El mayor «interés nacional» de un país democrático debe ser la defensa de la dignidad humana por encima de los beneficios económicos o intereses geopolíticos. El realismo político puede incluir el mantener relaciones diplomáticas oficiales, incluyendo los intercambios comerciales y la asistencia consular en estados autocráticos, pero nunca se debe dejar de brindar reconocimiento, apoyo y protección a quienes en contextos dictatoriales promueven los derechos humanos universales.

Por Gabriel C. Salvia

La invasión y ataque militar de Rusia a Ucrania es en parte el resultado de la complacencia internacional con el régimen autocrático de Vladimir Putin. La historia demuestra que de los dictadores siempre se puede esperar lo peor y en el caso de Putin ya existían precedentes. Por eso, más que invitar a Putin a legitimarse en encuentros como la Cumbre del G20, hay que comprometerse con quienes en Rusia promueven pacíficamente los derechos humanos y la apertura política. Y lo propio aplicarse a otras autocracias.

Los derechos humanos son universales y, por ende, la democracia es un derecho universal, mal que les pese a quienes desde la derecha e izquierda pretenden relativizarlos y así justificar regímenes de esclavitud política. Es decir, las libertades civiles y políticas reconocidas principalmente en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de la declaración adoptada el 10 de diciembre de 1948 son derechos humanos universales, para quienes viven en Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Arabia Saudita, China, Rusia y cualquier país o territorio del mundo. Y la experiencia demuestra que los países democráticos, que garantizan dichos derechos, a pesar de sus diferencias entre ellos conviven pacíficamente y resuelven sus controversias por la vía diplomática.

Se trata de tomarse en serio lo establecido en la Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada en 1997 por la Unión Interparlamentaria Mundial, que en su artículo 3 establece que “Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es también el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo”. Los países del mundo que garantizan lo establecido en este artículo no por casualidad son los que el Índice de Democracia, publicado por The Economist, califica como democracias plenas y al mismo tiempo los que atraen mayor flujo de inmigrantes. En dicho índice Rusia califica como autocracia.

A su vez, el artículo 12 de la mencionada Declaración establece que “el elemento clave del ejercicio de la democracia es la celebración a intervalos periódicos de elecciones libres y justas, que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de modo que todos los votantes puedan elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia, que estimulen la competencia política. Por ello, los derechos civiles y políticos son primordiales, y en particular entre ellos, los derechos a votar y ser elegido, los derechos de libertad de expresión y reunión, el acceso a la información y el derecho a organizar partidos políticos y realizar actividades políticas”.

Está claro que tanto Rusia como China, Arabia Saudita, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países con gobiernos autocráticos no cumplen con lo establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal sobre la Democracia y por lo tanto no corresponde que los países que lo respetan les otorguen igualdad de trato a autoridades que carecen de legitimidad democrática. Esto último ha motivado la adopción de cláusulas democráticas, principalmente en América Latina, aunque se han convertido en letra muerta y sin embargo muchos países democráticos de la región conviven con las autocracias sin cuestionárselo, como sucede en la CELAC.

Ahora, si el camino hacia la paz mundial depende de la globalización de la democracia, entonces los países con gobiernos surgidos en base a los estándares del artículo 12 de la Declaración Universal sobre la Democracia tienen que adoptar la solidaridad democrática internacional como un eje fundamental de su política exterior en derechos humanos y hacerlo sin doble estándar.

Y aquí aplica una de las disposiciones más avanzadas en la materia. Se trata del artículo 27 de la Declaración Universal sobre la Democracia, referido a su dimensión internacional: "Una democracia debe defender los principios democráticos en las relaciones internacionales. En ese sentido, las democracias deben abstenerse de toda conducta no democrática, expresar su solidaridad con los gobiernos democráticos y los actores no estatales, como son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos, y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en regímenes no democráticos". Este es uno de los motivos que fundamenta el apoyo a Ucrania, país democrático víctima de la agresión armada de una autocracia.  

Pero sin embargo varios países democráticos han evitado condenar la criminal invasión militar rusa, priorizando a los intereses económicos o geopolíticos y escudándose en el “interés nacional”. Actúan como si nada hubiesen aprendido de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y los motivos que fundamentaron el adoptar una declaración universal de derechos humanos.

El mayor “interés nacional” de un país democrático debe ser la defensa de la dignidad humana por encima de los beneficios económicos o intereses geopolíticos. El realismo político puede incluir el mantener relaciones diplomáticas oficiales, incluyendo los intercambios comerciales y la asistencia consular en estados autocráticos, pero nunca se debe dejar de brindar reconocimiento, apoyo y protección a quienes en contextos dictatoriales promueven los derechos humanos universales.

Es que si verdaderamente se desea la paz mundial, en lugar de coquetear con las dictaduras y esperar ilusoriamente que países como la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping -sin libertad de prensa, estadísticas creíbles y alternancia en el poder- contribuyan en algo a un futuro global mejor; corresponde entonces adoptar un mayor compromiso en la promoción y defensa de la democracia como derecho universal.

De ahí la importancia de la cooperación internacional pública y privada, que proviene principalmente de las democracias desarrolladas que son las que más respetan los derechos humanos y las que cuentan con recursos para tal fin. Y son precisamente las autocracias como las de Rusia y latinoamericanas como Cuba, Nicaragua y Venezuela, las que criminalizan a sus ciudadanos por recibir apoyo del exterior para defender de manera pacífica los derechos humanos y promover la apertura política en sus países. Sobre este punto se hace necesaria una posición internacional contundente en lo que ya ha señalado la ONU: que el acceso a la cooperación internacional es un derecho. Es el derecho, que a pesar del terrorismo de estado, tuvieron las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura militar argentina.

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.