Desde 2020, el Bertelsmann Transformation Index (BTI) cataloga a la “Nueva Turquía” como una autocracia moderada. El presidente es el principal agente de la erosión democrática, ya que sus políticas buscan consolidar su poder alterando las normas y silenciando a la oposición. La introducción del presidencialismo en 2017 le habilitó a Recep Tayyip Erdoğan una mayor concentración del poder, socavando aspectos fundamentales de la democracia. Se removieron pesos y contrapesos necesarios, y el presidente adquirió la facultad de disolver el parlamento y vetar leyes.

Por Trinidad Coscolla

Foto: npr.org

Turquía evidencia una tendencia negativa en sus últimos resultados del Bertelsmann Transformation Index (BTI). Se observa una caída más acentuada en las categorías de transformación política y gobernanza, lo cual representa una situación alarmante para la imagen del gobierno turco.

Desde el mes de marzo de este año, circulan en medios de todo el mundo noticias acerca de las manifestaciones masivas en Turquía, y las respuestas represivas del gobierno. Las protestas, además de acusar al gobierno de “dictadura” y reclamar democracia, surgieron como respuesta a la destitución y encarcelamiento de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal opositor del actual presidente. Para entender que éste no es meramente un fenómeno aislado, se debe considerar el turbulento rumbo político de los últimos años.

Desde hace más de una década, la política turca ha estado en manos de Recep Tayyip Erdoğan, presidente desde 2014. Comenzó su gestión con eficiencia y moderación, promovía una economía de mercado y un acercamiento a occidente, en especial a la Unión Europea (UE). Sin embargo, más tarde introdujo un cambio de tono político: impulsó una agenda islamista con el objetivo de transformar a Turquía en una gran potencia islámica.

En 2017, como respuesta a un fallido intento de golpe de estado en 2016, el presidente organizó una reforma constitucional que le otorgó poderes cuasi dictatoriales. Desde ese entonces, políticas restrictivas como la persecución a opositores y el control de los medios de comunicación se volvieron moneda corriente. Para comprender la tendencia autoritaria en Turquía se analizará el desempeño de este país en el Bertelsmann Transformation Index, al que califica como una autocracia moderada en sus tres últimas ediciones.

El BTI analiza los procesos de transformación hacia la democracia y la economía de mercado en distintos países. Es el resultado de la colaboración de casi 300 expertos de las principales universidades y think tanks del mundo. La metodología se basa en la evaluación del cumplimiento con 17 criterios en cada uno de los 137 países analizados. Como resultado, surgen dos índices: el Índice de Estado (dividido en dos dimensiones de transformación: política y económica) y Gobernanza. Cada dimensión está compuesta por distintos indicadores, a los cuales se les otorga un puntaje del 1 al 10 de acuerdo al país. A continuación, se acompaña un gráfico (Figura 1) que ilustra la evolución de los puntajes de Turquía desde 2006 a 2024.

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA

El indicador de Transformación Política describe la posición de un país en torno a criterios democráticos. En la primera edición del BTI en 2006, la posición de Turquía fue 38 entre 137 países, con un puntaje de 7.1/10. Sin embargo, en 2024 su puntaje fue de 4.2, y su posición cayó al puesto 83.

Entre las ediciones 2006-2018, el BTI consideraba a Turquía una democracia defectuosa. La principal característica era el profundo involucramiento de las fuerzas militares en la política, aunque luego su influencia fue decreciendo. Además, reportes de progreso de la Comisión Europea denunciaban el retroceso de la libertad de expresión, especialmente a través de leyes antiterroristas. De todos modos, las instituciones democráticas turcas funcionaban en conjunto de forma armoniosa, y excepto por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), los actores políticos y sociales aceptaban las instituciones democráticas como legítimas.

Si bien en este período el puntaje de transformación política de Turquía se mantuvo relativamente estable, en la edición de 2016 ya se pueden observar cambios relevantes. Desde la fundación de la República, el secularismo había sido la base principal del orden legal, social y político. Sin embargo, en 2016 el BTI empieza a cuestionar el secularismo en la realidad política turca, ya que se comprobó que el AKP, partido político del recién electo presidente Erdoğan, tenía una agenda islamista oculta. Además de políticas más “islámicas”, después de la reelección de Erdoğan también se observaba un poder ejecutivo cada vez más fuerte, ejerciendo presión sobre el poder judicial y restringiendo la libertad de los medios de comunicación.

