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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
La realidad paralela del régimen venezolano: su respuesta ante el «informe Bachelet»
El gobierno Venezolano desmiente absolutamente todas las acusaciones, desde las más graves que reportan violaciones a los derechos humanos hasta la escala de la crisis económica y los planes para solucionarla. Mientras millones de venezolanos continúan huyendo de su país.Por Alejandro Di Franco
En el marco de la sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se publicó el informe sobre la situación humanitaria en Venezuela. Conocido como el “informe Bachelet” en los medios, ha adquirido una relevancia enorme por la gravedad de las situaciones expuestas. Venezuela, contradictoriamente miembro de este consejo hasta el 2018, no se quedó callada y su delegación hizo comentarios sobre este informe que consideró “erróneo”. Afirmando que el informe incurre en “errores metodológicos”, a cada momento repite que no se tomó en cuenta la información brindada por el gobierno (algo que es falso) y que aquellos que critican al régimen carecen de legitimidad porque “no residen en Venezuela”.
Estas dos fuentes (el informe del alto comisionado y el gobierno venezolano) parecen provenir de dos realidades distintas, cada una con una versión diferente de la situación. Esto es evidente en primer lugar en las cifras que se dan: el gobierno venezolano registra 5.287 muertos por “resistencia a la autoridad” en 2018 y 1.569 de enero a mayo del 2019, mientras que el Observatorio Venezolano de la Violencia registró 7.523 y 2.124, respectivamente.
El informe de la ONU además es muy preciso, ya que recoge no solo cifras sino también testimonios de cientos de víctimas del régimen de Maduro, relatando cómo se dan las persecuciones, la misma historia de todos los regímenes autoritarios: la llegada de una camioneta sin identificación a la residencia de la víctima seguido de un allanamiento, luego se lo separa a la victima de sus familiares y se le dispara. Finalmente, manipulan la escena para simular una confrontación que pueda justificar que haya habido una “resistencia a la autoridad”. Muchas veces hay, además, violaciones y violencia hacia las mujeres en los hogares que allanan.
El gobierno Venezolano recurre a frases repetidas para defenderse de todas las acusaciones. En primer lugar, no solo dice que no hay violaciones de derechos sino que incluso llega a decir que no se toman en cuenta “todos los avances hechos en materia de derechos humanos” (sin luego mencionar ningún ejemplo ni organización independiente que apoye esta afirmación). Por otra parte, a pesar de que el informe Bachelet a cada momento presenta tanto las cifras brindadas por el régimen de Maduro como las de los organismos de derechos humanos, el gobierno responde con que “no se tomaron en cuenta los datos publicados por el gobierno” (que viniendo de un régimen autoritario ya de por sí no podrían resultar muy confiables). Además, se defiende diciendo que el informe omite “las diversas acciones de violencia contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002”.
La respuesta no se limita sólo al tema de los derechos humanos, sino que aborda todo tipo de críticas al régimen. En primer lugar, se niega que haya una crisis humanitaria (a pesar que según la ACNUR Venezuela ya ha producido más refugiados que la mayor parte de los países que pone como ejemplos de crisis humanitarias, con la excepción de Siria), se dice que sólo se trata de una crisis económica, y que en todo caso es resultado de las acciones tomadas por Estados Unidos, como el congelamiento de activos o medidas que redujeron el precio del petróleo. Sin embargo, para el momento en el que Estados Unidos impuso sus sanciones en agosto del 2017, Venezuela ya había tenido el año anterior una contracción de su PBI del 8% (la peor del mundo) y una inflación del 482%. Por otra parte, la reducción del precio del barril de petróleo afecta desde luego a todos los países que lo exportan, y sin embargo solo Venezuela tendrá en 2019 una contracción del 25% de su PBI y una inflación de 10.000.000% según el FMI.
Según el gobierno, aquellos que hablan de la escasez de alimentos o del precario sistema de salud, son personas que viven fuera de Venezuela y por lo tanto no conocen la “situación real”, a pesar de las numerosas fuentes y medios, como El País, BBC y New York Times, que han reportado la situación: desde la falta de gasolina en uno de los principales países petroleros, las largas filas en supermercados para conseguir alimentos básicos, o el hecho de que el 64% de los venezolanos haya reportado haber perdido 11kg en los últimos años.
El gobierno Venezolano desmiente absolutamente todas las acusaciones, desde las más graves que reportan violaciones a los derechos humanos hasta la escala de la crisis económica y los planes para solucionarla. Mientras millones de venezolanos continúan huyendo de su país, se siguen desoyendo todas las críticas, y esta negación de la realidad ciertamente no ayuda a resolver los problemas del país.
