Al igual que lo han hecho internamente erosionando la democracia y el estado de derecho, los países que lideran el bloque del ALBA adoptan la misma estrategia en la OEA, intentando obstaculizar su funcionamiento y cuestionando los principios establecidos de manera tan clara para formar parte del organismo.

Por Gabriel C. Salvia

Cuando durante años no se actúa con firmeza política frente a una dictadura y cuando se mira para el otro lado ante la vocación autoritaria de gobernantes que se perpetúan en el poder, la consecuencia inevitable para la región es que la cultura e institucionalidad democrática se debilite.

Al respecto, el bloque de países integrantes del ALBA, en especial el autócrata presidente ecuatoriano Rafael Correa, estuvo presionando para que la dictadura cubana sea invitada a la Cumbre de las Americas a celebrarse durante los días 14 y 15 de abril en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, ante lo cual ni el gobierno anfitrión ni el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza se animaron a brindar una respuesta categórica y terminante. Es más, la Canciller colombiana María Holguín manifestó su complacencia en favor de la presencia de Cuba, siempre que exista acuerdo del resto de los países que integran el organismo.

Aunque sea en términos diplomáticamente amigables, el gobierno colombiano del presidente Santos podría haberle contestado a Cuba y sus socios del ALBA, algo como lo que sigue:

“Agradecemos vuestro interés en asistir a la Cumbre de las Americas a realizarse en Cartagena de Indias y sería un gran placer poder contar con la presencia de Cuba.

Infelizmente, la pertenencia a la OEA y la participación en las actividades del organismo, requiere de los países que la integran su adhesión y cumplimiento a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.

Por ejemplo, la Carta establece en su artículo 3 el requisito de los estados miembros de contar con un régimen plural de partidos y organizaciones políticas.

En consecuencia, la decisión soberana del gobierno de Cuba al adoptar un régimen de partido único y el respeto que nos merece vuestra política interna, lamentablemente nos impiden el poder contar con vuestra valiosa presencia”.

Sin embargo, queda en evidencia una vez más el temor político regional de posicionarse frente a una longeva y extorsionadora dictadura, cuando la respuesta al planteo del ALBA era de lo más sencilla: la normativa interna del régimen cubano viola de manera expresa lo establecido en la Carta Democrática Interamericana (CDI).

Por tal motivo, si Cuba quiere participar de las actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es su propio régimen jurídico e institucional el que debe modificarse, salvo que la dictadura de los hermanos Castro y sus socios del ALBA pretendan que la OEA elimine la CDI.

Pero más allá del caso tan evidente de la dictadura cubana, cabe preguntarse si los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, cumplen con lo siguiente: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla; Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa; La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia; Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo; Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”.

En realidad, si los países que lideran el bloque del ALBA actuaran con un mínimo de honestidad deberían renunciar a su pertenencia a la OEA y hacer su propio camino en el flamante CELAC. Ahora, quienes gobiernan en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia ni siquiera tienen la honestidad de transparentar sus motivaciones políticas. Al igual que lo han hecho internamente erosionando la democracia y el estado de derecho, adoptan la misma estrategia en la OEA, intentando obstaculizar su funcionamiento y cuestionando los principios establecidos de manera tan clara para formar parte del organismo.

Gabriel C. Salvia es titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y director del Proyecto Puente Democrático.

 

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.