Debido a la constante situación de violencia y riesgo, precariedad de la población, discriminación a grupos puntuales y falta de libertad, entre interminables casos, Yemen es considerado actualmente como el país con una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Por Pedro Carrere

Los problemas humanitarios de Yemen vienen dados de una ya abultada historia de conflictos que se remontan a tiempos inmemorables, la cual sufrió un incremento drástico tras los recientes conflictos acontecidos en el siglo XXI. En 2012, el dictador yemení Alí Abdalá Salé dimitió de su cargo tras una serie de presiones originadas en manifestaciones de la población pidiendo el fin de la corrupción, represión y totalitarismo. A cambio de que el Estado no lo someta a juicio por todas las atrocidades cometidas durante su gobierno, aceptó dejar el poder. En su lugar asumió su vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, quien se comprometió a gobernar provisionalmente durante los siguientes 2 años hasta que la situación política permitiera la elección libre y justa de un nuevo gobernante y redactar una nueva constitución para asegurar la estabilidad del mismo.

La ONU puso el ojo en la situación de los derechos humanos en Yemen tras la elaboración del primer EPU realizado en el país, el 11 de mayo de 2009, denotando el estado lamentable en el cual la población se veía inmersa, destacando como principales ejes los medios poco convencionales de los cuales se valía el estado yemení para hacer cumplir la ley, la discriminación arbitraria con la que se vulnera injustamente a ciertos sectores específicos de la sociedad y la falta de acceso a cuestiones básicas como puede ser la salud o una alimentación mínimas.

La pena de muerte, método ya de por sí controversial, se efectúa sin ningún tipo de control o registro, por lo que es imposible saber el número exacto de ejecutados o las condiciones en las que este proceso fue llevado a cabo.

La tortura y la detención forzada de personas realizadas de manera completamente clandestina y sin ningún tipo de justificación más que el lugar de procedencia o sospechas infundadas hacia el acusado, se han convertido en las herramientas más utilizadas para disuadir y apaciguar a la sociedad y todo aquel que ose ir contra del relato totalitario del gobierno.

En cuanto a discriminación, las mujeres son de los grupos históricamente más afectados en las sociedades árabes. El  maltrato físico, situaciones de riesgo en sus hogares originadas por sus maridos, o la mutilación genital femenina son algo cotidiano en este tipo de culturas.

Otro factor a destacar es la constante persecución a la minoría religiosa Bahai, faltando así al acceso a uno de los derechos más básicos como lo es el de la diversidad de culto.

Finalmente, el último grupo que recibe algún tipo de violencia arbitraria está conformado por los inmigrantes provenientes de otros países en situación de crisis, especialmente los procedentes del cuerno de África, quienes generalmente desconocen el estado del país en el que buscan asilo y tienden a ser deportados y dejados a su merced en el mar o bien son detenidos, torturados e incluso asesinados.

La situación de Yemen coqueteó con la posibilidad de tornar hacia un rumbo más esperanzador tras el segundo EPU del 29 de enero de 2014, el cual logró la aprobación de un proyecto de constitución y la creación de una conferencia nacional del diálogo. Por desgracia, poco después de dichos hitos, un grupo armado conformado por huzies (yemeníes radicales seguidores del zaidismo musulmán chií) y los antiguos seguidores del general Salé (contando con la colaboración de cedulas terroristas como ISIS y Al Qaeda), llevó a cabo un golpe de estado, tomando la capital, Adén, logrando disolver el parlamento y toda institución gubernamental, obligando al presidente Hadi a escapar a Arabia Saudita. Desde ese entonces existe una incesante guerra civil que ha provocado el agravamiento de la ya terrible situación del país, empeorando las condiciones del mismo y creando nuevas aún más preocupantes.

Luego de la invasión, Hadi, que no contaba con los recursos económicos ni bélicos necesarios, solicitó a sus aliados la intervención militar del país. Rápidamente se formó una coalición de países árabes y occidentales encabezada por los esfuerzos del ejército de Arabia Saudita, que tuvo y sigue manteniendo hasta hoy la mayor implicancia militar en la zona. Irónicamente, muy lejos de mejorar, fue esto lo que terminó por hundir aún más a Yemen en el pozo sin fondo en el que se encuentra. El estado, que se supone debería velar por el interés de sus ciudadanos y el club de “salvadores” árabes que lo acompaña, pasó a convertirse en el bando al cual se le atribuye la mayor cantidad de bajas civiles. Siguiendo una lógica de “primero eliminar al enemigo y luego preocuparnos por la población”, las fuerzas de la coalición árabe bombardean indiscriminadamente las zonas, de manera completamente descuidada utilizando armas prohibidas internacionalmente.

Cabe destacar que a medida que la guerra avanza, hay cada vez más casos de reclutamiento infantil, principalmente por parte de los golpistas, llegando a conocerse la existencia de 842 casos confirmados en 2017, según Human Rights Watch. Otro índice que se ve en aumento es el de desescolarización, debido a la imposibilidad tanto de los maestros como de los estudiantes de asistir a clases por lo peligroso del trayecto o estadía en la institución (siempre y cuando las escuelas no han sido ya diezmadas parcial o completamente).

Aquellos periodistas que tratan de cumplir su labor y reportar el estado de la situación en el país son obligados a autocensurarse o exiliarse. Dado esto, los medios de comunicación, la prensa y el acceso a información no convaleciente con el estado oficial (como lo son la televisión, la radio, el internet y las redes sociales, entre otras) dejaron de prestar sus servicios. Todo lo que queda es un grupo reducido de periodistas disidentes que heroicamente arriesgan sus vidas con el fin de relatar las cosas tal cual son.

Fue este el contexto en el cual el tercer  y último EPU del pasado 23 de enero fue realizado,  informe que no pudo darse el gusto de describir mejorías. Todas las anteriores problemáticas no hicieron más que agravarse, siendo la única novedad el bloqueo aéreo y marítimo del país que terminó por imposibilitar el ya precario pero solidario trabajo de las organizaciones de derechos humanos, siendo este el último proveedor de víveres después del colapso institucional. Dicho cierre de tinte “cuarentenal” empeoró notablemente la situación de los yemeníes, generando cada vez más hambrunas y menos servicios de salud. La inexistencia de acceso a agua potable en muchas zonas de Yemen derivó en un brote de cólera el cual pasó a ser el más grande jamás registrado en la historia de la humanidad, llegando a la alarmante cifra de 500.000 infectados y 2000 muertos desde su brote en 2016 según datos oficiales de la OMS.

Yemen encabeza actualmente la parte más baja de muchos de los informes de medición de libertad en el mundo. En el reporte Freedom in the World (2018), de The Freedom House, Yemen obtuvo una puntuación de 6,5 sobre 7 (en una escala de 1 a 7, donde 1 significa mayor libertad) obteniendo la peor calificación posible en dos categorías (proceso electoral y funcionamiento del gobierno) y restando un punto en una de ellas con respecto al año pasado (funcionamiento del gobierno de 1 a 0, en una escala de 0 a 12, donde 0 representa la peor clasificación).

En lo que va del conflicto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado un saldo de 6.475 bajas civiles confirmadas (1316 de los cuales son niños) y otros 10.231 heridos, aunque se estima que ambas estadísticas están aún muy alejadas de las reales.

Es así que, debido a la constante situación de violencia y riesgo, precariedad de la población, discriminación a grupos puntuales y falta de libertad, entre interminables casos, Yemen es considerado actualmente como el país con una de las mayores crisis humanitarias del mundo, sino la mayor.

Pedro Carrere