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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
06-04-2021Autoritarismo hegemónico en Camboya: un atropello a los derechos humanos
El decreto más reciente, firmado el 16 de febrero del 2021 por el Primer Ministro, sobre el Establecimiento del National Internet Gateway consiste en la regulación y control de todo el tráfico de internet en Camboya, que se realiza a través de un órgano encargado del monitoreo de la actividad online, que filtra la información con anterioridad a la llegada de la misma a los usuarios de la web. El control permite el bloqueo y la desconexión de cualquier fuente que afecte “la seguridad, los ingresos nacionales, el orden público, la dignidad, la cultura, la tradición y las costumbres”.Por Maia Bornsztein
Desde el golpe de Estado que sufrió el gobierno de Camboya en 1997, que llevó al actual ministro y a su partido al poder, se mantuvieron las autoridades que se observan en la actualidad. El gobierno de Hun Sen instauró un régimen político de autoritarismo competitivo que mantenía las apariencias de un gobierno democrático, mientras escondía por detrás la intencionalidad totalitaria, que se evidenció en las elecciones de 2013 y 2018.
Las elecciones de 2013 fueron caracterizadas por Human Rights Watch como ni libres ni justas. Los mecanismos que empañaron el proceso electoral fueron de diversa índole: problemas como el acceso desigual a los medios de comunicación para los partidos opositores; sesgo pro Cambodian People´s Party (CPP), partido que gobernaba en ese momento y hasta la actualidad, en los aparatos electorales nacionales y locales; la falta de independencia e imparcialidad en los mecanismos de resolución; manipulación de los votos que incluyó votos fantasma y una exclusión de la oposición; la promoción de la campaña electoral del CPP por las fuerzas de seguridad y oficiales; y la utilización política de cargos criminales como táctica de competencia política. La oposición debió actuar en un ambiente colmado de amenazas, hostigamiento, e intimidación, impidiendo su organización, el reclutamiento de sus miembros y candidatos, y la llegada a los votantes.
A pesar de todos los problemas, lo llamativo del proceso electoral fueron sus resultados. Contra lo previsto por Hun Sen, su partido habría alcanzado una mayoría de 49% los votos, mientras el partido opositor del CNRP habría obtenido el 44% de los votos, tomando sorpresivamente 55 bancas de las 123 que forman la Asamblea Nacional. Resultó un gran impacto para Hun Sen, quien no esperaba que las elecciones del 2013 se convirtieran en un acontecimiento decisivo para la continuidad de su gobierno. A partir del suceso, el partido comenzó una campaña represiva con el objetivo de asegurarse que no habría nuevas sorpresas y garantizar su triunfo en las elecciones nacionales de julio del 2018. Para prevenir la victoria de su opositor del Cambodia National Rescue Party (CNRP), llevó a cabo prácticas como arrestos arbitrarios y otros abusos de derechos, hasta que acabó disolviendo el partido.
Las elecciones del 2018 representaron un quiebre en la política camboyana, dejando traslucir el desplazamiento del régimen político de un autoritarismo competitivo, hacia un autoritarismo hegemónico. Según Human Rights Watch, las elecciones nacionales negaron a los camboyanos su derecho internacionalmente protegido de elegir a sus gobernadores, incumpliendo el objetivo principal de las elecciones democráticas. En adición a los problemas que existieron en las elecciones anteriores, y a la disolución del CNRP, se sumó la censura en los medios de comunicación independientes, una falta de acceso justo e igualitario a los medios, y leyes represivas y restrictivas de discurso, de asociación, y de asamblea.
La primera ley fue presentada por Hun Sen y aprobada por la Asamblea Nacional del Reino de Camboya en 2015, con el título de “Law on Associations and Non-Governmental Organizations” (LANGO), bajo el pretexto de que era una necesidad del gobierno conocer las fuentes de los recursos económicos que fundan las Organizaciones No Gubernamentales, porque querían asegurarse de que los fondos no derivaran de grupos terroristas. La Ley consiste entonces en la fijación de un registro de requerimientos para las ONGs domésticas e internacionales, a cargo del Ministerio del Interior y organismos internacionales subordinados al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que incluye la obligación de reportar las actividades y las finanzas de las asociaciones y organizaciones. Human Rights Watch explica a la LANGO como parte del proceso de reducción del espacio democrático camboyano, a través de leyes represivas como ésta, con el objetivo de restringir y silenciar arbitrariamente las actividades de las organizaciones de derechos humanos.
