Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
07-05-2021Burkina Faso: una democracia que busca solidez pese al terrorismo y la crisis sanitaria
Kaboré aseguró tener la intención de brindar seguridad y estabilidad al país, y garantizar que las personas desplazadas regresen a sus hogares. La situación de inseguridad fue una de las razones para que un 18% de la población (entre 300.000 y 350.000) no pudiera ir a votar, registrando una tasa de participación de solo el 46,12 % (2,9 millones de votantes sobre 5,8 millones). Más de 2.000 colegios electorales (de 21.154), principalmente en el norte y este del país, no pudieron abrir debido a la inseguridad.Por Zoé Paz
Golpes de Estado nunca escasearon en la República de Burkina Faso luego de su independencia de Francia en 1960. De los primeros cuatro a lo largo de tres décadas, el cuarto lo condujo Thomas Sankara, conocido por ser el “Che Guevara de África”. En 1987, liderados por Blaise Compaoré, quien era compañero en el poder y amigo íntimo de Sankara, junto con militares fieles al dictador, lo traicionaron, derrocaron y asesinaron. Así Compaoré gobernó hasta la revuelta popular de 2014. Dos golpes de Estado más sucedieron hasta las elecciones presidenciales en 2015. El 29 de noviembre de ese año Roch Marc Christian Kaboré se convirtió en el primer mandatario civil elegido democráticamente.
Entre los logros del primer mandato de Kaboré (2015-2020), se destaca la implementación de la atención médica gratuita para mujeres y niños menores de cinco años, la mejora del suministro de agua potable, la construcción de nuevas carreteras y la celebración de la primera votación de burkineses en el exterior para unas elecciones presidenciales. Sin embargo, Kaboré tendrá que enfrentarse al principal reto: terminar con el terrorismo yihadista. Solo en 2020, 2.000 burkineses fueron víctimas del conflicto armado, y más de un millón de ciudadanos se vieron obligados a abandonar el país.
Kaboré y su segunda elección
Antes de conocerse el 57,87% de los votos de las comisiones presidenciales en noviembre de 2020 a favor de Kaboré, su principal rival, Zéphirin Diabre, declaró que, ante la posibilidad de fraude, se negaría a reconocer los resultados, y que el régimen en el poder estaba intentando comprar votos.
En su discurso de asunción del segundo mandato, Kaboré aseguró tener la intención de brindar seguridad y estabilidad al país, y garantizar que las personas desplazadas regresen a sus hogares. La situación de inseguridad fue una de las razones para que un 18% de la población (entre 300.000 y 350.000) no pudiera ir a votar, registrando una tasa de participación de solo el 46,12 % (2,9 millones de votantes sobre 5,8 millones). Más de 2.000 colegios electorales (de 21.154), principalmente en el norte y este del país, no pudieron abrir debido a la inseguridad.
El caso Sankara y la reconciliación nacional
Thomas Isidore Noël Sankara tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1983. En cuatro años se convirtió en el primer líder africano en denunciar la amenaza del SIDA, se opuso al FMI, al Banco Mundial y promovió los derechos de las mujeres oponiéndose a la mutilación genital femenina, entre otros aspectos. Luego de su asesinato, Compaoré gobernó Burkina Faso durante 27 años antes de ser derrocado a partir de un levantamiento popular, en 2014, y huir a Costa de Marfil. Burkina Faso emitió una orden de arresto en 2015, pero Costa de Marfil se negó a entregarlo. El verdugo de Sankara, ya ciudadano de Costa de Marfil, no puede ser extraditado sin la aprobación de las autoridades de dicho país. Este caso no solo estuvo presente en el debate público por décadas, sino que también es uno a resolver para la “reconciliación nacional” impulsada por el presidente Roch Kaboré.
Ataques terroristas
Tras el golpe de Estado que derribó a Compaoré en 2015, se incrementó de forma exponencial la violencia de grupos islamistas, muchos de ellos infiltrados desde Malí y Níger. El país no se había visto afectado hasta entonces por el terrorismo presente en países vecinos. Esto último fue interpretado porque Compaoré, supuestamente, pactó con las formaciones terroristas del área para la no-agresión. Burkina Faso es el escenario de la inseguridad debido al aumento de las operaciones terroristas por parte de distintos grupos como el de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), Ansarul Islam -un grupo terrorista autóctono-, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Murabitún y, en menor medida, el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), también en pugna entre algunos de estos.
La situación de inseguridad ha llevado a las autoridades a aprobar una ley para el reclutamiento de voluntarios dedicados a garantizar la estabilidad en zonas rurales. Pero esta iniciativa de Kaboré ha tenido repercusiones negativas por los supuestos abusos cometidos por el Ejército y estos grupos de autodefensa, en sus operaciones de seguridad. Aumentaron las tensiones intercomunitarias y así permitieron a los yihadistas reclutar nuevos combatientes.
Esta situación ha llevado a los países que integran el G5 Sahel -Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger- a reforzar su cooperación para hacer frente a la amenaza, replicada en la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y una facción escindida del último, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por su sigla en inglés).
