Las diversas crisis que sacuden a Congo-Brazzaville van más allá de la simple corrupción derivada de los ingresos petroleros; revelan la existencia de un terrorismo de Estado tolerado y normalizado en la escena internacional, mientras que las violaciones de los derechos humanos son cada vez más frecuentes en el mundo.

Por Thibaut Francois

El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) publicado cada dos años por la Fundación Bertelsmann, evalúa 137 países en desarrollo o en transición. El BTI 2026 analiza el período comprendido entre febrero de 2023 y enero de 2025. Cada país se evalúa en una escala del 1 al 10 (siendo 1 la situación más desfavorable y 10 la más favorable) a partir de tres dimensiones analíticas: transformación política, transformación económica e índice de gobernanza.

La transformación política se basa en cinco criterios: la estatalidad, la participación política, el estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y la integración política y social. Por su parte, la transformación económica evalúa siete criterios, que van desde el nivel de desarrollo socioeconómico hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la organización del mercado, la estabilidad monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y el régimen de protección social. Por último, el índice de gobernanza mide la capacidad de los dirigentes para gestionar eficazmente estas transformaciones a través de cinco criterios: la capacidad de liderazgo, la eficiencia en el uso de los recursos, la creación de consenso, la cooperación internacional y el nivel de dificultad estructural del país.

Salpicado por varios escándalos, el presidente de la República del Congo Denis Sassou-Nguesso salió ganador de las últimas elecciones y empieza su quinto mandato consecutivo. Aunque en 2020 le confiscaron su avión en el aeropuerto de Bordeaux, Francia, por deudas no pagadas, el presidente recibió numerosos elogios por su compromiso con la lucha contra el cambio climático, mientras que la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y más del 40% de los jóvenes están desempleados. Aquel panorama contrastado resume la contradicción del país: un régimen petrolero que aprendió a ganarse el respeto de las potencias para garantizar su impunidad frente a los crímenes que comete.

Independiente desde 1960, este país centroafricano está dividido étnicamente entre el Norte y el Sur. Aquellas tensiones son claves para entender cómo la autocracia de Nguesso, proveniente de la minoría norteña Mbochi, ha logrado mantenerse en el poder.

El general Nguesso irrumpe en la política congoleña tras un golpe de Estado en 1968 que establece el marxismo como doctrina de Estado. Logra llegar a la presidencia en 1979, y frente a la creciente presión popular e internacional, no le queda otra que abrir las elecciones a la competencia en 1991 — que acabó perdiendo contra Pascal Lissouba, quien contaba con una base electoral muy fuerte en la región del Pool.  Abrumado por numerosas crisis, el Congo de Lissouba se hundió en la guerra civil en 1997, oponiendo el régimen a milicias lideradas por Denis Sassou Nguesso respaldado por Francia y Estados Unidos, de la cual fallecieron decenas de miles de personas. Así pues, Nguesso tomó el poder por la fuerza en 1997 y nunca lo ha soltado desde entonces.

Es con este trasfondo que el BTI se dedicó a producir indicadores sobre la situación del país desde el 2008, que lo reseña como una autocracia de línea dura (estando en el puesto 115 de 137 en el ranking de transformación democrática) y revela una dinámica preocupante: el estancamiento de la mayoría de los indicadores, que oscilan entre 3,8 y 3, destacando la falta de voluntad que tiene el gobierno en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y fortalecer las instituciones democráticas.

No obstante, a pesar de poder observar un estancamiento a niveles muy bajos en todos los indicadores, se registra un (leve) declive entre el 2016 y el 2018, fechas que coinciden con el resurgimiento del conflicto en el Pool entre abril de 2016 y diciembre de 2017.

La represión política como necesidad matemática para la supervivencia de la gerontocracia congoleña

Mientras que la imagen de la familia presidencial está manchada por numerosos casos de corrupción y acusaciones frecuentes de violaciones a los derechos humanos, el octogenario fue reelecto en marzo de 2026, reafirmando el triunfo de la gerontocracia - sistema común en África central en el cual una élite envejecida acapara todo el poder frente a una población joven. Huelga decir que las irregularidades electorales son la norma, yendo de apagones durante las elecciones y nepotismo hasta la tortura de los opositores, y el uso de la política de desaparición forzada.

