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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
27-05-2021Crisis de los rohingyas: una minoría a la deriva frente a una región indiferente
La situación que atraviesan los rohingyas es urgente. Los barcos que se hallan en las costas aguardando ser recibidos por algún país se encuentran en peligro, y es necesaria la reunión de esfuerzos coordinados para el rescate de los barcos, su arribo a puerto seguro, y el suministro de ayuda humanitaria. Mientras que la solución que brindan los países de la ASEAN es el retorno a Myanmar o la relocación en terceros países, el gobierno de Myanmar continúa sin responder a las acusaciones de abusos y a la falta de cooperación internacional.Por Maia Bornsztein
Myanmar es un Estado multiétnico y multireligioso: el 87.9% de la población practica el budismo, mientras una minoría del 4.3% son musulmanes, entre los que se encuentra la etnia rohingya. Desde la independencia del Estado en 1948, los rohingyas son una minoría musulmana apátrida de aproximadamente 1.2 millones de personas, cuya radicación se concentraba en el norte del Estado de Rakhine, al oeste del territorio de Myanmar. Cabe destacar que la falta de nacionalidad es lo que genera un marco de institucionalidad para su trato como ciudadanos de segunda clase, la prohibición de sus prácticas religiosas, y restricciones sobre su circulación. La represión a su forma de vida ha ido en aumento: en 2017 se produjo el último estallido de violencia que obligó a miles de personas a huir del país en búsqueda de protección, ante los abusos masivos de las fuerzas de seguridad. El exilio de los rohingyas se tradujo en una problemática que afecta a la región y que se ha incrementado a partir de las restricciones y emergencias producidas por la pandemia de COVID-19.
En Tailandia, se estima que existen campos de refugiados para cerca de 92000 personas, las cuales en su mayoría provienen de Myanmar. Actualmente, dado el último golpe militar en Myanmar en febrero de 2021, se cree que han intentado emigrar a Tailandia cerca de 3000 rohingyas. En Tailandia, mayoritariamente budista, el trato que reciben los rohingyas fue calificado por Human Rights Watch en el 2020 como “inhumano” ya que no cuentan con la posibilidad de ser reconocidos con el estatus de refugiados, y son objeto de detenciones arbitrarias. Son identificados como ”inmigrantes ilegales”, a los que se les niega la posibilidad de trabajo, al igual que a cualquier otra persona proveniente de Myanmar. En 2019, el Primer Ministro, Prayut Chan-o-cha, se refirió a los rohingyas con declaraciones hostiles y discriminatorias en un discurso público, haciendo énfasis en la aparente diferencia que existe entre los ciudadanos tailandeses y ellos, fundamentando la falta de acogimiento en el país.
Para el Primer Ministro, la solución a la crisis de los rohingyas que buscan ser asilados en distintos países, es el ejercicio de presión sobre el gobierno de Myanmar para terminar con la violación de los derechos humanos en su territorio. La negativa a recibir a los refugiados, la falta de reconocimiento sobre la difícil situación que viven, y el agravamiento de su sufrimiento, revela que el gobierno tailandés ha optado por un papel débil en la lucha contra el éxodo de los rohingyas.
En el caso de Malasia, el 60% de la población es musulamana; aunque el Islam es la religión oficial, la Constitución Nacional reconoce la libertad religiosa. El Islam es una parte esencial de la cultura malaya, lo que hace que generalmente se aplique la Sharia o Ley islámica para resolver conflictos o diferencias familiares. Por lo que no sorprende que, a pesar de no haber firmado el Estatuto de los Refugiados ni el Protocolo Relacionado al Estatus de los Refugiados, los rohingyas que arribaron al país obtuvieron albergue y buen trato por parte de las autoridades, albergando a más de 100.000 de ellos . Pero el panorama cambió desde el 1° de mayo de 2020 cuando el gobierno de Malasia reportó un control fronterizo intensivo debido al riesgo de propagación de Covid-19 que se extendió también al trato que reciben los extranjeros. Se le negó el ingreso a los rohingyas al territorio, y a los refugiados que se encontraban allí con anterioridad se los considera como “criminales” y se busca que sean nuevamente devueltos a Myanmar, violando así lo establecido por el derecho internacional que determina que nadie debe verse en la obligación de retornar a un lugar donde su vida o su libertad se encontraran en riesgo.
Durante el 2020, el Primer Ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin realizó un pedido a Vietnam, presidente de la ASEAN en ese año, para que asumiera un rol más protagónico en el cubrimiento de la crisis, y anunció ante sus miembros que no cuenta con los recursos y las capacidades para acoger a los rohingyas que buscan asilo, dado que sus esfuerzos están enfocados en el combate de la pandemia. Este último es uno de los factores que más daños está causando en el trato hacia los rohingyas, considerados como “extranjeros objetos de ira que son acusados de propagar el virus y absorber los escasos fondos estatales”. En esta situación, el gobierno de Malasia realizó un pedido urgente a la ACNUR para acelerar la repoblación de los rohingyas en su territorio hacia terceros países, además de tomar ventaja de la coyuntura internacional para compartir la responsabilidad sobre la crisis migratoria de manera regional e internacional. Esto demuestra las limitaciones de la agenda global de solidaridad musulmana frente a los etnonacionalismos y los intereses locales como prioridad.
