la participación política, el estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y la integración política y social. Por su parte, la transformación económica evalúa siete criterios, que van desde el nivel de desarrollo socioeconómico hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la organización del mercado, la estabilidad monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y el régimen de protección social. Por último, el índice de gobernanza mide la capacidad de los dirigentes para gestionar eficazmente estas transformaciones a través de cinco criterios: la capacidad de liderazgo, la eficiencia en el uso de los recursos, la creación de consenso, la cooperación internacional y el nivel de dificultad estructural del país.
Desde su independencia del imperio colonial francés en 1960, Chad ha atravesado numerosas crisis, marcadas por dictaduras sangrientas, guerras civiles y crisis humanitarias. Tras el fin de la dictadura de Hissène Habré —vencedor de la guerra civil chadiana de 1982— su mano derecha, Idriss Déby, tomó el poder por la fuerza en 1990 y lo retuvo hasta ser asesinado por grupos rebeldes en 2021. Desde entonces, su hijo, Mahamat Idriss Déby, fue designado jefe de Estado por el Consejo Militar de Transición, haciendo todo lo posible por perpetuar el poder en manos del MPS (Mouvement Patriotique du Salut), el partido fundado por su padre.
En este contexto, el BTI ha analizado la evolución política, social y económica de la nación centroafricana desde 2006, documentando el deterioro institucional que arrastró al país de ser una «autocracia moderada» a convertirse en una «autocracia de línea dura». En la actualidad, Chad es uno de los países menos desarrollados del mundo (puesto 190 de 193 en el índice de desarrollo humano) y, según el BTI, ocupa el lugar 124 en su ranking de transformación democrática.
El gráfico revela una tendencia decreciente marcada por tres dinámicas distintas: en primer lugar, una caída abrupta entre 2006 y 2010, que coincide con la guerra civil chadiana; luego, una cierta estabilización y el mantenimiento de una fachada democrática bajo el mandato de Idriss Déby entre 2010 y 2020; y, finalmente, un nuevo desplome de los indicadores a partir de 2020, como resultado directo del fallecimiento del mandatario y del impacto de la pandemia del COVID-19.
Esta caída de los indicadores en la presente década ilustra a la perfección la transición del régimen entre la gestión de Idriss Déby y la de su hijo, Mahamat Déby. En efecto, el padre, urgido de apoyo occidental, especialmente para la lucha contra el terrorismo, intentaba mantener una fachada democrática permitiendo un cierto pluralismo político y la existencia de la oposición (aunque en la práctica esta careciera de influencia real). Tras su muerte, la acumulación de crisis que atraviesa el país (la expansión de Boko Haram, las tensiones étnicas internas, los impactos del conflicto en Darfur y la inestabilidad de la renta petrolera) terminó por destruir el espejismo de la democracia chadiana. Este quiebre institucional se ha materializado en el asesinato de opositores políticos, la represión sangrienta de manifestaciones, el exilio forzado de líderes clave y la supresión sistemática de libertades fundamentales como la de expresión y asociación, a pesar de estar expresamente consagradas en la recién promulgada Constitución de 2023.
El colapso de la fachada democrática : entre restricciones a las libertades y violaciones al Estado de derecho
Como se mencionó anteriormente, se observa una clara ruptura entre la gestión de Idriss Déby y la de Mahamat Déby. La fachada democrática de Chad se ha derrumbado, aún cuando de por sí[1] carecía de credibilidad.
Uno de los criterios más importantes que sustentan esta afirmación es la celebración de elecciones libres: en los años posteriores a la guerra civil (2005-2010), Idriss Déby intentaba mantener una apariencia de soberanía popular y representación ciudadana, nombrando, por ejemplo, a un primer ministro del sur, a pesar de que él provenía de una etnia del norte (los zaghawa). Aunque fraudulentas, se celebraban elecciones con frecuencia, lo que le permitía al país mantener un puntaje del BTI que oscilaba entre 3 y 4 en el indicador “elecciones libres y justas”. Tras su muerte, el incumplimiento de un referéndum sobre el estatus federal o unitario del Estado, el terror impuesto a la oposición, especialmente durante el episodio del "Jueves Negro" (el 20 de octubre de 2022), y el nulo respeto por el pluralismo político provocaron el desplome de este indicador a 1 en el BTI 2024. Ese mismo año se celebraron las elecciones presidenciales oficiales y los comicios parlamentarios que ratificaron la abrumadora victoria del MPS (obteniendo 124 de los 188 escaños).