En primer lugar, parece importante subrayar el carácter regional y étnico del voto. Los partidos políticos, y por ende el sistema partidario, resultan de divisiones regionales y no ideológicas, complicando así la gobernanza. Este paisaje se estructura y gira en torno a clivajes identitarios instrumentalizados por el régimen para dividir y evitar una coalición que pondría en peligro el dominio de la familia, proveniente de una minoría. El país está dividido entre el Sur Este (incluyendo al Pool) del Pastor Ntumi, el Sur Oeste del expresidente Lissouba y el Norte, feudo del presidente.

Oriundo de una minoría, y el voto siendo regional, el jefe de Estado actual perdería matemáticamente si organizara elecciones libres y justas, razón por la cual debe recurrir al fraude masivo y a la represión para garantizar la hegemonía de su partido, el Partido Congoleño del Trabajo (PCT). Por lo tanto, el puntaje del indicador de elecciones libres y justas del BTI 2026 está estancado en 2/10. De esta manera, acudir a las urnas se convierte en una mera formalidad para las ciudadanas y los ciudadanos. Cualquiera que podría llegar a representar una amenaza a la estabilidad del régimen es silenciado, como lo ilustran los casos del General Jean-Marie Michel Mokoko quien, terminando en tercer puesto en las elecciones de 2016, rechazó los resultados, y de André Okombi Salissa, también candidato, ambos condenados en 2018 a 20 años de trabajo forzado por amenaza a la seguridad interna del Estado.

Conviene decir que la represión no se limita al período de los comicios, sino que afecta a toda la sociedad en todo momento. Los resultados del BTI son contundentes: las libertades fundamentales son constantemente violadas.

En lo que atañe a la libertad de asociación y de reunión, el indicador del BTI pasó de 4 en 2008 a un 3 en 2026. La herramienta principal de represión en este caso no es tanto la fuerza, aunque esté presente, sino la burocracia, que dificulta la creación de ONG, asociaciones, partidos políticos, etc. mediante procesos arduos. Es por ello que de los 200 partidos políticos existentes, solamente 55 fueron oficialmente reconocidos. Según una clasificación de Freedom House, el Congo obtuvo 0/4 en libertad de ONG, y solo 14/60 para las libertades civiles. Las manifestaciones deben conseguir una autorización previa de las autoridades públicas, que se les niega de manera casi sistemática. Aquellos que desafían la prohibición corren un gran peligro, como por ejemplo Alexandre Ibacka Dzabana, coordinador de la Plataforma Congoleña de ONG de Derechos Humanos y Democracia, capturado y detenido sin mandato ni juicio, o Chist Dongui, igualmente arrestado de manera extrajudicial, según Amnistía Internacional. Paralelamente, el financiamiento de los partidos políticos sólo puede ser público, lo que explica la ausencia de campaña electoral de muchos partidos, y por ende el mantenimiento del PCT en el poder. 

La libertad de expresión está también bajo asedio: obtuvo su puntaje más bajo en la historia del BTI con 3/10 en 2026. Los medios de comunicación tradicionales son propiedad de personas cercanas al presidente, impidiendo de facto un debate real y democrático. Dos medios independientes fueron suspendidos en 2022, los discursos divergentes son reprimidos y reina un ambiente de autocensura en el Congo-Brazzaville (otro nombre de la República del Congo). Artistas son perseguidos si sus obras conllevan un mensaje que va en contra del discurso oficial, como DSP Malakay, rapero detenido por haber denunciado la negligencia del Estado en la gestión de una epidemia de cólera en el sur del país.

Los militantes de derechos humanos son también blanco del poder, que no tiene límites para silenciarlos, dispuesto a incluso a incendiar sus casas - como la de Bruno Jacquet Ossebi quien investigaba la corrupción del gobierno, y cuya casa fue prendida fuego mientras él, su esposa y sus hijos estaban durmiendo. Dramáticamente, esto no es un caso aislado y el uso de la tortura y la desaparición forzada resultan ser prácticas habituales para sofocar a la oposición, como fue el caso del presidente del partido Socialistas Congoleños, Lassy Mbouity, quien fue encontrado vivo pero abandonado en un río con signos de tortura.

