En el desenvolvimiento del gobierno de Modi frente a las alertas de distintos organismos y organizaciones internacionales, las mismas acaban siendo desestimadas, acusadas de no abarcar temas de importancia, y de ser “falaces, tendenciosos, y estar motivados políticamente”. Lejos de tener una participación activa, el gobierno de Modi evita realizar declaraciones públicas en situaciones donde los derechos humanos se encuentran vulnerados y la opinión de la India tiene peso, esquivando la responsabilidad que implica el protagonismo en dicha agenda.

Por Maia Bornsztein

India es una república federal que se ubica en el subcontinente asiático limitando con Nepal, Bhután y China en el norte, Sri Lanka en el sur, Pakistán en el oeste, y Myanmar y Bangladesh en el este. Desde su independencia en 1947, la fijación de fronteras para India ha sido conflictiva.

La disputa por la frontera entre China e India surgió a partir de la demarcación realizada por el Imperio británico en el siglo XIX,  que fue adoptada por la India, y luego rechazada por la República Popular China en 1949. Este desacuerdo escaló hasta llegar a una guerra sino-india en 1962, que siguió con enfrentamientos hasta la actualidad, principalmente por el territorio del Tíbet. En cuanto a la frontera entre India y Pakistán,  se decidió dividir el territorio en dos Estados como prevención para conflictos futuros, uno para los musulmanes (Pakistán), y otro para los hindúes (India).  La región de Jammu y Cachemira representaba un conflicto, dado que se encontraba reinada por un Maharajá indio que gobernaba a una mayoría de población musulmana, de ahí es que surge la disputa por el territorio.       

Narendra Modi, primer ministro de la India desde 2014,  pertenece al Partido Popular Indio, de orientación derecha nacionalista y anti-pakistaní, con una fuerte reivindicación al hinduismo. Como menciona el reporte anual de Human Rights Watch (2015), su programa de política exterior se encuentra principalmente dirigido a la reactivación del comercio y las inversiones, además de enfocarse en la cooperación internacional contra el  terrorismo y el lavado de dinero.

  El conflicto fronterizo que protagonizan China e India se debe fundamentalmente a la disputa por gran parte del territorio de Arunachal Pradesh, al sur de la región autónoma del Tíbet. Para la India, el enfrentamiento simboliza una dimensión pasional más que territorial, teniendo en cuenta el trauma generado por la partición nacional que sufrió India con respecto a Pakistán al momento de la independencia, que consistió en la división del territorio, de personas, y de recursos; que costó la vida de centenares de personas y el desplazamiento de millones hacia un lado u otro de la frontera.  Desde 1959, tras el fracaso del levantamiento del Dalai Lama en el Tíbet y su consecuente exilio a la India, se ha convertido en un refugio para tibetanos. Los lazos que unen a la India con el Tíbet son culturales, dada la fuerte influencia hindú en la cultura tibetana, que es reprimida por las autoridades chinas que argumentan que no se respeta la nación. Actualmente, el problema principal es generado por la oposición india a la construcción de la Nueva Ruta de la Seda por parte de China, que acusa de estar violando su soberanía.

El gobierno de Modi se abstiene de adentrarse en un conflicto con China manteniendo los desacuerdos territoriales en el campo diplomático. Como han indicado  los informes de Human Rights Watch de 2015 y 2016, a pesar de no haber ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, India se encuentra receptiva en el acogimiento de refugiados que escapan desde el Tíbet, mientras en declaraciones públicas en reuniones con líderes chinos, omite las menciones sobre el tema de los derechos humanos, optando por focalizar las discusiones en acuerdos comerciales.

En medio de pujas de poder por el control regional y por encarnar un papel acorde a sus ambiciones en el escenario internacional, la alineación entre países como China y Pakistán llevó a que el primero respaldara las denuncias pakistaníes sobre la violación de los derechos humanos en la región de Cachemira, frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019; que siguió con una convocatoria por iniciativa de China a debatir el tema en el Consejo de Seguridad en agosto de 2020.       

India- Pakistán

Por su lado, el conflicto fronterizo entre India y Pakistán se concentra históricamente en el territorio de Jammu y Cachemira, pero hoy en día se centra principalmente en los efectos y las reacciones que causó que la India haya revocado unilateralmente el estatus semiautónomo de Jammu y Cachemira en el 2019. Según el reporte de International Crisis Group (2020), las consecuencias de las últimas acciones que ha tomado la India ha llevado a la eliminación de los derechos exclusivos de los habitantes de Cachemira, como al derecho de la población al inmueble y el acceso a empleos gubernamentales. Incluyendo disposiciones represivas y la detención arbitraria por parte de las autoridades gubernamentales indias hacia políticos locales, y el aislamiento que genera el cese en las comunicaciones por meses. 

A diferencia de la cuestión con China, entre India y Pakistán hay un enfrentamiento abierto que hace que la frontera entre ambos países sea de las más tensionadas y peligrosas del mundo. Como refleja el reporte de Human Rights Watch 2017, la relación entre ambos países se encontraba en  deterioro desde 2016, pero con la decisión india de revocar el estatus especial de Jammu y Cachemira la relación empeoró profundamente. Islamabad degradó sus relaciones diplomáticas con India y expulsó del país al Alto Comisionado de la misión diplomática de India en Pakistán. En julio de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicó una actualización del reporte del año anterior, reflejando una gran preocupación en torno a los abusos de las fuerzas de seguridad estatales y de los grupos armados en ambas zonas de Cachemira, las administradas por India y por Pakistán. También anunció que ninguno de los dos países había tomado medidas de acción concretas para solucionar lo señalado en el reporte, a lo que el gobierno de Modi respondió calificando al reporte como “falso”, que ignoraba los problemas realmente importantes como el terrorismo transnacional y los esfuerzos de desarrollo socioeconómico que se estaban realizando, y solicitó que el reporte no fuese publicado.

La forma de votación con la que India procedió en las resoluciones recientemente adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2020, consistentes en su gran mayoría en abstenciones o votos en contra, nos permite realizar una aproximación de su postura en el sistema internacional con respecto a los derechos humanos. Demuestra una firme oposición a las resoluciones que proponen la intervención externa, dado que para India es percibido como una interferencia en la soberanía del  país; al igual que opta por la abstención en resoluciones que perpetúan el estatus quo, generalmente situaciones en las que se renuevan medidas aprobadas en resoluciones anteriores del Consejo.

Por lo que se concluye que existe una falta de alineación entre la postura que asume el gobierno de Modi en el sistema internacional como débil promotor de derechos humanos, en contraste con la política exterior que practica en sus fronteras. Se observa que, con el tiempo, la cuestión de los derechos humanos pierde relevancia frente a la importancia que cobran los éxitos comerciales y económicos. Entretanto, en el desenvolvimiento del gobierno de Modi frente a las alertas de distintos organismos y organizaciones internacionales, las mismas acaban siendo desestimadas, acusadas de no abarcar temas de importancia, y de ser “falaces, tendenciosos, y estar motivados políticamente”. Lejos de tener una participación activa, el gobierno de Modi evita realizar declaraciones públicas en situaciones donde los derechos humanos se encuentran vulnerados y la opinión de la India tiene peso, esquivando la responsabilidad que implica el protagonismo en dicha agenda. En cambio, se inclina por la priorización de sus relaciones comerciales, tomando una postura de oposición o abstención en su participación en cuestiones internacionales que involucren derechos humanos.

Maia Bornsztein

Voluntaria de CADAL