Al involucrar junto con la Unión Europea a actores progresistas latinoamericanos que el régimen de Maduro esté dispuesto a escuchar, la administración Biden puede lograr abrir la puerta a la normalización democrática en Venezuela y así poner fin a la tragedia humanitaria en este país. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno de Estados Unidos ayudaría a fortalecer el compromiso democrático de la izquierda latinoamericana en la región.

Por Gabriel C. Salvia

El presidente electo de los Estados Unidos de América, Joe Biden, tendrá en la crisis venezolana su gran desafío en la política para Latinoamérica. Biden ya anunció que no aspirará a la reelección, por lo cual cuatro años es más que suficiente para que su gobierno logre influir en la normalización democrática en Venezuela involucrando a actores que el régimen de Nicolás Maduro acepte para dialogar.

Con el liderazgo populista de Trump y su alianza con Jair Bolsonaro, quien llegó a la presidencia de Brasil reivindicando a la última dictadura militar en su país, y con Iván Duque en Colombia, donde en lo que va del año se produjeron decenas de asesinatos de activistas de derechos humanos, resultaba poco creíble el intento de Estados Unidos en contribuir a una salida democrática en Venezuela. 

Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) no es un actor que el régimen de Maduro esté dispuesto a escuchar, en especial bajo el liderazgo de Luis Almagro como Secretario General. Por lo tanto, además del rol y la credibilidad con la que cuenta Michelle Bachelet en la ONU, la administración Biden tiene la oportunidad de aliarse con la Unión Europea y convocar a prestigiosas organizaciones internacionales de derechos humanos acercando al PT de Brasil, el Socialismo chileno, el Frente Amplio uruguayo y otros referentes progresistas para lograr que intercedan ante el régimen de Maduro en la única salida posible.

Pero en un diálogo con el gobierno de Maduro hay que tener claro lo siguiente: desde la derrota electoral del chavismo en 2015, que implicó el dominio de la Asamblea Nacional por parte de la oposición, no se pudieron volver a realizar elecciones libres porque se sabe cuál será el resultado. Por su parte, es lógico que la oposición no quiera participar en elecciones carentes de transparencia que legitimen a una dictadura. Es decir, en la salida democrática mediante elecciones libres que aparentemente también apoyan los actuales gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México, el principal perjudicado sería el chavismo que no está dispuesto a abandonar el poder que ahora detenta sin legitimidad democrática.

Quienes se incomodan ante las presiones internacionales con la dictadura militar venezolana saben que la tragedia que vive este país los tiene entre sus cómplices regionales, que no solamente fueron los gobiernos autoritarios y populistas de América Latina como el de Cuba, Nicaragua y los de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Una y otra vez, con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, se fue erosionando la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Venezuela hasta convertirse en una dictadura respaldada por el poder militar. En todos esos años América Latina miró para otro lado y muchos gobernantes democráticos de entonces fueron corresponsables de la tragedia venezolana, en especial los del PT en Brasil, el kirchnerismo en la Argentina y los del Frente Amplio en Uruguay.  

El último informe de la ahora Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, es categórico sobre la situación en Venezuela. Pero este informe de septiembre de 2020 no es el primero en contener graves denuncias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En octubre de 2011 se realizó el primer examen periódico universal de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y muchas de las denuncias que se realizaron en dicha oportunidad se repiten ahora en el informe de Bachelet.

En efecto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a partir de la información brindada por distintas organizaciones pertenecientes a la ONU, ante el primer EPU de Venezuela informó sobre: práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la policía; gran cantidad de casos de muerte y tortura durante la custodia policial; testigos y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos son objeto de amenazas por parte de las autoridades estatales; amedrentamiento de activistas de los derechos humanos; falta de independencia del Poder Judicial; utilización del sistema judicial para silenciar a los críticos del Gobierno; restricciones a la libertad de expresión (cierre de medios de comunicación, reforma a la Ley RESORTE con el objetivo de restringir las críticas y persecución de personas por difundir opiniones contrarias al Gobierno); creación de mecanismos para restringir las oportunidades de acceso al poder de candidatos disidentes al Gobierno; constante intervención en el funcionamiento de los sindicatos; y la utilización de normas que limitan la manifestación pacífica y el derecho de huelga asociados a reclamos de índole laboral.

En 2011 gobernaba Hugo Chávez en Venezuela, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, José “Pepe” Mujica Uruguay, cuyo Canciller era Luis Almagro, actual Secretario General de la OEA, y Bachelet ya había cumplido su primer mandato en Chile, entre 2005 y 2010. En 2011, con la complicidad de todos los gobiernos de la región, también se creó en Caracas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo cual sirvió para envalentonar al chavismo que, como se vio, ya era denunciado de manera categórica por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Al involucrar junto con la Unión Europea a actores progresistas latinoamericanos que el régimen de Maduro esté dispuesto a escuchar, la administración Biden puede lograr abrir la puerta a la normalización democrática en Venezuela y así poner fin a la tragedia humanitaria en este país. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno de Estados Unidos ayudaría a fortalecer el compromiso democrático de la izquierda latinoamericana en la región, la cual tiene una deuda histórica en Cuba, apoyando un régimen de partido único que no adoptarían en su propio país, y una deuda más reciente en Nicaragua donde las violaciones de derechos humanos por parte de Daniel Ortega recuerdan a lo peor de las dictaduras militares del Cono Sur.  

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.