En el Estado Plurinacional de Bolivia existen causas importantes para ser investigadas, entre ellas: la suspensión y destitución de autoridades democráticamente elegidas, persecución judicial por motivaciones políticas, discriminación política, violencia y acoso político contra la mujer en ejercicio de cargos electivos, suspensión de autoridades judiciales por motivaciones política, y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.

Por Angel Freire

En los últimos años, la tendencia en algunos países latinoamericanos fue el incremento del control social, aumentando las atribuciones del Gobierno y afectando la libertad de prensa.

Este es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia existen causas importantes para ser investigadas, entre ellas: la suspensión y destitución de autoridades democráticamente elegidas, persecución judicial por motivaciones políticas, discriminación política, violencia y acoso político contra la mujer en ejercicio de cargos electivos, suspensión de autoridades judiciales por motivaciones política, y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.

Todo lo anterior contraviene derechos consagrados por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano, en los cuales se presentan casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos sucedidos en el país. Por ejemplo, los organismos de control y justicia no han esclarecido aun estos delitos, como el asesinato de Cristian Urresti Ferrel, ocurrido en Cochabamba en enero de 2007, linchado públicamente por quienes se manifestaban a favor del actual gobierno. Tampoco se ha avanzado en el caso de las muertes de Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo, ocurridas en noviembre de 2007, durante las protestas ocurridas en Sucre, conocido como el “Caso de La Calancha”. Por otro lado, entre los casos emblemáticos de “Acoso y violencia política contra la mujer”, tenemos el de los asesinatos de las Concejalas municipales de Ancoraimes (La Paz) y Guayaramerín (Beni), Juana Quispe y Daguimar Ribera, sucedidos en 2012 y que permanecen impunes, pues no han sido esclarecidos.

Otro caso ocurrido en el departamento del Beni en septiembre de 2011, Represión de Chaparina, del que aún no se ha llegado a determinar quién dio la orden a las fuerzas policiales para proceder con una brutal represión. Pese a los abrumadores indicios de que el entonces ministro de gobierno, Sacha Llorenty, habría sido quien tomó dicha decisión, éste ha sido apartado del proceso, conjuntamente con los altos mandos policiales que tuvieron participación en la intervención.

Otro falta grave de parte del gobierno boliviano es respecto a la libertad de prensa, con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

Esta ley General, aprobada en el año 2011, destina 33% de las frecuencias al sector público, 33% al comercial, 17% al “social comunitario” y 17% a los “pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas”. Las frecuencias comerciales se asignan mediante licitación pública y las sociales comunitarias mediante concurso de proyectos.

La ley establece un plazo para el usufructo de las frecuencias de 15 años, con posibilidad de renovación por 15 años más. La revocación sólo puede producirse por cuestiones formales, en caso de incumplimiento por parte del prestador de los términos del contrato. Dispone además la prohibición de los monopolios, pero deja librado a la reglamentación cuál es el margen de concentración permitido.

El contenido de esta ley está compuesta por 112 artículos que entregan al gobierno el poder para ejercer una influencia excesiva en medios de comunicación, lo que atentaría contra la libertad de expresión y prensa. La Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) reprobó la violación de libertades, la inconstitucionalidad de la ley y el que no hayan tomado en cuenta las indicaciones presentadas por la misma institución sobre el proyecto.

Esta ley obliga, además, a canales y emisoras de radio, a transmitir dos discursos del presidente Morales, uno a principio de año y otro en la mitad de la gestión, en cadena nacional, lo que buscaría informar a la gente sobre los avances del gobierno. No obstante, esto podría transformarse en un espacio legalizado (y gratis) de publicidad para el presidente con el fin de hacer campaña.

Sin ser esto suficiente, el artículo 111 señala que se legalizará la intervención de conversaciones telefónicas en casos de seguridad nacional, amenaza externa o desastres. Esto implica también que los proveedores de telecomunicaciones están obligados a cooperar con las autoridades cuando esto fuese necesario. Este artículo plasmado de ambigüedad, así como también esta nueva ley, dejan un vacío de incertidumbre sobre el futuro de la libertad. No se definen los criterios que se utilizarán, por ejemplo, para discriminar cuales son o no casos de “seguridad nacional”, en incluso podría ser usado como instrumento para perpetrar o acentuar casos de persecución política que parecen ser una práctica cotidiana en el país.

Los acontecimientos que se van dando en el país son muy desalentadores por varias violaciones a los derechos humanos que suceden con frecuencia, conforme a las investigaciones realizadas por distintas instituciones independientes.

Angel Freire