Durante estas protestas se han dado diariamente episodios como el de un hombre siendo atropellado por las fuerzas militares o la muerte de otro de 25 años por un disparo de las fuerzas armadas en Curicó. De acuerdo a Human Rights Watch, al menos 1.015 personas resultaron heridas, Carabineros detuvo a más de 15 mil personas y más de 11 mil tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Asimismo, muchas situaciones violentas ocurrieron a causa del descontrol social que se ha vivido, más allá del accionar de las fuerzas públicas.

Por Alejandro Di Franco

Hace tan solo dos meses probablemente nadie podría haber imaginado lo que viene ocurriendo en Chile las últimas semanas. Este país, del que decíamos que “es uno de los países con mayor reconocimiento en materia de derechos humanos en Latinoamérica”, que “después de 1990, con el fin de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet (…) vivió una transición democrática que eventualmente se consolidó hasta llegar al estatus que tiene ahora”, hoy se encuentra muy cuestionado por algunos de esos mismos organismos que antes tomaban al país como un ejemplo a seguir en materia democrática.

En estas últimas semanas, en el marco de protestas que comenzaron por la decisión de aumentar el precio del boleto del metro - en un equivalente a 0,042 dólares - y que se expandieron para incluir otras demandas, el estado chileno recibió muchas críticas de organismos de derechos humanos por el accionar de los Carabineros, a quienes se los acusa de detenciones arbitrarias, así como de maltratos, abuso sexual y torturas a los detenidos.

Puntualmente, la última semana, Chile recibió la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se reunió con funcionarios, visitó centros hospitalarios y entrevistó a varias personas. El organismo, si bien agradeció la invitación, la apertura, y el apoyo brindado por parte del gobierno, condenó todo acto de violencia, y recordó que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y “que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia”.

La delegación buscó contar con testimonios de una pluralidad de sectores. Así, se reunió con autoridades de distintos ministerios pero también con organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y periodistas afectados por los hechos de violencia, personas que fueron privadas de libertad, grupos de abogados y organizaciones que brindaron asistencia a heridos.

Por otra parte, su comunicado recoge la información brindada por organismos tales como Human Rights Watch y Amnesty International, que durante todo el conflicto han condenado enérgicamente el accionar de las fuerzas policiales en Chile. El primero, por ejemplo, ha denunciado que desde el comienzo de las protestas “al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de perdigones en el contexto de las protestas contra el gobierno”, así como el hecho de que Carabineros había detenido a más de 15 mil personas y había cometido abusos contra algunas de ellas, o que más de 11 mil personas han tenido que ser atendidas por los servicios médicos en el marco de incidentes durante estas protestas.

Durante estas protestas se han dado diariamente episodios como el de un hombre siendo atropellado por las fuerzas militares o la muerte de otro de 25 años por un disparo de las fuerzas armadas en Curicó. Asimismo, muchas situaciones violentas ocurrieron a causa del descontrol social que se ha vivido, más allá del accionar de las fuerzas públicas. Ha habido casos, por ejemplo de dueños de negocios que han disparado contra personas porque tenían miedo de que saquearan su local, o de un hombre electrocutado mientras saqueaba un supermercado de Santiago.

Cabe reconocer sin embargo que este tipo de situaciones no pasaban completamente por desapercibidas previo a estos incidentes. Ya en el Tercer Examen Periódico Universal de la ONU, realizado a principios de este año, Chile recibió críticas por episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes así como malos tratos hacia detenidos.

El hecho de que estas protestas continúan, aún en una dimensión menor, es preocupante. Más allá de algunas medidas puntuales –incluso de algunas muy relevantes, como puede ser el anuncio del cambio de la Constitución- no está claro cómo resolverán los problemas de fondo que causaron estas protestas, sobre todo en el corto plazo. Con una caída de la actividad económica interanual de 3,4% en octubre, y los niveles más bajos de confianza del consumidor registrados en dos décadas en noviembre; parece que va a ser más difícil –y no más fácil- llegar al objetivo de reducir la desigualdad, que muchos analistas coinciden en señalar como la raíz del descontento que se está viendo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, si bien nadie duda del carácter democrático de Chile, y resulta positiva la actitud de apertura del gobierno, las denuncias a las fuerzas de seguridad son de gran preocupación en un país que antes era un modelo para la región.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.