La fecha aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos debería servir como un llamado contundente hacia las autoridades y para revisar los avances en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la ratificación de la Carta Democrática Interamericana; más aún para evitar un debilitamiento democrático tal que derive en un golpe de Estado como el ocurrido en 2009.

Por Victoria Ariagno

El pasado 10 de diciembre se conmemoró el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de las atrocidades acontecidas en la Segunda Guerra Mundial.

La misma se encuentra incorporada en diversas constituciones alrededor del mundo, convertidos así en tratados internacionales que generan obligaciones en los Estados, entre ellas, la responsabilidad de plasmar tales preceptos en sus marcos jurídicos. Particularmente, siendo la democracia un régimen político que tiene como carácter indispensable la igualdad de las personas y sus libertades es en estos regímenes en donde esta Declaración Universal florecerá con mayor alcance y sostenibilidad. Particularmente Honduras, como miembro de la OEA, suscribe a estas responsabilidades desde la firma y ratificación de la Carta Democrática Interamericana.

Ahora bien, alrededor de América Latina se vislumbra la degradación de varios de los atributos característicos de las democracias: los gobiernos no son lo suficientemente representativos de sus pueblos, los derechos fundamentales en diversas ocasiones se ven amenazados por autoridades estatales que atropellan todo límite y respeto al individuo y a las sociedades en general,  siendo también relacionable con la debilidad de los mecanismos para hacer rendir cuentas a los gobernantes por sus acciones. Los poderes tienden a estar cooptados por unas pocas personas -que se cuentan con los dedos de una mano- y las protestas ciudadanas, quienes buscan hacerse escuchar, son generalmente aplacadas por las fuerzas en el poder.

Especialmente, en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica -Honduras, Guatemala, El Salvador- se contemplan casos de extrema impunidad ante los actos delictivos, lo cual no hace más que perpetuar las “malas conductas” en el gobierno. “En la región hay un deterioro general de las condiciones socioeconómicas y de seguridad”, como se analizó hace unos pocos meses en el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Actividades económicas a gran escala, como la minería a cielo abierto, amenaza la salubridad de las aguas no sólo en el mismo país, sino que en sus vecinos El Salvador y Guatemala. Además, no menor es la incidencia del narcotráfico en la región: ha estrechado lazos con la dirigencia política, a través de la cual logró traficar con mayor facilidad toneladas de droga, como claramente ejemplifica el caso del hermano del presidente. Tony Hernández, exdiputado de la nación de Honduras, fue declarado culpable de narcotráfico por la corte federal de Nueva York el pasado 18 de octubre. Ante las declaraciones por parte del gobierno estadounidense, el presidente del país centroamericano respondió: “Rechazo contundentemente, en nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un Estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado”, en un mensaje desde la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

Es necesario que estas democracias de desempeño debilitado trabajen enfáticamente en fortalecer los aspectos de su performance que se alejan del ideal democrático. En Honduras una atmosfera de violencia generalizada se vio acrecentada especialmente desde el conflicto pos electoral de 2017: la población alzó su voz en desconfianza por la falta de transparencia y la dudosa legitimidad del proceso electoral, y por su descontento hacia el deteriorado nivel de vida. Tales manifestaciones fueron reprimidas fuertemente por las fuerzas armadas, dejando a su paso incluso a personas muertas.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño emitió un comunicado sobre la situación de tales derechos en el país hondureño en el cual señaló, entre otras cosas, la existencia de una “justicia selectiva” que actúa de manera tardía en relación con violaciones a derechos humanos y que, al mismo tiempo, favorece únicamente los intereses de actores vinculados al poder político o empresarial. Los procesos judiciales tienden a ser arbitrarios y abusivos contra periodistas, a quienes se los suele acusar de difamación o incluso se les prohíbe seguir ejerciendo la profesión. En 2019 Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha clasificado la libertad de prensa en Honduras en puesto 146 de un total de 180 países. Organizaciones como RSF o la CIDH solicitaron al gobierno hondureño emprender una investigación por el asesinato de periodistas, como fue el caso del presentador de televisión Santiago Carvajal, activista por los derechos de la comunidad LGTBI, o el del periodista Buenaventura Calderón en noviembre, quien trataba temas referentes al tráfico de droga por la zona y corrupción.

Los niveles de corrupción que se registran tienden a ser superiores a los de una democracia promedio, siendo producto de la erosión de cualidades democráticas como la imparcialidad de la administración pública, el declive de la independencia judicial o la falta de elecciones limpias, como hemos señalado. La persistencia de importantes infracciones en materia de derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales, y el derecho al medio ambiente sano y el derecho al desarrollo cierran las posibilidades para un crecimiento sostenible.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).