Los principales problemas que enfrenta Panamá son el control de la corrupción y sus profundas inequidades sociales. Si bien ha habido avances, escándalos mundiales como el de Panama Papers provocaron desconfianza de la población local y mundial hacia las instituciones democráticas del país. Los decadentes resultados de Panamá en el BTI 2020 demuestran que la necesidad de reformas estructurales se hace cada vez más notable.

Por Victoria Ariagno

Panamá presenta en el Bertelsmann Transformation Index 2020 (BTI) resultados menos alentadores con respecto a la anterior edición de 2018. Esta declinación, sin embargo, se viene dando de manera continua desde el BTI 2016 hasta el actual, particularmente en las dimensiones de transformación política y el de transición hacia una economía de mercado, siendo esta primera la de mayor desplome.

En relación con la edición previa, el BTI 2020 demuestra un agravado desenvolvimiento del país en ocho de los 52 indicadores que contiene el índice en total (es decir, el 15%). Y un desempeño igual al índice de 2018 en 38 de estos (73%).

Particularmente, el estado de la democracia ha tenido un declive en áreas como la no interferencia en los dogmas religiosos, el compromiso hacia las instituciones democráticas y el capital social; aunque en ninguna de estas categorías la caída fue mayor a 1 punto.

Durante su mandato, el presidente Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, se ha caracterizado por abogar por la normalización democrática del país, lo cual se refleja en los resultados positivos que han tenido las dimensiones política y económica en el BTI desde su llegada al cargo en 2014, como se ve en el mantenimiento de puntajes favorables en categorías como las elecciones libres y los derechos de asociación. Además, sus acciones resaltan en contraste a las tendencias autoritarias de su predecesor, Ricardo Martinelli, las cuales deterioraron llamativamente la calidad democrática de Panamá.

Apenas Varela asumió la presidencia, presentó cargos contra el expresidente -y otros funcionarios de altos rangos. Sin embargo, se lo acusa de haber actuado en pos de motivaciones políticas. Desde hace varios años, los mecanismos de control para la rendición de cuentas del gobierno son en gran parte inefectivos.

A partir del BTI 2016, los índices en cuestión comenzaron a declinar, hasta llegar a la actualidad. El escandaloso episodio de los Panama Papers destapó la red corrupta en la que funcionarios públicos de diversas partes del mundo se vieron implicados, y en los cuales el gobierno de Panamá y su poder judicial cumplieron un rol cómplice que debilitó el prestigio y legitimidad del régimen democrático del país.

El informe 2019 de Reporteros Sin Fronteras señala que, en Panamá, en comparación al gobierno anterior y a los gobiernos de países vecinos, la libertad de prensa se da más ampliamente y se han hecho avances con respecto a 2018, aunque persisten algunos obstáculos: “la difamación y la calumnia son delitos civiles y penales, y los casos se presentan habitualmente contra periodistas”, agrega el informe del BTI.

Además, el aumento de la influencia del cristianismo evangélico devino en protestas de estos grupos en contra de un proyecto de ley sobre educación sexual ese mismo año, así como también la derogación del decreto por el cual se crearía un departamento de igualdad de género en el Ministerio de Educación fueron reflejo de esta tendencia.

Cabe tener en cuenta que las elites en el poder, o con influencia en él, rara vez contribuyen a la lucha contra las prácticas discriminatorias que atentan contra los derechos civiles de las mujeres, personas indígenas, afro-panameños y la comunidad LGBTI. También, recientemente ha habido episodios de xenofobia contra inmigrantes que toman los puestos de trabajo más calificados y mejor pagados.

Por otro lado, el índice de transformación económica indica la dependencia de la estabilidad macroeconómica panameña de las inversiones que obtiene para obras de infraestructura como la expansión del Canal de Panamá, y también de los ingresos que dimanan de su funcionamiento.

A pesar de su crecimiento económico en los últimos años, éste se fue desacelerando, lo cual provocó un ligero incremento de la deuda pública. Además, en el país persisten serias barreras socioeconómicas. Su coeficiente de Gini para el año 2018 fue el más alto de todo centro américa, está situado en los últimos puestos -del mundo- en el Índice de Desigualdad de Género de la ONU (especialmente en las áreas de participación económica y política) y la mortalidad materna es la segunda más alta de la región (después de Nicaragua). Adicionalmente, casi el 20% de la población vive bajo la línea de pobreza, mayoritariamente afectando áreas rurales y poblaciones indígenas.

Las instituciones y los programas políticos creados para compensar las intensas condiciones de inequidad y vulnerabilidad suelen brindar reducida calidad y cobertura o, incluso, no se logran implementar, arrasados por la corrupción, los recursos limitados, y la falta de voluntad política. Esto sucede principalmente en las áreas de salud y seguridad social, y la educativa, a la cual se destina un gasto público mínimo y está retrasada en la formación de mano de obra calificada.

Inversamente, en el mismo periodo de tiempo (2016-2020) y a pesar de no haber tenido mejoras en la mayoría de sus aspectos, la gestión de la gobernanza tuvo un desarrollo positivo, principalmente debido a avances en el rol asignado a la sociedad civil sobre la modernización y transparencia de la política (por ejemplo, como se ve en la institucionalización en el código electoral de organizaciones interesadas en democracia y elecciones).

Además, se han hecho cambios en la legislación económica y se hizo de la evasión fiscal un delito, lo cual demostró mejoras en aspectos como la dañada credibilidad del país y en su sistema bancario (que representa el 8% de su PBI). Sin embargo, estas mejoras siguen siendo insuficientes.

Los principales problemas que enfrenta Panamá son el control de la corrupción y sus profundas inequidades sociales. Si bien ha habido avances, escándalos mundiales como el de Panama Papers provocaron desconfianza de la población local y mundial hacia las instituciones democráticas del país. Los decadentes resultados de Panamá en el BTI 2020 demuestran que la necesidad de reformas estructurales se hace cada vez más notable.

La falta de inversión en el sector educativo, teniendo en cuenta que la demanda por trabajadores calificados irá en aumento, podrá ser un freno para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico equitativo en el país.

En 2019, posterior al análisis del BTI, Panamá celebró las elecciones presidenciales, en las que ganó con el 33% de los votos el candidato del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo. También hubo protestas, disturbios e idas y vueltas en torno al proyecto de reforma constitucional, y surgió la pandemia por el coronavirus, momentos que reafirmaron la importancia de la vía democrática para todo tipo de accionar en el país.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).