En la edición de 2014 Rumania registró su mayor caída en transformación política, producto de una crisis política en 2012. La segunda mayor caída en transformación política fue en el BTI 2020, producto de desmejoras con respecto al Estado de derecho. Por su parte, la gobernanza es la dimensión más débil en Rumania, debido a un profundo problema de implementación y clientelismo.

Por Trinidad Coscolla

Rumania atravesó entre 1965 y 1989 una de las dictaduras más despiadadas del siglo XX, que concluyó con una sangrienta revuelta popular y el fusilamiento del dictador, a quien se acusó, junto a su mujer, de los delitos de genocidio de 60.000 personas, acciones armadas contra la población, daños a la economía nacional y enriquecimiento injustificable.

Hoy Rumania es miembro de la Unión Europea, la OTAN y el espacio Schengen, y sus últimas elecciones alarmaron a la prensa internacional. Tras el triunfo del pasado noviembre de Călin Georgescu, candidato pro ruso y anti OTAN, los resultados fueron invalidados debido a denuncias de injerencia rusa en el proceso electoral. Finalmente, las elecciones se concretaron este mayo, y el nuevo presidente es el europeísta Nicusor Dan.

La trayectoria de Rumania desde 2006 al 2024 es analizada por el Bertelsmann Transformation Index (BTI). El BTI analiza los procesos de transformación hacia la democracia y la economía de mercado en 137 países, con la colaboración de cientos de expertos internacionales. Se basa en 17 criterios que componen 2 índices: Estado (dividido en dos dimensiones de transformación: política y económica) y Gobernanza. Cada dimensión está compuesta por distintos indicadores, a los cuales se les otorga un puntaje del 1 al 10 de acuerdo al país. El siguiente gráfico ilustra la evolución de los puntajes de Rumania desde 2006 a 2024.

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA

El indicador de Transformación Política describe la calidad democrática de los países. Rumania ocupa el puesto número 20 en esta categoría, y durante las dos últimas décadas, se mantuvo estable alrededor de esta posición. Sin embargo, se identifican importantes desafíos y conflictos concretos en el plano político.

Entre el BTI 2006 y 2012, fue catalogada como una democracia en consolidación. Se pudo observar una serie de medidas que promueven la democracia, pero también ciertas “lagunas” en ellas y problemas de aplicación efectiva.

Se instalaron partidos políticos más liberales, de estilo europeo, y los partidos extremistas quedaron marginados, aunque aún había una falta de confianza en las instituciones políticas. El proceso electoral se liberalizó, más allá de ocasionales acusaciones de fraude y críticas a la parcialidad de los medios al cubrir las elecciones. Además, se redujo la tendencia de gobernar por decreto. Un área en la que se produjeron mejoras sustanciales es el de los derechos civiles gracias al acceso a la Unión Europea en 2007, que aseguró las garantías legales para la igualdad y no discriminación.

El BTI destaca, sin embargo, que en 2007 el Primer Ministro despidió a ministros por su cercanía al presidente, a quien incluso se suspendió temporalmente. Las hostilidades reforzaron las tendencias populistas, incrementaron la desconfianza social, pusieron en juego la separación de poderes, y constituyeron una amenaza a la independencia del poder judicial.

En la edición de 2014, Rumania registró su mayor caída en transformación política, producto de una crisis política en 2012. Victor Ponta, líder de la coalición USL, asumió como Primer Ministro y fomentó su rivalidad con el presidente Băsescu. Impulsó una serie de cambios legales y medidas populistas para debilitarlo y restringir la independencia del poder judicial. El conflicto escaló hasta que el parlamento suspendió a Băsescu y se convocó a un referéndum (finalmente invalidado) para destituirlo. Aunque el espíritu anti democrático casi no se extendió a la población, Rumania pasó a tener la menor satisfacción democrática en la Unión Europea.

En términos de derechos humanos, se denunció la arbitrariedad en los fallos judiciales, aunque un nuevo código criminal fomentó las investigaciones. Por otro lado, la crisis económica precarizó a los medios de comunicación, que se convirtieron en meras plataformas de fake news y propaganda de intereses políticos.

