El país presenta indicadores sobresalientes en los tres índices principales del informe: un 9.90 en el área de transformación política (número 1 entre los más de 100 países analizados); un 7.33 en gobernanza (que lo ubica en el tercer puesto); y 8.43 en cuanto a transformación económica (lo cual lo sitúa dentro del top 10). Uno de los indicadores menos alentadores es el de “resultados económicos”, si bien tiene una puntuación de ocho puntos. Uruguay enfrenta desafíos en capital social y en la reforma del sistema educativo. Sin muchas dificultades estructurales, Uruguay ocupa los primeros puestos en todas las categorías del índice a nivel mundial.

Por Alejandro Di Franco

El 1 de marzo de 2020 se llevó a cabo el traspaso de mando entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou como presidente del Uruguay. El cambio entre dos líderes de partidos políticos opuestos pero ambos respetuosos de las instituciones, llevado a cabo de manera ordenada, resulta un ejemplo no solo en una región que ha tenido un último año bastante turbulento sino también en un mundo en el que en ocasiones surgen líderes con tendencias extremistas y oposiciones no del todo leales. Por supuesto, la estabilidad democrática es una de las cosas que siempre ha caracterizado al Uruguay, que solo ha experimentado dos interrupciones al orden constitucional en el siglo XX. Estas fortalezas son reflejadas en el informe del Índice de Transformación Bertelsmann BTI 2020, junto con algunas de las áreas en las que todavía hay lugar para el progreso.

El país presenta indicadores sobresalientes en los tres índices principales del informe: un 9.90 en el área de transformación política (número 1 entre los más de 100 países analizados); un 7.33 en gobernanza (que lo ubica en el tercer puesto); y 8.43 en cuanto a transformación económica (lo cual lo sitúa dentro del top 10). Uruguay cuenta con una calificación perfecta de 10 en 32 de los subíndices utilizados, la mayoría de ellos en el ámbito de estatus democrático. Se trata de un país con una administración relativamente eficiente, con elecciones libres, derechos de asociación y de expresión, con separación de poderes efectiva y un poder judicial independiente. Además, en la gran mayoría de los casos, ha tenido esta puntuación en todos los informes de la historia del BTI desde el año 2006.

De hecho, en el único sub-indicador político en el cual Uruguay no posee la nota más alta es en el que indica el “capital social”. Si bien sigue ocupando el primer lugar en Latinoamérica junto a Colombia y Guatemala, su puntuación ha caído en el último informe de un nueve a un ocho debido a problemas como la inseguridad o la caída en la aprobación de la democracia, que hacen que el nivel de confianza interpersonal haya bajado.

En el área de gobernanza, Uruguay tiene algunos puntajes un poco más bajos, aunque aun así bastante buenos. En cuanto a sus relaciones internacionales, sus calificaciones son persistentemente excelentes, siendo un país que ve a la cooperación internacional como un factor necesario para su desarrollo. Uruguay hace buen uso de los fondos extranjeros, es considerado un socio confiable y con credibilidad, con una fuerte predisposición a cooperar con países vecinos, sin importar su signo ideológico.

En el plano interno, no tiene actores antidemocráticos ni conflictos étnicos o religiosos importantes. Cuenta asimismo con instituciones que funcionan y un poder judicial que ha actuado de manera acorde en casos de corrupción. Sin embargo, algunas de las debilidades giran en torno a la eficiencia de la administración y la toma de decisiones, ya que la coordinación entre distintos partidos, y entre distintos sectores dentro del oficialismo, se ha vuelto crecientemente más complicada, impidiendo la reforma en algunas áreas como en el sistema educativo.

Uruguay ha adquirido una identidad por sus políticas progresistas en materia de derechos de la mujer, de las minorías sexuales o de consumo de la marihuana. Se destaca, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a participación de energías renovables en relación al consumo energético total, detrás de Dinamarca. Pero, más allá de esto, algunos problemas persisten para las minorías y otras causas progresistas: el nivel de desempleo seguía siendo mayor entre las mujeres y las personas afro descendientes al momento del informe, y había problemas en el tratamiento de aguas residuales y el uso extendido de pesticidas.

Es en el área económica donde se obtuvieron resultados más variados, si bien presenta una mayor estabilidad que otros países como Argentina. Una de las cosas que destaca el informe es el grado de consenso que hay entre distintos partidos en cuanto a derechos de propiedad y desarrollo del sector privado, reconociendo el hecho de que el Frente Amplio mantuvo la tendencia liberalizadora que venía de los años 90s, en lugar de revertirla. En este sentido, algunas de las áreas en donde se mejoró en los últimos 14 años fueron en derechos de propiedad y el desarrollo de la inversión privada.

Uno de los indicadores menos alentadores es el de “resultados económicos”, si bien tiene una puntuación de ocho puntos. Se advierte que desde el 2015 hay una desaceleración del crecimiento, vinculada a la caída internacional de los precios de las commodities y el estancamiento de las exportaciones. Además, en el orden macroeconómico, las políticas de redistribución del ingreso llevaron a un aumento del déficit, que paso de un 1.7% del PBI en 2011 a un 4% en 2016; y la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos del gobierno (la inflación interanual en febrero de 2019 era de 7.9%, un punto por encima del objetivo).

Más allá de las dificultades, el panorama general es muy positivo para Uruguay. Sin muchas dificultades estructurales, ocupa los primeros puestos en todas las categorías del índice a nivel mundial. El traspaso de mando de manera pacífica es un reflejo de su cultura democrática, y la elección de un presidente económicamente más liberal podría mejorar algunos indicadores como el de responsabilidad fiscal y organización del mercado (aunque hay que ver cómo evolucionan los indicadores sociales). Los resultados de las políticas económicas que tome Lacalle Pou dirán si en los próximos años Uruguay puede superar algunos de los desafíos a los que ahora se enfrenta.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.