Comunicados
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
CADAL condena nueva medida de la dictadura venezolana
Desde CADAL nos solidarizamos con los hombres y mujeres que forman parte de la sociedad venezolana, tanto con aquellos que viven en el país como con quienes han debido optar por el exilio, y hacemos un urgente llamamiento a los líderes y organizaciones de las naciones democráticas de la región y el mundo a que se sumen al repudio y condena de esta nueva medida de la dictadura venezolana de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
En un creciente aumento de la escalada represiva, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció, el pasado jueves 14 de febrero, su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ordenando, en consecuencia, a 13 de sus funcionarios, que abandonen el país en un plazo de 72 horas, al acusarlos de sostener una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
Como viene sucediendo desde hace años, el régimen de Nicolás Maduro, avanza en la construcción de una sociedad cerrada, en la que la sistemática violencia institucional vulnera cotidianamente el respeto a los valores fundamentales del orden constitucional y los Derechos humanos.
De acuerdo al Reporte Anual 2023 publicado por Human Rights Watch "Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes. El éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo".
El reporte de HRW destacaba que "En septiembre, la Misión de la ONU informó que los delitos perpetrados por los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro, formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno. La misión volvió a describir estos actos como crímenes de lesa humanidad".
Por su parte, en el último informe de Civicus Monitor, sobre el estado global del espacio cívico, Venezuela pasó de la categoría "represivo" a "cerrado".
En un creciente aumento de la escalada represiva, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció, el pasado jueves 14 de febrero, su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ordenando, en consecuencia, a 13 de sus funcionarios, que abandonen el país en un plazo de 72 horas, al acusarlos de sostener una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
Como viene sucediendo desde hace años, el régimen de Nicolás Maduro, avanza en la construcción de una sociedad cerrada, en la que la sistemática violencia institucional vulnera cotidianamente el respeto a los valores fundamentales del orden constitucional y los Derechos humanos.
De acuerdo al Reporte Anual 2023 publicado por Human Rights Watch "Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes. El éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo".
El reporte de HRW destacaba que "En septiembre, la Misión de la ONU informó que los delitos perpetrados por los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro, formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno. La misión volvió a describir estos actos como crímenes de lesa humanidad".
Por su parte, en el último informe de Civicus Monitor, sobre el estado global del espacio cívico, Venezuela pasó de la categoría "represivo" a "cerrado".
