Bajo el gobierno de Milei, Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos, un rol que, justamente, surgió de su propio legado de Nunca Más tras los crímenes de la última dictadura militar. Por consiguiente, Argentina no participó en el último Examen Periódico Universal (EPU) de Ruanda en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por Dorothea Krueger

El genocidio de Ruanda de 1994 no solo marcó un antes y después en la historia del país africano, sino también en el sistema internacional y en su capacidad para prevenir atrocidades y sancionar a sus responsables. Durante solo unos 100 días, entre abril y julio de ese año, extremistas de la comunidad étnica Hutu asesinaron a más de 800.000 personas, en su mayoría miembros de la minoría étnica Tutsi. La masacre se llevó a cabo ante los ojos de la comunidad internacional que, pese a las advertencias de la sociedad civil y a la presencia inicial de una misión de paz en el país, no intervino de manera decisiva para prevenir las atrocidades. Posteriormente, esta experiencia —entre otras similares durante los años 90— llevó al desarrollo de la norma internacional de la Responsabilidad de Proteger y a la creación de la Corte Penal Internacional. Con ello, el genocidio de Ruanda deja un legado para la comunidad internacional en cuanto a la protección de civiles en todo el mundo.

Este legado parece aún más relevante en tiempos en que se observa una creciente denegación de los derechos humanos como prioridad en la política internacional. La universalidad de los derechos humanos significa que estos derechos corresponden a todas las personas en todo el mundo, por lo que un compromiso verosímil con ellos implica su defensa a nivel internacional. Sin embargo, bajo el gobierno de Milei, Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos, un rol que, justamente, surgió de su propio legado de Nunca Más tras los crímenes de la última dictadura militar. Por consiguiente, Argentina no participó en el último Examen Periódico Universal (EPU) de Ruanda en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con este silencio le da la espalda a todos aquellos que quisieran opinar libremente en Ruanda, participar en una vida política plural y gozar de la garantía de sus derechos y libertades fundamentales. Pues, la transición de Ruanda después del genocidio de 1994 no llevó a la democratización.

Más bien, el poder político en Ruanda quedó en manos del Frente Patriótico Ruandés (FPR): un grupo, en su origen militar, que inició la guerra civil de Ruanda (1990-1994), logró poner fin al genocidio y luego se convirtió en partido político. Su fundador y líder, Paul Kagame, gobierna el país desde el año 2000 y se lo asocia con los éxitos en materia de reconstrucción, desarrollo económico y estabilidad del país, facilitados por la cohesión interna y niveles relativamente bajos de corrupción del FPR. Sin embargo, este énfasis en la cohesión y el consenso tiene una importante contracara: lleva al rechazo de voces críticas y del debate abierto y plural sobre la historia, la política de memoria y la justicia transicional. Del mismo modo, se rechazan los procesos políticos plurales invocando la memoria del breve período de multipartidismo de los años 90, que contribuyó a la creación de partidos extremistas y al ambiente violento y genocida. Por ende, si bien las narrativas de cohesión y el consenso fueron elementos clave del período de reconciliación, promovieron la consolidación del autoritarismo.

En este sentido, las leyes ruandesas sobre la ideología de genocidio, creadas para prevenir y sancionar discursos de odio que en 1994 provocaron el genocidio, han sido criticadas por restringir efectivamente la libertad de expresión. Asimismo, han sido utilizadas para excluir la oposición del espacio político. Por ejemplo, Victoire Ingabire, líder opositora, fue detenida y sentenciada en 2010 a 15 años de prisión por ideología genocida y terrorismo tras presentarse como candidata para la elección presidencial de ese año. Fue liberada después de 8 años, pero no puede candidatearse de nuevo ni salir del país para, por ejemplo, visitar a su familia que vive en el exterior. En este contexto represivo para la oposición, el periodismo crítico y la libertad de expresión en general, Paul Kagame fue reelecto reiteradas veces, con resultados tan increíbles como un 99% de los votos en las elecciones presidenciales de 2024. En consecuencia, varios índices internacionales categorizan a Ruanda como una autocracia electoral (V-Dem), autocracia de línea dura (Fundación Bertelsmann), no libre (Freedom House) y con espacio cívico reprimido (CIVICUS).

