Argentina no participó en la gran mayoría de los EPU (Examen Periódico Universal) de 2025 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En diez de ellos se examinó la situación de los derechos humanos en dictaduras, donde la ciudadanía generalmente no tiene la posibilidad de reclamar sus derechos a través de canales de participación política o del estado de derecho, por lo que depende particularmente de la solidaridad internacional. En nueve ocasiones, CADAL instó al Gobierno argentino a participar en el EPU con recomendaciones.

Por Dorothea Krueger

La página web oficial de la Cancillería argentina incluye una declaración en la que se afirma que los derechos humanos son “uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina” y se reconoce la responsabilidad de los Estados de “promover el respeto de los derechos humanos”. También hace referencia al “liderazgo argentino a nivel regional e internacional” y menciona iniciativas promovidas por Argentina en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, del que formó parte como miembro durante el primer año de la presidencia de Javier Milei.

No obstante, esta membresía en el CDH terminó a finales de 2024 y, dado que el país ya había servido dos mandatos consecutivos en este órgano, tuvo que ceder su puesto para 2025. Aunque esto significa que Argentina no tuvo poder de voto en el CDH durante 2025, sí pudo participar en debates, en la redacción de proyectos de resolución y en los Exámenes Periódicos Universales (EPU) de otros países. De hecho, Argentina participó en algunos debates, por ejemplo, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Además, participó en la redacción de resoluciones relacionadas con los derechos humanos en Nicaragua, las personas de edad y el impacto de la corrupción en los derechos humanos. Sin embargo, al revisar la participación argentina en los EPU de 2025, se obtiene una imagen más borrosa sobre el proclamado apoyo al sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas.

El EPU es un mecanismo de escrutinio y rendición de cuentas del CDH basado en la cooperación de los Estados miembros de la ONU y en su aplicación universal. Cada Estado miembro debe someterse a una revisión de su situación de derechos humanos aproximadamente cada 4,5 años, lo que incluye la preparación de informes al respecto y la formulación de recomendaciones por parte de otros Estados. Así, cada año se revisan alrededor de 43 estados durante los tres períodos ordinarios de sesiones.

En 2025, Argentina solo participó en ocho de los cuarenta y dos EPU: cuatro en cada uno de los dos primeros períodos de sesiones del CDH y ninguno en el tercero. Al revisar la selección de países a los que Argentina hizo recomendaciones, se observa que intervino en todos los EPU de los Estados pertenecientes al grupo regional latinoamericano y caribeño (GRULAC): El Salvador, Bolivia, Granada y Guyana. El hecho de que Argentina se posicionara principalmente en los EPU de los Estados del GRULAC podría deberse a una práctica común, según la cual los problemas de países específicos se tratan primero mediante iniciativas del propio grupo regional. Sin embargo, tras anunciar el 14 de agosto su retirada de la candidatura para volver a integrar el CDH como miembro en 2026 a 2028, Argentina dejó de participar completamente en los EPU del último período de sesiones, en noviembre, en los que se revisaron Panamá, Honduras y Jamaica.

El criterio que siguió Argentina para elegir los otros cuatro EPU para su intervención no está claro a primera vista. No fue la gravedad de la situación de los derechos humanos en el país examinado, ya que no intervino en los EPU de Angola, Kazajistán, Irak, Egipto, Kirguistán y Guinea, países “no libres” según el índice de Freedom House y con un espacio cívico cerrado o reprimido según el CIVICUS Monitor. En los dos EPU de Estados de esta categoría en los que sí intervino, la intervención para Irán fue muy crítica y comprometida con los derechos humanos, aunque parece que estaba parcialmente motivada por la relación bilateral entre ambos países, marcada por el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires, cuyos presuntos responsables iraníes aún no se enfrentaron a la justicia argentina. Por otro lado, en el EPU de Laos, su intervención se limitó a una sola recomendación sobre la reducción del número de delitos sancionables con la pena de muerte.

Con respecto al contenido de las intervenciones, el desempeño argentino variaba en estos ocho casos, lo que permite dudar de si hay motivaciones políticas detrás de la participación. Por ejemplo, en el EPU de El Salvador, Argentina intervino con un tono elogioso, destacó los logros en la lucha contra la criminalidad de este país y recomendó continuar y fortalecer estas políticas. Esta postura está en consonancia con la cooperación entre ambos países, en el marco de la cual la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó una megacárcel en El Salvador en junio de 2024 con el propósito de “querer seguir el modelo” salvadoreño. Sin embargo, no tuvo en cuenta en absoluto las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con esta y otras políticas en El Salvador, que incluyen la violación sistemática de las garantías del debido proceso, la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada y los casos de muerte en detención sin investigar.

Del mismo modo, Argentina recomendó la continuidad de las políticas en los casos de Armenia y, en menor medida, Italia, dos países con los que Argentina mantiene lazos históricos debido a los flujos migratorios. La reunión con el presidente armenio fue el primer acto protocolario de Milei con dignatarios extranjeros, incluso antes del inicio oficial de su presidencia. Por su parte, Argentina es el país con la mayor comunidad italiana residente en el extranjero, a lo que se suma la excelente relación y afinidad ideológica entre Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Aunque Argentina formuló recomendaciones comprometidas en los EPU de Bolivia, Irán, Granada y Guyana, el trato desigual dado a países con gobiernos afines y contrarios al signo político del Gobierno argentino pone de manifiesto que la promoción y protección de los derechos humanos no es la única premisa de la política argentina en el CDH. Esto se hace más evidente al comparar directamente las recomendaciones propuestas a El Salvador y Bolivia, cuyos EPU tuvieron lugar en dos días consecutivos de enero de 2025. Bolivia recibió comentarios muy críticos de Argentina, incluidas recomendaciones sobre el respeto a la independencia y libertad de expresión de las ONG y sobre la defensa de los valores democráticos y las libertades individuales; recomendaciones igualmente relevantes para el contexto salvadoreño, pero que no formaban parte de las recomendaciones argentinas dirigidas a la nación centroamericana.

A primera vista, la no participación de Argentina en los EPU del tercer período de sesiones del CDH en 2025 parece, por tanto, seguir la tendencia general a un compromiso decreciente con el mecanismo. No obstante, las observaciones previamente expuestas restan autoridad a la crítica argentina que rechazaba organismos internacionales como el CDH por supuestos sesgos ideológicos.

La gran mayoría de los EPU de 2025, no contó con la participación de Argentina. Diez de ellos examinaban la situación de los derechos humanos en dictaduras, donde la ciudadanía generalmente no tiene la posibilidad de reclamar sus derechos a través de canales de participación política o del estado de derecho, por lo que depende particularmente de la solidaridad internacional. En nueve ocasiones, CADAL instó al Gobierno argentino a participar en el EPU con recomendaciones en las que se exigía la libertad de presos políticos o la investigación independiente y exhaustiva de las desapariciones forzadas. Sin embargo, Argentina solo intervino en una ocasión (en el EPU de Laos), aunque sin incluir las recomendaciones propuestas.

Solo una participación crítica, guiada únicamente por el compromiso con los derechos humanos, puede contribuir a una revisión entre pares efectiva y al fortalecimiento de la credibilidad del EPU como mecanismo eficaz y legítimo de escrutinio y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, de cara al año 2026, no hay indicios de que Argentina vaya a involucrarse de nuevo en los EPU, a pesar del compromiso declarado. Si los derechos humanos constituyen realmente un pilar fundamental de la política exterior argentina, la participación activa de los procesos clave del sistema universal de derechos humanos debe formar parte de ella.

Dorothea Krueger

Coordinadora de Proyectos

Tiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.