Comunicados
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Propuesta para lograr la paz y la democracia en Venezuela
Es imperioso actuar ya para evitar que el despotismo se consolide. Objetivo que el régimen persigue, como ha quedado a la vista en coyunturas críticas previas, ganando tiempo para desgastar la movilización popular dentro de su territorio, y llevando simultáneamente al límite del agotamiento la atención y la solidaridad activa de los gobiernos democráticos.
Como solución a la crisis que vive Venezuela, desde el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) proponemos que los gobiernos democráticos de las Américas y Europa actúen en coordinación con un objetivo claro y concreto: la realización cuanto antes de elecciones competitivas, libres y abiertas para todos los cargos ejecutivos, única manera de asegurar que sean los propios venezolanos quienes escojan a su gobierno y decidan su destino.
Con dicho objetivo, proponemos que el Grupo de Lima, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, den un ultimátum de dos semanas a Nicolás Maduro y su cúpula militar, para realizar esas elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Es imperioso actuar ya, mientras todavía se está a tiempo de evitar que el despotismo se consolide. Objetivo que el régimen persigue, como ya ha quedado a la vista en coyunturas críticas previas, ganando tiempo para desgastar la movilización popular dentro de su territorio, y llevando simultáneamente al límite del agotamiento la atención y la solidaridad activa de los gobiernos democráticos.
Si Maduro se niega a dar expresión a la soberanía popular, realizando elecciones transparentes, las democracias del mundo debieran aplicar sanciones severas que hagan inviable su permanencia en el poder, descartando de plano una intervención militar, dado que su sola posibilidad está causando más daño que el que trata de evitar.
También llamamos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que convoque a referentes políticos y sociales de América Latina que se hayan exiliado en Venezuela durante las dictaduras militares de los años `60s, ´70s y ´80s en el Cono Sur y que gocen de una alta credibilidad moral en la defensa de los derechos humanos, para que intercedan ante el régimen de Nicolás Maduro y su cúpula militar a favor de la realización de elecciones generales con todas las garantías y bajo supervisión internacional. Y a todos los gobiernos y los organismos internacionales de crédito y comercio a que colaboren en la tarea de transferir el control de los recursos y bienes del estado venezolano en el exterior a manos de las autoridades democráticas designadas provisoriamente por la Asamblea Nacional.
Como solución a la crisis que vive Venezuela, desde el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) proponemos que los gobiernos democráticos de las Américas y Europa actúen en coordinación con un objetivo claro y concreto: la realización cuanto antes de elecciones competitivas, libres y abiertas para todos los cargos ejecutivos, única manera de asegurar que sean los propios venezolanos quienes escojan a su gobierno y decidan su destino.
Con dicho objetivo, proponemos que el Grupo de Lima, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, den un ultimátum de dos semanas a Nicolás Maduro y su cúpula militar, para realizar esas elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Es imperioso actuar ya, mientras todavía se está a tiempo de evitar que el despotismo se consolide. Objetivo que el régimen persigue, como ya ha quedado a la vista en coyunturas críticas previas, ganando tiempo para desgastar la movilización popular dentro de su territorio, y llevando simultáneamente al límite del agotamiento la atención y la solidaridad activa de los gobiernos democráticos.
Si Maduro se niega a dar expresión a la soberanía popular, realizando elecciones transparentes, las democracias del mundo debieran aplicar sanciones severas que hagan inviable su permanencia en el poder, descartando de plano una intervención militar, dado que su sola posibilidad está causando más daño que el que trata de evitar.
También llamamos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que convoque a referentes políticos y sociales de América Latina que se hayan exiliado en Venezuela durante las dictaduras militares de los años `60s, ´70s y ´80s en el Cono Sur y que gocen de una alta credibilidad moral en la defensa de los derechos humanos, para que intercedan ante el régimen de Nicolás Maduro y su cúpula militar a favor de la realización de elecciones generales con todas las garantías y bajo supervisión internacional. Y a todos los gobiernos y los organismos internacionales de crédito y comercio a que colaboren en la tarea de transferir el control de los recursos y bienes del estado venezolano en el exterior a manos de las autoridades democráticas designadas provisoriamente por la Asamblea Nacional.