Detrás de la fachada democrática que sustenta la ilusión de legitimidad del gobierno en Kigali, la organización cívica se ve fuertemente reprimida para restringir la participación política y la libertad de asociación y, en consecuencia, mantener el poder político de Kagame y el FPR. Los partidos políticos enfrentan barreras para constituirse oficialmente, por lo cual, por ejemplo, el partido de Victoire Ingabire, Dalfa-Umurinzi, no pudo registrarse como partido ni participar en elecciones. Además, la actividad política de los opositores conlleva un riesgo considerable: desde 2017, varios políticos opositores murieron o desaparecieron en condiciones sospechosas y, desde junio de 2025, Ingabire y al menos 15 miembros de su partido están detenidos arbitrariamente. Las organizaciones no pueden constituirse y operar libremente tampoco. Al contrario, deben ajustar sus actividades a las prioridades de desarrollo del gobierno, pese a que la constitución descarta explícitamente la autorización gubernamental previa para la formación de organizaciones de la sociedad civil. Especialmente las organizaciones civiles que trabajan en las áreas de gobernanza, derechos humanos o en temas relacionados con la seguridad son las que enfrentan barreras burocráticas considerables en su trabajo.

La libertad de expresión también es fuertemente restringida. Tanto políticos opositores como periodistas o creadores de contenido en Internet son víctimas de una legislación ambigua que criminaliza la divulgación de información falsa y se utiliza para silenciar la crítica a autoridades públicas. Se documentaron intimidaciones, detenciones y encarcelaciones de periodistas, así como casos de desapariciones y muertes de periodistas en circunstancias sospechosas. Por consiguiente, el panorama mediático está dominado por las narrativas progubernamentales y varios canales de televisión y radio se dedican exclusivamente a la música o el deporte para evitar problemas. Más allá de la autocensura, muchos trabajadores de los medios de comunicación optaron por el exilio.

Sin embargo, el exilio no suele ser seguro tampoco, ya que el brazo represivo de Kigali trasciende fronteras. Mediante la represión transnacional, el gobierno busca silenciar sistemáticamente el disenso en el exterior, violando los derechos humanos de la diáspora ruandesa y de sus familiares en Ruanda. Un informe de Human Rights Watch (2023) documenta asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y agresiones físicas contra ruandeses que viven en el exterior y revela cómo Ruanda utiliza mecanismos de asistencia legal internacional, como las notificaciones rojas de Interpol, en su represión extraterritorial. Estas prácticas evidencian que el gobierno de Kagame no es indiferente a su imagen y reputación internacionales. Después de todo, Ruanda recibe importantes cantidades de ayuda al desarrollo y se presenta como socio fiable a nivel internacional. Esta dependencia, sin embargo, debería dar margen para incluir demandas por los derechos humanos en la política exterior de otros estados.

En este sentido, las recomendaciones formuladas a Ruanda durante su EPU ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) pueden ser una herramienta para impulsar avances políticos en materia de derechos humanos en el país. Durante el diálogo interactivo del EPU, el 21 de enero de 2026, cien Estados formularon un total de 286 recomendaciones a Ruanda. Unas 39 de estas recomendaciones trataron específicamente del espacio cívico y las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Fueron presentadas por 29 países, entre ellos Australia, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Lesotho, Liechtenstein, México y Sierra Leona. Además, España y Portugal recomendaron la participación política plena y elecciones libres y justas. Argentina, sin embargo, se ausentó del CDH.

Este retiro de Argentina del CDH no es una postura neutral, sino el abandono de los derechos humanos como principio universal. Pero sobre todo abandona a las personas que dicen la verdad al poder, que luchan por el respeto de sus derechos y su libertad. A cincuenta años del último golpe militar argentino, Argentina ya no defiende el derecho internacional de derechos humanos y los mecanismos de su promoción. No obstante, el contexto histórico de Ruanda y su legado para la comunidad internacional deberían inspirar una política exterior solidaria y comprometida con los derechos humanos.

Dorothea Krueger

Coordinadora de Proyectos

Tiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.