El régimen Ortega-Murillo tiene bajo su poderío el control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral; además de tener a su favor a la policía nacional y al ejército, y diversos grupos paramilitares, sirviéndose así de una variedad de mecanismos y fuerzas para reprimir brutalmente a quien se manifieste en su contra.

Por Victoria Ariagno

La grave crisis en Bolivia que desembocó en un abrupto fin para el mandato de Evo Morales provocó reacciones tanto en la oposición de Nicaragua como en el régimen de Ortega-Murillo, aliado de Morales. El presidente Donald Trump emitió un comunicado expresando que “estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán”.

El oficialismo se encuentra alerta y sacudido: solidarizado con Morales, el sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras pidió a la militancia del Frente Sandinista “estar alerta ante cualquier acción del enemigo” motivada por los hechos ocurridos en Bolivia.

Por su parte, las dos coaliciones opositoras con mayor fuerza en el país -la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y Unidad Nacional Azul y Blanco- aprovecharon la oportunidad para reclamarle a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que declare ilegítimo al Gobierno de Ortega que ha dejado cientos de muertos y una economía destruida. La solicitud aparece como respuesta al informe publicado el pasado martes 19 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyo que existe “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”. A la Comisión le fue negado reunirse con el Gobierno de Nicaragua, no obstante, logró conseguir testimonios de víctimas de los maltratos.

En el reciente periodo de audiencias públicas de la CIDH, que se llevó a cabo en Ecuador, se abordaron temas como la ley de Amnistía y la instrumentalización del sistema de justicia en Nicaragua. La cumbre contó con la participación de una variedad de organizaciones de la sociedad civil como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), al cual el poder legislativo nacional le canceló su personería jurídica en diciembre de 2018. Estas alzaron su voz en contra de las torturas, arrestos arbitrarios y corrupción generalizada que se vive en el país. El Estado de Nicaragua no se presentó a las sesiones, en clara señal de su cierre ante todo canal de negociación con la oposición.

El régimen Ortega-Murillo tiene bajo su poderío el control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral; además de tener a su favor a la policía nacional y al ejército, y diversos grupos paramilitares, sirviéndose así de una variedad de mecanismos y fuerzas para reprimir brutalmente a quien se manifieste en su contra, como claramente se vio en los acontecimientos de abril de 2018. Más aún, los procesos de selección y nombramientos viciados que impregnan las instituciones del país no habilitan una actuación en defensa de las libertades civiles de los nicaragüenses.

Un extenso catálogo de atrocidades demuestra el atropello indiscriminado a la dignidad humana. Episodios como el cierre del diario La Prensa -por la falta de materia prima retenida en la Aduana- o el asedio de las fuerzas de seguridad sandinistas que niegan el acceso a agua y electricidad a quienes están en huelga de hambre en una iglesia en Masaya por la liberación de los presos políticos, son actos que demuestran el cerco a la libre expresión y los malos tratos que se viven en Nicaragua. Pero Ortega y Murillo niegan los hechos y, gozando de total impunidad, siguen aferrados al poder.

La crisis humanitaria, política y económica que sucumbe al país debilita sus vínculos diplomáticos: la ONG Human Rights Watch insta a especialmente a EE. UU., Canadá y la Unión Europea a profundizar su condena individual hacia el régimen. A comienzos de noviembre el gobierno de los Estados Unidos decidió aplicar nuevas sanciones al gobierno de Ortega a modo de presionar por una salida democrática a la crisis empleando una Orden Ejecutiva sobre personas que contribuyan a la crisis -en este caso sobre el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el subdirector de la Policía Nacional y sobre el director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)- por la cual sus activos estadounidenses se bloquean y a las personas estadounidenses se les prohíbe participar en transacciones con tales individuos.

Las presiones podrían llegar a profundizarse a través de un accionar en conjunto, dado que la CIDH en su informe señala que ante la deficiencia en el cumplimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el Consejo Permanente de la OEA procederá su accionar a través de gestiones diplomáticas que busquen la normalización de la institucionalidad democrática en dicho país. Si tales gestiones resultasen ineficaces, el Consejo probablemente se decida a votar por la suspensión de Nicaragua de la OEA.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).