Desde la adopción de LANGO, las ONGs han experimentado conductas abusivas por parte de las autoridades gubernamentales, como la exigencia de permisos para realizar actividades con el objetivo de evitar el desarrollo de eventos, el cierre de grupos independientes o la negación a su registro por razones indefinidas o descritas como “neutralidad política”, y la interferencia de autoridades locales y policiales en las reuniones privadas tomando fotos, incomodando e intimidando con su presencia. Un ejemplo fue el caso de la suspensión de actividades de Equitable Cambodia en septiembre de 2017, bajo aplicación de la LANGO a una de las mayores ONGs encargadas de la defensa de los derechos locales territoriales del país. Sus actividades lograron reanudarse en febrero de 2018, entretanto, miembros de la organización fueron acusados con cargos falsos y difamados por la Corte Municipal de Phnom Penh. Otro ejemplo reciente fue la detención arbitraria de tres activistas ambientales pertenecientes a la organización Mother Nature Cambodia, encargada de la difusión de información sobre la tala de maderas a gran escala en el Lago Boeung Tamok, bajo el cargo de “ incitación a causar un delito grave, o a causar malestar social”.
La segunda ley aprobada por el gobierno en el 2018, es una enmienda a los artículos 34 y 42 de la Constitución de Camboya, para seguir profundizando las restricciones a la libertad de asociación. La Ley de Partidos Políticos permite la disolución arbitraria de las los partidos políticos y la proscripción de los líderes partidarios sin el debido proceso. El gobierno sostuvo la aprobación de la Ley en el fundamento de que existía una necesidad de que cada camboyano defendiese su tierra natal, y que otorgara las facultades al gobierno para tomar acción frente a los partidos políticos que no tuvieran como objetivo principal al país y a sus intereses nacionales. Por lo que, en julio de 2018, Hun Sen aprovechó las facultades que le otorgaba la Ley para disolver al partido opositor del CNRP, y suspender los derechos políticos de sus 118 representantes por cinco años, bajo la acusación de que tramaban una “revolución de color” para desplazar al gobierno oficial. En este contexto, Sam Rainsy, fundador del CNRP, debió exiliarse para evitar amenazas de procesamiento y penas de prisión pendientes.
En tercer lugar, el decreto más reciente, firmado el 16 de febrero del 2021 por el Primer Ministro, sobre el Establecimiento del National Internet Gateway consiste en la regulación y control de todo el tráfico de internet en Camboya, que se realiza a través de un órgano encargado del monitoreo de la actividad online, que filtra la información con anterioridad a la llegada de la misma a los usuarios de la web. El control permite el bloqueo y la desconexión de cualquier fuente que afecte “la seguridad, los ingresos nacionales, el orden público, la dignidad, la cultura, la tradición y las costumbres”. Al ser una calificación vaga, no establece límites claros, habilitando la arbitrariedad y el abuso en los derechos de los usuarios. El decreto efectuará una disminución en las comunicaciones online, generando autocensura dentro de las voces críticas y de los medios independientes que temerán por su integridad frente a la arbitrariedad de las sanciones, el arresto, la persecución, y el hostigamiento.
La situación de los derechos humanos en Camboya es grave e involuciona por el camino del deterioro hacia una mayor profundidad. En simultáneo, las disputas por el dominio de influencia de las potencias mundiales en la región de Asia, genera que continúe creciendo el respaldo económico y político de la República Popular China a Camboya. Con el argumento de que existe una buena relación de vecindad con Camboya, y porque avala la misión del gobierno de “salvaguardar la seguridad internacional y la estabilidad”, el gobierno chino hace declaraciones públicas y donaciones millonarias que alimentan el desincentivo del gobierno camboyano a cumplir con los estándares de derechos humanos exigidos por Occidente, particularmente por Estados Unidos, su antiguo mayor beneficiario.
En cuanto a las tres leyes expuestas, representan una violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el cual el gobierno de Camboya está obligado, dado que protege los derechos de libertad de expresión e información, y el derecho a la privacidad. La legislación represiva reduce los canales políticos y democráticos, coartando la libertad de expresión de la sociedad e impidiendo el trabajo de grupos activistas, organizaciones internacionales, y medios independientes, únicas fuentes de acceso a información abierta y confiable. El gobierno camboyano debería dejar de considerar a los grupos de activistas como una amenaza y comenzar a percibirlos como socios en el progreso de Camboya.
