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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
17-10-2025La incoherencia de Kirguistán ante su Examen Periódico Universal
Desde el EPU de abril el parlamento kirguís aprobó una ley que desmantela el Centro Nacional para la Prevención de la Tortura. No se trata del único acontecimiento preocupante posterior al EPU. En junio de 2025, el parlamento kirguís aprobó otra ley que impone controles estatales y regulaciones a los sitios web que difunden información, restringiendo aún más el accionar de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil. En septiembre de 2025, dos ex periodistas fueron condenados a cinco años de prisión por cargos fabricados y sin pruebas.
Por Dorothea Krueger
El 28 de abril de 2025 tuvo lugar el diálogo interactivo correspondiente al cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de Kirguistán ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El EPU es uno de los mecanismos clave de este órgano intergubernamental, que somete periódicamente a todos los Estados miembros de la ONU a una revisión de sus políticas de derechos humanos. Durante el diálogo —una suerte de revisión entre pares— los demás Estados pueden formular al país examinado recomendaciones para mejorar su situación interna en materia de derechos humanos. En esta ocasión, 103 Estados hicieron recomendaciones a Kirguistán. Argentina no estuvo entre ellos.
El país de Asia Central ha seguido un proceso de autocratización en los últimos años, tal como señalan el Informe sobre la Democracia 2025 de V-Dem y las comparaciones interanuales de índices como el Índice de Democracia de The Economist y el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann. Estos análisis clasifican a Kirguistán como autocracia electoral, régimen autoritario y autocracia moderada, respectivamente.
Esta tendencia se refleja en las políticas recientes que restringen las libertades de prensa, expresión y asociación, y que persiguen a quienes las defienden. En abril de 2024, por ejemplo, Kirguistán adoptó una ley de agentes extranjeros de modelo ruso. La norma establece que toda organización no gubernamental (ONG) que reciba fondos del exterior y participe en “actividades políticas” —sin una definición clara de este término— debe registrarse y someterse al monitoreo estatal. Además, impone desmedidos requisitos de presentación de informes y otorga amplias facultades a las autoridades para intervenir en las ONG. Según Freedom House, muchas organizaciones optaron por cerrar antes que arriesgarse a incumplir las disposiciones de la ley. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Kirguistán revisar la normativa para ajustarla al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el país ratificó en 1994.
A su vez, el gobierno kirguís continúa reprimiendo a los medios de comunicación independientes y restringiendo las libertades de expresión, reunión y asociación. Periodistas, abogados y defensores de derechos humanos enfrentan penas de prisión por expresarse libre y críticamente sobre el gobierno, como evidencian los casos de Joomart Duulatov, Aleksandr Aleksandrov y Rita Karasartova. No sorprende, por ende, que Kirguistán haya descendido 24 posiciones en el último Índice de Libertad de Prensa, que Freedom House clasifique al país como “no libre”, o que el CIVICUS Monitor constate que su espacio cívico está “reprimido”.
El informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que recopiló información de diversos órganos de derechos humanos de la ONU antes del EPU, señaló además graves problemas vinculados a la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial y el debilitamiento del Estado de derecho. El Comité contra la Tortura expresó preocupación por los numerosos casos de tortura contra personas privadas de libertad, que no son investigados de manera eficaz ni sus autores enjuiciados ni sus víctimas indemnizadas. Pese a estas advertencias, desde el EPU de abril el parlamento kirguís aprobó una ley que desmantela el Centro Nacional para la Prevención de la Tortura al integrarlo en la Defensoría del Pueblo, una institución que, según el propio informe de la ONU, no cumple plenamente con los estándares internacionales en la materia (los Principios de París).
No se trata del único acontecimiento preocupante posterior al EPU. En junio de 2025, el parlamento kirguís aprobó otra ley que impone controles estatales y regulaciones a los sitios web que difunden información, restringiendo aún más el accionar de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil. En septiembre de 2025, dos experiodistas del medio investigativo independiente Kloop fueron condenados a cinco años de prisión por cargos fabricados y sin pruebas, en un clima especialmente represivo para quienes reportan casos de corrupción. Esto no solo refleja la indiferencia del Estado kirguís ante algunas de las recomendaciones recibidas durante su EPU, sino también ante sus obligaciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos, cargo que ejerce desde 2023.
Específicamente, Kirguistán no aceptó las recomendaciones formuladas durante su EPU relativas a la derogación o revisión de la ley de agentes extranjeros. Quince países se refirieron a este punto: Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Colombia, Dinamarca, España, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido y República Checa. De manera similar, Kirguistán rechazó las recomendaciones sobre la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, así como las referidas a los derechos de la comunidad LGBTQ+. Trece recomendaciones abordaron este tema y fueron presentadas por países como Bélgica, Chile, Chipre, España, Islandia, Luxemburgo, México y Uruguay. Si bien Kirguistán aceptó la gran mayoría de las 299 recomendaciones recibidas, no demuestra compromiso con la garantía de los derechos de libre expresión, asociación y asamblea, y la protección contra la discriminación.