El episodio del Jueves Negro es clave para entender el silenciamiento sistemático de la sociedad civil y de la oposición: el 20 de octubre de 2022, miles de chadianos salieron a protestar contra la prolongación del período de transición militar de Mahamat Déby, a pesar de que las manifestaciones habían sido prohibidas. En respuesta, el régimen disparó con munición real contra la multitud, asesinando a decenas de manifestantes y dejando al menos 300 heridos, según diversas ONG. Además, alrededor de 600 personas fueron detenidas y deportadas a una prisión de máxima seguridad en pleno desierto.
Por otro lado, el sistema de partidos políticos también se ha visto gravemente afectado, pasando de un puntaje de 4 a principios del siglo a 2 puntos en el último informe del BTI. Aunque Chad cuenta con más de 300 partidos políticos registrados, en la práctica la inmensa mayoría ha sido cooptada por el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS) bajo el paraguas de la "Coalición por un Chad Unido”.
Respecto a las libertades fundamentales, a pesar de estar expresamente consagradas en la nueva Constitución de 2023, estas sufren vulneraciones graves y sistemáticas. En efecto, la libertad de expresión y de prensa se encuentra bajo constante asedio: los periodistas que no se alinean con el régimen enfrentan amenazas, intimidación y penas de cárcel. El caso de Idriss Yaya ilustra a la perfección esta realidad: este periodista, que investigaba el resurgimiento de los conflictos en la región, había recibido múltiples amenazas por parte de personas vinculadas al gobierno antes de ser asesinado junto a su esposa y su hijo en 2024, según denunció Amnistía Internacional. Frente a este escenario, los opositores intentan utilizar las redes sociales para alertar a la comunidad internacional, pero el Estado redobla sus esfuerzos para silenciarlos, recurriendo incluso a cortes generales de internet para controlar el flujo de la información.
Cabe destacar que el caso de Idriss Yaya no es un caso aislado. Según el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Chad se encuentra en el puesto 109 de 180 países en el índice de libertad de la prensa y la persecución contra las voces críticas son constantes. El periodista Service Ngardjelaï permaneció detenido durante siete meses en una prisión de alta seguridad en la que la tortura y los trabajos forzados eran algo cotidiano. Otro claro ejemplo es el del defensor de los derechos humanos Baradine Berdei Targuio, documentado por Amnistía Internacional, quien sufrió 17 meses de detención arbitraria por “quebrantamiento del orden constitucional” por una publicación en Facebook en la cual alerta sobre la situacion de los derechos humanos en la región del Tibesti.
Por su parte, los derechos de asociación y de manifestación han sido igualmente cercenados: su calificación en el BTI se desplomó de un 6 en 2006 a un alarmante 2 en 2024. Para comprender las razones detrás de esta caída, el trágico desenlace del "Jueves Negro" resulta más que elocuente.
Estas libertades y derechos civiles tan elementales tampoco se respetan por una razón estratégica: la guerra contra la creciente influencia de Boko Haram (grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico) desde 2015. En efecto, Chad registra un puntaje de 6 en el indicador del monopolio del uso de la fuerza. Esta cifra demuestra que, si bien el Estado controla la mayor parte de su territorio, los grupos rebeldes siguen siendo sumamente poderosos, en particular en el norte del país y en la región de Darfur, escenario de una de las peores crisis humanitarias del continente.
La caída del Estado de derecho constituye, quizás, el indicador más revelador de la deriva autoritaria del régimen. El puntaje de la separación de poderes, ya de por sí bajo durante la gestión de Idriss Déby, alcanzó su piso absoluto de 1 sobre 10 en el informe BTI 2026. En teoría, la nueva Constitución de diciembre de 2023 impone una separación formal de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En la práctica, esta disposición no es más que otra fachada: el propio Mahamat Déby nombró a todos los miembros de las instituciones clave incluso antes de que el texto entrara en vigor, garantizando así su lealtad incondicional. El parlamento de transición, cuyo mandato ya había expirado, ilustró esta sumisión total al proponer y aprobar el nombramiento de Déby con el título de mariscal de Chad, una distinción honorífica que hasta entonces ostentaba únicamente su padre.
