Somalía ha tratado de llegar a la estabilidad desde el fin de la Guerra Fría con la caída de Siad Barre, pero las continuas luchas clánicas, sumadas al terrorismo y las hambrunas hacen que las elecciones democráticas sean cada vez más complicadas de alcanzar. En febrero de 2021, Abdirahman Abdi Shakur, candidato de la oposición, convocó una protesta en Mogadiscio. La represión contra la oposición aumentó los temores de que la disputa electoral recrudezca en un conflicto civil, y esos temores perdurarán a menos que haya un acuerdo político.

Por Zoé Paz

Somalía es una república parlamentaria federal ubicada en el Cuerno de África que limita con Etiopía, Kenia y Yibuti. Los cinco Estados que componen Somalía son Jubaland, South West, Hirshabelle, Galmudug y Puntland, sumada a la región separatista de Somaliland. Este país está atravesado por tres grandes crisis: de inseguridad, por los ataques del grupo terrorista al-Shabab (Movimiento de Jóvenes Muyahidines) hacia la población, que empeora con el vacío de poder que deja la crisis institucional -no se celebraron las elecciones democráticas prometidas-. Y la crisis de seguridad alimentaria provocada por la sequía y la falta de recursos. La institucional podría esfumar el esfuerzo de la lucha para la recuperación del control del territorio y la economía del país.

La crisis comenzó con la guerra civil en 1991 por la división de la coalición de movimientos militares, la cual había derrocado al dictador socialista Siad Barre. Este último aplicó una política de “divide y vencerás” entre los clanes. Las fuerzas de Barre llevaron a cabo una contrarrevolución para poder restablecerlo como líder del país, pero la situación devino en una crisis humanitaria por la hambruna y un Estado fallido. Ese mismo año, Somalilandia se declaró independiente, aunque al día de hoy no posee reconocimiento internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU creó, entre 1992 y 1995, una misión que tenía como objetivo la ayuda humanitaria y el reestablecimiento del orden en Somalía. En 1998, el autoproclamado Estado de Puntlandia, que se mantiene como la región somalí más estable, se declaró independiente casi en conjunto con el estado de Jubaland. En 2006 los siguió Galmund. 

Crisis de seguridad

Durante ese período se dieron una serie de intentos de reconciliación que cedieron lugar a la fundación del Gobierno Federal de Transición. Pero la violencia de los clanes y los caudillos de la guerra siguieron su curso, sumado al grupo terrorista al-Shabab, por lo que la región se sumió en una creciente inestabilidad. La organización Al-Shabab nació en 2006 como el ala radical de la Unión de los Tribunales Islámicos de Somalía con el objetivo de aplicar la ley islámica -sharia-. Ese mismo año controló incluso Mogadiscio, la capital somalí, por lo que la Unión Africana creó la Amisom (Misión de la Unión Africana en Somalía) para la estabilización de la seguridad. Aunque se pudo recuperar dicha ciudad del control yihadista, los militantes siguen controlando áreas rurales y lanzan frecuentes ataques contra objetivos militares, gubernamentales y civiles en el país, y en Kenia. Se han producido ejecuciones públicas, amputaciones y lapidaciones, por lo que la población para subsistir, sin otra opción, aceptó la imposición de la sharia. Un detalle importante es que los jóvenes somalíes mantienen un sentimiento de pertenencia hacia al-Shabab, crecen en un país sumido en el caos y carecen de expectativas a largo plazo.

Farmaajo, el presidente irreconocido

En 2017, Mohamed Abdullahi Farmaajo fue elegido presidente de Somalía mediante el voto parlamentario. Pese a la clara falta de representatividad, los comicios supusieron un gran avance en la transición democrática. Farmaajo, desde el inicio, se comprometió a encaminar a los Estados federales hacia el consenso y a realizar elecciones directas, es decir, una persona, un voto. Pero la inseguridad, las dificultades para censar por los continuos atentados, la falta de financiación a los Estados federales y la crisis sanitaria por el Covid-19, sumado a la necesidad de una nueva Constitución para la celebración de las elecciones directas, alejan cada vez más los objetivos propuestos. 

El gobierno federal y los Estados acordaron  una “elección indirecta”: los senadores son elegidos por líderes comunitarios. Las mismas comienzan con la celebración de las parlamentarias donde votan 14.000 delegados, ancianos de los clanes -los principales son los que se consideran descendientes directos del profeta Mahoma: los hawiya, los ishaak, los darod, rahanwein y los dir- para elegir 275 miembros de la Cámara Baja del Parlamento, el pueblo. Los 54 miembros de la Cámara Alta, el Senado, son escogidos por las juntas regionales. Ambas Cámaras eligen  al presidente del parlamento y del país. Por último, el presidente nombra a un primer ministro y elige un gabinete. En un proceso que aduce ser aleatorio, los miembros del clan seleccionan a 100 representantes del público para emitir votos físicamente, pero, acorde a la oposición, es un proceso de fácil manipulación: los pagos a los ancianos de los clanes y sus representantes son abundantes. Esto hace que los Estados sean manipulados, incluso hasta por la fuerza, en beneficios de clanes más poderosos.