En cuanto a la legislación más reciente, en vistas a las elecciones de 2022, el decreto que restringe la libertad en internet advierte que el estado de los derechos humanos es alarmante, dado que el ámbito digital es uno de los últimos espacios libres de la sociedad civil en ser sometidos por el gobierno, uno de los últimos escalones para llegar a un régimen explícitamente no libre. Por lo que el régimen de Camboya en cuanto un autoritarismo hegemónico, escala en su nivel de negación de los derechos humanos que cada vez preocupa más al mundo.
Maia BornszteinVoluntaria de CADAL
Desde el golpe de Estado que sufrió el gobierno de Camboya en 1997, que llevó al actual ministro y a su partido al poder, se mantuvieron las autoridades que se observan en la actualidad. El gobierno de Hun Sen instauró un régimen político de autoritarismo competitivo que mantenía las apariencias de un gobierno democrático, mientras escondía por detrás la intencionalidad totalitaria, que se evidenció en las elecciones de 2013 y 2018.
Las elecciones de 2013 fueron caracterizadas por Human Rights Watch como ni libres ni justas. Los mecanismos que empañaron el proceso electoral fueron de diversa índole: problemas como el acceso desigual a los medios de comunicación para los partidos opositores; sesgo pro Cambodian People´s Party (CPP), partido que gobernaba en ese momento y hasta la actualidad, en los aparatos electorales nacionales y locales; la falta de independencia e imparcialidad en los mecanismos de resolución; manipulación de los votos que incluyó votos fantasma y una exclusión de la oposición; la promoción de la campaña electoral del CPP por las fuerzas de seguridad y oficiales; y la utilización política de cargos criminales como táctica de competencia política. La oposición debió actuar en un ambiente colmado de amenazas, hostigamiento, e intimidación, impidiendo su organización, el reclutamiento de sus miembros y candidatos, y la llegada a los votantes.
A pesar de todos los problemas, lo llamativo del proceso electoral fueron sus resultados. Contra lo previsto por Hun Sen, su partido habría alcanzado una mayoría de 49% los votos, mientras el partido opositor del CNRP habría obtenido el 44% de los votos, tomando sorpresivamente 55 bancas de las 123 que forman la Asamblea Nacional. Resultó un gran impacto para Hun Sen, quien no esperaba que las elecciones del 2013 se convirtieran en un acontecimiento decisivo para la continuidad de su gobierno. A partir del suceso, el partido comenzó una campaña represiva con el objetivo de asegurarse que no habría nuevas sorpresas y garantizar su triunfo en las elecciones nacionales de julio del 2018. Para prevenir la victoria de su opositor del Cambodia National Rescue Party (CNRP), llevó a cabo prácticas como arrestos arbitrarios y otros abusos de derechos, hasta que acabó disolviendo el partido.
Las elecciones del 2018 representaron un quiebre en la política camboyana, dejando traslucir el desplazamiento del régimen político de un autoritarismo competitivo, hacia un autoritarismo hegemónico. Según Human Rights Watch, las elecciones nacionales negaron a los camboyanos su derecho internacionalmente protegido de elegir a sus gobernadores, incumpliendo el objetivo principal de las elecciones democráticas. En adición a los problemas que existieron en las elecciones anteriores, y a la disolución del CNRP, se sumó la censura en los medios de comunicación independientes, una falta de acceso justo e igualitario a los medios, y leyes represivas y restrictivas de discurso, de asociación, y de asamblea.
La primera ley fue presentada por Hun Sen y aprobada por la Asamblea Nacional del Reino de Camboya en 2015, con el título de “Law on Associations and Non-Governmental Organizations” (LANGO), bajo el pretexto de que era una necesidad del gobierno conocer las fuentes de los recursos económicos que fundan las Organizaciones No Gubernamentales, porque querían asegurarse de que los fondos no derivaran de grupos terroristas. La Ley consiste entonces en la fijación de un registro de requerimientos para las ONGs domésticas e internacionales, a cargo del Ministerio del Interior y organismos internacionales subordinados al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que incluye la obligación de reportar las actividades y las finanzas de las asociaciones y organizaciones. Human Rights Watch explica a la LANGO como parte del proceso de reducción del espacio democrático camboyano, a través de leyes represivas como ésta, con el objetivo de restringir y silenciar arbitrariamente las actividades de las organizaciones de derechos humanos.