La independencia del poder judicial sigue la misma trayectoria de colapso, pasando de un 3/10 en 2006 a un 1/10 en 2026. Los controvertidos nombramientos de los presidentes de la Corte Constitucional y de la Agencia Nacional de Gestión de Elecciones en enero de 2024, ambos militantes históricos del MPS, ilustran de manera concreta esta captura institucional. Lejos de ejercer un control sobre el poder ejecutivo, la justicia se ha convertido en un instrumento de consolidación del poder: la amnistía concedida en noviembre de 2023 a los responsables de la represión del Jueves Negro, así como la impunidad total de la que gozan las fuerzas armadas tras la operación Haskanite, son ejemplos patentes de ello. En este contexto, los ciudadanos comunes, los opositores políticos y los periodistas quedan a merced de la arbitrariedad de un aparato judicial enteramente subordinado a la voluntad presidencial.
Un país carcomido por la corrupción: el freno al desarrollo socioeconómico
Las recurrentes violaciones a los derechos humanos en este país también deben analizarse desde una perspectiva económica. Chad cuenta con uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del mundo (ocupa el puesto 189 de 193) y no muestra ningún signo de mejora, tal como lo subraya el informe del BTI (cuyo puntaje de desarrollo socioeconómico se encuentra estancado en 1 sobre 10 desde la edición de 2006). Por el contrario, la situación parece agravarse: el puntaje de transformación económica del BTI pasó de 4,18 en 2006 a un alarmante 3,07 en 2026. Además, la proporción de la población que sobrevive en situación de pobreza multidimensional severa no ha dejado de crecer desde 2022, alcanzando un devastador 84,2 %.
A pesar de las abundantes riquezas petroleras presentes en su territorio, Chad no ha hecho ningún esfuerzo por diversificar su matriz productiva. El crudo representa el 80% de sus exportaciones, lo que condena al país a una extrema vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Estos pésimos resultados económicos no son producto de la incompetencia, sino que evidencian la férrea determinación del clan Déby por mantenerse en el poder. Esta estrategia de supervivencia se basa en la captación total de la renta petrolera, cuyos contratos son administrados exclusivamente por la estatal Sociedad de Hidrocarburos de Chad (SHT). El régimen asfixia deliberadamente el surgimiento de actores económicos privados independientes, ya que estos podrían acumular el poder suficiente para representar una amenaza a la supervivencia de la autocracia.
La política de apertura comercial de Chad, impulsada por su pertenencia a la zona de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), no es más que otra fachada destinada a tranquilizar a los organismos financieros internacionales. Detrás de este barniz, los indicadores de liberalización se han desplomado (pasando de un 7 en el BTI 2006 a un 4 en 2026): el régimen asfixia deliberadamente el surgimiento de un sector privado independiente, al que percibe como una amenaza para su hegemonía política. Al captar la renta petrolera a través de circuitos opacos, el poder priva a los ciudadanos de sus derechos económicos más elementales, volviendo inalcanzable el acceso al agua o a la salud para la mayoría. Este cerrojo institucional se traduce en una inseguridad jurídica sangrienta. El informe del BTI subraya la negativa sistemática del Estado a garantizar los derechos de propiedad de la tierra, una desprotección que alimenta graves violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales. Los conflictos entre agricultores sedentarios y pastores nómadas derivan con demasiada frecuencia en el horror, transformándose en ejecuciones extrajudiciales y masacres a gran escala, como las ocurridas en Sandana o Mangalmé. Protegidos por una justicia parcial y por estrechos vínculos con la élite militar, diversos grupos armados se apropian de las tierras por la fuerza y con total impunidad.
