Desde febrero de 2023, más de 450 personas han sido despojadas de la nacionalidad nicaragüense. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, reformó el Código Penal para poder procesar en ausencia a personas que se encuentran fuera del territorio nacional y están acusadas de cometer ciertos delitos en Nicaragua.

Por Diana Terán

El régimen Ortega-Murillo de Nicaragua aplica una distinta forma de castigo político que no requiere encarcelamientos, ni expropiaciones, calificada por expertos nacionales e internacionales como una de las más graves violaciones a los derechos humanos universales. El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió la nacionalidad, aquella que uno obtiene bajo la simple fortuna de nacer en un determinado país, en un arma de control político que amenaza más allá de las fronteras. En noviembre del año 2024, Ortega propuso una reforma constitucional que expandiría los poderes presidenciales y limitaría los derechos fundamentales, a su vez, establecería una “copresidencia” con Murillo, y les otorgaría el poder para “coordinar” otros poderes. Esta reforma le otorgó cobertura legal a privar de la nacionalidad nicaragüense a quienes son considerados “traidores” a la patria.

Desde febrero de 2023, más de 450 personas han sido despojadas de la nacionalidad nicaragüense. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, reformó el Código Penal para poder procesar en ausencia a personas que se encuentran fuera del territorio nacional y están acusadas de cometer ciertos delitos en Nicaragua. Esta reforma abre la puerta a perseguir a críticos en el exilio, incluyendo a quienes han sido expulsados por el gobierno.

El 10 de enero de este año, la dictadura de Nicaragua anunció la liberación de "decenas de personas" que estaban detenidas en el Servicio Penitenciario Nacional (SPN). A través de un comunicado, publicado en el diario oficial de Nicaragua, se anunció que la liberación se daba con motivo de la celebración de 19 años en el poder de Ortega. Sin embargo, horas antes, a través de lo que se podría entender como un método de presión indirecta, la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua había publicado un mensaje en su cuenta de X, diciendo: "Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!". Como es bien sabido, el operativo estadounidense en Venezuela que terminó en el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha tenido impacto en toda América Latina, por lo que es de esperar cierto margen de influencia sobre la dictadura de Ortega y Murillo, especialmente visible con la reciente liberación de los presos políticos.

Ahora, los organismos de derechos humanos prefieren llamar “excarcelaciones” a estos eventos y no liberaciones, porque los presos políticos pasan a sus casas a un régimen de libertad condicionada, donde deben reportarse todos los días en una unidad policial y tienen prohibido dar declaraciones o salir de su municipio. Asimismo, es de gran preocupación quienes aún quedan en las cárceles de la dictadura, pues se tiene entendido son un grupo que el régimen de Ortega trata con especial saña y que se ha negado a liberar en las reiteradas excarcelaciones que ha hecho, a quienes ha tratado con particular crueldad, teniendo como prueba de ello que 10 de los que se estiman, llevan presos más de 10 años.

En Nicaragua se ha marcado una transición de la represión física (cárcel y asedio) a una represión jurídica y transnacional. Hay 3 aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, la desnacionalización se refiere a la pérdida de la identidad jurídica. A diferencia del exilio tradicional, donde el ciudadano mantiene su vínculo con su país, esta busca borrar a la persona del registro civil. Como consecuencia se aprecia la imposibilidad de renovar pasaportes, eliminación de títulos universitarios y pérdida del derecho al voto, entre otros derechos fundamentales y universales.

Expertos en leyes y derechos humanos explican que esta práctica no siempre implica una cancelación formal de la nacionalidad, pero los efectos son los mismos, porque la persona pierde su ciudadanía efectiva. El fenómeno se conoce como apatridia de facto y afecta a todos aquellos perseguidos, amenazados o forzados a migrar. Esto deja así a las personas en un limbo jurídico internacional, dificultando su integración en los países de acogida. Juan Carlos Arce, abogado nicaragüense y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más y quien se encuentra en el exilio, aclara que a diferencia de la apatridia formal, originada por la decisión de un Estado de no reconocer a un nacional y regulada en la Convención del Estatuto de los apátridas de 1954 y otros instrumentos internacionales, la apatridia de facto tiene la particularidad de tener los mismos efectos, pero desafortunadamente no cuenta con el reconocimiento legal de la comunidad internacional. Esta situación deja en una condición de mayor vulnerabilidad a la persona víctima de esta medida.

Datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revelan que para marzo de 2025, Costa Rica acogió a más de 194.000 solicitantes de asilo de origen nicaragüense y 9216 fueron reconocidos como refugiados, lo que representa más de la mitad de las personas desplazadas desde Nicaragua por motivos sociopolíticos en el mundo, y sitúa a esta comunidad como uno de los grupos más numerosos en el sistema de asilo costarricense. Por otro lado, Estados Unidos se convirtió desde 2018 en uno de los principales Estados de acogida para los nicaragüenses que huían de la persecución política, los abusos contra los derechos humanos y la inestabilidad. Cerca de 93,000 nicaragüenses se beneficiaron del parole humanitario hasta finales de 2024, aunque la cifra exacta fluctúa. No obstante, más de 60,000 estaban en riesgo de deportación tras la revocación del programa a mediados de 2025, que afectó a medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dándoles un plazo para autodeportarse o buscar otra vía legal antes de abril del mismo año.

En segundo lugar, con respecto a la confiscación de bienes, la reforma del Artículo 21 de la Constitución ha legalizado la incautación de bienes de quienes sean declarados "traidores", lo que tiene un impacto en la sociedad civil que no solo afecta a individuos. Más bien desarticula el tejido social, eliminando proyectos de salud, educación y defensa de derechos humanos.

Informes recientes señalan que estas propiedades (casas, fincas, edificios corporativos) están siendo transferidas al Estado o a allegados del partido oficial, creando una nueva élite económica basada en el despojo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado de facto al menos 135 propiedades de la ciudadanía desnacionalizada, empresas, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y sedes diplomáticas. Esto suma una deuda pública de más de 250 millones de dólares, revela la investigación “La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.

Si bien el régimen Ortega-Murillo ya había llevado a cabo confiscaciones de propiedades desde 2018, con la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, que fue aplicada a 222 personas presas políticas desterradas y otras 95 personas opositoras más en febrero de 2023, se oficializó una nueva etapa. Según esta ley, cualquier persona acusada de “traición a la patria” no solo perderá su nacionalidad como nicaragüense, sino también perderá todos sus bienes muebles e inmuebles que pasarán a nombre del Estado.

Por último, hay que tener en cuenta la represión transnacional y familiar, ya que la represión ya no se detiene en la frontera. El Estado persigue a los exiliados mediante castigo por asociación: familiares que permanecen en el país sufren confiscaciones de bienes compartidos o son impedidos de salir de Nicaragua y sufren de vigilancia en el exterior.

Informes de la ONU en 2025 destacan redes de inteligencia que monitorean a la diáspora para intimidar a voces críticas fuera de Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU publicó el día 3 de abril del 2025, un informe contundente que identifica por primera vez a decenas de funcionarios del Gobierno, del ejército y del partido gobernante responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática y generalizada en Nicaragua. El impacto es tal que las familias se ven destrozadas, los niños se ven privados de su derecho a la identidad y a la educación y las personas mayores se ven privadas de sus pensiones.

Por consiguiente, el Grupo insta a la comunidad internacional a responder con decisión reforzando la protección de los nicaragüenses en el exilio, garantizando procedimientos de asilo y naturalización justos y expeditos para los nicaragüenses privados de nacionalidad o perseguidos de otra manera. Además, se debe prevenir la devolución bajo cualquier circunstancia, y exigir responsabilidades a los responsables conforme al derecho internacional. Finalmente, es esencial fortalecer los mecanismos de monitoreo, cooperación y rendición de cuentas para evitar que el alcance transnacional de Nicaragua siga erosionando las normas internacionales de derechos humanos.

Diana Terán

Pasante internacional de CADAL

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y realizó una pasantía en El Nacional. Es pasante internacional de CADAL.