La toma de decisiones en materia de política exterior basadas más en la afinidad ideológica que en un mayor pragmatismo, podrían tener costos para el país. Situaciones, como la de reconocer a un embajador por sobre otro o apoyar una candidatura en lugar de otra, requieren necesariamente de posiciones definidas, que serán tanto más controversiales cuando se trate de países no democráticos.

Por Alejandro Di Franco

Cumpliéndose un mes desde la asunción de la presidencia, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina ha recibido recientemente críticas sobre algunos de sus posicionamientos externos. A pesar de que las mayores preocupaciones seguramente estén en el frente económico, las relaciones exteriores están demostrando ser mucho más desafiantes de lo que probablemente se creía. La administración parece tironeada de dos lados diferentes, que la complican a la hora de pronunciarse en cuanto a eventos mundiales: por un lado, las propias afinidades políticas de los miembros de su partido, y por el otro, tanto la imagen de querer mostrarse como más moderado, como la necesidad de tener una buena relación con Estados Unidos, vista como esencial para enfrentar el tema de la deuda que tiene el país.

Ante estas presiones bifrontes, la cancillería argentina, al frente de Felipe Solá, ha optado en ocasiones por pronunciarse de manera más cauta y moderada, como lo ha hecho en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, también en los últimos días, ha tomado decisiones en materia de política exterior que han despertado muchas controversias, y parecen guiadas más por el lado ideológico que por la moderación.

Uno de los hechos controversiales ocurrió cuando Argentina –junto a México- se negó a firmar el comunicado del Grupo de Lima que condena “el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión”. En su lugar, la cancillería decidió expresar condena a los actos que redundaron en “un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho”. Esta postura más tibia fue sin embargo, muy criticada por el régimen de Maduro, con Diosdado Cabello expresando que “Nosotros no necesitamos de Argentina ni de su canciller. Ellos verán de qué lado se acomodan, si de los pueblos o de los arrastrados”.

Días más tarde, sin embargo, el gobierno tomó la decisión de dejar de reconocer a la embajadora enviada por Guaidó, Elisa Trotta Gamus, que tan solo días atrás había agradecido a Felipe Solá por el comunicado argentino sobre Venezuela, twitteando: “Agradecemos al Canciller @felipe_sola por su preocupación por los hechos ocurridos hoy en Venezuela. Nuestra lucha es por recuperar la democracia a través de elecciones presidenciales libres, para poner fin a esta crisis humanitaria sin precedentes.”

Según reportó Infobae, esta decisión fue porque la embajadora no tenía “pasaporte diplomático” y porque la misión “no se ajusta a la Convención de Viena”. Argentina, sin embargo, está prácticamente sola en esto, ya que muchos de los países de la región sí reconocen a los embajadores de Guaidó, como es el caso de Orlando Viera Blanco en Canadá, Estados Unidos con Carlos Vecchio o Chile con Guarequena Gutiérrez.

Por otra parte, estando en México el pasado 8 de enero con motivo de la reunión de la CELAC, Solá se reunió con María Fernanda Espinosa, a quien se espera que la Argentina apoye como candidata a Secretaria General de la OEA, contra el titular actual Luis Almagro, apoyado por países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, entre otros. El apoyo a Espinosa fue motivo de polémicas ya que es llamada la “candidata del ALBA”, por sus afinidades ideológicas (se ha referido, por ejemplo, al Che Guevara, Fidel Castro y Hugo Chávez como líderes “ejemplares” que conducen a Latinoamérica “a puerto seguro”). La ex ministra de defensa y de relaciones exteriores de Ecuador y ex presidente de la Asamblea General de la ONU, que no va a ser apoyada por su propio país en la candidatura contra Almagro, es además criticada por actos de corrupción como el de buscar eliminar partes de la investigación del asesinato de Jorge Gabela, que había denunciado la compra irregular de helicópteros por parte del gobierno de Rafael Correa; o el otorgamiento de cédulas de identidad a ciudadanos iraníes con vínculos a organizaciones terroristas.  

Estas acciones han despertado polémicas en un área donde la Argentina no tiene mucho margen para maniobrar. Limitado por una crisis económica a nivel interno, e integrando una región en donde escasean los aliados ideológicos fuertes con los que Argentina podía contar allá por el 2003 cuando Fernández asumió como Jefe de Gabinete  (recordemos que el Grupo Puebla no cuenta con ningún presidente actual, más allá de Fernández), la toma de decisiones en materia de política exterior basadas más en la afinidad ideológica que en un mayor pragmatismo, podrían tener costos para el país. En cuanto al campo de los principios, si bien la “no intervención” puede ser defendida como un axioma noble en materia de relaciones internacionales; muchas situaciones, como la de reconocer a un embajador por sobre otro o apoyar una candidatura en lugar de otra, requieren necesariamente de posiciones definidas, que serán tanto más controversiales cuando se trate de países no democráticos, como ha sucedido recientemente.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.