El nuevo gobierno a conformarse en los próximos meses tendrá la tarea de revertir el declive democrático, que no será fácil. Duda cuenta con poder de veto y mandato hasta 2025; PiS aún tiene cooptadas a instituciones públicas como el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional del Poder Judicial, además de la emisora estatal TVP. Y su discurso ha marcado a fuego a una generación de polacos.

Por Ignacio E. Hutin

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“Soy el hombre más feliz del mundo: la democracia ha ganado”, dijo el ex primer ministro polaco Donald Tusk la noche del 15 de octubre. Y tenía buenas razones para celebrar: su Coalición Cívica alcanzaba el 30% de los votos, que, sumados a los 14 puntos de la alianza Tercera Vía y al 8% de La Izquierda, bastaban para conformar un gobierno de coalición que pusiera fin a los ocho años de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) en el poder. No se trataba tan sólo de un partido derrotando a otros en el marco de un proceso electoral. Alcanza con revisar casi cualquier estadística ligada a Justicia, libertad, discriminación, igualdad, políticas de género y un larguísimo etcétera desde 2015 a la fecha para entender por qué Tusk no exageraba al afirmar que no fue él sino la democracia quien ganó las elecciones.

PiS, el partido nacionalista y al que quizás le calce muy bien el tan bastardeado término de “populista”, fue fundado en 2001 por los gemelos Lech y Jarosław Kaczyński. Cuatro años más tarde, ganaron sus primeras elecciones: a través de los comicios parlamentarios, Jarosław se convirtió en primer ministro, mientras que Lech, que moriría en un accidente aéreo en 2010, asumió la jefatura de Estado tras las presidenciales. Sin embargo, la coalición gobernante colapsó pronto. Tras las elecciones anticipadas de 2007, Donald Tusk pasó a ser el nuevo líder del gobierno, cargo que mantuvo hasta 2014, cuando renunció para asumir la presidencia del Consejo Europeo.

El año 2015 fue un punto de quiebre para Polonia, pero también para otros países de la Unión Europea. Casi un millón y medio de solicitantes de asilo llegaron al Viejo Continente, en su enorme mayoría, provenientes de Siria, pero también de Pakistán, Irak y algunos Estados africanos. El bloque continental estableció entonces un sistema de cuotas mediante el cual los distintos miembros estaban obligados a aceptar una determinada cantidad de refugiados. Los representantes de PiS impusieron un discurso de odio y prejuicios hacia los migrantes, hacia el islam y hacia la UE que caló hondo en la sociedad. Por esos días, más del 70% de los polacos se oponía al ingreso de musulmanes al continente. Era la cifra más alta en la Unión Europea.

Catapultada por la crisis, PiS regresó al poder y esta vez como el primer partido de la historia nacional en alcanzar democráticamente la mayoría absoluta en el Parlamento. Beata Szydło quedó al frente del gobierno y el Kaczyński superviviente permaneció como el poder detrás del poder: sin cargo público, pero como líder en las sombras. Andrzej Duda, el nuevo presidente y miembro del partido, rechazó entonces las cuotas acordadas en Bruselas y su país no recibió ni a un solo refugiado.

Con el Parlamento y el Poder Ejecutivo bajo su control, PiS apuntó a cooptar el poder judicial: nombró a cinco jueces del Tribunal Constitucional y modificó la legislación para que pudieran asumir lo antes posible, aunque la misma Corte lo consideró inconstitucional y el presidente del Parlamento Europeo describió las acciones del gobierno polaco como “características de un golpe de Estado”. Esto derivó en la invocación del Artículo 7 del Tratado de Lisboa, que, a partir de violaciones graves al Estado de Derecho, implica la suspensión de voto y representación a un miembro en el Consejo Europeo.

Ese fue el principio de 8 años en los que las relaciones entre Varsovia y la UE se fueron debilitando hasta tal punto que, cuando Tusk fue reelecto al frente del Consejo Europeo, en 2017, Polonia fue el único de los 28 Estados miembro que votó en contra. La referencia a un posible “Polexit”, versión local del Brexit, se hizo cada vez más frecuente. Incluso, en 2021, un Tribunal Constitucional ya claramente influenciado por el gobierno, determinó que partes del Tratado de la Unión Europea eran incompatibles con la Constitución local, lo que significó un nuevo conflicto con el bloque.

Según el Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, desde 2015 y, en forma más pronunciada, a partir de 2019, han caído en Polonia los índices de democracia liberal, democracia igualitaria, libertad académica, acceso a la Justicia y rendición de cuentas, mientras que ha aumentado ligeramente el nivel de clientelismo. Todo esto derivó en que la misma organización considerase, en 2020, a Polonia como el país que más ha avanzado hacia la autocracia a lo largo de la última década, por encima de Hungría, Turquía, Brasil y Serbia.

Fue particularmente paradigmática la enmienda a la Ley de Asambleas de 2016, que dio prioridad a las reuniones organizadas por instituciones estatales y religiosas, limitando de facto el derecho de asamblea. Al año siguiente, una nueva ley aumentó el control gubernamental sobre la financiación de organizaciones de la sociedad civil.

Sin ir muy lejos, en mayo pasado el gobierno creó una comisión para investigar la influencia política rusa en el país a partir de 2007, año de la asunción de Tusk. A priori, no parecía mala idea, considerando el escenario de invasión de Moscú a la vecina Ucrania. Pero la conformación ligada al partido gobernante, apenas unos pocos meses antes de las elecciones y con la facultad de prohibir a individuos ocupar cargos públicos por una década y sin revisión judicial, repercutió en críticas de parte de Estados Unidos y la UE. La presión externa obligó al gobierno a dar marcha atrás y anunciar que la comisión no sería establecida antes de las elecciones y, por lo tanto, no interferiría con el proceso democrático.