Dorothea KruegerAsistente de proyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.
El 28 de abril de 2025 tuvo lugar el diálogo interactivo correspondiente al cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de Kirguistán ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El EPU es uno de los mecanismos clave de este órgano intergubernamental, que somete periódicamente a todos los Estados miembros de la ONU a una revisión de sus políticas de derechos humanos. Durante el diálogo —una suerte de revisión entre pares— los demás Estados pueden formular al país examinado recomendaciones para mejorar su situación interna en materia de derechos humanos. En esta ocasión, 103 Estados hicieron recomendaciones a Kirguistán. Argentina no estuvo entre ellos.
El país de Asia Central ha seguido un proceso de autocratización en los últimos años, tal como señalan el Informe sobre la Democracia 2025 de V-Dem y las comparaciones interanuales de índices como el Índice de Democracia de The Economist y el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann. Estos análisis clasifican a Kirguistán como autocracia electoral, régimen autoritario y autocracia moderada, respectivamente.
Esta tendencia se refleja en las políticas recientes que restringen las libertades de prensa, expresión y asociación, y que persiguen a quienes las defienden. En abril de 2024, por ejemplo, Kirguistán adoptó una ley de agentes extranjeros de modelo ruso. La norma establece que toda organización no gubernamental (ONG) que reciba fondos del exterior y participe en “actividades políticas” —sin una definición clara de este término— debe registrarse y someterse al monitoreo estatal. Además, impone desmedidos requisitos de presentación de informes y otorga amplias facultades a las autoridades para intervenir en las ONG. Según Freedom House, muchas organizaciones optaron por cerrar antes que arriesgarse a incumplir las disposiciones de la ley. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Kirguistán revisar la normativa para ajustarla al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el país ratificó en 1994.
A su vez, el gobierno kirguís continúa reprimiendo a los medios de comunicación independientes y restringiendo las libertades de expresión, reunión y asociación. Periodistas, abogados y defensores de derechos humanos enfrentan penas de prisión por expresarse libre y críticamente sobre el gobierno, como evidencian los casos de Joomart Duulatov, Aleksandr Aleksandrov y Rita Karasartova. No sorprende, por ende, que Kirguistán haya descendido 24 posiciones en el último Índice de Libertad de Prensa, que Freedom House clasifique al país como “no libre”, o que el CIVICUS Monitor constate que su espacio cívico está “reprimido”.
El informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que recopiló información de diversos órganos de derechos humanos de la ONU antes del EPU, señaló además graves problemas vinculados a la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial y el debilitamiento del Estado de derecho. El Comité contra la Tortura expresó preocupación por los numerosos casos de tortura contra personas privadas de libertad, que no son investigados de manera eficaz ni sus autores enjuiciados ni sus víctimas indemnizadas. Pese a estas advertencias, desde el EPU de abril el parlamento kirguís aprobó una ley que desmantela el Centro Nacional para la Prevención de la Tortura al integrarlo en la Defensoría del Pueblo, una institución que, según el propio informe de la ONU, no cumple plenamente con los estándares internacionales en la materia (los Principios de París).
No se trata del único acontecimiento preocupante posterior al EPU. En junio de 2025, el parlamento kirguís aprobó otra ley que impone controles estatales y regulaciones a los sitios web que difunden información, restringiendo aún más el accionar de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil. En septiembre de 2025, dos experiodistas del medio investigativo independiente Kloop fueron condenados a cinco años de prisión por cargos fabricados y sin pruebas, en un clima especialmente represivo para quienes reportan casos de corrupción. Esto no solo refleja la indiferencia del Estado kirguís ante algunas de las recomendaciones recibidas durante su EPU, sino también ante sus obligaciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos, cargo que ejerce desde 2023.
Específicamente, Kirguistán no aceptó las recomendaciones formuladas durante su EPU relativas a la derogación o revisión de la ley de agentes extranjeros. Quince países se refirieron a este punto: Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Colombia, Dinamarca, España, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido y República Checa. De manera similar, Kirguistán rechazó las recomendaciones sobre la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, así como las referidas a los derechos de la comunidad LGBTQ+. Trece recomendaciones abordaron este tema y fueron presentadas por países como Bélgica, Chile, Chipre, España, Islandia, Luxemburgo, México y Uruguay. Si bien Kirguistán aceptó la gran mayoría de las 299 recomendaciones recibidas, no demuestra compromiso con la garantía de los derechos de libre expresión, asociación y asamblea, y la protección contra la discriminación.