Alejandro Di FrancoEstudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.
En el marco de la sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se publicó el informe sobre la situación humanitaria en Venezuela. Conocido como el “informe Bachelet” en los medios, ha adquirido una relevancia enorme por la gravedad de las situaciones expuestas. Venezuela, contradictoriamente miembro de este consejo hasta el 2018, no se quedó callada y su delegación hizo comentarios sobre este informe que consideró “erróneo”. Afirmando que el informe incurre en “errores metodológicos”, a cada momento repite que no se tomó en cuenta la información brindada por el gobierno (algo que es falso) y que aquellos que critican al régimen carecen de legitimidad porque “no residen en Venezuela”.
Estas dos fuentes (el informe del alto comisionado y el gobierno venezolano) parecen provenir de dos realidades distintas, cada una con una versión diferente de la situación. Esto es evidente en primer lugar en las cifras que se dan: el gobierno venezolano registra 5.287 muertos por “resistencia a la autoridad” en 2018 y 1.569 de enero a mayo del 2019, mientras que el Observatorio Venezolano de la Violencia registró 7.523 y 2.124, respectivamente.
El informe de la ONU además es muy preciso, ya que recoge no solo cifras sino también testimonios de cientos de víctimas del régimen de Maduro, relatando cómo se dan las persecuciones, la misma historia de todos los regímenes autoritarios: la llegada de una camioneta sin identificación a la residencia de la víctima seguido de un allanamiento, luego se lo separa a la victima de sus familiares y se le dispara. Finalmente, manipulan la escena para simular una confrontación que pueda justificar que haya habido una “resistencia a la autoridad”. Muchas veces hay, además, violaciones y violencia hacia las mujeres en los hogares que allanan.
El gobierno Venezolano recurre a frases repetidas para defenderse de todas las acusaciones. En primer lugar, no solo dice que no hay violaciones de derechos sino que incluso llega a decir que no se toman en cuenta “todos los avances hechos en materia de derechos humanos” (sin luego mencionar ningún ejemplo ni organización independiente que apoye esta afirmación). Por otra parte, a pesar de que el informe Bachelet a cada momento presenta tanto las cifras brindadas por el régimen de Maduro como las de los organismos de derechos humanos, el gobierno responde con que “no se tomaron en cuenta los datos publicados por el gobierno” (que viniendo de un régimen autoritario ya de por sí no podrían resultar muy confiables). Además, se defiende diciendo que el informe omite “las diversas acciones de violencia contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002”.
La respuesta no se limita sólo al tema de los derechos humanos, sino que aborda todo tipo de críticas al régimen. En primer lugar, se niega que haya una crisis humanitaria (a pesar que según la ACNUR Venezuela ya ha producido más refugiados que la mayor parte de los países que pone como ejemplos de crisis humanitarias, con la excepción de Siria), se dice que sólo se trata de una crisis económica, y que en todo caso es resultado de las acciones tomadas por Estados Unidos, como el congelamiento de activos o medidas que redujeron el precio del petróleo. Sin embargo, para el momento en el que Estados Unidos impuso sus sanciones en agosto del 2017, Venezuela ya había tenido el año anterior una contracción de su PBI del 8% (la peor del mundo) y una inflación del 482%. Por otra parte, la reducción del precio del barril de petróleo afecta desde luego a todos los países que lo exportan, y sin embargo solo Venezuela tendrá en 2019 una contracción del 25% de su PBI y una inflación de 10.000.000% según el FMI.
Según el gobierno, aquellos que hablan de la escasez de alimentos o del precario sistema de salud, son personas que viven fuera de Venezuela y por lo tanto no conocen la “situación real”, a pesar de las numerosas fuentes y medios, como El País, BBC y New York Times, que han reportado la situación: desde la falta de gasolina en uno de los principales países petroleros, las largas filas en supermercados para conseguir alimentos básicos, o el hecho de que el 64% de los venezolanos haya reportado haber perdido 11kg en los últimos años.
El gobierno Venezolano desmiente absolutamente todas las acusaciones, desde las más graves que reportan violaciones a los derechos humanos hasta la escala de la crisis económica y los planes para solucionarla. Mientras millones de venezolanos continúan huyendo de su país, se siguen desoyendo todas las críticas, y esta negación de la realidad ciertamente no ayuda a resolver los problemas del país.