La denominada “Contra” se unió a la Coalición Nacional, conformada por la Alianza Cívica y el partido Unidad Nacional Azul y Blanco. Las agrupaciones hacen frente al gobierno de Ortega, quien lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder.

Por Victoria Ariagno

Los partidos políticos de oposición unieron fuerzas en una coalición para hacer frente al régimen opresor, liderado por el socialista Daniel Ortega.

Cabe destacar, la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) es la agrupación que hoy se enfrenta a la dictadura de Ortega, y que en la década de 1980 era conocida como la “Contra”. Ésta se unió el pasado domingo 16 de febrero a la opositora Coalición Nacional (conformada, hasta entonces, por la Alianza Cívica y el partido Unidad Nacional Azul y Blanco). Su reclamo por la restauración de la institucionalidad democrática -en un país en el que las autoridades arremeten violentamente en contra de las opiniones disidentes y gozan de completa impunidad- parece estar avivándose, más que nunca. La “Contra” ha recibido, en su momento, financiamiento de Estados Unidos para combatir a los sandinistas quienes, liderados por Ortega, instauraron un gobierno con características comunistas en Nicaragua durante esa década.

El mandatario del Estado nicaragüense gobierna hace ya más de 15 años ininterrumpidamente, tras asumir la presidencia de la mano del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Como déspota, sostiene su autoridad teniendo cooptadas tanto a las fuerzas policiales como a las de seguridad; también controla el funcionamiento de la Asamblea Nacional, el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral.

El régimen Ortega-Murillo cuenta con una enorme capacidad de coacción física para reprimir, como se vio en las brutales respuestas de las autoridades a las manifestaciones que estallaron en abril de 2018. Más aun, en 2018 también se aprobó la que se conoce como “Ley Antiterrorismo”, mediante la cual el presidente, quien controla el accionar del propio Congreso, puede criminalizar a la oposición. En diciembre de ese año, el legislativo le canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que había denunciado casos de tortura, arrestos arbitrarios y corrupción generalizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en agosto de 2019 sobre la tentativa de Ortega para gobernar sin un período definido de años.

La impotencia de la gente se debe, principalmente, a la persistente negligencia de las autoridades estatales ante los reclamos de la sociedad y no es sólo desatención, sino que estos mismos gobernantes perpetúan las estructuras criminales en el país. Uno de los tantos episodios que visualiza concretamente esta cuestión es la aprobación de la Ley 840, que permitió la construcción de un Gran Canal Interoceánico que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades indígenas sobre las que se instala, y se acusa al gobierno de no haber dado una respuesta adecuada y empática sobre la situación.

Las presiones de la CIDH se intensificaron especialmente a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que facilitó un espacio abierto a las denuncias del pueblo, capacitaciones -tanto a individuos como a organizaciones locales defensoras de los derechos humanos- y un control más directo sobre situaciones que ponen en peligro la integridad de las personas.

El mecanismo ha hecho reciente hincapié en el ataque a la comunidad Mayagna, Bosawás, “que habría resultado en la muerte de seis personas”. La CIDH recomienda al Estado adoptar políticas que garanticen el derecho al territorio de los pueblos indígenas, como primer paso para resguardar todos sus derechos fundamentales.

En la actualidad, en vistas a las elecciones que se llevarán a cabo en 2021, será clave garantizar la transparencia de los comicios de antemano para que el pueblo confíe en el poder del voto y haya un menor porcentaje de abstencionismo, en comparación a las elecciones de 2016.

Mientras tanto, la Comisión (CIDH) en conjunto con el nacional frente opositor que, coalicionado, busca encontrar la firmeza suficiente para combatir estas injusticias, siguen haciendo presión para restituir la democracia sin recurrir a las armas, como dijo el dirigente del FDN, Luis Fley: siendo un método anticuado para el tipo de dictadura que se presenta aquí, en comparación a la de los años ´80, actualmente “la lucha armada ya no es una opción”. El país sufre, así, sanciones de todo tipo, siendo las económicas las que tienden a generar una repercusión más significativa en el gobierno.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).