(Revista Perspectiva) Al ver la actitud de complicidad que tienen los países del Alba con todas las dictaduras, cabe preguntarse: ¿cómo pueden democracias admirables, como Chile y Uruguay, defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y al mismo tiempo, estrechar lazos regionales con gobiernos aliados de las dictaduras que lesionan esas libertades fundamentales?

Por Gabriel C. Salvia

(Revista Perspectiva) Un escenario poco conocido de la “batalla de ideas” se presenta con ocasión del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al cual deben someterse todos los estados que integran este organismo internacional. Específicamente, las principales diferencias se producen en el “diálogo interactivo” que tiene lugar ante el examen de los países que están denunciados por prestigiosas organizaciones internacionales como los casos más graves de violaciones a los derechos humanos. Los mismos países latinoamericanos que mantienen una cerrada unidad en organismos regionales participan aquí con posiciones diplomáticamente muy enfrentadas unos de otros.

Las diferencias regionales se han registrado -en forma recurrente- a propósito de la participación que han tenido los países latinoamericanos ante casos como los de Corea del Norte, Sudán, Somalia, Birmania, Libia, Bielorrusia, Laos, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Eritrea, Chad, China, Arabia Saudita, Uzbekistán y Turkmenistán, analizados entre 2008 y 2011[1]. De ahí surge que varias naciones latinoamericanas, respetuosas de la institucionalidad democrática, no son indiferentes frente a algunos estados en los cuales se violan obscenamente los derechos humanos. Pero al ver la actitud de complicidad que tienen los países del Alba con todas las dictaduras, cabe preguntarse: ¿cómo pueden democracias admirables, como Chile y Uruguay, defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y al mismo tiempo, estrechar lazos regionales con gobiernos aliados de las dictaduras que lesionan esas libertades fundamentales?

Desempeño latinoamericano frente al EPU de Corea del Norte

Brasil expresó su preocupación por las denuncias de ejecuciones en los campamentos de presos políticos y las disparidades en la distribución pública de alimentos, y Chile lo hizo por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que tenían lugar en espacios públicos y en campos de detención, por la discriminación en el acceso a la educación, la práctica de trabajos forzados y la violencia contra la mujer, las denuncias de secuestros y la desaparición forzada de personas. A su vez, México pidió información sobre las medidas que se habían tomado para investigar los presuntos casos de desaparición forzada y secuestros.

Por su parte, Cuba señaló que Corea del Norte era un país en desarrollo víctima del imperialismo, que “trabajaba para consolidar un Estado socialista”. Venezuela felicitó a Corea del Norte por su política educativa, y sin ningún sustento empírico, afirmó que este país tenía una tasa de alfabetización del 100%; mientras que Nicaragua lo alentó a seguir “promocionando los derechos humanos”, además de que destacó su “marco jurídico e institucional para garantizar los derechos fundamentales a sus ciudadanos”.

El EPU de Siria

El 7 de octubre de 2011, se realizó el EPU de Siria en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y allí afloraron, como nunca antes, las posiciones políticas opuestas de varios países de América Latina. Por un lado se alinearon Cuba, Venezuela y Ecuador en defensa de la dictadura siria, y por el otro, Perú, Brasil, Chile y Uruguay formularon fuertes observaciones al régimen de Bachar al Asad.

En el diálogo interactivo realizado en Ginebra, la República Bolivariana de Venezuela señaló que “a pesar de las serias dificultades y sufrimientos, Siria envió un mensaje de compromiso con los derechos humanos”. También llamó la atención sobre los “esfuerzos” hechos por el país examinado para lograr “la paz y la reconciliación nacional”, promoviendo reformas que aseguraran los derechos sociales y económicos. Venezuela reiteró su apoyo a Siria para preservar la unidad nacional y la estabilidad, y recomendó “mantener el buen momento por el que atraviesa el país en lo referente a mejorar la legislación y las instituciones”. Incluso, en medio de una cruel represión, Venezuela instó a Siria “a continuar con los esfuerzos por crear un entorno armónico con los ciudadanos, mantener la seguridad, la integridad del país, el orden público, y proteger la propiedad pública y privada”.

En una línea comprometida con la defensa de los derechos humanos, y de manera muy firme, Perú lamentó que Siria no estuviera a la altura de los compromisos asumidos en marzo de 2011, relacionados con el mantenimiento de los más altos estándares en la protección de los derechos humanos. Tomó nota de que Siria no había cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales y no autorizaba el acceso de la relatora especial, que hacía referencia a la situación de los defensores de los derechos humanos.