A diferencia de Tailandia y Malasia, el gobierno de Indonesia provee un trato justo y generoso sobre el otorgamiento de asilo temporal a los refugiados en el territorio, aunque no permite su integración local. Indonesia protege a los refugiados hasta que sea posible su retorno a Myanmar, siempre y cuando su regreso sea seguro, o hasta que sean acogidos por terceros países. A la luz de los hechos, se observa que Indonesia posee un rol activo en la cuestión, y que reclama al gobierno de Myanmar el asentamiento de condiciones seguras para el retorno de los miles de musulmanes rohingyas que se refugian fuera del país.
Con el inicio de la pandemia y el cierre de fronteras, los refugiados se encontraron a la deriva, en una situación extremadamente crítica, donde la única nación que recibía embarcaciones con refugiados y se encargaba de ellos era Indonesia. La Organización Internacional para las Migraciones estima que durante el 2020, fueron 395 refugiados rohingyas, entre hombres, mujeres, niños, y niñas, los que alcanzaron la costa de Indonesia en embarcaciones precarias, que hicieron que más de 30 personas perecieran en el camino. La problemática intenta resolverse a partir de las reuniones que realiza la ASEAN, en las que los países afectados se pronuncian bajo el principio general de convivencia en Asia de no interferencia en asuntos internos, donde los países se limitan a criticar a Myanmar por su mal manejo de la crisis migratoria, sin ocupar un lugar real en su resolución. Los países musulmanes de la ASEAN se desentienden del tema fundamentándose en el combate de la pandemia, consintiendo que Indonesia asuma toda la responsabilidad en la asistencia a una crisis que discrimina personas de religión musulmana, y dejando traslucir que la fidelidad musulmana que unifica países bajo una misma voz, no traspasa fronteras.
La situación que atraviesan los rohingyas es urgente. Los barcos que se hallan en las costas aguardando ser recibidos por algún país se encuentran en peligro, y es necesaria la reunión de esfuerzos coordinados para el rescate de los barcos, su arribo a puerto seguro, y el suministro de ayuda humanitaria. Mientras que la solución que brindan los países de la ASEAN es el retorno a Myanmar o la relocación en terceros países, el gobierno de Myanmar continúa sin responder a las acusaciones de abusos y a la falta de cooperación internacional. Con el conocimiento de la situación política y social a la que se enfrentan en el país, la no interferencia en asuntos internos entre países de Asia se pone en cuestión cuando la región no tolera nuevas oleadas migratorias, mucho menos en medio de una pandemia que presiona la capacidad de los gobiernos de proteger a su población del Covid-19, y que refuerza sus fronteras frente a lo que aparenta ser la amenaza de lo extranjero.
Maia BornszteinVoluntaria de CADAL
Myanmar es un Estado multiétnico y multireligioso: el 87.9% de la población practica el budismo, mientras una minoría del 4.3% son musulmanes, entre los que se encuentra la etnia rohingya. Desde la independencia del Estado en 1948, los rohingyas son una minoría musulmana apátrida de aproximadamente 1.2 millones de personas, cuya radicación se concentraba en el norte del Estado de Rakhine, al oeste del territorio de Myanmar. Cabe destacar que la falta de nacionalidad es lo que genera un marco de institucionalidad para su trato como ciudadanos de segunda clase, la prohibición de sus prácticas religiosas, y restricciones sobre su circulación. La represión a su forma de vida ha ido en aumento: en 2017 se produjo el último estallido de violencia que obligó a miles de personas a huir del país en búsqueda de protección, ante los abusos masivos de las fuerzas de seguridad. El exilio de los rohingyas se tradujo en una problemática que afecta a la región y que se ha incrementado a partir de las restricciones y emergencias producidas por la pandemia de COVID-19.
En Tailandia, se estima que existen campos de refugiados para cerca de 92000 personas, las cuales en su mayoría provienen de Myanmar. Actualmente, dado el último golpe militar en Myanmar en febrero de 2021, se cree que han intentado emigrar a Tailandia cerca de 3000 rohingyas. En Tailandia, mayoritariamente budista, el trato que reciben los rohingyas fue calificado por Human Rights Watch en el 2020 como “inhumano” ya que no cuentan con la posibilidad de ser reconocidos con el estatus de refugiados, y son objeto de detenciones arbitrarias. Son identificados como ”inmigrantes ilegales”, a los que se les niega la posibilidad de trabajo, al igual que a cualquier otra persona proveniente de Myanmar. En 2019, el Primer Ministro, Prayut Chan-o-cha, se refirió a los rohingyas con declaraciones hostiles y discriminatorias en un discurso público, haciendo énfasis en la aparente diferencia que existe entre los ciudadanos tailandeses y ellos, fundamentando la falta de acogimiento en el país.