Desde la adopción de LANGO, las ONGs han experimentado conductas abusivas por parte de las autoridades gubernamentales, como la exigencia de permisos para realizar actividades con el objetivo de evitar el desarrollo de eventos, el cierre de grupos independientes o la negación a su registro por razones indefinidas o descritas como “neutralidad política”, y la interferencia de autoridades locales y policiales en las reuniones privadas tomando fotos, incomodando e intimidando con su presencia. Un ejemplo fue el caso de la suspensión de actividades de Equitable Cambodia en septiembre de 2017, bajo aplicación de la LANGO a una de las mayores ONGs encargadas de la defensa de los derechos locales territoriales del país. Sus actividades lograron reanudarse en febrero de 2018, entretanto, miembros de la organización fueron acusados con cargos falsos y difamados por la Corte Municipal de Phnom Penh. Otro ejemplo reciente fue la detención arbitraria de tres activistas ambientales pertenecientes a la organización Mother Nature Cambodia, encargada de la difusión de información sobre la tala de maderas a gran escala en el Lago Boeung Tamok, bajo el cargo de “ incitación a causar un delito grave, o a causar malestar social”.
La segunda ley aprobada por el gobierno en el 2018, es una enmienda a los artículos 34 y 42 de la Constitución de Camboya, para seguir profundizando las restricciones a la libertad de asociación. La Ley de Partidos Políticos permite la disolución arbitraria de las los partidos políticos y la proscripción de los líderes partidarios sin el debido proceso. El gobierno sostuvo la aprobación de la Ley en el fundamento de que existía una necesidad de que cada camboyano defendiese su tierra natal, y que otorgara las facultades al gobierno para tomar acción frente a los partidos políticos que no tuvieran como objetivo principal al país y a sus intereses nacionales. Por lo que, en julio de 2018, Hun Sen aprovechó las facultades que le otorgaba la Ley para disolver al partido opositor del CNRP, y suspender los derechos políticos de sus 118 representantes por cinco años, bajo la acusación de que tramaban una “revolución de color” para desplazar al gobierno oficial. En este contexto, Sam Rainsy, fundador del CNRP, debió exiliarse para evitar amenazas de procesamiento y penas de prisión pendientes.
En tercer lugar, el decreto más reciente, firmado el 16 de febrero del 2021 por el Primer Ministro, sobre el Establecimiento del National Internet Gateway consiste en la regulación y control de todo el tráfico de internet en Camboya, que se realiza a través de un órgano encargado del monitoreo de la actividad online, que filtra la información con anterioridad a la llegada de la misma a los usuarios de la web. El control permite el bloqueo y la desconexión de cualquier fuente que afecte “la seguridad, los ingresos nacionales, el orden público, la dignidad, la cultura, la tradición y las costumbres”. Al ser una calificación vaga, no establece límites claros, habilitando la arbitrariedad y el abuso en los derechos de los usuarios. El decreto efectuará una disminución en las comunicaciones online, generando autocensura dentro de las voces críticas y de los medios independientes que temerán por su integridad frente a la arbitrariedad de las sanciones, el arresto, la persecución, y el hostigamiento.
La situación de los derechos humanos en Camboya es grave e involuciona por el camino del deterioro hacia una mayor profundidad. En simultáneo, las disputas por el dominio de influencia de las potencias mundiales en la región de Asia, genera que continúe creciendo el respaldo económico y político de la República Popular China a Camboya. Con el argumento de que existe una buena relación de vecindad con Camboya, y porque avala la misión del gobierno de “salvaguardar la seguridad internacional y la estabilidad”, el gobierno chino hace declaraciones públicas y donaciones millonarias que alimentan el desincentivo del gobierno camboyano a cumplir con los estándares de derechos humanos exigidos por Occidente, particularmente por Estados Unidos, su antiguo mayor beneficiario.
En cuanto a las tres leyes expuestas, representan una violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el cual el gobierno de Camboya está obligado, dado que protege los derechos de libertad de expresión e información, y el derecho a la privacidad. La legislación represiva reduce los canales políticos y democráticos, coartando la libertad de expresión de la sociedad e impidiendo el trabajo de grupos activistas, organizaciones internacionales, y medios independientes, únicas fuentes de acceso a información abierta y confiable. El gobierno camboyano debería dejar de considerar a los grupos de activistas como una amenaza y comenzar a percibirlos como socios en el progreso de Camboya.
En cuanto a la legislación más reciente, en vistas a las elecciones de 2022, el decreto que restringe la libertad en internet advierte que el estado de los derechos humanos es alarmante, dado que el ámbito digital es uno de los últimos espacios libres de la sociedad civil en ser sometidos por el gobierno, uno de los últimos escalones para llegar a un régimen explícitamente no libre. Por lo que el régimen de Camboya en cuanto un autoritarismo hegemónico, escala en su nivel de negación de los derechos humanos que cada vez preocupa más al mundo.
