La clave finalmente estará en cómo las fuerzas políticas y los constituyentes canalicen las expectativas ciudadanas. Las encuestas muestran que la sociedad chilena está menos polarizada que lo que el estallido social pareciera indicar y que son las dirigencias políticas las que se han vuelto más extremistas. Es hora de volver a un clima que facilite los acuerdos, pero de forma transparente y con una mayor participación de la sociedad civil para que el proceso tenga credibilidad.

Por Raúl Ferro

Chile ha iniciado un nuevo, arduo y complejo camino hacia una nueva definición de sus instituciones. Una abrumadora mayoría, 78%, de los ciudadanos que votaron en el plebiscito del pasado domingo 25 de octubre lo hicieron a favor de redactar una nueva constitución. El país de América Latina con la institucionalidad más sólida y que fue visto por casi 30 años con la mayor historia de éxito de la región ha optado por un cambio radical. Las razones para ello son múltiples y complejas. Como señalan varios analistas locales, hay una amplia variedad de lecturas sobre el voto a favor de redactar una nueva constitución. No es un mensaje único.

En esa línea, los partidos políticos no podrán adueñarse del resultado y su desafío, mas bien, será descubrir cómo canalizan las inquietudes de una sociedad que perdió el encanto con el modelo de desarrollo chileno en un mundo que, además, está abandonando las visiones predominantemente economicistas que dominaron la política en las últimas décadas.

Varias interrogantes se abren en esta nueva etapa para Chile. Por un lado, cómo gobernará la administración del presidente Piñera durante los 17 meses que le restan de mandato; si será un gobierno solo administrador o si tendrá alguna capacidad de iniciativa. Por otro, qué pasará con reformas importantes, como la de las pensiones, que están actualmente en el Congreso, frente a las posibles definiciones sobre estos temas que puedan aparecer en la nueva constitución. Según los resultados de la encuesta Cadem realizada la tarde del mismo día del plebiscito, la principal razón para votar a favor de redactar una nueva constitución fue garantizar derechos sociales en pensiones, educación y salud (69%), a considerable distancia de otros motivos, como terminar con la constitución de Pinochet (36%) o cambiar el modelo neoliberal (18%).

En el ámbito económico se abre un paréntesis para los siguientes dos años, que es el plazo establecido para la discusión y aprobación de la nueva constitución. Si bien los mercados ya habían internalizado el probable triunfo del apruebo en el plebiscito, ahora pondrán atención en los probables cambios que puedan afectar el clima de negocios. Uno de ellos es qué concepto de derecho de propiedad prevalecerá en una constitución que posiblemente apunte hacia un estado de bienestar, con una definición más amplia del bien común y un mayor rol del Estado en áreas como salud o pensiones.

El camino que inicia Chile no será fácil. Es muy probable que el país pierda parte de la competitividad para atraer inversiones y desarrollar negocios que le hizo sobresalir en América Latina en las últimas décadas y que la actividad económica se ralentice. Los analistas esperan un ligero aumento del riesgo país –que ya sufrió en agosto un ajuste a la baja, desde una perspectiva estable a negativa, aunque manteniendo el grado de inversión—y mayor volatilidad en el mercado de acciones y en el tipo de cambio. Por el lado de la inversión, es probable que muchas decisiones se posterguen, con la posible excepción del sector minero, donde las mejores perspectivas del precio del cobre han reactivado varios proyectos de inversión.

La clave finalmente estará en cómo las fuerzas políticas y los constituyentes canalicen las expectativas ciudadanas. Las encuestas muestran que la sociedad chilena está menos polarizada que lo que el estallido social pareciera indicar (en la mencionada encuesta Cadem, el 42% de los encuestados se declaró independiente, y un 10% de centro) y que son las dirigencias políticas las que se han vuelto más extremistas. Es hora de volver a un clima que facilite los acuerdos, pero de forma transparente y con una mayor participación de la sociedad civil para que el proceso tenga credibilidad. No será una tarea sencilla.

Raúl Ferro

Consejero Consultivo

Analista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.