Por su parte, la dictadura cubana sumó a su largo historial en la defensa internacional de todo atropello a la dignidad humana, las “felicitaciones” a Siria por la adopción de una serie de medidas y la “apertura al diálogo con la oposición”, le recomendó continuar confrontando cualquier intento de intervención extranjera en sus asuntos internos, al igual que seguir tomando medidas a nivel nacional guiadas por sus “legítimas autoridades”, como una solución política a lo que está sucediendo en el país. En la misma línea, Ecuador reafirmó el derecho de las personas a la autodeterminación, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados.

A pesar de la visita cordial de Dilma Rousseff a Cuba y las relaciones pragmáticas que mantiene con Hugo Chávez, Brasil se mostró en Ginebra seriamente preocupado por la situación de los derechos humanos en Siria, condenó los actos de violencia perpetrados por ambos bandos y declaró que la respuesta violenta a protestas pacíficas era inaceptable. Además, Brasil le recomendó a Siria que respetara la libertad de asociación y expresión.

A su vez, Uruguay reiteró su preocupación por la violenta represión de protestas pacíficas y el incremento de actos contrarios a las leyes internacionales de derechos humanos, y le recomendó al país mantener una relación de cooperación con el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos. Con respecto a los detenidos, Uruguay consideró que Siria debía liberar a los prisioneros de conciencia, al igual que poner fin a las intimidaciones, persecuciones y demás arrestos arbitrarios. Hasta ahora no se sabe cuál ha sido la reacción del influyente sector estalinista (MPP) del gobernante Frente Amplio ante esta digna posición del gobierno de su compañero José Mujica.

Chile, por su parte, siguiendo un criterio de permanente compromiso en este ámbito internacional, llamó a Siria a generar condiciones para poner fin a la violencia y la represión, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aseguró que había que levantar el estado de emergencia y recomendó proteger a los grupos vulnerables, sobre todo a los niños, y liberar a todos los detenidos por expresar libremente sus opiniones.

Luego del análisis del EPU de Siria, el 1 de junio de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó una resolución en la que condenaba “el deterioro de la situación de los derechos humanos en Siria y los recientes asesinatos en El-Houleh”, que reunió 41 votos afirmativos, 2 abstenciones y 3 negativos. Las abstenciones fueron de Ecuador y Uganda, mientras que por los negativos se pronunciaron Cuba, Rusia y China. Entre la abrumadora mayoría de 41 naciones que votaron en favor de esta resolución se encontraron Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

¿Vivan las diferencias?

Cuando un grupo de países latinoamericanos formulan serias observaciones a un gobierno porque se encuentra violando los derechos humanos y otro grupo de países defiende esas violaciones, lo lógico sería que esas diferencias tan drásticas tuvieran sus consecuencias y que en los organismos regionales no se siguiera actuando hipócritamente, como si no las hubiera.

Un ejemplo fue la reunión celebrada en Caracas a fines de 2011, donde se eligió la primera troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), integrada por Venezuela, Chile y Cuba. En esa oportunidad, el presidente chileno Sebastián Piñera tuvo una expresión muy desafortunada para intentar justificar su participación en esta suerte de OEA del subdesarrollo. Allí Piñera exclamó: “vivan las diferencias”, junto al autócrata Hugo Chávez y al longevo dictador cubano Raúl Castro. A este último, Piñera le traspasará a fines de enero de 2013, en Santiago de Chile, la presidencia de la Celac, cuya cláusula democrática es un chiste de mal gusto.

Con todo, como se vio en la defensa de Siria y Corea del Norte por parte de los países del Alba, esto dice mucho sobre sus respectivos gobiernos y brinda una idea de hasta dónde estarían dispuestos a llegar sus líderes. Por eso mismo, los estados, que tanto en el plano nacional como en el del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, demuestran su compromiso por el respeto a las libertades democráticas fundamentales, en lugar de hacerles el juego a los “autócratas del siglo XXI”, deberían hacer explícitas esas profundas diferencias regionales.

Gabriel C. Salvia. Director general. CADAL. Argentina

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[1] Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos:
http://www.cadal.org/observatorio/epu/default.php

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.