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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
29-05-2025La República Democrática Popular de Lao ante su cuarto examen de derechos humanos
El pasado 29 de abril se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en Ginebra el diálogo interactivo del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de la República Democrática Popular Lao. En una carta fechada el 10 de abril de 2025, Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, que la delegación argentina recomendara a la RDP Lao medidas inmediatas para la liberación de presos políticos y la investigación de los casos de desaparición forzada.
Por Dorothea Krueger
El pasado 29 de abril se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en Ginebra el diálogo interactivo del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de la República Democrática Popular Lao. El EPU es uno de los mecanismos clave del CDH para examinar la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros de la ONU y recomendar medidas para garantizar su respeto. Estas recomendaciones surgen fundamentalmente de una revisión por pares; es decir, son formuladas por los demás Estados Miembros de la ONU, lo que ha generado críticas al proceso por su politización.
Desde la sociedad civil, CADAL se compromete con la defensa de los derechos humanos y con una política exterior basada en los principios de la solidaridad democrática. El EPU ofrece una plataforma ideal para poner en práctica estos principios y expresarse en solidaridad con los actores democráticos y la sociedad civil en países autoritarios. Por eso, CADAL monitorea este proceso en cooperación con la Konrad Adenauer Stiftung en su programa conjunto “señalar y avergonzar”.
La República Democrática Popular Lao (RDP Lao) está considerada un país autocrático (Democracy Index 2024), no libre (Freedom in the World Report, Freedom House) y con el espacio cívico cerrado (CIVICUS Monitor). Según Freedom House, el régimen de partido único controla todos los aspectos de la vida política y restringe severamente las libertades fundamentales de la ciudadanía. Asimismo, la información recopilada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que en la RDP Lao sigue vigente la pena de muerte, incluso para delitos relacionados con drogas; que la desaparición forzada no está tipificada como delito; que las desapariciones no se investigan debidamente; y que la detención arbitraria o en régimen de incomunicación forma parte de la represión contra personas defensoras de derechos humanos. El informe además señala que el marco legal restringe severamente la libertad de expresión mediante la criminalización de la “propaganda contra el Estado”. Se han documentado represalias contra defensores que colaboraron con el sistema de las Naciones Unidas y el Estado laosiano mantiene un control estricto sobre la formación y las actividades de las asociaciones civiles. Además, persisten (pese a los esfuerzos gubernamentales por abordarlo) problemas relacionados con la trata de personas.
Ante este panorama, 90 de los 193 Estados Miembros participaron en el diálogo interactivo para formular recomendaciones a la RDP Lao. Veintiún países recomendaron establecer una moratoria o abolir la pena de muerte, entre ellos Argentina, España, Suiza, Timor Leste, Uruguay, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Chequia, Francia, Islandia, Irlanda, Letonia, Panamá, Paraguay, Eslovenia e Italia. Otros veinte instaron a abordar las desapariciones forzadas o a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Gambia, Italia, Japón, Mongolia, Namibia, Paraguay, Suiza, Ucrania y Uruguay. Recomendaciones con respecto al espacio cívico y las libertades políticas y civiles fueron hechas por al menos veinte países, entre ellos Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estonia, Nueva Zelanda, Suiza, Türkiye y Ucrania.
Un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU da a conocer el caso de tres personas detenidas arbitrariamente en la RDP Lao. Lodkham Thammavong, Soukan Chaithad y Somphone Phimmasone habían criticado al gobierno en redes sociales, por lo que fueron arrestados y, sin debido proceso, condenados a largas penas de prisión, en violación a su derecho a la libertad de expresión y de opinión. Para expresar su solidaridad con estos casos, CADAL pidió al gobierno argentino que solicite la liberación de estas personas durante el EPU de la RDP Lao, así como el fin de la represión contra la ex presa política Houayheuang Xayabouly, quien, tras cumplir su condena, continúa bajo vigilancia estatal. Asimismo, CADAL propuso instar a la RDP Lao a investigar de forma exhaustiva tres casos de desaparición forzada. En el caso más conocido, el de Sombath Somphone, desaparecido en 2012, su familia reclama justicia desde hace más de trece años.
En una carta fechada el 10 de abril de 2025, Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL, solicitó a la Dra. Ursula Basset, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, que la delegación argentina incluyera la siguiente recomendación en su intervención en el EPU de la RDP Lao:
Liberar en forma inmediata a los presos políticos Lodkham Thammavong, Soukan Chaithad y Somphone Phimmasone; esclarecer la desaparición forzada de Phetphouthone Philachane, Od Sayavong y Sombath Somphone; y poner fin al hostigamiento político contra la activista Houayheuang Xayabouly “Muay”.
Si bien saludamos la participación argentina en el EPU de la RDP Lao, lamentamos que la delegación no haya incluido la propuesta de CADAL ni otra recomendación relacionada con las libertades fundamentales y los derechos políticos y civiles de los actores pro-democráticos en la RDP Lao.
Dorothea KruegerAsistente de proyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.
El pasado 29 de abril se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en Ginebra el diálogo interactivo del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de la República Democrática Popular Lao. El EPU es uno de los mecanismos clave del CDH para examinar la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros de la ONU y recomendar medidas para garantizar su respeto. Estas recomendaciones surgen fundamentalmente de una revisión por pares; es decir, son formuladas por los demás Estados Miembros de la ONU, lo que ha generado críticas al proceso por su politización.
Desde la sociedad civil, CADAL se compromete con la defensa de los derechos humanos y con una política exterior basada en los principios de la solidaridad democrática. El EPU ofrece una plataforma ideal para poner en práctica estos principios y expresarse en solidaridad con los actores democráticos y la sociedad civil en países autoritarios. Por eso, CADAL monitorea este proceso en cooperación con la Konrad Adenauer Stiftung en su programa conjunto “señalar y avergonzar”.
La República Democrática Popular Lao (RDP Lao) está considerada un país autocrático (Democracy Index 2024), no libre (Freedom in the World Report, Freedom House) y con el espacio cívico cerrado (CIVICUS Monitor). Según Freedom House, el régimen de partido único controla todos los aspectos de la vida política y restringe severamente las libertades fundamentales de la ciudadanía. Asimismo, la información recopilada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que en la RDP Lao sigue vigente la pena de muerte, incluso para delitos relacionados con drogas; que la desaparición forzada no está tipificada como delito; que las desapariciones no se investigan debidamente; y que la detención arbitraria o en régimen de incomunicación forma parte de la represión contra personas defensoras de derechos humanos. El informe además señala que el marco legal restringe severamente la libertad de expresión mediante la criminalización de la “propaganda contra el Estado”. Se han documentado represalias contra defensores que colaboraron con el sistema de las Naciones Unidas y el Estado laosiano mantiene un control estricto sobre la formación y las actividades de las asociaciones civiles. Además, persisten (pese a los esfuerzos gubernamentales por abordarlo) problemas relacionados con la trata de personas.
Ante este panorama, 90 de los 193 Estados Miembros participaron en el diálogo interactivo para formular recomendaciones a la RDP Lao. Veintiún países recomendaron establecer una moratoria o abolir la pena de muerte, entre ellos Argentina, España, Suiza, Timor Leste, Uruguay, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Chequia, Francia, Islandia, Irlanda, Letonia, Panamá, Paraguay, Eslovenia e Italia. Otros veinte instaron a abordar las desapariciones forzadas o a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Gambia, Italia, Japón, Mongolia, Namibia, Paraguay, Suiza, Ucrania y Uruguay. Recomendaciones con respecto al espacio cívico y las libertades políticas y civiles fueron hechas por al menos veinte países, entre ellos Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estonia, Nueva Zelanda, Suiza, Türkiye y Ucrania.
Un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU da a conocer el caso de tres personas detenidas arbitrariamente en la RDP Lao. Lodkham Thammavong, Soukan Chaithad y Somphone Phimmasone habían criticado al gobierno en redes sociales, por lo que fueron arrestados y, sin debido proceso, condenados a largas penas de prisión, en violación a su derecho a la libertad de expresión y de opinión. Para expresar su solidaridad con estos casos, CADAL pidió al gobierno argentino que solicite la liberación de estas personas durante el EPU de la RDP Lao, así como el fin de la represión contra la ex presa política Houayheuang Xayabouly, quien, tras cumplir su condena, continúa bajo vigilancia estatal. Asimismo, CADAL propuso instar a la RDP Lao a investigar de forma exhaustiva tres casos de desaparición forzada. En el caso más conocido, el de Sombath Somphone, desaparecido en 2012, su familia reclama justicia desde hace más de trece años.
En una carta fechada el 10 de abril de 2025, Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL, solicitó a la Dra. Ursula Basset, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, que la delegación argentina incluyera la siguiente recomendación en su intervención en el EPU de la RDP Lao:
Liberar en forma inmediata a los presos políticos Lodkham Thammavong, Soukan Chaithad y Somphone Phimmasone; esclarecer la desaparición forzada de Phetphouthone Philachane, Od Sayavong y Sombath Somphone; y poner fin al hostigamiento político contra la activista Houayheuang Xayabouly “Muay”.
Si bien saludamos la participación argentina en el EPU de la RDP Lao, lamentamos que la delegación no haya incluido la propuesta de CADAL ni otra recomendación relacionada con las libertades fundamentales y los derechos políticos y civiles de los actores pro-democráticos en la RDP Lao.
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