Aquellos crímenes se cometen con total impunidad, asegurada por el dominio del ejecutivo sobre todos los otros poderes. Esta sumisión de los poderes resalta en los resultados del BTI 2026, que muestra un puntaje de 2/10 en el indicador de separación de poderes. Ambas cámaras del Parlamento están controladas en su gran mayoría por el PCT, evitando todo tipo de control democrático.

Asimismo, la justicia —no independiente— es utilizada simplemente como una herramienta de represión, negándose a abrir investigaciones cuando está involucrado el gobierno. Al respecto, el Observatorio Congoleño de Derechos Humanos (OCDH) y la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) documentaron lo que se conoce como el Drama de Chacona en julio de 2018. Después de haber detenido a unos 20 jóvenes supuestamente vinculados con los gangs (los «bébés noirs», bebés negros), la policía torturó y ejecutó a 13 de ellos en una comisaría de Chacona, negando los hechos. Un reportaje de France 24 en noviembre de 2025 se enfocó en estudiar la emergencia de dichos Bébés Noirs, o Kulunas, en los años 2010. Aquellos jóvenes pobres aterrorizan a los habitantes de las periferias de las grandes ciudades. Frente a la inseguridad creciente, la autocracia solo encontró una respuesta: recurrir al terror, ilustrado por el despliegue de la Dirección General de la Seguridad Presidencial (DGSP). Solo una sospecha basta para desatar olas de violencia: ejecuciones arbitrarias en plena calle y de día, incendiar las casas de las familias de los sospechosos… En esta lógica de terror psicológico, las autoridades dejan a los cadáveres yacer en la calle, a la vista de todos, como mensaje para los próximos. Aunque la DGSP cuenta con cierto apoyo por parte de la población, que sufre de lleno esta inseguridad, las operaciones se llevan a cabo sin marco legal y con total impunidad, lo que pone aún más de manifiesto la confusión de poderes.

Cabe recordar también que la aprobación en 2015 de una enmienda que impide que el presidente sea procesado por los delitos cometidos durante su mandato pone de manifiesto esta falta de separación de poderes y el carácter violento del régimen. Los derechos civiles son reprimidos con frecuencia y el Estado no cumple con su función principal, que es proteger a sus ciudadanas y ciudadanos: las minorías étnicas y las poblaciones que no son originarias de la región de La Cuvette, así como las mujeres, son víctimas de violencia física y simbólica, en particular debido a su falta de representación en los puestos clave del gobierno.

El oro negro, moneda de cambio para comprar el silencio de las potencias

Paradójicamente, la economía es el único indicador que parece mostrar una leve pendiente ascendente en las cifras macroeconómicas recientes, como lo refleja el gráfico del BTI 2006-2026. Sin embargo, si la dinastía Nguesso se esfuerza tanto por mantenerse en el poder y no escatima el uso de la violencia, es sobre todo para asegurarse el acceso a los recursos petroleros del tercer país productor de África subsahariana. El Congo es el ejemplo típico de un Estado rentista que no logra (y/o no busca) diversificarse. El petróleo representa más del 80% de las exportaciones del país y el 75% de los ingresos del Estado. Sin embargo, estos ingresos nunca llegan integralmente a las cuentas del Estado, sino que son desviados sistemáticamente por el círculo de Denis Sassou-Nguesso. Esta apropiación de la riqueza la lleva a cabo principalmente la Sociedad Nacional de Petróleos del Congo (SNPC), una empresa petrolera privada que durante mucho tiempo fue propiedad del hijo del presidente, Denis Christel Sassou-Nguesso, quien desde 2021 ocupa el cargo de ministro de Cooperación Internacional, asegurando así la sucesión de la dinastía Nguesso y el control de la renta. Esta política de apropiación sistémica se refleja en la calificación de 2/10 del indicador de uso eficiente de los activos públicos en el informe del BTI 2026.

