Más de 50.000 personas civiles perdieron la vida, resultaron heridas o quedaron desplazadas como consecuencia del conflicto armado y la violencia generalizada. Todas las partes son responsables de violencias contra la población civil. Al-Shabab es responsable de abusos en las zonas por ellos controlada y de ataques mortales a zonas controladas por el gobierno.

Por Giulia Greppi

Somalia es una república federal parlamentaria cuyo régimen de gobierno es en la actualidad transitorio y sometido a fideicomiso de las Naciones Unidas, la Unión Africana y los Estados Unidos de America. Se estructura a través de las Instituciones Federales Transitorias o de Transición adoptadas en la llamada Carta Federal Transitoria de 2004, resultado de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Nairobi celebrada ese mismo año. Desde febrero 2017, el Presidente de la República es Abdullahi Mohamed y el primer ministro es Hassan Ali Khaire. Los dos son parte de dos clanes distintos, así que el nombramiento fue visto como un “balance” de la situación política somalí. El país se ubicaba en el primer del mundo en materia de corrupción en 2009, según Transparencia Internacional. Y aunque la situación de transparencia mejoró en los últimos años, la posición del país en el ranking mundial ha quedado igual hasta 2016.

Somalia estuvo en guerra con Etiopía entre 1964 y 1987 por los reclamos de autonomía de Ogadén (“Somalilandia etíope”). En 1991 el territorio de Somalilandia, parte de la zona norte, se autodeclaró independiente. La unidad efectiva del Estado desapareció desde entonces, a pesar de las misiones de la ONU y de Estados Unidos. Aparecieron “ministeriados” que causaron la pérdida del reconocimiento internacional. Otras grandes regiones como Puntlandia y Galmudug se han autodeclarado autónomas recientemente, pero no cuentan con reconocimiento internacional.

Un conflicto armado por el poder político y control de los recursos involucra a fuerzas de seguridad, fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), y el grupo armado islamista Al-Shabab.

El Gobierno Federal de Somalia y la AMISOM mantuvieron el poder en las zonas de las regiones del centro y el sur que controlaban. Más de 50.000 personas civiles perdieron la vida, resultaron heridas o quedaron desplazadas como consecuencia del conflicto armado y la violencia generalizada. Todas las partes son responsables de violencias contra la población civil. Al-Shabab es responsable de abusos en las zonas por ellos controlada y de ataques mortales a zonas controladas por el gobierno. Las milicias gubernamentales han cumplido ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias, violencias sexuales y desalojamientos forzados en las mismas zonas. Unos 4,7 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria; 950.000 sufrían inseguridad alimentaria. Se restringió la libertad de expresión: dos periodistas fueron víctimas de homicidio y otros fueron objeto de ataques, hostigamiento o multas. Además, la manipulación de elecciones y la mala coordinación entre autoridades federales y regionales no empujan hacia ningún progreso en las reformas de justicia y seguridad.

La libertad de prensa ha sido reprimida por ambas partes del conflicto en los últimos años. En 2015, el CPJ clasificó a Somalia como uno de los países en los que se investigan menos los asesinatos de periodistas; 10 fueron matados en el país entre 2014 y el día de hoy. Además, 6 periodistas han sobrevivido ataques, y 3 fueron heridos mientras reportaban. Las autoridades del país se han declarado disponibles para detener a los responsables de los ataques, pero los resultados han sido limitados.

“Las autoridades, el público y los militantes están en contra de nosotros. Somos como peces en agua venenosa, podríamos ser atacados o matados en cualquier momento”, señaló un periodista en Galkayo, en febrero de 2015.

En los últimos 3 años se hizo una sola acusación.

Aunque no existan datos oficiales, la violencia del conflicto civil, junto con el alto uso de estimulantes parecidos a anfetamina, el desempleo y los malos servicios de sanidad están causando altos niveles de difusión de enfermedades mentales. Personas con dicapacidades mentales y sus familias se encuentran abandonadas por el estado.

La creación de un nuevo gobierno en Somalia en marzo de 2017 fue una oportunidad para agregar apoyo internacional a aquellos países que presionan con respeto a problemas de derechos humanos. Los gobiernos anteriores y sus apoyos internacionales no han prestado bastante atención a las numerosas violaciones de leyes internacionales sobre los derechos humanos cometidas por ambas partes del conflicto, ignorando demasiado la relación entre el clima de impunidad y la persistencia de las violencia e inseguridad.

Sin embargo, la administración anterior ha identificado áreas de reforma para mejorar la situación de derechos humanos, aclarando la necesidad de mayor atención por parte de los ministerios. Igualmente, reformas importantes fueron demoradas o nunca promulgadas por interés del gobierno y, por esta razón, son muchos los desafíos que el nuevo gobierno debe enfrentar. Hay mejoras que ya se pueden hacer, por ejemplo asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército que han cometido crímenes sean removidos del servicio y separados del nuevo sistema de seguridad. Otras reformas deberían enfrentar problemas en las siguientes áreas:

1. Aumentar la responsabilidad en el sector de la seguridad

2. Reforma de la justicia más eficiente

3. Mejorar el acceso a la justicia para casos de violencia sexual

4. Responsabilidad para crímenes cometidos por fuerzas de seguridad

5. Terminar el reclutamiento de niños

6. Mejorar la protección de las comunidades desalojadas

7. Proteger a los medios de comunicación

8. Promover la equidad y participación política de las mujeres

9. Establecer un comité de derechos humanos fuerte e independiente.

Giulia Greppi