Finalmente, esta depredación va acompañada de una desinversión total en el capital humano. El indicador del BTI relativo a la educación y a la Investigación y Desarrollo se estanca en un nivel muy bajo (entre 1 y 2 sobre 10). Mientras que el presupuesto nacional es devorado por el aparato de seguridad, la educación pública es sacrificada. Privada de acceso a una educación de calidad y excluida de cualquier inversión en innovación, a la juventud chadiana no le queda más alternativa que intentar sobrevivir en un sector informal que concentra actualmente cerca del 70 % de la población económicamente activa.
La instrumentalización de la guerra contra el terrorismo como justificación de la violencia de Estado
En cuanto a la gobernanza, Chad es un Estado que enfrenta profundas limitaciones estructurales (reflejadas en un puntaje constante de 9) y un elevado índice de conflictos. Sin embargo, el régimen actual instrumentaliza estas dificultades para afianzar su yugo sobre la población, abandonando por completo las urgencias sanitarias y sociales para concentrarse exclusivamente en la agenda militar. Aun cuando el país es azotado por graves epidemias (como el VIH o el cólera), derivadas en gran medida de los desplazamientos masivos provocados por la violencia terrorista en la región, el indicador del BTI que mide la capacidad del gobierno para establecer prioridades se desploma a un alarmante 1 sobre 10. De esta manera, la administración de Déby dinamita la escasa legitimidad popular que le queda y termina alimentando el surgimiento del mismo terrorismo que afirma combatir.
En realidad, la llamada transición política nunca tuvo como objetivo construir la paz. Tal como subraya el informe del BTI, el gobierno no muestra voluntad alguna de erradicar los males estructurales de la nación (pobreza, terrorismo, falta de infraestructura). El asesinato del líder opositor y primo del presidente en 2024, perpetrado por las fuerzas armadas, es un testimonio brutal de esta violencia de Estado a plena luz del día y evidencia la ferocidad inaudita con la que el régimen actúa contra sus propios ciudadanos. El ejemplo de la operación militar “Colère de Boma” (Ira de Boma), lanzada en represalia por los ataques de Boko Haram, ilustra a la perfección que el Estado está dispuesto a masacrar a la población civil, operando bajo un manto de impunidad absoluta garantizado por un poder judicial totalmente subordinado al ejecutivo militar.
El gobierno ha ratificado numerosos acuerdos para mejorar su imagen internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero en la práctica no aplica ninguna medida concreta a nivel interno. Esto explica el estancamiento de la política anticorrupción en un puntaje de 2 en los informes del BTI. La creación de una autoridad «independiente» no funciona más que como una fachada para ocultar la opacidad de los negocios del régimen. A esto se suma la creación de organizaciones no gubernamentales ficticias, cuyo objetivo es diluir la influencia de la verdadera sociedad civil que reclama sus derechos, sembrar la desconfianza ciudadana y, de paso, captar ilícitamente los fondos de la ayuda internacional. Se trata, en definitiva, de aplicar a la perfección la premisa de «divide y reinarás».
El estrechamiento de lazos con potencias no-occidentales como medio de presión para incumplir los derechos humanos
En conclusión, el análisis del BTI pone en evidencia que Chad nunca inició realmente su transición democrática. Todo el poder permanece concentrado en manos de la dinastía militar Déby, la oposición ha sido amordazada y la población vive sumida en el miedo desde la violenta represión de las protestas del 20 de octubre de 2022. La categorización de Chad como una «autocracia de línea dura» resulta, por lo tanto, innegable, sustentada en el saqueo de los ingresos petroleros y en el despliegue desproporcionado del aparato militar.
La ruptura de la cooperación militar con Francia en enero de 2025 —justificada bajo la retórica de la soberanía nacional y el anticolonialismo— demostró la hábil instrumentalización de la posición geopolítica de Yamena, un hecho que quedó en evidencia con la rápida reanudación de las negociaciones apenas un año después, en enero de 2026. Al amenazar con volcarse hacia nuevos actores no occidentales en un Sahel profundamente inestable, Chad logra imponer su chantaje diplomático y obliga a Occidente a cerrar los ojos ante las múltiples y constantes violaciones a los derechos humanos que se perpetran en su territorio.