Desde el BTI 2016, Rumania osciló entre las categorías “democracia en consolidación” y “democracia defectuosa”. Las tensiones entre el presidente y primer ministro finalmente desescalaron, gracias a un Acuerdo de Cohabitación. A su vez, se registró una mejora en la aprobación de la democracia, que ascendió a un 81% de la población, y gracias al incremento de la actividad de instituciones como la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), hubo un gran progreso en la consolidación de la independencia del poder judicial. Por otra parte, se rompió con la tendencia positiva al ingresar un partido radical al parlamento en 2020: el partido AUR, de extrema derecha.

La segunda mayor caída en transformación política fue en el BTI 2020, producto de desmejoras con respecto al Estado de derecho. Durante este período, se podía percibir a un gobierno tras bambalinas: el poder real estaba en manos de un grupo de individuos que por sus antecedentes penales no podían ser miembros formales del gobierno. El Partido Socialdemócrata (PSD) emitió a través del primer ministro un decreto para la despenalización de ciertos casos de corrupción, y destituyó al director de la DNA en 2018. Como resultado, se generaron tensiones con el presidente, colapsó el acuerdo de Cohabitación, y se realizaron masivas protestas anticorrupción.

Se intensificó la lucha política por el poder judicial, ya que el parlamento y el gobierno presionaban a magistrados individuales. Asimismo, la aplicación selectiva y desproporcionada de la ley dio lugar a que se minimizara el espacio para la sociedad civil. De todos modos, las instituciones democráticas prevalecieron.

En 2019, el Partido Nacional Liberal desplazó al autoritario PSD. Si bien el progreso fue limitado, se logró una autonomía del Poder Judicial, y durante la pandemia, el sistema democrático se mantuvo estable.

Ya en el informe del BTI de 2024, se afirma que, en los últimos años, aunque prevalece el marco institucional, cayó la satisfacción con la democracia, y el nivel de confianza en las ONGs sigue siendo bajo, debido a una tradición cívica débil. A su vez, la polarización se encuentra en un bajo histórico, pero esto no se traduce en una mayor eficacia política sino en una coalición gobernadora demasiado ambigua, que no logra cumplir las promesas a los votantes. Además, la invasión a Ucrania se usó como pretexto para debilitar la rendición de cuentas.

El área más fuerte de Rumania en la categoría democrática del BTI es “estatalidad”. El monopolio del estado sobre el territorio no es disputado, la identidad estatal no es desafiada (aunque existe cierto grado de discriminación hacia las minorías húngaras y la comunidad Roma) y la interferencia de dogmas religiosos en política es casi nula. Rumania además tiene una de las cifras de portación de armas más bajas del mundo.

Los informes del BTI desde 2006 muestran que los principales desafíos inherentes en la democracia rumana han sido la corrupción y el clientelismo, que caracterizan la construcción partidaria y atraviesan hasta los medios de comunicación. De cierto modo, las tradiciones arraigadas en el pasado socialista brindaron el caldo de cultivo para la continuidad de estructuras clientelares.

 TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

En esta dimensión se evalúan diversos criterios que definen una economía social de mercado. Rumania se encuentra en la posición número 18 de 137 países, habiendo mantenido este puesto sin mayores fluctuaciones desde los inicios del BTI dada su categorización como economía “avanzada”.

El ingreso a la Unión Europea fue un hito en la consolidación e institucionalización de la economía de mercado. Por ejemplo, el área más destacada en los puntajes de Rumania en el BTI es el libre comercio, favorecido por la membresía total en el Mercado Común Europeo. Además, se consolidó el sector financiero y el sistema bancario se reestructuró a estándares europeos, aunque la adopción del euro se mantiene pospuesta. También implicó progresos en el cuidado del medio ambiente, mediante una modernización industrial y energética.

En las últimas décadas, se produjo en Rumania una transición de un sistema comunista hacia una economía que protege la propiedad privada y brinda un ambiente cada vez más amigable con las empresas privadas y los emprendedores. Se completó el proceso de privatización de las empresas que habían sido estatizadas durante el comunismo, y gracias a un régimen fiscal competitivo para inversores internacionales, el sector privado llegó a componer casi un 80% del PBI. Sin embargo, la inestabilidad del marco legal, especialmente en la política fiscal, es un desafío, ya que genera incertidumbre en inversores tanto domésticos, como extranjeros.

