¿Tiene chance la administración Petro de arribar a la paz total? ¿Es posible cumplir el objetivo solamente con iniciativa colombiana? ¿Cómo reaccionará el crimen organizado con redes y coordinaciones que trascienden fronteras?

Por Hugo Machín Fajardo

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. Créditos: Presidencia de Colombia /Twitter @infopresidencia

El pasado jueves 3 de noviembre quedó aprobada la ley que proporciona un marco jurídico a la propuesta de «paz total» impulsada por el presidente Gustavo Petro, seis días antes de que se cumplieran los míticos «primeros cien días» de gobierno que, por cierto, no alcanzan para ponderar a cabalidad aciertos ni desaciertos de un gobierno entrante.

Petro impulsa diferentes proyectos: reforma previsional; lucha contra el cambio climático mediante el freno a la explotación de hidrocarburos; paulatino pasaje a energías limpias; reforma de la salud; titulación masiva de 681.000 hectáreas en 19 departamentos colombianos y el acuerdo de compra a privados de 3 millones de hectáreas, para implementar la reforma agraria comprometida.

Sin dejar de anotar que Petro ya consiguió dos logros importantes en sus primeros tres meses: una reforma tributaria de cerca de 4 mil millones de dólares —que significa un aumento de los ingresos del gobierno en casi 1 punto del PIB, según el economista Luis Fernando Mejía, director del centro de Estudios Económicos Fedesarrollo—; y la aprobación, en menos de un día de debate parlamentario, del presupuesto general para 2023.

Aquí se dejan sin abordar los importantes aspectos de la administración Petro señalados más arriba, para enfocarse en el que concita no solamente la interrogante colombiana, sino que podría constituir una hoja de ruta para otros Estados latinoamericanos que, en grado diverso, sufren el incremento del crimen organizado transnacional.

¿Qué es la «paz total» de Petro? Durante la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), se firmó en 2016 un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sometido a referéndum ciudadano cuya votación resultó negativa por escaso margen.

Ese hecho, sumado a que la administración de Iván Duque (2018-2022), no impulsó con fuerza la implementación del acuerdo de paz, derivó en que a 2022, 290 de los 11.000 guerrilleros que entregaron sus armas hayan sido asesinados hasta el presente. Son víctimas de múltiples victimarios, incluidos quienes fueran sus antiguos compañeros que se encuadran en dos grupos diferentes: «Disidencias de las Farc» y «La Segunda Marquetalia», liderada por Iván Márquez.

El principal negociador durante el gobierno de Santos, el senador Humberto de la Calle, no es partidario de incluir en la paz total a estos dos dos grupos porque lo considera «un pésimo mensaje» para los que han cumplido con el acuerdo de 2016.

También otro grupo guerrillero, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), de orientación marxista-leninista y pro Cuba, que opera desde 1964 en Colombia, ha cobrado vidas tanto de los ex guerrillero como de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En este caso, el número de personas asesinadas entre 2016 y 2022,  asciende a 1.324, de los cuales 34 fueron ultimados en estos tres meses del nuevo gobierno, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).

Economía paralela. Además de estos grupos armados que reivindican un estatus político, pero que operan en el ámbito delincuencial vinculado al narcotráfico, secuestro, explotación de personas y reclutamiento de menores, entre otros delitos; en Colombia existen varios grupos de crimen organizado con presencia en diferentes regiones colombianas, sustanciando la economía ilegal y minería ilegal, conectados a redes criminales internacionales.  

Según informa Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Global Initiative- GITOC) que mide la criminalidad en los países miembros de Naciones Unidas, Colombia ocupa el segundo lugar en cantidad de organizaciones delictivas, detrás de República del Congo y por encima de México.

En barrios populares de los centros urbanos, estos grupos ejercen la extorsión, la venta de protección, así como la imposición de economías paralelas atinentes al abastecimiento doméstico: venta de comestibles impuestos en los barrios populares; distribución de alimentos y venta de protección a cargo de combos delincuenciales, etc.

La ley aprobada con 62 votos a favor y 13 en contra, «modifica, adiciona y prorroga la Ley Nro. 418 de 1997, [que] define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones». El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los proponentes del proyecto ha dicho que el Gobierno «podrá adelantar toda clase de procesos de negociación política y de sometimiento a la justicia que incluyan, sin exclusión alguna, a los grupos armados, las estructuras criminales que operan hoy a lo largo y ancho del país».

Quiénes sí. Desde el gobierno se adelanta que habrá una comisión encargada de catalogar a las diferentes organizaciones que delinquen en el país. Hasta el momento, serían nueve —de las 50 organizaciones criminales estimadas en todo el país— los grupos armados y delincuenciales interesados en acogerse a la propuesta planteada por el presidente Petro.