Esta estrategia es devastadora para la población: a pesar de sus riquezas petroleras, el Congo ocupa el puesto 149 de 193 en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Según el informe del BTI 2026, la pobreza afecta a casi la mitad de la población, y más del 40 % de los jóvenes están desempleados.

La evolución del índice BTI entre 2008 y 2026 lo confirma: el desarrollo socioeconómico se mantiene en 3/10, sin mejoras a pesar de las fluctuaciones en los precios del petróleo. El Congo está experimentando un crecimiento, pero este no se traduce en beneficios para la población ni para los servicios públicos, mientras que los servicios de salud se están desmoronando.

Este nepotismo ayuda a entender la puntuación tan baja en materia de lucha contra la corrupción que refleja el informe del BTI 2026, la cual se estancó en 2/10 desde 2010. Transparency International considera a este país centroafricano como uno de los más corruptos del mundo, ya que el sistema judicial garantiza una impunidad absoluta. Desde la década de 2010, no dejan de salir a la luz nuevos escándalos de corrupción. El BTI menciona una demanda judicial presentada por una coalición de ONG que acusa a la familia de haber desviado más de 25 mil millones de dólares. El histórico caso de los «bienes mal adquiridos», que salpicó a numerosos dignatarios africanos, tampoco dejó de lado a la familia Nguesso: Francia imputó a varios miembros de la familia por lavado de dinero y malversación de fondos públicos, lo cual provocó una ruptura diplomática entre París y Brazzaville. Ante la justicia francesa y europea, o incluso la estadounidense tras las investigaciones sobre la compra de bienes inmobiliarios en la Trump Tower o en Miami con fondos de la SNPC, los capitales de los Nguesso se trasladaron a Dubái, como se descubrió en el caso «Dubai Unlocked».

La economía formal está, por lo tanto, como se mencionó anteriormente, bloqueada por temor a que surja una élite económica privada. De este modo, solo queda la economía informal para la supervivencia de los ciudadanos; según el informe de 2026 del BTI, el 85 % de los empleos son informales y representan cerca del 50 % del PIB. El mercado interno congoleño está dividido entre las empresas estatales y las multinacionales como TotalEnergies o ENI-Lukoil, lo que provoca una fuga de recursos.

Por otro lado, el FMI considera que el Congo está sobreendeudado, ya que la deuda alcanzó el 99% del PIB en 2023, de la cual un tercio está en manos de China, lo que explica la caída del indicador de estabilidad monetaria y financiera del BTI de 7 en 2008 a 5,5 entre 2010 y 2024, y luego a 6 en 2026. Según la institución internacional, la situación es viable, pero compleja debido a la opacidad de las transacciones del país. Esta estabilidad monetaria se debe también al hecho de que las políticas monetarias son decididas en gran medida por organismos externos, como la CEMAC y el uso del franco CFA.

Para evitar la quiebra del Estado, el FMI procedió a una condonación parcial de la deuda congoleña en 2010; posteriormente, ante la mala gestión de los fondos públicos, concedió préstamos con la condición de renegociar las deudas con China y de aplicar una fuerte presión fiscal, en particular mediante la suspensión de los subsidios al combustible, lo que provocó una inflación del 4,3 % que afectó sobre todo a los hogares más desfavorecidos.

Los préstamos concedidos también se otorgaron con la condición de que se combatiera la corrupción y se mejorara la transparencia, especialmente en la gestión de la SNPC, pero el informe de la BTI es tajante: esos compromisos son meramente retóricos y el gobierno está haciendo que los ciudadanos paguen una deuda inmensa de la que nadie se ha beneficiado.

La diplomacia como escudo contra los derechos humanos

Si el sistema dinástico se mantiene en pie desde hace más de 40 años a pesar de las violaciones de los derechos humanos, es en gran parte gracias a una estrategia diplomática diseñada para neutralizar las críticas y generar una sólida reputación internacional que invita a las potencias a preferir el statu quo. Como destaca el informe del BTI, el Congo mantiene sólidos lazos con potencias internacionales y, más allá de eso, también es considerado un país estabilizador de la región. Esta intensa actividad diplomática llevada a cabo por el Congo fue clasificada por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en tres categorías: la diplomacia del petróleo, la diplomacia en la sombra y la diplomacia verde.

