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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
26-12-2025Argentina ausente en el cuarto examen de Libia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Libia concluyó en su informe final de marzo 2023 que los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes son víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país, y que se cometen homicidios, desapariciones forzadas, torturas, esclavitud, violencia sexual, violaciones y otros actos inhumanos en relación con su detención arbitraria.
Por Dorothea Krueger
El 11 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de Libia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El EPU es un mecanismo de escrutinio al que se someten todos los Estados miembros de la ONU aproximadamente cada 4,5 años, con el objetivo de revisar avances y retrocesos en sus políticas de derechos humanos y recibir recomendaciones sobre cómo mejorar la situación. Para ello, se elaboran previamente tres informes: uno del Estado examinado, otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un tercero de la sociedad civil y otras partes interesadas. Luego, y sobre la base de estos tres informes, el país examinado recibe recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la ONU que deciden participar en el diálogo interactivo del EPU. En el caso de Libia, este diálogo contó con la participación de 100 Estados, cuyas recomendaciones el Estado libio deberá responder en los próximos meses.
En febrero de 2011, las protestas masivas contra el dictador Muamar Gadafi, quien había gobernado el país durante décadas, marcaron el inicio de la llamada “Primavera Árabe” en Libia. Lejos de la esperanza inicial de una verdadera democratización, sin embargo, Libia es hoy un país profundamente dividido, políticamente inestable y devastado por dos guerras civiles. El vacío de poder tras la muerte de Gadafi en 2011 dejó al país vulnerable a la disputa entre distintos grupos con sus agendas ideológicas e intereses (geo)políticos, de modo que un nuevo orden político y estatal sigue sin definirse, incluso casi 15 años después de la revolución. Del acuerdo de paz mediado por las Naciones Unidas en 2021 surgió el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONU como el gobierno legítimo de Libia; sin embargo, su control efectivo se limita al occidente del país y a partes del sur. El este, en cambio, es administrado desde Bengasi por el Gobierno de Estabilidad Nacional, aliado de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, que controlan militarmente el sur del país. Estas tensiones y la fragmentación política configuran un contexto libio caracterizado por niveles persistentes de violencia e inestabilidad.
Ante este panorama político, la sociedad civil libia —protagonista de la revolución de 2011— ha quedado al margen de la vida política y enfrenta severas restricciones al espacio cívico y a sus derechos fundamentales. Según un informe de Human Rights Watch de enero de 2025, las autoridades tanto del este como del oeste del país adoptaron leyes que reprimen de manera contundente el trabajo organizado de la sociedad civil, incluyendo sanciones extremas como la pena de muerte por establecer “asociaciones ilegales”. En consecuencia, los activistas de derechos humanos que permanecen en Libia se autocensuran, reducen sus actividades o las llevan a cabo en secreto, mientras que otros optan por el exilio. Es decir, se impide que la sociedad civil asuma un rol activo en la construcción de un Estado unificado, la elaboración de una constitución, la justicia transicional y la transformación democrática. En el EPU de Libia, al menos 20 delegaciones formularon recomendaciones para garantizar el libre accionar de la sociedad civil, la protección de las libertades de expresión, asociación y reunión, así como la defensa de los derechos humanos. Entre ellas se encuentran Australia, Austria, Canadá, la República Checa, Colombia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, la Santa Sede, Irlanda, Italia, Jordania, México, Polonia, Corea del Sur, España, Suiza y Uruguay.
De cara a la revisión de la situación de los derechos humanos en Libia en el marco del EPU, la información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que Libia continúa recurriendo a la detención arbitraria y a los malos tratos físicos durante la privación de libertad. Asimismo, el equipo de la ONU en Libia expresó su preocupación por las muertes bajo custodia y por las personas desaparecidas. En consecuencia, recomendó incorporar las disposiciones de la Convención contra la Tortura a la legislación nacional, tipificar la desaparición forzada como delito y crear mecanismos para prevenirla e investigarla, así como procesar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. Al menos 42 delegaciones recomendaron a Libia adoptar medidas para reforzar la protección del derecho a la vida, incluidas acciones contra la tortura, la desaparición forzada, la detención arbitraria y el tráfico de personas, así como mejoras generales en las condiciones de los centros de detención.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Libia concluyó en su informe final de marzo 2023 que los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes son víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país, y que se cometen homicidios, desapariciones forzadas, torturas, esclavitud, violencia sexual, violaciones y otros actos inhumanos en relación con su detención arbitraria. Además, constató que las mujeres sufren una discriminación sistemática en Libia, que los autores de violencia de género gozan de impunidad, que las mujeres pierden derechos civiles al casarse con extranjeros y que no existe una ley integral para combatir la violencia de género. Al menos 22 delegaciones formularon recomendaciones relativas a los derechos de las personas migrantes, entre ellas Nigeria, Noruega, Polonia, Sierra Leona, Uganda, el Reino Unido, Austria, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania y la Santa Sede. Asimismo, al menos 57 países recomendaron a Libia adoptar medidas para combatir la discriminación y la violencia de género, entre ellos México, Filipinas, España, Tailandia, el Reino Unido, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, la República Checa, Dinamarca, Ecuador, Grecia, Irlanda, Islandia, Japón, Mauritania y Uganda.
Argentina no formuló ninguna recomendación a Libia, tras la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de no buscar la reelección al Consejo de Derechos Humanos y desvincularse con sus mecanismos. Esta falta de involucramiento de Argentina en los EPU contradice su propia política exterior en materia de derechos humanos formulada a principios de la presidencia de Milei y representa un retroceso inédito de un rol históricamente activo en la defensa y promoción de los derechos humanos internacionales.
