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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
14-03-2021Malí: operación Barkhane y golpe de Estado
La operación Barkhane comenzó en agosto de 2014 y continúa al presente, llevada a cabo por las fuerzas armadas francesas y las de los países del G5-Sahel. Si bien esta operación fue planteada como de corto plazo para luego entregar el manejo a las fuerzas locales, el gobierno de Malí enfrenta diversos contratiempos logísticos como la falta de cooperación por parte de la población maliense, la cual simpatiza –o le teme– al autodenominado Estado Islámico.Por Zoé Paz
“No intervenimos en nombre de los africanos, sino con los africanos,
de este modo se permite que una operación de mantenimiento de la paz
tome lugar en las condiciones de legitimidad internacional”.
François Hollande, 2013.
Introducción
Aquí se detallarán los antecedentes de la operación conjunta Barkhane, se expondrán los aciertos, pero por sobre todo, las fallas y los traspiés de la operación cometidos en particular en la República de Malí, país en el cual, en 2020, se produjo un golpe de Estado provocando que operaciones de paz como Mimusma (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí) queden pausadas hasta una eventual restauración democrática.
Las tensiones en Malí existieron incluso antes de ser el Sudán Francés, nombre colonial impuesto por Francia. Luego de su independencia de esa metrópoli, en 1960, en 1962 se produjo un levantamiento de la comunidad tuareg del norte que hizo frente a las autoridades malienses reclamando la autonomía de la región de Azawad. La marginalización de los gobiernos locales y las hambrunas mortales para las comunidades de pastoreo del norte, estas últimas provocadas por las sequías de los años setenta y ochenta, animaron a los jóvenes tuareg a emigrar hacia Libia y Argelia. El ejército del líder libio Gadafi los acogió e integró en sus legiones. En la misma línea cabe mencionar que la falta de instituciones fuertes y eficaces, sumado a los golpes militares, generó un vacío de poder que fue aprovechado por los grupos terroristas, quienes hicieron del Sahel su principal blanco y se mantienen por medio del tráfico de armas, marfil, narcotráfico, incluso de personas, y/o secuestro de extranjeros.
La rebelión tuareg en 2012 fue liderada por los grupos insurgentes tuareg del MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad) y su grupo satélite de Ansar Dine (“defensores de la fe”), y asumieron el control de la mitad del norte de Malí imponiendo la sharia a la población. La unión entre los grupos mencionados se rompería debido a que Ansar Din estuvo más motivada por el salafismo que por la independencia del Azawad, y, ante la negativa del MNLA, se expulsó a los nacionalistas tuareg de las ciudades capturadas. El gobierno democrático de Malí, en conjunto con el gobierno francés, dio inicio a la erradicación de yihadistas bajo el marco de la operación Serval, nombre elegido por Hollande –expresidente francés– en referencia al felino típico de la región, el serval, con el objetivo de hacer retroceder a los terroristas en el norte de Malí. Si bien esta operación fue todo un éxito estratégico y logístico, el terrorismo continúa azotando a la región.
Hoy esa operación actúa bajo el nombre de Barkhane –duna que se desplaza en forma de media luna por causa del viento–, y se extiende a Burkina Faso, Níger (que junto con Malí son los países más afectados), Chad y Mauritania. Estos cinco países africanos a su vez conforman el G5-Sahel, un marco institucional y operativo presidido por Francia, cuyas colonias fueron los países sahelianos mencionados. El G5-Sahel coordina las políticas de desarrollo y seguridad, los flujos migratorios, la radicalización, y el extremismo violento o crimen organizado transnacional. Malí lidera el porcentaje de actividad yihadista en el Sahel con 24 atentados en enero de 2021, por los cual se aumentó el número de efectivos militares -especialmente en el marco de la operación Eclipse, –liderada por Barkhane–. En porcentaje de ataques le siguen Burkina Faso y Nigeria con 20 cada uno; y en cuarto lugar Camerún, con 11. En cuanto a las víctimas fatales, el número total de la región solo de diciembre de 2020 es de 764: 233 civiles, 142 fuerzas militares y 389 yihadistas.