En una conferencia de prensa, Christophe Dabiré, premier de Burkina, dijo "No decimos que Burkina esté en contra de las negociaciones con los terroristas, incluso países como Afganistán llegaron a un límite donde tenían que sentarse en la mesa de negociaciones con los terroristas”, en referencia al acuerdo de paz firmado por el gobierno de Estados Unidos y los talibán. Dabiré aseguró que se reforzarán las capacidades de intervención de las fuerzas de seguridad en las fronteras y se restaurará la confianza entre las fuerzas y la población.
Recientemente, dos periodistas españoles, David Beriain (quien también conoció y documentó la delicada situación en la provincia argentina de Santiago del Estero, a fines de los años 90) y Roberto Fraile, fueron asesinados tras sufrir una emboscada en el rodaje de un documental sobre parques naturales y cazadores furtivos. En esta misma región, yihadistas incendiaron las casas de un pueblo mientras sus habitantes dormían y disparaban a quienes trataban de huir. En la masacre fallecieron 30 miembros de la etnia gourmantché, quienes en su mayoría se habían alistado en el grupo de Voluntarios de Defensa de la Patria (VDP), el cuerpo paramilitar gubernamental creado contra el avance del yihadismo.
La crisis sanitaria y el COVID19
Según Médicos Sin Fronteras (MSF), ciertas zonas ya no tienen suficiente agua, los sistemas médicos están colapsados y hay escasez de alimentos. Las dificultades cíclicas durante la estación que comienza en junio suelen golpear al Sahel. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que la violencia yihadista e intercomunitaria en Burkina Faso provocará un “aumento dramático” de personas hambrientas. Para 2020 se esperaron 2,1 millones de personas en inseguridad alimentaria frente a las 680.000 de 2019.
Burkina Faso tiene, hasta la fecha, 13.345 casos confirmados, 13.101 activos y 161 muertes confirmadas por coronavirus. El Banco Mundial y el FMI instaron a los países del G-20 a establecer la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés).
El FMI anunció en abril de 2020 la aprobación de subvenciones para aliviar la deuda de 25 países miembros y así cubrir sus obligaciones de deuda con este organismo internacional durante seis meses, ayudándolos a canalizar sus recursos financieros hacia esfuerzos médicos de emergencia. Esta ayuda -llamada Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (CCRT, en inglés)- consta en principio de 500 millones de dólares y está financiada con donaciones de países miembros. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, hizo un llamado al resto de países para que aporten recursos al CCRT a fin de que el período de alivio de deuda se amplíe, de los actuales seis meses, a un objetivo de dos años. Se trata de una moratoria que afecta a los pagos debidos entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2020. Los pagos aplazados tendrán que devolverse entre 2022 y 2024. Este alivio de la deuda será financiado por el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFAC) del FMI.
En octubre de 2020, el G20 acordó extender la congelación del servicio de la deuda hasta la primera mitad de 2021 con una posible prolongación hasta finales de este año. La extensión cubriría 44% de los pagos de la deuda de los países que habían solicitado participar. El pasado abril, los titulares de las carteras de Finanzas del G20 pactaron la última condonación de deuda hasta finales de 2021, y acordaron también aumentar los recursos del FMI en 650.000 millones de dólares. El G-20 invitó al FMI a presentar propuestas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los derechos especiales de giro.
Zoé PazVoluntaria de CADAL. Estudiante de 3er año de Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales
Golpes de Estado nunca escasearon en la República de Burkina Faso luego de su independencia de Francia en 1960. De los primeros cuatro a lo largo de tres décadas, el cuarto lo condujo Thomas Sankara, conocido por ser el “Che Guevara de África”. En 1987, liderados por Blaise Compaoré, quien era compañero en el poder y amigo íntimo de Sankara, junto con militares fieles al dictador, lo traicionaron, derrocaron y asesinaron. Así Compaoré gobernó hasta la revuelta popular de 2014. Dos golpes de Estado más sucedieron hasta las elecciones presidenciales en 2015. El 29 de noviembre de ese año Roch Marc Christian Kaboré se convirtió en el primer mandatario civil elegido democráticamente.
Entre los logros del primer mandato de Kaboré (2015-2020), se destaca la implementación de la atención médica gratuita para mujeres y niños menores de cinco años, la mejora del suministro de agua potable, la construcción de nuevas carreteras y la celebración de la primera votación de burkineses en el exterior para unas elecciones presidenciales. Sin embargo, Kaboré tendrá que enfrentarse al principal reto: terminar con el terrorismo yihadista. Solo en 2020, 2.000 burkineses fueron víctimas del conflicto armado, y más de un millón de ciudadanos se vieron obligados a abandonar el país.
Kaboré y su segunda elección
Antes de conocerse el 57,87% de los votos de las comisiones presidenciales en noviembre de 2020 a favor de Kaboré, su principal rival, Zéphirin Diabre, declaró que, ante la posibilidad de fraude, se negaría a reconocer los resultados, y que el régimen en el poder estaba intentando comprar votos.