El informe de 2018 consideró a Turquía una democracia altamente defectuosa, y fue en este año que se registró la mayor caída en la transformación política. El evento crucial para comprender este fenómeno es el fallido intento de golpe de estado en 2016. Si bien la edición anterior del BTI ya alertaba sobre las tendencias autoritarias del presidente, lo ocurrido en 2016 resultó en la proclamación de un estado de emergencia y en la implementación de políticas autocráticas que facilitaron a Erdoğan el monopolio del poder en detrimento de toda fuerza opositora.

Durante el estado de emergencia (2016-2018), se produjeron despidos en masa de miembros de la administración pública y se sancionaron más de 30 decretos que restringían las libertades civiles. Además, la ya decadente independencia del poder judicial se vio seriamente deteriorada debido a las recurrentes presiones del gobierno. Por ejemplo, aquellos jueces que se pronunciaban en contra del gobierno eran acosados o transferidos involuntariamente.

Desde 2020, el BTI cataloga a la “Nueva Turquía” como una autocracia moderada. El presidente es el principal agente de la erosión democrática, ya que sus políticas buscan consolidar su poder alterando las normas y silenciando a la oposición. La introducción del presidencialismo en 2017 le habilitó a Erdoğan una mayor concentración del poder, socavando aspectos fundamentales de la democracia. Se removieron checks and balances necesarios, y el presidente adquirió la facultad de disolver el parlamento y vetar leyes.

La reelección de Erdoğan en 2018 implicó una aceleración del proceso de autocratización, y los analistas afirman que tanto dichas elecciones como el referéndum de 2017 fueron libres pero no justas, gracias a prácticas cuestionables como el mal uso de recursos estatales para apoyar a Erdoğan como candidato. El control estatal al pueblo turco es cada vez más invasivo: el 90% de los medios están bajo estricto control gubernamental, y se promueven valores islámicos conservadores mediante modificaciones en el sistema educativo, por ejemplo.

Los resultados de 2024 son la evidencia de que la expansión del autoritarismo continúa cada año. Todos los indicadores de transformación política mostraron caídas importantes entre 2006 y 2024. “Estabilidad de las instituciones democráticas” fue el que más cayó: de 8 puntos entre 2010 y 2016 a 3 puntos en el BTI 2024. El principal factor que explica su descenso es el nuevo sistema presidencial, responsable de la marginalización del parlamento y del control de las instituciones democráticas por parte del poder ejecutivo. Finalmente, el indicador “Participación política" cayó especialmente el último año, teniendo en cuenta la represión a representativos locales, como el caso del alcalde de Estambul, quien en 2022 fue condenado a prisión tras criticar al gobierno.

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

Este indicador se basa en la evaluación de un país bajo diversos criterios que definen una economía social de mercado. Al inicio del BTI en 2006, Turquía se encontraba en la posición 28 en términos de transformación económica, mientras que en 2024 cayó a 56. La economía turca se mantuvo entre 2008 y 2016 catalogada como “avanzada”, pero desde 2018 se mantiene en “limitada”.  

El período 2002-2008 fue el de mayor crecimiento ininterrumpido en la historia turca, debido a un paquete de reformas fiscales e institucionales que dieron lugar a un crecimiento económico fuerte y sustentable, que implicó un rápido y estable aumento del PBI, el cual incluso pudo recuperarse fácilmente de la crisis de 2008. Además, por primera vez en 3 décadas, en 2004 la inflación anual pasó a ser de solo un dígito.

Las estrictas políticas fiscales y monetarias mejoraron la confianza de inversores y desde entonces se produjo un enorme crecimiento en inversiones de negocios e inversiones extranjeras directas. Por otro lado, se destacan tres factores cruciales del período: en primer lugar, el alto nivel de independencia del Banco Central. Segundo, un significativo proceso de privatizaciones redujo las barreras de entrada y salida del mercado. Por último, el BTI resalta que, en esta época, los derechos de propiedad estaban bien definidos en el sistema legal.