El 17 de septiembre de 2020 el gobierno federal y las regiones llegaron a un acuerdo con el fin de que las elecciones tengan las garantías necesarias para llevarse a cabo. El acuerdo impuso que las elecciones parlamentarias debían celebrarse entre octubre y diciembre, y las presidenciales el 8 de febrero. Pero las parlamentarias no tuvieron lugar, por lo que las presidenciales no se pudieron lograr. El 30 de enero pasado Farmaajo convocó una reunión entre el 1° y el 3 de febrero con los líderes regionales, por segunda vez en seis meses. Pero la tensión territorial y la falta de consenso, sumado a que la oposición acusó a Farmaajo de crear una comisión electoral para garantizar el buen transcurso del proceso a su medida, provocó que colapsaran las negociaciones y se pospusiera el proceso previsto el 8 de febrero.

Oposición y protestas

En febrero de 2021, Abdirahman Abdi Shakur, candidato de la oposición, convocó una protesta en Mogadiscio, y acusó a Farmaajo de querer hacerse del poder indefinidamente mediante la manipulación de las elecciones creando así un precedente, acciones frecuentes en otros países africanos. La represión contra la oposición aumentó los temores de que la disputa electoral recrudezca en un conflicto civil, y esos temores perdurarán a menos que haya un acuerdo político.

Actores internacionales

En esa misma fecha terminó la presidencia de Farmaajo, y a pesar de que se propuso como candidato interino, la oposición, los líderes de las regiones y el Parlamento declararon que no lo reconocen como presidente legítimo. Los términos que la Constitución dicta impiden la ampliación del tiempo en el Gobierno, aunque fuese temporal. Por lo que se propuso la creación de un Consejo Nacional de la Transición, compuesto por los presidentes de las dos Cámaras -de los líderes regionales y los representantes de la sociedad-. Farmaajo culpa a los presidentes regionales de Somaliland, Jubaland y Puntland por el aplazamiento de las elecciones, y los acusó de estar manipulados por actores internacionales, como Kenia, Turquía o por los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, Somalía suspendió las relaciones diplómaticas con Kenia desde el pasado diciembre por, aparentemente, violar la soberania somalí al entrometerse en sus asuntos internos antes de las elecciones generales. Esta acusación se debió al encuentro que hubo entre el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y el líder de la región separatista de Somaliland, Muse Bihi Abdi.

En enero, las fuerzas de Jubalandia se enfrentaron a las tropas del ejército somalí cerca de la frontera con Kenia. Somalía acusó a Kenia de estar detrás de estos ataques, asegurando que las fuerzas de Jubalandia estaban “entrenadas, mandadas y apoyadas por el país vecino”. Por otro lado, las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos se deterioraron desde que la empresa estatal, DP World, de los EAU, firmó acuerdos separados con las administraciones de Somalilandia y Puntlandia, sin el consentimiento del gobierno federal de Somalia.

La Unión Africana y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insisten en que el diálogo se haga presente lo más rápido posible, ya que es la tercera vez que se retrasan las elecciones en un año, y eso está generando un vacío de poder en el territorio. Estados Unidos, por su parte, retiró a los soldados en Somalía e instó a encontrar una solución al “impasse electoral”. Las fuerzas de seguridad somalíes temen ser utilizadas para fines políticos, especialmente luego de la retirada de 700 miembros del personal de seguridad bajo la administración Trump. Si bien los miembros fueron reposiciones en las bases de Kenia y Yibuti, continúan asesorando y capacitando a las fuerzas especiales somalíes.  

Si no se resuelve, la crisis política distraerá a las fuerzas de seguridad de sus esfuerzos contra al-Shabab, creando un entorno donde el grupo podría operar con más libertad y recuperar el territorio perdido durante la última década. Somalía ha tratado de llegar a la estabilidad desde el fin de la Guerra Fría con la caída de Siad Barre, pero las continuas luchas clánicas, sumadas al terrorismo y las hambrunas hacen que las elecciones democráticas sean cada vez más complicadas de alcanzar. Además, la falta de consenso que se presencia ahora no hace más que empeorar el asunto.

Zoé Paz

Voluntaria de CADAL. Estudiante de 3er año de Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales