A cuatro meses de promediar su mandato, el presidente de Colombia Gustavo Petro, luego de la multitudinaria marcha ciudadana del pasado 21 de abril, mantiene su postura de confrontación con la oposición o accede consensuar, si aspira a reformar la previsión social y el mundo del trabajo del país, dos cambios pendientes luego de que no prosperara su reforma de la salud.

Por Hugo Machín Fajardo

Cientos de miles de colombianos, desde acérrimos opositores —«¡Fuera Petro!»— a ciudadanía desconforme con la política de seguridad de gobierno; o con el intento de reformar la salud por vía de decreto; o con la propuesta de una reforma constitucional, marcharon en ciudades capitales y otras localidades de Colombia. Fue una muestra de ese porcentaje que no apoya al presidente, quien en marzo concitó un 64% de desaprobación a su gestión, según la medición de Opinómetro.

La reacción presidencial fue atribuirle a «la clase dominante»; a quienes quieren «que vuelvan las masacres» (y) «asesinar jóvenes», la razón de las manifestaciones. Una estigmatización parecida a la de su antecesor Iván Duque respecto a las manifestaciones en protesta contra su gobierno ocurridas a partir de 2019, también en diferentes ciudades colombianas, que ocasionaron colombianos muertos, mutilados y detenidos, y funcionarios policiales lesionados. Un saldo parcial de aquellas jornadas arroja «75 asesinatos en el marco del paro nacional, 38 de los cuales tuvieron como víctimas a jóvenes entre los 18 y los 26 años, y en 44 hubo una presunta autoría de la fuerza pública; 83 víctimas de lesiones oculares, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física, 3.486 casos de violencia policial». (Indepaz/Temblores, 2021).

El pasado domingo 21 de abril no hubo desordenes, ni represión, ni heridos causados por la fuerza pública.

Distinta a la reacción presidencial fue la del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: «hubo un mensaje político que debe ser escuchado con respeto; o sea, pasar por encima del mensaje político sería una torpeza»; y de Laura Sarabia, mano derecha de Petro y su principal asesorara, quien pidió «autocritica» al gobierno y «escuchar a la calle».

«Nadie lo va a tumbar. Los demócratas defenderemos su período hasta el último día»» le aseguró a Petro el presidente del Senado, Iván Name, de Alianza Verde, centrista, en respuesta a los pronunciamientos del mandatario sobre la gestación de un «golpe blando» en su contra.

Ocurre que tras el primer impulso en 2022 al inicio de la administración de izquierda, en que se logró la aprobación de la reforma tributaria, se sembró la expectativa de alcanzar la «paz total»; de hacer la reforma agraria y recuperar los beneficios comerciales consecuencia del restablecimiento de relaciones con Venezuela, cambió el escenario. El realismo de los técnicos, algunos de ellos despedidos del gobierno, como el prestigioso economista José Antonio Ocampo, evidenció que puede haber consecuencias negativas de seguirse por el rumbo impulsado por el gobernante Pacto Histórico.

Cierto es que Petro logró un descenso en la inflación que se ubica en 7,36% y que aspira llegue al 3 % a mediados del 2025; que manifestó voluntad de reducir impuestos a las empresas incrementando los de altos ingresos; que hay una contención en el desempleo, hoy en 11,70%; que el país terminó el 2023 con 380.000 personas menos en situación de pobreza multidimensional, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Esa reducción por tercer año consecutivo, significa que viven en condiciones sumamente precarias 6,26 millones de colombianos, (12,1 por ciento de la población), en 51,6 millones de habitantes.

Analistas económicos apuntan también a favor del gobierno la decisión de impulsar «la política de reindustrialización», con el objetivo de mejorar y diversificar la productividad.

No obstante, una de las banderas clave en la campaña electoral petrista, la reforma agraria, se suma al déficit en la evaluación gubernamental si se persiste en realizarla de manera «radical». Algo que fue cuestionado por la exministra de Petro, Cecilia López Montaño, quien debió renunciar a la cartera de Agricultura. La violencia rural, la transición energética como alternativa a la economía extractiva y la justicia social que reduzca la brecha rural y urbana, en opinión de López, urgen encarar el cambio rural con perspectiva de consenso que beneficie no solo «al 23 por ciento de los colombianos que viven en el campo, sino a todo el país».

Según la Fundación Paz & Reconciliación, si se compara la restitución de tierras realizada por la administración Petro, con lo restituido por la administración Duque en el mismo período, el anterior gobierno restituyó un 50% más de tierras.

La semiparalización del gobierno, en opinión del director del periódico económico Portafolio, Francisco Miranda, basado en datos de la Contraloría General de la República (CGR), cuantifica «esa creciente incapacidad de traducir discursos grandilocuentes en efectivas políticas públicas». En el primer trimestre de 2024, el gobierno ejecutó apenas un 9,1% de la inversión, el cumplimiento más bajo de los últimos cinco años. Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), también citado por Miranda, sostiene que la inversión está un 63% debajo del nivel dónde tendría que estar en el primer cuatrimestre el año.

Otro estudio de la Universidad Javeriana documenta que en varios sectores clave para el desarrollo del país se redujo el presupuesto para 2025 «en más de un 70%».

En el plano de los derechos humanos —una de las consignas electorales más promocionadas por el Pacto Histórico— el gobierno ha sido criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de siete días a Colombia. El 19 de abril de 2024, la presidenta de la CIDH, la abogada barbadense Roberta Clarke, constató un preocupante aumento de la violencia en diferentes territorios. «La reconfiguración del conflicto armado sigue socavando la seguridad, el desarrollo y disfrute de los derechos humanos en el país», afirmó el relator para Colombia, el mexicano José Luis Caballero.

«Cada dos días, en promedio, ha sido asesinado un líder social en 2024», tituló El Tiempo de Bogotá, el miércoles 24 de abril, para subtitular: «ONU ha recibido 43 denuncias de crímenes contra esta población. El último caso se registró en Bolívar».

Caballero agregó que «las mujeres campesinas, afros e indígenas siguen padeciendo violencia sexual en zonas ocupadas por grupos armados». Petro no asistió al encuentro con la CIDH celebrado en Casa de Nariño, aunque estuvo anunciado en la agenda presidencial.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.