Según Reporteros sin Fronteras, Polonia pasó del puesto 18° al 66° en cuanto a libertad de prensa entre 2015 y 2022. La misma ONG, con base en París, habla de una nueva legislación para restringir el acceso a periodistas, “prohibiciones arbitrarias”, “arrestos arbitrarios y violentos” y “ataques regulares” a “periodistas demasiado críticos” por parte de miembros del gobierno. En 2021, durante una visita a Varsovia, declaró un “estado de emergencia para la libertad de prensa” en el país luego de que el Parlamento aprobara una ley que afectaba a TVN, el principal grupo de medios de radiodifusión independiente del país, ferviente crítico de PiS y propiedad de la estadounidense Warner Bros. Discovery, Inc. La presión local e internacional llevó a que el presidente Duda finalmente vetara la ley.

Por otro lado, en 2019, un estudio de la Liga Antidifamación (ADL), con sede en Estados Unidos, determinó que el 48% de los polacos albergaba actitudes antisemitas. Cuatro años antes, previo a la asunción de Ley y Justicia, el porcentaje era 11 puntos menor. Según el Centro de Investigación de Opinión Pública (CBOS, por sus siglas en polaco), también ha aumentado en los últimos años la aversión de los ciudadanos polacos hacia otras poblaciones, entre ellos, los rusos, los árabes, los gitanos, los alemanes, los chinos, los franceses y los húngaros.

Polonia se convirtió, además, en el peor país de la UE en cuanto a derechos de minorías sexuales. Incluso se crearon autoproclamadas zonas “libres de LGBT”, que, a partir de 2019, abarcaron un tercio del país, particularmente en el sudeste. No resulta difícil hacer un paralelismo con las “Judenfrei”, las áreas libres de judíos declaradas durante la Segunda Guerra Mundial en regiones ocupadas por el nazismo, incluyendo a la propia Polonia.

Durante la campaña presidencial del año siguiente, Duda afirmó que la “ideología” LGBT es “aún más destructiva” que el comunismo. El presidente fue reelecto entonces con abrumador apoyo en las regiones orientales del país, zonas rurales y las más pobres del país; mientras que el candidato de la Coalición Cívica ganó en el oeste y en los principales centros urbanos.

Estas diferencias geográficas no son casuales. Ley y Justicia explotó los clivajes sociales, culturales y económicos a su favor, e incrementó los niveles de polarización entre campo y ciudad, entre autonomía y unidad continental, pero, sobre todo, entre catolicismo y secularismo. El recurso de PiS no se trata tan sólo de una lógica nacionalista de achacar responsabilidades exclusivas por cualquier dificultad a Bruselas o a Moscú o a cualquiera que no sea polaco, blanco, católico y heterosexual. Es una lógica que va más allá, que trasciende los discursos ligados a las derechas radicales o extremas más tradicionales. Más allá de las amenazas constantes, y en una postura análoga a la del húngaro Viktor Orban y su Fidesz, PiS no aspiró a abandonar el bloque continental, sino a transformarlo desde adentro. No apuntó a dejar de lado la democracia, sino a convertirla en algo diferente. En algo propio, que no fuera “impuesto” desde los centros de poder occidentales. “Democracia iliberal”, la llama Orban.

La doctrina de Polonia como “el Cristo de las naciones”, enarbolada a partir del siglo XVI y especialmente popularizada tras la triple partición nacional a finales del siglo XVIII, fue revivida por PiS. Polonia es quien sufre la crucifixión, el dolor de los constantes embates externos. Polonia es quien se sacrificó a partir de 1683 en su guerra contra el Imperio Otomano para defender la identidad cristiana de toda Europa. Polonia es quien hoy debe sacrificarse para proteger al continente de la supuesta invasión de homosexuales, de musulmanes y de cualquier otro grupo o de cualquier ideología que queden fuera de la norma reconocida como polaca.

PiS intentó apropiarse de la identidad nacional: impuso una estrategia discursiva mediante la cual sus miembros, sus partidarios, y nadie más, representaban al pueblo polaco. Cualquier otro, era enemigo y debía ser excluido. Se fomentó el desprecio al diferente, se deslegitimó la unidad europea ¿No son acaso ese desprecio y esa exclusión el tan mentado “populismo”? Los partidarios de Kaczyński denuestan enfáticamente a la Rusia de Vladimir Putin, pero comparten más de lo que están dispuestos a admitir.

El 15 de octubre, PiS obtuvo la mayor cantidad de votos, pero quedó lejos de conformar una coalición gobernante que le permita mantenerse en el poder. La participación del 74% fue récord absoluto en democracia, mientras que casi el 70% de los menores de 30 años acudieron a votar. Fue el mensaje claro de una generación joven: contra la retórica nacionalista y excluyente; a favor de la integración continental y del Estado de derecho.

El nuevo gobierno a conformarse en los próximos meses tendrá la tarea de revertir el declive democrático, que no será fácil. Duda cuenta con poder de veto y mandato hasta 2025; PiS aún tiene cooptadas a instituciones públicas como el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional del Poder Judicial, además de la emisora estatal TVP. Y su discurso ha marcado a fuego a una generación de polacos.

Pero Tusk tiene razón. Pese a los 8 años de Ley y Justicia al frente de Polonia, la democracia ha ganado. Y eso no es poco.

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Ignacio E. Hutin

Consejero Consultivo

Magíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).