Desarrollo
La operación Barkhane comenzó en agosto de 2014 y continúa al presente, llevada a cabo por las fuerzas armadas francesas y las de los países del G5-Sahel. Si bien esta operación fue planteada como de corto plazo para luego entregar el manejo a las fuerzas locales, el gobierno de Malí enfrenta diversos contratiempos logísticos como la falta de cooperación por parte de la población maliense, la cual simpatiza –o le teme– al autodenominado Estado Islámico. En 2019, el yihadismo aumentó su influencia en Malí, Burkina Faso y Níger. Los grupos ligados a al Qaeda y al Estado Islámico se están expandiendo en el Sahel y explotan recursos naturales, como el agua o las minas de oro. La imagen de abajo representa los ataques militares en en el Sahel en diciembre de 2020.
La ventaja inicial que confirió la operación Serval fue desapareciendo gradualmente porque los países han retirado sus tropas y elementos militares. Es menester la ayuda occidental: Malí, junto a Francia, no puede acabar el terrorismo por su cuenta y las demás potencias, como los EEUU, no están dispuestas a aumentar la presencia militar. Por lo cual, sin una mayor intervención occidental, la situación seguirá empeorando haciendo probable que Francia tenga que reconsiderar si decide permanecer o no. Mientras tanto, la exmetrópoli envió 220 tropas adicionales para combatir la insurgencia islamista en el Sahel, luego de la creación de un comando conjunto con los Estados involucrados. Dentro del marco de Barkhane, se llevó a cabo la operación Takuba, desde julio de 2020, en la cual los soldados europeos ayudan a las fuerzas de seguridad sahelianas contra grupos yihadistas de la zona. La fuerza especial Takuba opera principalmente en las bases militares de las fuerzas armadas malienses de las ciudades de Gao, Ansongo y Menaka.
Una limitación y principio central de la operación es el nexo seguridad-desarrollo, en el cual las fuerzas de Barkhane, con su poderío militar, despejan el terreno del yihadismo para que el gobierno maliense se establezca. El problema es que, para que los proyectos de desarrollo tengan éxito a largo plazo, es preciso tener suficiente tiempo, elemento que el yihadismo no permite. Este nexo, como marca un informe del International Crisis Group (ICG), se basa en que la continua desconfianza hacia las operaciones militares y los ejércitos nacionales en sí, quienes cometen reiterados abusos, coopera indirectamente para que la juventud frustrada caiga en manos del yihadismo. Francia y sus aliados deberían alentar a que los estados del Sahel entablen un diálogo con los habitantes y los militares. Las operaciones son fundamentales pero tienen que estar subordinadas a este enfoque.
La Minusma documentó 101 casos de ejecuciones en Mopti y Segou, atribuyendo los asesinatos a las fuerzas de seguridad de Malí. En uno de estos sucesos, los soldados malienses debían registrar aldeas pero, según dicta un informe de Amnistía Internacional, varios civiles fueron detenidos para ser torturados hasta la muerte, en caso de no confesar lo que sabían de los grupos yihadistas. La Minusma insta al gobierno maliense a tomar cartas en el asunto garantizadoles la seguridad a la población durante las operaciones militares contra los grupos armados. Un informe presentado por Amnistía internacional, el 10 de junio, resaltó un documento presentado por la Minusma que afirma que el ejército de Malí ejecutó o mató ilegítimamente a 23 personas y detuvo o sometió a desaparición forzada a otras 27 personas en las comunas de Diabaly y Dogofry entre el 3 de febrero y el 11 de marzo de 2020.
Otro factor determinante para la guerra contra el yihadismo fue el golpe de Estado de 2020. Tras tres meses de protestas, Ibrahim Boubacar Keïta y Boubou Cissé, el presidente y primer ministro maliense respectivamente, dimitieron de sus cargos tras ser detenidos por los efectivos de las fuerzas armadas en agosto de 2020. La junta militar, liderada por el coronel Assimi Goita y autodenominada Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), se hizo del poder y prometió nuevas elecciones para restablecer la confianza entre pueblo-gobierno en un plazo de tres años. Pero al tener el rango de militar, la Cedeao (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) exigió en que al frente tendría que estar un civil por lo que la junta formó un gobierno de transición y nombró a Ba N'Daw como presidente y a Assimi Goita como vice por un período de 18 meses. La exigencia por parte de la Cedeao para la garantía de la celebración de las elecciones fue uno de los principales motivos para la dimisión de la junta militar. Si el gobierno no cumplía, la Cedeao habría intensificado las sanciones económicas e impuesto un embargo total al Malí sin litoral. Un elemento de importancia es que los militares al mando aseguraron que las diferentes operaciones para el restablecimiento de la estabilidad se seguirán respetando.