Para el Primer Ministro, la solución a la crisis de los rohingyas que buscan ser asilados en distintos países, es el ejercicio de presión sobre el gobierno de Myanmar para terminar con la violación de los derechos humanos en su territorio. La negativa a recibir a los refugiados, la falta de reconocimiento sobre la difícil situación que viven, y el agravamiento de su sufrimiento, revela que el gobierno tailandés ha optado por un papel débil en la lucha contra el éxodo de los rohingyas.
En el caso de Malasia, el 60% de la población es musulamana; aunque el Islam es la religión oficial, la Constitución Nacional reconoce la libertad religiosa. El Islam es una parte esencial de la cultura malaya, lo que hace que generalmente se aplique la Sharia o Ley islámica para resolver conflictos o diferencias familiares. Por lo que no sorprende que, a pesar de no haber firmado el Estatuto de los Refugiados ni el Protocolo Relacionado al Estatus de los Refugiados, los rohingyas que arribaron al país obtuvieron albergue y buen trato por parte de las autoridades, albergando a más de 100.000 de ellos . Pero el panorama cambió desde el 1° de mayo de 2020 cuando el gobierno de Malasia reportó un control fronterizo intensivo debido al riesgo de propagación de Covid-19 que se extendió también al trato que reciben los extranjeros. Se le negó el ingreso a los rohingyas al territorio, y a los refugiados que se encontraban allí con anterioridad se los considera como “criminales” y se busca que sean nuevamente devueltos a Myanmar, violando así lo establecido por el derecho internacional que determina que nadie debe verse en la obligación de retornar a un lugar donde su vida o su libertad se encontraran en riesgo.
Durante el 2020, el Primer Ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin realizó un pedido a Vietnam, presidente de la ASEAN en ese año, para que asumiera un rol más protagónico en el cubrimiento de la crisis, y anunció ante sus miembros que no cuenta con los recursos y las capacidades para acoger a los rohingyas que buscan asilo, dado que sus esfuerzos están enfocados en el combate de la pandemia. Este último es uno de los factores que más daños está causando en el trato hacia los rohingyas, considerados como “extranjeros objetos de ira que son acusados de propagar el virus y absorber los escasos fondos estatales”. En esta situación, el gobierno de Malasia realizó un pedido urgente a la ACNUR para acelerar la repoblación de los rohingyas en su territorio hacia terceros países, además de tomar ventaja de la coyuntura internacional para compartir la responsabilidad sobre la crisis migratoria de manera regional e internacional. Esto demuestra las limitaciones de la agenda global de solidaridad musulmana frente a los etnonacionalismos y los intereses locales como prioridad.
A diferencia de Tailandia y Malasia, el gobierno de Indonesia provee un trato justo y generoso sobre el otorgamiento de asilo temporal a los refugiados en el territorio, aunque no permite su integración local. Indonesia protege a los refugiados hasta que sea posible su retorno a Myanmar, siempre y cuando su regreso sea seguro, o hasta que sean acogidos por terceros países. A la luz de los hechos, se observa que Indonesia posee un rol activo en la cuestión, y que reclama al gobierno de Myanmar el asentamiento de condiciones seguras para el retorno de los miles de musulmanes rohingyas que se refugian fuera del país.
Con el inicio de la pandemia y el cierre de fronteras, los refugiados se encontraron a la deriva, en una situación extremadamente crítica, donde la única nación que recibía embarcaciones con refugiados y se encargaba de ellos era Indonesia. La Organización Internacional para las Migraciones estima que durante el 2020, fueron 395 refugiados rohingyas, entre hombres, mujeres, niños, y niñas, los que alcanzaron la costa de Indonesia en embarcaciones precarias, que hicieron que más de 30 personas perecieran en el camino. La problemática intenta resolverse a partir de las reuniones que realiza la ASEAN, en las que los países afectados se pronuncian bajo el principio general de convivencia en Asia de no interferencia en asuntos internos, donde los países se limitan a criticar a Myanmar por su mal manejo de la crisis migratoria, sin ocupar un lugar real en su resolución. Los países musulmanes de la ASEAN se desentienden del tema fundamentándose en el combate de la pandemia, consintiendo que Indonesia asuma toda la responsabilidad en la asistencia a una crisis que discrimina personas de religión musulmana, y dejando traslucir que la fidelidad musulmana que unifica países bajo una misma voz, no traspasa fronteras.
La situación que atraviesan los rohingyas es urgente. Los barcos que se hallan en las costas aguardando ser recibidos por algún país se encuentran en peligro, y es necesaria la reunión de esfuerzos coordinados para el rescate de los barcos, su arribo a puerto seguro, y el suministro de ayuda humanitaria. Mientras que la solución que brindan los países de la ASEAN es el retorno a Myanmar o la relocación en terceros países, el gobierno de Myanmar continúa sin responder a las acusaciones de abusos y a la falta de cooperación internacional. Con el conocimiento de la situación política y social a la que se enfrentan en el país, la no interferencia en asuntos internos entre países de Asia se pone en cuestión cuando la región no tolera nuevas oleadas migratorias, mucho menos en medio de una pandemia que presiona la capacidad de los gobiernos de proteger a su población del Covid-19, y que refuerza sus fronteras frente a lo que aparenta ser la amenaza de lo extranjero.
