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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
La vana obsesión del control total
Lo de Edesur confirma los temores que, ante el deterioro de la situación económica, la receta del gobierno argentino es más intervencionismo, incluso con algunos rasgos autoritarios. Intentar gobernar la economía por decreto puede dar ciertos resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo lo único que se logra es acumular tensiones que terminan en violentos ajustes con un costo social enorme.Por Raúl Ferro
Y aquí vamos de nuevo. En un escueto comunicado a la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la empresa de distribución eléctrica Edesur informó a principios de junio que suspendía la distribución de US$17,7 millones en dividendos a sus accionistas acordada el mes anterior. ¿La causa? Una intimación recibida a principios de junio de parte del Ente Nacional Regulador de Electricidad de Argentina en la que le prohíbe distribuir dividendos debido a que la empresa eléctrica no habría cumplido sus compromisos de inversión para asegurar la calidad del servicio a sus clientes.
En primer lugar, la empresa dice haber cumplido sus compromisos de inversión. Pero el tema de fondo es el entorno en que la industria de la energía se desarrolla en Argentina. Tras la debacle económica del 2001, el gobierno sustituyó la lógica de negocios por una lógica fundamentalmente política. Esto podría ser explicable como una medida de emergencia, temporal. Es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con los bancos y los fabricantes de autos que han colapsado. Pero el presidente Barak Obama ya ha dicho que quiere que el gobierno salga de ellas lo antes posible. En Argentina, por el contrario, a ocho años de la pesificación, la híper regulación se mantiene en muchos sectores. En el caso del sector de la energía, se ha avanzado muy poco en la normalización de la actividad y el precio lo está pagando la economía argentina en su conjunto.
Las principales barreras para la modernización de la infraestructura energética argentina no están en la falta de voluntad de las empresas por invertir, sino en el asfixiante intervencionismo estatal. Lo peor de todo es que la administración de la presidente Cristina Fernández insiste en un modelo que ya fue aplicado en el pasado en muchos países latinoamericanos y que probó ser un fracaso rotundo. Intentar gobernar la economía por decreto puede dar ciertos resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo lo único que se logra es acumular tensiones que terminan en violentos ajustes con un costo social enorme. Es paradójico que siendo la Argentina un país con una historia económica en la que estos eventos se han repetido hasta la saciedad y con pésimos resultados, se siga insistiendo en ellos. Al gobierno le sería muy útil mirar a algunos de sus vecinos, donde líderes progresistas y de centro-izquierda han demostrado haber aprendido de la historia y hoy navegan con relativa holgura las tormentosas aguas de la crisis económica mundial.
Lo de Edesur confirma los temores que, ante el deterioro de la situación económica, la receta del gobierno es más intervencionismo, incluso con algunos rasgos autoritarios y hasta matonescos como el de esta intimación. Un paso muy grave en esa dirección se produjo con la nacionalización de las AFJP, medida que además del control sobre miles de millones de dólares le ha dado al gobierno asiento en los directorios de muchas empresas.
Muchos latinoamericanos se preguntan por qué, dadas ciertas similitudes geográficas e históricas, Argentina no es hoy lo que son Australia o Canadá. La respuesta está en esta triste insistencia en tratar de doblar la realidad a punta de poder político. El resultado está a la vista: tensiones económicas y un sostenido deterioro (otra vez) en el clima de negocios. No llama la atención, entonces, el retroceso del país en rankings como el Doing Business que prepara el Grupo Banco Mundial sobre el entorno de negocios en 181 países, en el que Argentina está al borde de ingresar al tercio de los países con los peores indicadores. No parece ser la mejor fórmula para traer riqueza y progreso social a un país que tiene todas las condiciones para generar riqueza, desarrollo y bienestar social.
Raúl Ferro es director de desarrollo de contenidos de BNAmericas.com y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.
Raúl FerroConsejero ConsultivoAnalista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.
Y aquí vamos de nuevo. En un escueto comunicado a la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la empresa de distribución eléctrica Edesur informó a principios de junio que suspendía la distribución de US$17,7 millones en dividendos a sus accionistas acordada el mes anterior. ¿La causa? Una intimación recibida a principios de junio de parte del Ente Nacional Regulador de Electricidad de Argentina en la que le prohíbe distribuir dividendos debido a que la empresa eléctrica no habría cumplido sus compromisos de inversión para asegurar la calidad del servicio a sus clientes.
En primer lugar, la empresa dice haber cumplido sus compromisos de inversión. Pero el tema de fondo es el entorno en que la industria de la energía se desarrolla en Argentina. Tras la debacle económica del 2001, el gobierno sustituyó la lógica de negocios por una lógica fundamentalmente política. Esto podría ser explicable como una medida de emergencia, temporal. Es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con los bancos y los fabricantes de autos que han colapsado. Pero el presidente Barak Obama ya ha dicho que quiere que el gobierno salga de ellas lo antes posible. En Argentina, por el contrario, a ocho años de la pesificación, la híper regulación se mantiene en muchos sectores. En el caso del sector de la energía, se ha avanzado muy poco en la normalización de la actividad y el precio lo está pagando la economía argentina en su conjunto.
Las principales barreras para la modernización de la infraestructura energética argentina no están en la falta de voluntad de las empresas por invertir, sino en el asfixiante intervencionismo estatal. Lo peor de todo es que la administración de la presidente Cristina Fernández insiste en un modelo que ya fue aplicado en el pasado en muchos países latinoamericanos y que probó ser un fracaso rotundo. Intentar gobernar la economía por decreto puede dar ciertos resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo lo único que se logra es acumular tensiones que terminan en violentos ajustes con un costo social enorme. Es paradójico que siendo la Argentina un país con una historia económica en la que estos eventos se han repetido hasta la saciedad y con pésimos resultados, se siga insistiendo en ellos. Al gobierno le sería muy útil mirar a algunos de sus vecinos, donde líderes progresistas y de centro-izquierda han demostrado haber aprendido de la historia y hoy navegan con relativa holgura las tormentosas aguas de la crisis económica mundial.
Lo de Edesur confirma los temores que, ante el deterioro de la situación económica, la receta del gobierno es más intervencionismo, incluso con algunos rasgos autoritarios y hasta matonescos como el de esta intimación. Un paso muy grave en esa dirección se produjo con la nacionalización de las AFJP, medida que además del control sobre miles de millones de dólares le ha dado al gobierno asiento en los directorios de muchas empresas.
Muchos latinoamericanos se preguntan por qué, dadas ciertas similitudes geográficas e históricas, Argentina no es hoy lo que son Australia o Canadá. La respuesta está en esta triste insistencia en tratar de doblar la realidad a punta de poder político. El resultado está a la vista: tensiones económicas y un sostenido deterioro (otra vez) en el clima de negocios. No llama la atención, entonces, el retroceso del país en rankings como el Doing Business que prepara el Grupo Banco Mundial sobre el entorno de negocios en 181 países, en el que Argentina está al borde de ingresar al tercio de los países con los peores indicadores. No parece ser la mejor fórmula para traer riqueza y progreso social a un país que tiene todas las condiciones para generar riqueza, desarrollo y bienestar social.
Raúl Ferro es director de desarrollo de contenidos de BNAmericas.com y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.