Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Derechos Humanos: una deuda aún pendiente en Sudán
A pesar del precario respeto por los derechos humanos por parte del régimen autoritario de Omar al Bashir, en enero de 2017 el presidente Barack Obama revocó parcial y temporalmente las sanciones que caían sobre Sudán. En octubre de ese mismo año, Donald Trump levantó de forma permanente dichas sanciones.Por Facundo González Sembla
El gobierno de Omar Hasán al Bashir, presidente de Sudán desde 1989, enfrenta actualmente tres grandes desafíos que comprometen la estabilidad del país. Estos son: una economía crecientemente debilitada, un deterioro de la situación política interna, y prolongados conflictos armados en las regiones de Darfur, Kordofán del Sur, y el Nilo Azul.
En efecto, la economía sudanesa nunca logró recuperarse de la pérdida de regalías petroleras que sufre desde 2011, cuando el sur del país, donde se concentran los yacimientos petrolíferos, proclamó su independencia y se convirtió en Sudán del Sur. Semejante pérdida de recursos, sumada a una alta inflación, una moneda devaluada, y una corrupción endémica, llevó al gobierno a proponer un presupuesto de austeridad para 2018, con aumentos de precios en insumos básicos, y fuertes recortes. Como resultado, en enero de 2018 se realizaron protestas opositoras a la iniciativa oficial, aunque las mismas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, registrándose arrestos y hasta asesinatos de periodistas, estudiantes, y políticos opositores.
A pesar de esto, semejante accionar por parte de las fuerzas del orden no es una novedad en Sudán. Muy por el contrario, en su informe 2018 del país, Human Rights Watch ha vuelto a condenar al Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia sudanés, responsable de numerosas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la violencia contra manifestantes, mal trato, y tortura, así como también censura de diarios previa a su publicación, amenaza a periodistas y medios, e incautación de ediciones de prensa escrita.
El respeto a los derechos humanos no es mejor en Darfur, Kordofán del Sur, y el Nilo Azul, todas regiones del interior de Sudán que son asoladas por conflictos armados desde hace años. Allí, las fuerzas armadas sudanesas han atacado poblados civiles durante sus campañas contra diferentes grupos insurgentes. Puntualmente, entre mayo y junio de 2017 el ejército atacó aldeas en el norte y el sur de Darfur, forzando a sus habitantes a huir.
Sin embargo el drama de estas regiones no se reduce a la cuestión de los desplazados internos, pues también prolifera el secuestro, el saqueo, la violencia sexual, y el hostigamiento hacia las poblaciones civiles por parte de las fuerzas armadas.
Por otro lado, Sudán no es ajeno a la crisis de refugiados que enlaza a África, Medio Oriente, y la Unión Europea. En primer lugar, el país forma parte de la ruta de los migrantes oriundos del Cuerno de África (eritreos, etíopes, y somalíes) en su camino a Europa, exponiéndose a caer en manos de redes criminales destinadas al tráfico de personas, o ser víctimas de los abusos de las propias fuerzas gubernamentales sudanesas.
En su esfuerzo por contener la masa de migrantes que se precipitan sobre sus fronteras, la Unión Europea lanzó el Proceso de Jartum, una iniciativa centrada en combatir el tráfico de migrantes del Cuerno de África, a través de la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de los mismos. Según denuncian Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en este marco la UE ha aportado cientos de miles de euros al gobierno de Sudán, que fueron destinados a financiar a las mismas fuerzas de seguridad que luego comenten atropellos humanitarios con los migrantes y la propia población sudanesa.
Además es preciso mencionar la insuficiencia de la asistencia humanitaria recibida por los 765.243 refugiados sursudaneses que, según cifras de mayo de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, han huido de la guerra civil que asola a su país y buscado refugio en Sudán, convirtiendo a este país en el segundo destino de acogida de estos refugiados después de Uganda.