Como se mencionó anteriormente, el petróleo es la piedra angular de la economía congoleña, y este sector está ampliamente dominado por empresas extranjeras como TotalEnergies (Francia), ENI (Italia) y Lukoil (Rusia), por citar sólo algunas, que poseen las cuotas de mercado adquiridas a la SNPC. Según el informe del IFRI, el gobierno utiliza estas cuotas de mercado como herramienta de presión sobre las potencias extranjeras, tal como ocurrió en 2016, después de que el presidente francés, François Hollande, cuestionara la legitimidad del referéndum constitucional. Mientras que iba saliendo a la luz el escándalo de los bienes mal adquiridos, el gobierno congoleño comenzó a estrechar lazos con Matteo Renzi, presidente del Consejo de Ministros de Italia en aquel entonces, lo que hacía temer una pérdida de cuota de mercado para TotalEnergies. Este episodio ha puesto de manifiesto cómo las potencias occidentales, en este caso Francia, evitan criticar al régimen y sus abusos para no perder contratos petroleros. Esta estrategia recuerda al uso que hizo Nicolás Maduro del petróleo venezolano para comprar votos en la OEA.

Además, Sassou-Nguesso intenta posicionar al Congo como mediador en conflictos regionales e internacionales, sobre todo a través de la figura de Jean-Yves Ollivier, director francés de la Fundación Brazzaville para la Paz y la Preservación del Medio Ambiente. Esta agencia privada ha intervenido en negociaciones relacionadas con el conflicto en Libia o en Ucrania.  Permite al gobierno llevar a cabo una diplomacia proactiva sin que ello implique la responsabilidad directa del gobierno, en particular en la compra de 500 toneladas de armas a una empresa azerbaiyana entre 2015 y 2020, empleadas contra la población civil durante las movilizaciones contra el referéndum y durante el conflicto del Pool, entre otros.

Por último, el país, cuyo territorio está cubierto en un 70% por la cuenca forestal del Congo (la segunda cuenca forestal más grande del mundo después de la Amazonía), organizó múltiples cumbres internacionales para la preservación del medio ambiente, una iniciativa elogiada por varios jefes de Estado, como E. Macron o J. Biden. Estas iniciativas ecológicas reciben numerosas ayudas de organizaciones internacionales, más abundantes que las destinadas a la democracia o los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, la deforestación se mantuvo al mismo ritmo que antes de estos acuerdos, conllevando violaciones a los derechos humanos. De hecho, los proyectos de captura de carbono y reforestación provocaron el desalojo de numerosos agricultores y poblaciones indígenas.

También parece importante destacar que esta diplomacia verde se puso en marcha y se intensificó a partir de 2015, momento en que el régimen reprimía de forma masiva y violenta. La conclusión del IFRI es clara: mientras las críticas internacionales contra Denis Sassou-Nguesso se hacían cada vez más acérrimas, la diplomacia forestal volvió a situar al Congo en el centro de un juego de influencias mundial y contribuyó a que, poco a poco, se olvidaran las críticas a la represión.

El conflicto del Pool como punto de encuentro entre la violencia política y la económica

El conflicto del Pool no es un episodio puntual y aislado de la historia y la actualidad congoleñas, sino el momento en que convergen los mecanismos políticos y económicos analizados anteriormente, lo que se traduce en la expresión más brutal de la represión y la violencia del Estado.

Para comprender esta recurrencia de la violencia en el Pool, hay que remontarse a la guerra civil de 1997. Sassou-Nguesso volvió al poder por las armas, contra el ejército regular del gobierno de Lissouba, que contaba con su base electoral en el Pool. Esta guerra, cuyo carácter genocida destacan algunos miembros de la sociedad civil, fue devastadora para el Congo, diezmando a varias decenas de miles de civiles y desplazando a cientos de miles de ellos hacia la vecina República Democrática del Congo. En 1999 se firmó formalmente un acuerdo de alto el fuego, pero las tensiones nunca se calmaron, como lo demuestra el indicador de reconciliación del informe del BTI, que se mantiene estancado en torno a 2/10 desde 2012.

