Perú viene lidiando con serios problemas institucionales desde hace casi 30 años, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe, apoyado por las fuerzas armadas, para disolver el poder legislativo, acción que derivó en la redacción de una nueva constitución. Mientras en lo económico Perú se convertiría en los últimos 25 años en uno de los países de mayor éxito en América Latina, en lo institucional el país no ha estado a la altura de las circunstancias.

Por Raúl Ferro

Por enésima vez Perú enfrenta una crisis institucional. Tras una semana turbulenta, el viernes 18 de septiembre el presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Congreso para enfrentar una moción de vacancia por incapacidad moral que finalmente no fue aprobada por los congresistas.

La trama para llegar a este punto es compleja y confusa. El detonante fue la filtración de llamadas telefónicas y audios grabados ilegalmente en reuniones del presidente Vizcarra que podrían dar pie a investigaciones por tráfico de influencias y eventuales actos de corrupción.

Por el lado del sector del Congreso que presentó la moción de vacancia se huele un tufillo de complot. Se asignaron puestos para un eventual nuevo gabinete antes de haberse presentado la moción de vacancia y hubo llamadas telefónicas a los más altos mandos militares, quienes, por cierto, reportaron el hecho al Ministro de Defensa.

El trasfondo de la ofensiva de este grupo de congresistas parece responder a una serie de medidas del gobierno –como reformas al sistema universitario y la inhabilitación de personas sentenciadas en primera instancia para postular a cargos de elección— e investigaciones de la fiscalía que afectan a algunos de ellos.

Que la moción de vacancia haya naufragado en el Congreso es relevante para el futuro inmediato del país. La verdadera gravedad de lo sucedido en los últimos días está en el nivel de descomposición de las instituciones democráticas del país que saca a la luz esta saga.

Perú viene lidiando con serios problemas institucionales desde hace casi 30 años, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe, apoyado por las Fuerzas Armadas, para disolver el poder legislativo, acción que derivó en la redacción de una nueva constitución. Mientras en lo económico Perú se convertiría en los últimos 25 años en uno de los países de mayor éxito en América Latina, en lo institucional el país no ha estado a la altura de las circunstancias. El poder político se maneja con desparpajo y el tráfico de influencias, la manipulación más o menos directa para beneficiar intereses personales y no pocos casos de corrupción flagrante han sido la marca de agua de la acción política en el país. Es lo que estamos viendo nuevamente en estos días.

El ambiente de negocios se ha desacoplado mayormente de las turbulencias políticas e institucionales, lo que ha permitido que el país, hasta la irrupción de la pandemia del coronavirus, hay seguido atrayendo inversión (local y extranjera), continuado su proceso de modernización el sector productivo, mantenido una economía dinámica y sostenido el crecimiento de la economía.

Las malas prácticas políticas, sin embargo, ya habían golpeado este benigno ambiente con la corrupción generalizada que trajo el caso Odebrecht y que ha ralentizado de forma preocupante la modernización del sector infraestructura, un importante dinamizador de la economía y la competitividad del país.

La actual crisis política llega en el peor momento. Perú ha sido uno de los países de la región más golpeados por la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico. En los primeros siete meses del año el PIB cayó un 16,5%, según el Banco Central. Ahora, que aparecen las primeras señales de reactivación, pero frente a un horizonte lleno de incertidumbres, es cuando más se necesita un liderazgo político claro y capaz de generar consensos.

Desafortunadamente, la actual crisis deja a todos los actores golpeados y debilitados, con la confianza ciudadana en las instituciones democráticas por los suelos.

Esto, además, con unas elecciones en abril próximo en las que se elegirán presidente, vicepresidentes y congresistas. Perú necesita un radical cambio de mentalidad y actitud en su clase política para así evitar que los avances económicos y sociales logrados en las últimas tres décadas no se deslicen por el desagüe de la historia y poder asegurar que el país se mantenga en la senda del desarrollo económico y social de las últimas décadas.

Raúl Ferro

Consejero Consultivo

Analista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.