A pesar del precario respeto por los derechos humanos por parte del régimen autoritario de Omar al Bashir, en enero de 2017 el presidente Barack Obama revocó parcial y temporalmente las sanciones que caían sobre Sudán. En octubre de ese mismo año, Donald Trump levantó de forma permanente dichas sanciones.
Facundo González Sembla
El gobierno de Omar Hasán al Bashir, presidente de Sudán desde 1989, enfrenta actualmente tres grandes desafíos que comprometen la estabilidad del país. Estos son: una economía crecientemente debilitada, un deterioro de la situación política interna, y prolongados conflictos armados en las regiones de Darfur, Kordofán del Sur, y el Nilo Azul.
En efecto, la economía sudanesa nunca logró recuperarse de la pérdida de regalías petroleras que sufre desde 2011, cuando el sur del país, donde se concentran los yacimientos petrolíferos, proclamó su independencia y se convirtió en Sudán del Sur. Semejante pérdida de recursos, sumada a una alta inflación, una moneda devaluada, y una corrupción endémica, llevó al gobierno a proponer un presupuesto de austeridad para 2018, con aumentos de precios en insumos básicos, y fuertes recortes. Como resultado, en enero de 2018 se realizaron protestas opositoras a la iniciativa oficial, aunque las mismas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, registrándose arrestos y hasta asesinatos de periodistas, estudiantes, y políticos opositores.
A pesar de esto, semejante accionar por parte de las fuerzas del orden no es una novedad en Sudán. Muy por el contrario, en su informe 2018 del país, Human Rights Watch ha vuelto a condenar al Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia sudanés, responsable de numerosas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la violencia contra manifestantes, mal trato, y tortura, así como también censura de diarios previa a su publicación, amenaza a periodistas y medios, e incautación de ediciones de prensa escrita.
El respeto a los derechos humanos no es mejor en Darfur, Kordofán del Sur, y el Nilo Azul, todas regiones del interior de Sudán que son asoladas por conflictos armados desde hace años. Allí, las fuerzas armadas sudanesas han atacado poblados civiles durante sus campañas contra diferentes grupos insurgentes. Puntualmente, entre mayo y junio de 2017 el ejército atacó aldeas en el norte y el sur de Darfur, forzando a sus habitantes a huir.
Sin embargo el drama de estas regiones no se reduce a la cuestión de los desplazados internos, pues también prolifera el secuestro, el saqueo, la violencia sexual, y el hostigamiento hacia las poblaciones civiles por parte de las fuerzas armadas.
Por otro lado, Sudán no es ajeno a la crisis de refugiados que enlaza a África, Medio Oriente, y la Unión Europea. En primer lugar, el país forma parte de la ruta de los migrantes oriundos del Cuerno de África (eritreos, etíopes, y somalíes) en su camino a Europa, exponiéndose a caer en manos de redes criminales destinadas al tráfico de personas, o ser víctimas de los abusos de las propias fuerzas gubernamentales sudanesas.
En su esfuerzo por contener la masa de migrantes que se precipitan sobre sus fronteras, la Unión Europea lanzó el Proceso de Jartum, una iniciativa centrada en combatir el tráfico de migrantes del Cuerno de África, a través de la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de los mismos. Según denuncian Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en este marco la UE ha aportado cientos de miles de euros al gobierno de Sudán, que fueron destinados a financiar a las mismas fuerzas de seguridad que luego comenten atropellos humanitarios con los migrantes y la propia población sudanesa.
Además es preciso mencionar la insuficiencia de la asistencia humanitaria recibida por los 765.243 refugiados sursudaneses que, según cifras de mayo de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, han huido de la guerra civil que asola a su país y buscado refugio en Sudán, convirtiendo a este país en el segundo destino de acogida de estos refugiados después de Uganda.
A pesar del precario respeto por los derechos humanos por parte del régimen autoritario de Omar al Bashir, en enero de 2017 el presidente Barack Obama revocó parcial y temporalmente las sanciones que caían sobre Sudán. En octubre de ese mismo año, Donald Trump levantó de forma permanente dichas sanciones.