Esta tendencia se observa desde 2008 en el BTI, especialmente a través del indicador de intensidad de los conflictos, que, aunque en su punto más bajo se situaba en un 6/10, aumentó hasta un 8 entre las ediciones de 2018 y 2020.  Este aumento se debe a una guerra librada a puerta cerrada, sin periodistas ni ayuda humanitaria, que se desató después de que los habitantes de la región del Pool cuestionaran los resultados de los comicios de 2016.  El régimen señaló entonces al pastor Ntumi, figura central de la guerra civil que había sido cooptado por el régimen en 2007, como responsable de los levantamientos, y lo destituyó de sus cargos. Nguesso ordenó entonces el bombardeo de sus propiedades, así como de la región del Pool, donde seis de los trece distritos quedaron destruidos. Este conflicto provocó el desplazamiento de unos 30.000 ciudadanos y ciudadanas y pone de manifiesto los crímenes de guerra cometidos por el régimen.

Aunque el conflicto terminó oficialmente tras la firma de un acuerdo bajo coacción en diciembre de 2017, según la ONG francesa Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) los habitantes de la región siguen sufriendo violaciones de sus derechos, en particular detenciones arbitrarias, restricciones a la circulación o una militarización excesiva de la zona, y las labores de reconstrucción son muy insuficientes en comparación con la magnitud de los daños.

Conclusion

En definitiva, las diversas crisis que sacuden a Congo-Brazzaville van más allá de la simple corrupción derivada de los ingresos petroleros; revelan la existencia de un terrorismo de Estado tolerado y normalizado en la escena internacional, mientras que las violaciones de los derechos humanos son cada vez más frecuentes en el mundo. Las ejecuciones extrajudiciales, la práctica de las desapariciones forzadas, el uso sistemático de la tortura, hasta los bombardeos en la región del Pool, demuestran que la gerontocracia congoleña está utilizando todos los medios a su alcance para asegurar la supervivencia de su dinastía, en un momento en que esta se ve amenazada, lo que recuerda a los tiempos oscuros de la dictadura argentina de 1976-1983. Mientras que la Junta acabó siendo juzgada por sus crímenes, el régimen de Nguesso sigue gozando de total impunidad, sobre todo porque el mundo mira sistemáticamente hacia otro lado, en nombre de la estabilidad regional y, evidentemente, de los intereses petroleros de las grandes potencias. Un grave error de cálculo de las potencias mundiales, ya que hacer la vista gorda ante la supresión del Estado de derecho conlleva el riesgo de un colapso del régimen, arrastrando consigo la estabilidad de la región.

A pesar de la percepción de invulnerabilidad, parece que crece una amenaza para el régimen. No se trata ni de instituciones internacionales, como el FMI, ni de la oposición, que es oprimida sistemáticamente, sino de una parte de la juventud que, al verse excluida de la riqueza del país, cae en la delincuencia y el banditismo. El colmo para un régimen gobernado por una élite arcaica y envejecida.

El caso de los países vecinos, que corren una suerte similar, como Camerún, gobernado por Paul Biya, o Guinea Ecuatorial, gobernada por Obiang desde la década de 1980, hace temer lo peor para el futuro del Congo. La caída del régimen gabonés en 2023 suena entonces como una advertencia para Nguesso, demostrando que la militarización excesiva y la asfixia de las instituciones democráticas no permiten consolidar el poder, sino solo preparar el terreno para una transición violenta. Dado que la democracia es el escenario donde se expresan pacíficamente los conflictos, la supresión de sus instituciones no puede sino convertirse en una bomba de tiempo para el país. 

Thibaut Francois

Pasante internacional de CADAL

Pasante internacional de CADAL. Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Lumière Lyon y está cursando el Máster en Ciencia Política – Política Comparada y Cooperación Internacional: Américas, Universite de Bordeaux.