Con el anuncio del acuerdo puede ser que por el momento se llegue a la estabilidad en el país, a pesar de que los incidentes en la última semana muestran tensiones más profundas en la sociedad que van más allá de las medidas que se querían tomar.

Por Alejandro Di Franco

Tras una semana de incidentes, con traslado de la capital e incendios en la Contraloría General, el proceso de diálogo en Ecuador parece haber concluido con el anuncio del presidente Lenin Moreno de derogar el decreto de la eliminación al subsidio a los combustibles. Durante toda la semana de tensión, la ONU no se ha mantuvo al margen y facilitó este diálogo entre las partes (el mismo presidente Lenin Moreno le había enviado un pedido al Secretario General para apoyar este proceso). Otras organizaciones de la región también estuvieron presentes: La OEA se manifestó a favor de este diálogo, y el MERCOSUR y el PROSUR hicieron lo mismo, respaldando también al presidente Moreno.

Esta resolución resulta un alivio, sobre todo tras el anuncio el domingo de que las negociaciones entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el gobierno se encontraban “aplazadas” por “dificultades operativas”.

Moreno, quien llegó al poder tras las elecciones de 2017 presentándose como el sucesor de Rafael Correa que continuaría con el “socialismo del siglo XXI”, terminaría dando un giro de 180º una vez llegado a la presidencia, al punto que Correa lo terminó calificando como “el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana” y “el mayor farsante de nuestra era”.  Esta ruptura se vio en el acercamiento a sectores que habían estado muy distanciados de Correa, como los medios de comunicación o los pueblos indígenas, y en otras acciones como el reemplazo del vicepresidente Jorge Glas o la convocatoria a un referendo sobre la reelección indefinida decretada por Correa.

Sin embargo, la mayor ruptura, y la que le causó los mayores problemas a Moreno, fue el acuerdo por un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, las reformas que se anunciaron en este contexto fueron las disparadoras de las protestas que se vieron en las calles de Quito. Entre ellas, la eliminación del subsidio a los combustibles, la quita de impuestos a la importación de aparatos tecnológicos y la reducción del salario y los días de vacaciones de algunos de los empleados públicos causaron revuelo entre los sectores populares.

Por supuesto, las protestas pueden ser un tema delicado en Ecuador, como ocurre en otros países de la región, como mencionamos en un artículo sobre el último Examen Periódico Universal del país: “continúan las acusaciones por exceso de fuerza de la policía, como fue el caso en manifestaciones ocurridas en 2015. El Código Penal ecuatoriano además tiene disposiciones amplias que pueden ser usadas contra personas que protestan en contra del gobierno, acusándolos incluso de terrorismo o sabotaje. Para los presos, las condiciones distan de ser las óptimas: más allá de los esfuerzos de Ecuador por mejorar las condiciones en las cárceles, estas siguen teniendo problemas como el hacinamiento o carecen de un sistema de recepción de quejas y denuncias.”

Con el anuncio del acuerdo puede ser que por el momento se llegue a la estabilidad en el país, a pesar de que los incidentes en la última semana muestran tensiones más profundas en la sociedad que van más allá de las medidas que se querían tomar. El proceso de diálogo, facilitado por la ONU, dio una salida en el marco institucional a un país con una historia en el que éste se vio interrumpido varias veces.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.