El índice nos permite identificar en la economía rumana un alto grado de resiliencia al atravesar distintas crisis. Como consecuencia, el BTI le ha asignado a Rumania en la categoría “desempeño económico” puntajes entre 8.5 y 9. Por ejemplo, en 2020, durante la pandemia, el PBI cayó un 3.7%, pero los dos siguientes años volvió a crecer en un promedio de 5.8%. Además, Rumania cerró la brecha con occidente en términos de PBI per cápita PPA. No obstante, la crisis financiera de 2008 reveló debilidades estructurales que siguen vigentes. Por ejemplo, el 30% de la fuerza laboral corresponde a la agricultura, pero este sector tan solo produce un 7% del PBI.

El BTI también destaca la estabilidad monetaria y fiscal de la economía rumana, caracterizada por un banco central independiente que logró resistirse a cualquier presión del gobierno y consolidó una trayectoria en el control de la inflación. En el ámbito fiscal, en 2010 se lanzó un programa de austeridad que implicó el corte de salarios y planes sociales. De esta forma, se balancearon las finanzas públicas, y desde aquel entonces, la inflación alcanzó bajos históricos, y el déficit fiscal se controló por años. Sin embargo, entre 2017 y 2018, el aumento del gasto público empezó a revertir estas tendencias. Desde la pandemia se evidencia un gran crecimiento en el déficit fiscal y la deuda pública producto de medidas como el subsidio del empleo durante la crisis sanitaria. Adicionalmente, una debilidad que es necesario mencionar es el sustancial tamaño de la economía informal, especialmente en el sector agrícola.

Las principales vulnerabilidades de la economía rumana se encuentran en las siguientes áreas. Primero, pese a un puntaje de 7 en “nivel de desarrollo socioeconómico”, persisten grandes disparidades: el crecimiento y las inversiones se concentran en las principales ciudades y la región occidental, mientras que las zonas rurales enfrentan desempleo y servicios sociales, especialmente de salud, de mala calidad. En 2019, el coeficiente de Gini fue de 34,8%, uno de los más elevados en Europa. Además, como miembro de la Unión Europea, Rumania tiene una posición alarmante en el IDH al ubicarse en número 53 del mundo.

El BTI también hace ciertas observaciones negativas relacionadas al régimen de bienestar en Rumania. Las instituciones no aseguran igualdad de oportunidades, y la seguridad social está mal gestionada. La reducción de recursos y el deterioro de la infraestructura amenazan su sostenibilidad, mientras que el gobierno promete más de lo que realmente puede cumplir. Por otro lado, hay un gran problema demográfico: producto de la jubilación temprana, la tasa de empleo es muy baja, y presiona un sistema de seguridad social financiado solo con impuestos al trabajo, lo que obstaculiza el funcionamiento del sistema sanitario.

Por último, el índice identifica déficits en el sistema educativo. Asimismo, el gasto público en I & D es ineficaz, al enfocarse en instituciones estatales obsoletas. Las universidades en Rumania son en general de baja calidad y tienen un problema de clientelismo: hubo numerosos escándalos por plagio y diplomas falsos. Lamentablemente, la mínima asignación de recursos a la educación obstaculiza la solución de problemas, y hay lobbys que bloquean las reformas.

El BTI también resalta el clientelismo como un problema estructural en la economía: el acceso a muchos servicios públicos, especialmente el sistema sanitario, depende de contactos o pagos informales.

GOBERNANZA

Este índice evalúa la determinación y consistencia de las élites en la búsqueda de una democracia basada en el mercado, y ubica a Rumania en la posición “45”, con un marcado descenso desde 2006.

Entre 2006 y 2018, se catalogaba a la gobernanza rumana como “buena”. Finalmente se reconoció el rol de Rumania en el Holocausto, y se llevó a cabo un lento proceso de replanteamiento histórico en torno al pasado comunista. El acceso a la Unión Europea mejoró su posición internacional, aunque su credibilidad se vio limitada debido a distintos factores como la falta de coordinación política u ocasionales medidas antidemocráticas. Además, desde el proceso de admisión, se construyó una política anticorrupción basada en leyes de transparencia y el empoderamiento de agencias como la DNA. La corrupción sigue siendo un problema endémico en Rumania, pero a diferencia de otras áreas, las reformas sí se implementaron, más allá de intentos de ciertos gobiernos por socavarlas.  

