La Organización de los Estados Americanos aprobó una declaración que rechaza cualquier movimiento que tenga como objetivo desestabilizar al ejecutivo del país andino ya que serán considerados actos vandálicos en contra del Estado de derecho. Sin embargo, este documento omite mencionar el supuesto uso excesivo de la fuerza de las autoridades para acallar las protestas contra el Gobierno del presidente Moreno.

Por Victoria Ariagno

El pasado domingo 13 de octubre, el presidente Lenín Moreno dio marcha atrás con el polémico decreto 883, gracias al diálogo impulsado por la ONU que posibilitó una puesta en común entre el gobierno y el movimiento indígena, quienes, por su parte, pusieron fin a las manifestaciones y disturbios persistentes por 11 días. Aún no hay una decisión tomada respecto al nuevo decreto que lo reemplazará. El movimiento reclama que el debate no se quede sólo en la iniciativa de elaborar una nueva disposición legislativa sobre la materia, sino que evite también la criminalización y judicialización de dirigentes que participaron en el paro nacional. Se exige también la liberación de los detenidos durante el período de protestas.

Desde el incómodo ascenso de Moreno a la presidencia, habiendo sido vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, quien le cedió su cargo, la tensión social estuvo en aumento. El acuerdo por un préstamo con el Fondo Monetario Internacional obligó al gobierno a hacer un fuerte recorte de su gasto público, lo cual le causó a Moreno reclamos de un pueblo que vio varios de sus beneficios y derechos recortados. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aclaró que se vieron principalmente aumentados los gastos en transporte y en canasta básica, lo cual “está llevando a los pueblos a la miseria”. Además instó al presidente de la república que, al enviar las reformas del decreto, la Corte Constitucional realice el respectivo control de constitucionalidad de estas medidas.

Lenin Moreno respondió que “jamás fue su intención” afectar a los sectores más desposeídos, que por eso mismo junto al decreto 883 se haría un programa de desarrollo del agro y las compensaciones necesarias para que los sectores más pobres no se vean afectados. Sin embargo, viendo que tales amortiguaciones fueron inocuas, el mandatario expresó su intención, en conformidad con los reclamos, de que el renovado decreto permita canalizar los recursos hacia quienes más lo necesitan.

El presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leónidas Iza Salazar, quien encabeza la delegación de las tres organizaciones que participan en este proceso de diálogo: la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín), exigió que la reforma incluya a todos los sectores de la economía -trabajadores y PyMEs- y no sólo al movimiento indígena, en tanto una mayor apertura de la negociación permitirá otorgarle sostenibilidad a largo plazo a la solución, y que los defectos que puedan devenir incluso de este nuevo decreto no pesen únicamente sobre las comunidades indígenas que impulsaron el cambio.

El 15 de octubre la Organización de los Estados Americanos aprobó la “Declaración sobre la Defensa de la Democracia y la Paz Social en la Republica del Ecuador” la cual expresa su respaldo “al régimen democrático en el Ecuador, a su Gobierno legítimamente constituido y a su presidente Lenín Moreno Garcés”, además rechaza cualquier movimiento que tenga como objetivo desestabilizar al ejecutivo del país andino ya que serán considerados actos vandálicos en contra del Estado de derecho, cimiento de las libertades civiles. Lenín Moreno cuenta también con el apoyo de los presidentes de Argentina, Estados Unidos y el interino Guaidó de Venezuela, quien denuncia a Nicolás Maduro de participar en la desestabilización del gobierno ecuatoriano.

Sin embargo, este documento omite mencionar el supuesto uso excesivo de la fuerza de las autoridades para acallar las protestas contra el Gobierno del presidente Moreno, por lo que la organización Amnistía Internacional pide avanzar con investigaciones rápidas, independientes e imparciales hacia la policía y el ejército, ya que, como afirma Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “el estado de excepción no puede ser excusa para reprimir de una manera violenta el descontento de la población con medidas económicas que pueden poner en riesgo sus derechos.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conducirá a fin de mes una misión de Observación a Ecuador para analizar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de las protestas y actos de violencia, y conocer la respuesta por parte del Estado como fruto del proceso de dialogo.

Teniendo a los derechos humanos como eje troncal de las políticas de un Estado democrático liberal, toda medida encaminada al recorte de gastos del Estado debe ser producto del consenso, transparencia y participación auténtica de los grupos afectados, y debe estar sujeta a la vital y obligatoria protección del contenido básico de los derechos económicos, sociales y culturales.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).