Este golpe de Estado no solo afecta a Malí y a toda la región del Sahel, a la UE, los Estados Unidos y a los países árabes por el vacío de poder disponible para los extremistas yihadistas. El problema son los grupos militares y extremistas que quieren estar al mando y aprovechar el vacío institucional. La falta de confianza y el descontento popular son características compartidas con el golpe de Estado de 2012, el cual fue sucedido por violentos enfrentamientos contra extremistas islámicos, quienes impusieron la sharia en el norte del país y destruyeron sitios históricos, entre otras vejaciones.
Conclusión
Aunque las operaciones militares tienen un relativo éxito, como la eliminación del líder de la agrupación Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en junio de 2020, o el mejor desempeño de las tropas del G5-Sahel en la zona de la triple frontera entre Níger, Malí y Burkina Faso, ICG sugirió cambiar el enfoque de la operación. En el documento se expresa que la inseguridad no hace más que empeorar. El enfoque militar por sí solo no puede detener el terrorismo, y para ello es preciso ver el panorama completo y estudiar qué tipo de relación hay entre los tres grupos -la población, la milicia maliense y el gobierno-. Al conocerse los problemas, se podrá tomar las medidas que mejor se ajusten para poder llegar al fin deseado: la erradicación del yihadismo.
La estrategia militar de la operación Barkhane tiene el fin de calmar la región, pero eso es lo que menos hace; las tensiones entre las comunidades, en cuanto al componente étnico, no hacen más que escalar, y el recelo por parte de los malienses hacia las fuerzas francesas sólo empeoró la situación. También es necesario revisar y condenar los casos de violación a los derechos humanos por parte de las tropas malienses contra la ciudadanía. Por otro lado, deben ser escuchadas las demandas de la población maliense, no solo para que esta última no caiga a merced del terrorismo, sino para poder gozar de un sistema democrático más justo.
Zoé PazVoluntaria de CADAL. Estudiante de 3er año de Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales
“No intervenimos en nombre de los africanos, sino con los africanos,
de este modo se permite que una operación de mantenimiento de la paz
tome lugar en las condiciones de legitimidad internacional”.
François Hollande, 2013.
Introducción
Aquí se detallarán los antecedentes de la operación conjunta Barkhane, se expondrán los aciertos, pero por sobre todo, las fallas y los traspiés de la operación cometidos en particular en la República de Malí, país en el cual, en 2020, se produjo un golpe de Estado provocando que operaciones de paz como Mimusma (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí) queden pausadas hasta una eventual restauración democrática.
Las tensiones en Malí existieron incluso antes de ser el Sudán Francés, nombre colonial impuesto por Francia. Luego de su independencia de esa metrópoli, en 1960, en 1962 se produjo un levantamiento de la comunidad tuareg del norte que hizo frente a las autoridades malienses reclamando la autonomía de la región de Azawad. La marginalización de los gobiernos locales y las hambrunas mortales para las comunidades de pastoreo del norte, estas últimas provocadas por las sequías de los años setenta y ochenta, animaron a los jóvenes tuareg a emigrar hacia Libia y Argelia. El ejército del líder libio Gadafi los acogió e integró en sus legiones. En la misma línea cabe mencionar que la falta de instituciones fuertes y eficaces, sumado a los golpes militares, generó un vacío de poder que fue aprovechado por los grupos terroristas, quienes hicieron del Sahel su principal blanco y se mantienen por medio del tráfico de armas, marfil, narcotráfico, incluso de personas, y/o secuestro de extranjeros.