Dorothea KruegerCoordinadora de ProyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.
El 11 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de Libia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El EPU es un mecanismo de escrutinio al que se someten todos los Estados miembros de la ONU aproximadamente cada 4,5 años, con el objetivo de revisar avances y retrocesos en sus políticas de derechos humanos y recibir recomendaciones sobre cómo mejorar la situación. Para ello, se elaboran previamente tres informes: uno del Estado examinado, otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un tercero de la sociedad civil y otras partes interesadas. Luego, y sobre la base de estos tres informes, el país examinado recibe recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la ONU que deciden participar en el diálogo interactivo del EPU. En el caso de Libia, este diálogo contó con la participación de 100 Estados, cuyas recomendaciones el Estado libio deberá responder en los próximos meses.
En febrero de 2011, las protestas masivas contra el dictador Muamar Gadafi, quien había gobernado el país durante décadas, marcaron el inicio de la llamada “Primavera Árabe” en Libia. Lejos de la esperanza inicial de una verdadera democratización, sin embargo, Libia es hoy un país profundamente dividido, políticamente inestable y devastado por dos guerras civiles. El vacío de poder tras la muerte de Gadafi en 2011 dejó al país vulnerable a la disputa entre distintos grupos con sus agendas ideológicas e intereses (geo)políticos, de modo que un nuevo orden político y estatal sigue sin definirse, incluso casi 15 años después de la revolución. Del acuerdo de paz mediado por las Naciones Unidas en 2021 surgió el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONU como el gobierno legítimo de Libia; sin embargo, su control efectivo se limita al occidente del país y a partes del sur. El este, en cambio, es administrado desde Bengasi por el Gobierno de Estabilidad Nacional, aliado de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, que controlan militarmente el sur del país. Estas tensiones y la fragmentación política configuran un contexto libio caracterizado por niveles persistentes de violencia e inestabilidad.
Ante este panorama político, la sociedad civil libia —protagonista de la revolución de 2011— ha quedado al margen de la vida política y enfrenta severas restricciones al espacio cívico y a sus derechos fundamentales. Según un informe de Human Rights Watch de enero de 2025, las autoridades tanto del este como del oeste del país adoptaron leyes que reprimen de manera contundente el trabajo organizado de la sociedad civil, incluyendo sanciones extremas como la pena de muerte por establecer “asociaciones ilegales”. En consecuencia, los activistas de derechos humanos que permanecen en Libia se autocensuran, reducen sus actividades o las llevan a cabo en secreto, mientras que otros optan por el exilio. Es decir, se impide que la sociedad civil asuma un rol activo en la construcción de un Estado unificado, la elaboración de una constitución, la justicia transicional y la transformación democrática. En el EPU de Libia, al menos 20 delegaciones formularon recomendaciones para garantizar el libre accionar de la sociedad civil, la protección de las libertades de expresión, asociación y reunión, así como la defensa de los derechos humanos. Entre ellas se encuentran Australia, Austria, Canadá, la República Checa, Colombia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, la Santa Sede, Irlanda, Italia, Jordania, México, Polonia, Corea del Sur, España, Suiza y Uruguay.
De cara a la revisión de la situación de los derechos humanos en Libia en el marco del EPU, la información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que Libia continúa recurriendo a la detención arbitraria y a los malos tratos físicos durante la privación de libertad. Asimismo, el equipo de la ONU en Libia expresó su preocupación por las muertes bajo custodia y por las personas desaparecidas. En consecuencia, recomendó incorporar las disposiciones de la Convención contra la Tortura a la legislación nacional, tipificar la desaparición forzada como delito y crear mecanismos para prevenirla e investigarla, así como procesar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. Al menos 42 delegaciones recomendaron a Libia adoptar medidas para reforzar la protección del derecho a la vida, incluidas acciones contra la tortura, la desaparición forzada, la detención arbitraria y el tráfico de personas, así como mejoras generales en las condiciones de los centros de detención.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Libia concluyó en su informe final de marzo 2023 que los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes son víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país, y que se cometen homicidios, desapariciones forzadas, torturas, esclavitud, violencia sexual, violaciones y otros actos inhumanos en relación con su detención arbitraria. Además, constató que las mujeres sufren una discriminación sistemática en Libia, que los autores de violencia de género gozan de impunidad, que las mujeres pierden derechos civiles al casarse con extranjeros y que no existe una ley integral para combatir la violencia de género. Al menos 22 delegaciones formularon recomendaciones relativas a los derechos de las personas migrantes, entre ellas Nigeria, Noruega, Polonia, Sierra Leona, Uganda, el Reino Unido, Austria, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania y la Santa Sede. Asimismo, al menos 57 países recomendaron a Libia adoptar medidas para combatir la discriminación y la violencia de género, entre ellos México, Filipinas, España, Tailandia, el Reino Unido, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, la República Checa, Dinamarca, Ecuador, Grecia, Irlanda, Islandia, Japón, Mauritania y Uganda.
Argentina no formuló ninguna recomendación a Libia, tras la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de no buscar la reelección al Consejo de Derechos Humanos y desvincularse con sus mecanismos. Esta falta de involucramiento de Argentina en los EPU contradice su propia política exterior en materia de derechos humanos formulada a principios de la presidencia de Milei y representa un retroceso inédito de un rol históricamente activo en la defensa y promoción de los derechos humanos internacionales.
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