Desde 2008, si bien el rápido crecimiento económico se ralentizó, las condiciones económicas turcas eran favorables. No obstante, existían desafíos como un enorme déficit de cuenta corriente y profundas desigualdades salariales dentro del país.

A partir de 2018, el BTI se refirió a la economía turca como “limitada”. La situación económica se volvió una preocupación mayor, principalmente basada en la decadente eficiencia e independencia de la administración económica en manos de Recep Tayyip Erdoğan. En los últimos años, el Banco Central terminó bajo el control directo de la presidencia, con consecuencias sumamente desfavorables: la ineficiente política monetaria y problemas estructurales produjeron una profunda debilitación de la lira y una creciente tasa de inflación. La administración es también inconsistente con los objetivos de inflación, lo cual provoca una regresión en la estabilidad macroeconómica. 

Cabe destacar el impacto en la economía del intento de golpe de estado de 2016. Las respuestas draconianas del gobierno generaron inseguridad y se redujeron los ingresos por turismo, entonces se depreció la lira y se deterioró el entorno de negocios. Asimismo, el estado de emergencia condujo a severas usurpaciones de la propiedad privada. Por ejemplo, en 2016 se aprobó una ley que permitía la expropiación de propiedades a nombre de aquellos sospechosos de ser simpatizantes de Fethullah Gülen, el acusado de instigar el golpe.

Hacia el índice de 2024, las condiciones económicas frágiles y propias del autoritarismo continúan. Problemas estructurales como la desigualdad económica persisten: en 2021 Turquía era el país con mayor brecha de ingresos entre ricos y pobres de Europa, y factores como la etnia siguen limitando el acceso a salarios dignos y a la educación.

Aunque se observa una caída en todos los criterios de “Transformación Económica” entre 2006 y 2024, el declive más evidente es en 3 de ellos. En primer lugar, la “estabilidad monetaria y fiscal” descendió de 8.5 a 5.5 en menos de 10 años, debido a la ineficiente administración del gobierno, que provocó la depreciación de la moneda y la consecuente falta de confianza de los inversores. “Propiedad privada” es otro criterio que descendió 3 puntos, especialmente desde las violaciones de derechos de propiedad durante el estado de emergencia. Finalmente, el “desempeño económico” cayó de 8 puntos a 5: hay un gran grado de volatilidad en el crecimiento del PBI, en el flujo de capitales y últimamente en la tasa de inflación. Además, hubo un aumento en la deuda pública, y la tendencia de achicamiento del déficit de cuenta corriente se invirtió en 2022.

GOBERNANZA

El índice de gobernanza del BTI evalúa la determinación y consistencia de las elites en la búsqueda de una democracia basada en el mercado. El desempeño de Turquía en este índice es más débil que en las otras dimensiones, ubicándose en el puesto 104 en 2024, mientras que en 2006 se encontraba en puesto 22.

Entre 2006 y 2016, el índice consideraba a la gobernanza de Turquía como “buena”, es decir, comprometida con la democracia y la economía de mercado. Hacia principios del siglo XXI, Turquía tenía la oportunidad de eventualmente obtener una membresía completa en la Unión Europea si cumplía ciertas condiciones, especialmente ligadas al fortalecimiento democrático. La implementación de reformas para cumplir dichos estándares se convirtió en el principal foco de la política doméstica y exterior, con resultados prometedores durante los primeros años. Uno de los objetivos fundamentales fue la extensión de alianzas económicas con occidente y también el desarrollo de relaciones libres de tensiones con países vecinos. No obstante, Turquía eventualmente falló en sus objetivos regionales debido a su involucramiento en conflictos, entre los cuales se destacan las diferencias con Chipre y los vestigios del genocidio armenio.

En un contexto en el cual Turquía atravesaba un proceso de modernización, la llegada de Erdoğan al poder despertó preocupaciones basadas en el creciente autoritarismo del gobierno, caracterizado por la restricción a la participación civil. Además, las ineficiencias de la concentración de poder del AKP y el clientelismo se reflejaron en puntajes decrecientes en la calidad de gobernanza. La asignación de recursos empeoró, principalmente gracias al enorme y centralizado sector público, donde trabajaban demasiados empleados que, en vez de ser contratados por mérito, se priorizaba su ideología política. Además, la corrupción era uno de los problemas más serios.