La rebelión tuareg en 2012 fue liderada por los grupos insurgentes tuareg del MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad) y su grupo satélite de Ansar Dine (“defensores de la fe”), y asumieron el control de la mitad del norte de Malí imponiendo la sharia a la población. La unión entre los grupos mencionados se rompería debido a que Ansar Din estuvo más motivada por el salafismo que por la independencia del Azawad, y, ante la negativa del MNLA, se expulsó a los nacionalistas tuareg de las ciudades capturadas. El gobierno democrático de Malí, en conjunto con el gobierno francés, dio inicio a la erradicación de yihadistas bajo el marco de la operación Serval, nombre elegido por Hollande –expresidente francés– en referencia al felino típico de la región, el serval, con el objetivo de hacer retroceder a los terroristas en el norte de Malí. Si bien esta operación fue todo un éxito estratégico y logístico, el terrorismo continúa azotando a la región.
Hoy esa operación actúa bajo el nombre de Barkhane –duna que se desplaza en forma de media luna por causa del viento–, y se extiende a Burkina Faso, Níger (que junto con Malí son los países más afectados), Chad y Mauritania. Estos cinco países africanos a su vez conforman el G5-Sahel, un marco institucional y operativo presidido por Francia, cuyas colonias fueron los países sahelianos mencionados. El G5-Sahel coordina las políticas de desarrollo y seguridad, los flujos migratorios, la radicalización, y el extremismo violento o crimen organizado transnacional. Malí lidera el porcentaje de actividad yihadista en el Sahel con 24 atentados en enero de 2021, por los cual se aumentó el número de efectivos militares -especialmente en el marco de la operación Eclipse, –liderada por Barkhane–. En porcentaje de ataques le siguen Burkina Faso y Nigeria con 20 cada uno; y en cuarto lugar Camerún, con 11. En cuanto a las víctimas fatales, el número total de la región solo de diciembre de 2020 es de 764: 233 civiles, 142 fuerzas militares y 389 yihadistas.
Desarrollo
La operación Barkhane comenzó en agosto de 2014 y continúa al presente, llevada a cabo por las fuerzas armadas francesas y las de los países del G5-Sahel. Si bien esta operación fue planteada como de corto plazo para luego entregar el manejo a las fuerzas locales, el gobierno de Malí enfrenta diversos contratiempos logísticos como la falta de cooperación por parte de la población maliense, la cual simpatiza –o le teme– al autodenominado Estado Islámico. En 2019, el yihadismo aumentó su influencia en Malí, Burkina Faso y Níger. Los grupos ligados a al Qaeda y al Estado Islámico se están expandiendo en el Sahel y explotan recursos naturales, como el agua o las minas de oro. La imagen de abajo representa los ataques militares en en el Sahel en diciembre de 2020.
La ventaja inicial que confirió la operación Serval fue desapareciendo gradualmente porque los países han retirado sus tropas y elementos militares. Es menester la ayuda occidental: Malí, junto a Francia, no puede acabar el terrorismo por su cuenta y las demás potencias, como los EEUU, no están dispuestas a aumentar la presencia militar. Por lo cual, sin una mayor intervención occidental, la situación seguirá empeorando haciendo probable que Francia tenga que reconsiderar si decide permanecer o no. Mientras tanto, la exmetrópoli envió 220 tropas adicionales para combatir la insurgencia islamista en el Sahel, luego de la creación de un comando conjunto con los Estados involucrados. Dentro del marco de Barkhane, se llevó a cabo la operación Takuba, desde julio de 2020, en la cual los soldados europeos ayudan a las fuerzas de seguridad sahelianas contra grupos yihadistas de la zona. La fuerza especial Takuba opera principalmente en las bases militares de las fuerzas armadas malienses de las ciudades de Gao, Ansongo y Menaka.
Una limitación y principio central de la operación es el nexo seguridad-desarrollo, en el cual las fuerzas de Barkhane, con su poderío militar, despejan el terreno del yihadismo para que el gobierno maliense se establezca. El problema es que, para que los proyectos de desarrollo tengan éxito a largo plazo, es preciso tener suficiente tiempo, elemento que el yihadismo no permite. Este nexo, como marca un informe del International Crisis Group (ICG), se basa en que la continua desconfianza hacia las operaciones militares y los ejércitos nacionales en sí, quienes cometen reiterados abusos, coopera indirectamente para que la juventud frustrada caiga en manos del yihadismo. Francia y sus aliados deberían alentar a que los estados del Sahel entablen un diálogo con los habitantes y los militares. Las operaciones son fundamentales pero tienen que estar subordinadas a este enfoque.