Colombia tiene desde la segunda mitad del siglo XX una larga y compleja historia de propuestas de paz. En octubre de 1953 se amnistió a todos los militares condenados por delitos contra el régimen constitucional de julio de 1944. En 1981 el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) creó la Comisión Transitoria de Paz (CTP) con el fin de derogar la legislación de emergencia entonces vigente. Hubo un proyecto de amnistía para alcanzar una eventual negociación que no prosperó al ser rechazado por las guerrillas. Las recomendaciones de la CTP fueron también rechazadas por Turbay. En el inicio de la administración de Belisario Betancur (1982-1986) se retomó la Comisión de Paz, integrada por 40 miembros, se aprobó la ley de amnistía general (Ley Nro. 35 de 1982) y se creó el Plan nacional de Rehabilitación (PNR). El ELN rechazó negociar. En 1983 Betancur nombró tres altas comisiones de paz—eclesiástica, militar y empresarial— para coordinar con la Comisión de Paz. En 1984 se profundizan los contactos con las Farc, el M-19, la Autodefensa Obrera (ADO), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y sectores del ELN. Se firman los acuerdos de La Uribe entre el Gobierno y las Farc, con cese bilateral del fuego. Ese año se creó la Comisión Nacional de Verificación para implementar el acuerdo de La Uribe y meses después la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo para instrumentar acuerdos con el M-19, el EPL y las ADO, con quienes se llegó a firmar un cese al fuego. Tras el recrudecimiento de los enfrentamientos, acciones guerrilleras y aumento del paramilitarismo, se aleja la posibilidad de una paz, y en 1986 el Gobierno desintegra la Comisión de Diálogo y Verificación.

Indultos. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se llega a un acuerdo parcial con algunas guerrillas. En 1989 se indulta al M-19 y al EPL, organizaciones que se desmovilizan en 1990. Quedan por fuera de esos acuerdos las FARC y el ELN.

En la administración siguiente, de César Gaviria (1990-1994) se firmaron en 1991 acuerdos con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la guerrilla indígena del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), y en 1994 —de acuerdo a la cronología de Nicanor Restrepo Santamaría— se firma la paz con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín (MPM) y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera. En 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se crea por ley el Consejo Nacional de Paz y se firman los acuerdos con el Movimiento Independiente Revolucionario – Comandos Armados (MIR – COAR). En octubre de 1998 se dictan normas para el despeje de cinco municipios con un área de 42.000 km2 con vistas a negociar con las Farc, pero ese proceso fracasó.

Wall Street se interesó. En 1999 durante la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) en el marco de las negociaciones con las Farc, «el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Richard Grasso; y los vicepresidente de Relaciones Internacionales y de Seguridad y Protección del mismo organismo, Alan Yves Morvan y James Esposito, respectivamente; intercambiaron ideas con Raúl Reyes, portavoz de las Farc, en la vereda La Machaca, jurisdicción de San Vicente del Caguán», informó el periódico El Tiempo de Bogotá. Se trataba de que los directivos de este mercado conocieran el propósito de la organización insurgente en la salida negociada del conflicto.

«Wall Street invierte en la guerrilla» tituló El País de Madrid: «El presidente de la Bolsa de Nueva York se reúne en la selva con líderes de las Farc y les invita a visitarle «para hablar de mercados financieros y de inversiones», informaba. También el matutino argentino Clarín lo destacó.

Al igual que ocurrió con las conversaciones con el ELN en Venezuela y Cuba, en mayo de 2002, finalizan las negociaciones.

En el transcurso de los períodos de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se buscó varias veces negociar con las Farc y el ELN sin que prosperaran los intentos. El proceso de paz iniciado por Santos entre 2010 y 2014, que culmina con la firma de 2016 en La Habana, ya es más conocido.

¿Tiene chance la administración Petro de arribar a la paz total? ¿Es posible cumplir el objetivo solamente con iniciativa colombiana? ¿Cómo reaccionará el crimen organizado con redes y coordinaciones que trascienden fronteras?

El asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en  mayo 2022 cuando estaba en visita de turismo en Colombia, demuestra que si bien los autores materiales fueron colombianos y un venezolano, los responsables intelectuales del homicidio serían paraguayos, o, según el presidente Petro, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia y requerido por Interpol.

Un posible derrotero de cómo será implementada esta etapa cuyo objetivo es la paz total, lo aportó el ministro colombiano de Defensa, el ex magistrado Iván Velásquez, de probada trayectoria en Colombia e internacional, respecto a la lucha anticorrupción: «He hablado de procesos de paz, no de proceso, dada la diversidad de actores y modalidades. Son procesos diferentes que, a mi juicio –y es a mi juicio–, deben tener consecuencias diferentes. Entonces, una cosa es una negociación con el Ejército de Liberación Nacional y una muy distinta con la Oficina de Envigado. Cuando la organización ha tenido un claro origen político podríamos hablar de negociación política. Pero en los otros casos hablamos de conversaciones jurídicas, porque habrá una consecuencia diferente. No valdría nada llevar a una conclusión exitosa un proceso con el Ejército de Liberación Nacional cuando en el territorio están las Autodefensas Gaitanistas, que de inmediato coparían los espacios y eso finalmente no conduciría a la paz».

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.