En cuanto a la adhesión a la UE, el asunto se volvió lento y gravoso. En 2014 la Comisión Europea notó que las reformas se habían paralizado, ya que el gobierno autoritario del AKP había demorado intencionalmente su implementación porque los proyectos amenazaban su poder. Como resultado, ciertos miembros de la UE comenzaron a desaprobar el acceso de Turquía a la comunidad, lo cual llevó al gobierno turco, que además deseaba aumentar su poder regional, a priorizar la cooperación con países islámicos.

La transición entre las ediciones de 2016 y 2018 del BTI mostraron una caída, esta vez mucho más pronunciada que en las otras dimensiones, que llevó a la gobernanza turca a la categoría “moderada”. Las tendencias islamistas y autoritarias del presidente electo Erdoğan, especialmente luego del fallido golpe de 2016, reforzaron las preocupaciones en la Unión Europea. Por otro lado, surgieron nuevos conflictos regionales, como el despliegue de tropas en Siria en 2016, con la intención de luchar contra el Estado Islámico pero también contra las milicias YPG kurdas, apoyadas por Estados Unidos.

El consenso entre grupos de interés entró en declive, ya que el gobierno creó nuevas divisiones. Un ejemplo es la obsesión que desarrolló el oficialismo por la persecución y represión de los seguidores de Fethullah Gülen, y el aumento de las restricciones hacia la sociedad civil, con el objetivo de reducir su capacidad de exigir rendición de cuentas al gobierno. En cuanto a la eficiencia de recursos, el sector público siguió creciendo y la politización de sus empleados también: luego del intento de golpe de estado, se realizaron despidos en masa y se reemplazó a los desplazados por empleados “más leales”.

Desde la edición de 2020 del BTI hasta la actualidad, la gobernanza de Turquía es considerada “débil”. La relación con la Unión Europea es más distante, y las reformas domésticas lanzadas durante el período de adhesión fueron abandonadas y reemplazadas por prioridades de corto plazo meramente guiadas por cuestiones electorales. Por lo tanto, Turquía comenzó a balancear su política exterior entre distintos actores, la UE, Estados Unidos y Rusia, lo cual lo convierte en un actor impredecible y poco confiable. Además, la monopolización de la política exterior en manos del presidente y la predominancia del uso de la fuerza por sobre la diplomacia, son otros factores que mantienen a Turquía en la mira de occidente. Finalmente, las relaciones regionales siguen siendo cada vez más conflictivas.

Si bien el referéndum de 2017 fue aprobado por más de la mitad de los votos, la legitimidad del presidente Erdoğan es cuestionable, ya que el sistema presidencialista acentuó la profunda polarización a nivel nacional. El gobierno adoptó una retórica de división expresada en: “ellos contra nosotros”, refiriéndose a sus seguidores y a la oposición. También se cerraron muchas ONGs pro democráticas, acusadas de amenazar la seguridad nacional, mientras la cantidad de organizaciones pro gobierno crecen cada vez más. Por último, la centralización de la administración en el presidente creó un sistema menos transparente y promovió la ausencia de checks and balances funcionales sobre el ejecutivo, lo cual hace al sistema completamente vulnerable a la corrupción.

Hacia 2024, el descenso de todos los criterios de gobernanza en comparación a la primera edición del BTI fue muy pronunciado. La mayor caída se produjo en “Capacidad de dirección”, de 8 a 4 puntos: el gobierno turco abandonó una serie de objetivos a largo plazo, especialmente ligados a la adhesión a la Unión Europea, y actualmente prioriza intereses inmediatos y arbitrarios con el fin de preservar su base electoral, lo cual suele resultar en promesas populistas. Otro criterio cuya caída fue notable, de 6.7 a 3 puntos, fue “creación de consenso”, ya que la excesiva concentración de poder en el ejecutivo deriva cada vez más en la marginalización de la oposición del proceso de toma de decisiones.

Trinidad Coscolla

Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad del CEMA y voluntaria de CADAL.