De todos modos, la gobernanza fue siempre la dimensión más débil en Rumania, debido a un profundo problema de implementación y clientelismo.

En general, los recursos provistos por instituciones financieras y organismos internacionales, especialmente el apoyo estratégico y militar, fueron utilizados efectivamente. Aunque ningún actor cuestiona la democracia, economía de mercado o integración europea, la falta de consenso en cómo aplicar aquellos principios generó polarización y escasa coordinación.

El problema de la implementación en Rumania es el resultado de una clara preferencia de los gobiernos por el gasto social, no solo porque genera popularidad, sino que también es una alternativa más fácil a una construcción institucional sólida. El clientelismo instaló una tradición de reformas simuladas y apropiación indebida del estado. Esto ha puesto en juego, por ejemplo, la efectividad del proceso de descentralización por lo cual la administración rumana hoy sigue siendo altamente centralizada. De hecho, en general, las decisiones más efectivas son tomadas ante la urgencia en circunstancias de crisis en vez de en momentos de mayor disponibilidad de recursos.

En 2020, la gobernanza descendió a la categorización de “moderada” en el informe del BTI. Fue la mayor caída en esta dimensión, consecuencia del escenario político que también causó la caída en la transformación democrática. El deterioro más notorio fue en el indicador “política anticorrupción” ya que el nuevo gobierno se mostró hostil a la agenda e instituciones anticorrupción, lo cual generó conflictos con la Unión Europea y limitó el acceso al apoyo internacional. Por otro lado, no solo hubo un gran detrimento de la coordinación política, debido a la inestabilidad, sino que también en el uso eficiente de los recursos: el gobierno se apoyó en el clientelismo local y la asignación de recursos arbitraria, y se descapitalizaron empresas estatales para adquirir recursos adicionales y aumentar el gasto social.

La consulta pública ya era deficiente para ese entonces, pues había negligencia hacia la sociedad civil por parte de las autoridades, con intentos ocasionales de instrumentalizar ciertos actores con el mero objetivo de alcanzar beneficios políticos. No obstante, el gobierno de centro izquierda empeoró la situación tras las protestas de 2017 al iniciar proyectos de leyes “Anti-Soros”.

Una vez ya retirado aquel gobierno, desde 2022 se puede observar una recuperación de la caída anterior, aunque ciertas áreas se estancaron en puntajes bajos. Se restauró la confianza y se armonizaron las relaciones con Europa, entonces se logró que Rumania se vuelva de los principales beneficiarios del Fondo Europeo de Recuperación.

Rumania había abandonado la ambición de tener un rol regional activo, pero finalmente incrementó su poder blando en la región, además de que mantuvo la presencia y el rol defensor que había adquirido en Moldavia desde el cambio de gobierno en Chisinau en 2009. Por otro lado, Bucarest continuó su membresía pacífica en la Unión Europea y la OTAN y brindó apoyo a Ucrania no solo desde esta última organización, sino también en un plano bilateral. Sin embargo, la crítica escena internacional expuso otra debilidad en la gobernanza rumana: es un país más receptor que proveedor de ideas, que por ejemplo en el caso de Ucrania, sigue a la mayoría en vez de iniciar estrategias originales. A su vez, dicha falta de autonomía se puede observar también en el plano doméstico: acciones del gobierno como el manejo de la pandemia han sido coordinadas en su gran mayoría por Bruselas en vez de la política doméstica.

Un área que no logró recuperarse fue “eficiencia de recursos”. Ni la pandemia ni la guerra en Ucrania fueron contextos oportunos para mejorar la eficiencia, especialmente por los esquemas de subsidio al sistema de salud y a los sectores afectados, y luego a los precios de la energía. La capacidad de dirección, que sigue siendo opacada por el clientelismo y batallas internas, tampoco se recuperó, y está de cierta forma delegada a Bruselas, ya que la prioridad actual es la (por ahora débil) implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia. 

Trinidad Coscolla

Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad del CEMA y voluntaria de CADAL.