La Minusma documentó 101 casos de ejecuciones en Mopti y Segou, atribuyendo los asesinatos a las fuerzas de seguridad de Malí. En uno de estos sucesos, los soldados malienses debían registrar aldeas pero, según dicta un informe de Amnistía Internacional, varios civiles fueron detenidos para ser torturados hasta la muerte, en caso de no confesar lo que sabían de los grupos yihadistas. La Minusma insta al gobierno maliense a tomar cartas en el asunto garantizadoles la seguridad a la población durante las operaciones militares contra los grupos armados. Un informe presentado por Amnistía internacional, el 10 de junio, resaltó un documento presentado por la Minusma que afirma que el ejército de Malí ejecutó o mató ilegítimamente a 23 personas y detuvo o sometió a desaparición forzada a otras 27 personas en las comunas de Diabaly y Dogofry entre el 3 de febrero y el 11 de marzo de 2020.
Otro factor determinante para la guerra contra el yihadismo fue el golpe de Estado de 2020. Tras tres meses de protestas, Ibrahim Boubacar Keïta y Boubou Cissé, el presidente y primer ministro maliense respectivamente, dimitieron de sus cargos tras ser detenidos por los efectivos de las fuerzas armadas en agosto de 2020. La junta militar, liderada por el coronel Assimi Goita y autodenominada Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), se hizo del poder y prometió nuevas elecciones para restablecer la confianza entre pueblo-gobierno en un plazo de tres años. Pero al tener el rango de militar, la Cedeao (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) exigió en que al frente tendría que estar un civil por lo que la junta formó un gobierno de transición y nombró a Ba N'Daw como presidente y a Assimi Goita como vice por un período de 18 meses. La exigencia por parte de la Cedeao para la garantía de la celebración de las elecciones fue uno de los principales motivos para la dimisión de la junta militar. Si el gobierno no cumplía, la Cedeao habría intensificado las sanciones económicas e impuesto un embargo total al Malí sin litoral. Un elemento de importancia es que los militares al mando aseguraron que las diferentes operaciones para el restablecimiento de la estabilidad se seguirán respetando.
Este golpe de Estado no solo afecta a Malí y a toda la región del Sahel, a la UE, los Estados Unidos y a los países árabes por el vacío de poder disponible para los extremistas yihadistas. El problema son los grupos militares y extremistas que quieren estar al mando y aprovechar el vacío institucional. La falta de confianza y el descontento popular son características compartidas con el golpe de Estado de 2012, el cual fue sucedido por violentos enfrentamientos contra extremistas islámicos, quienes impusieron la sharia en el norte del país y destruyeron sitios históricos, entre otras vejaciones.
Conclusión
Aunque las operaciones militares tienen un relativo éxito, como la eliminación del líder de la agrupación Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en junio de 2020, o el mejor desempeño de las tropas del G5-Sahel en la zona de la triple frontera entre Níger, Malí y Burkina Faso, ICG sugirió cambiar el enfoque de la operación. En el documento se expresa que la inseguridad no hace más que empeorar. El enfoque militar por sí solo no puede detener el terrorismo, y para ello es preciso ver el panorama completo y estudiar qué tipo de relación hay entre los tres grupos -la población, la milicia maliense y el gobierno-. Al conocerse los problemas, se podrá tomar las medidas que mejor se ajusten para poder llegar al fin deseado: la erradicación del yihadismo.
La estrategia militar de la operación Barkhane tiene el fin de calmar la región, pero eso es lo que menos hace; las tensiones entre las comunidades, en cuanto al componente étnico, no hacen más que escalar, y el recelo por parte de los malienses hacia las fuerzas francesas sólo empeoró la situación. También es necesario revisar y condenar los casos de violación a los derechos humanos por parte de las tropas malienses contra la ciudadanía. Por otro lado, deben ser escuchadas las demandas de la población maliense, no solo para que esta última no caiga a merced del terrorismo, sino para poder gozar de un sistema democrático más justo.