En su discurso de asunción del segundo mandato, Kaboré aseguró tener la intención de brindar seguridad y estabilidad al país, y garantizar que las personas desplazadas regresen a sus hogares. La situación de inseguridad fue una de las razones para que un 18% de la población (entre 300.000 y 350.000) no pudiera ir a votar, registrando una tasa de participación de solo el 46,12 % (2,9 millones de votantes sobre 5,8 millones). Más de 2.000 colegios electorales (de 21.154), principalmente en el norte y este del país, no pudieron abrir debido a la inseguridad.
El caso Sankara y la reconciliación nacional
Thomas Isidore Noël Sankara tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1983. En cuatro años se convirtió en el primer líder africano en denunciar la amenaza del SIDA, se opuso al FMI, al Banco Mundial y promovió los derechos de las mujeres oponiéndose a la mutilación genital femenina, entre otros aspectos. Luego de su asesinato, Compaoré gobernó Burkina Faso durante 27 años antes de ser derrocado a partir de un levantamiento popular, en 2014, y huir a Costa de Marfil. Burkina Faso emitió una orden de arresto en 2015, pero Costa de Marfil se negó a entregarlo. El verdugo de Sankara, ya ciudadano de Costa de Marfil, no puede ser extraditado sin la aprobación de las autoridades de dicho país. Este caso no solo estuvo presente en el debate público por décadas, sino que también es uno a resolver para la “reconciliación nacional” impulsada por el presidente Roch Kaboré.
Ataques terroristas
Tras el golpe de Estado que derribó a Compaoré en 2015, se incrementó de forma exponencial la violencia de grupos islamistas, muchos de ellos infiltrados desde Malí y Níger. El país no se había visto afectado hasta entonces por el terrorismo presente en países vecinos. Esto último fue interpretado porque Compaoré, supuestamente, pactó con las formaciones terroristas del área para la no-agresión. Burkina Faso es el escenario de la inseguridad debido al aumento de las operaciones terroristas por parte de distintos grupos como el de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), Ansarul Islam -un grupo terrorista autóctono-, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Murabitún y, en menor medida, el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), también en pugna entre algunos de estos.
La situación de inseguridad ha llevado a las autoridades a aprobar una ley para el reclutamiento de voluntarios dedicados a garantizar la estabilidad en zonas rurales. Pero esta iniciativa de Kaboré ha tenido repercusiones negativas por los supuestos abusos cometidos por el Ejército y estos grupos de autodefensa, en sus operaciones de seguridad. Aumentaron las tensiones intercomunitarias y así permitieron a los yihadistas reclutar nuevos combatientes.
Esta situación ha llevado a los países que integran el G5 Sahel -Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger- a reforzar su cooperación para hacer frente a la amenaza, replicada en la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y una facción escindida del último, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por su sigla en inglés).
En una conferencia de prensa, Christophe Dabiré, premier de Burkina, dijo "No decimos que Burkina esté en contra de las negociaciones con los terroristas, incluso países como Afganistán llegaron a un límite donde tenían que sentarse en la mesa de negociaciones con los terroristas”, en referencia al acuerdo de paz firmado por el gobierno de Estados Unidos y los talibán. Dabiré aseguró que se reforzarán las capacidades de intervención de las fuerzas de seguridad en las fronteras y se restaurará la confianza entre las fuerzas y la población.
Recientemente, dos periodistas españoles, David Beriain (quien también conoció y documentó la delicada situación en la provincia argentina de Santiago del Estero, a fines de los años 90) y Roberto Fraile, fueron asesinados tras sufrir una emboscada en el rodaje de un documental sobre parques naturales y cazadores furtivos. En esta misma región, yihadistas incendiaron las casas de un pueblo mientras sus habitantes dormían y disparaban a quienes trataban de huir. En la masacre fallecieron 30 miembros de la etnia gourmantché, quienes en su mayoría se habían alistado en el grupo de Voluntarios de Defensa de la Patria (VDP), el cuerpo paramilitar gubernamental creado contra el avance del yihadismo.
La crisis sanitaria y el COVID19
Según Médicos Sin Fronteras (MSF), ciertas zonas ya no tienen suficiente agua, los sistemas médicos están colapsados y hay escasez de alimentos. Las dificultades cíclicas durante la estación que comienza en junio suelen golpear al Sahel. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que la violencia yihadista e intercomunitaria en Burkina Faso provocará un “aumento dramático” de personas hambrientas. Para 2020 se esperaron 2,1 millones de personas en inseguridad alimentaria frente a las 680.000 de 2019.
Burkina Faso tiene, hasta la fecha, 13.345 casos confirmados, 13.101 activos y 161 muertes confirmadas por coronavirus. El Banco Mundial y el FMI instaron a los países del G-20 a establecer la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés).
El FMI anunció en abril de 2020 la aprobación de subvenciones para aliviar la deuda de 25 países miembros y así cubrir sus obligaciones de deuda con este organismo internacional durante seis meses, ayudándolos a canalizar sus recursos financieros hacia esfuerzos médicos de emergencia. Esta ayuda -llamada Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (CCRT, en inglés)- consta en principio de 500 millones de dólares y está financiada con donaciones de países miembros. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, hizo un llamado al resto de países para que aporten recursos al CCRT a fin de que el período de alivio de deuda se amplíe, de los actuales seis meses, a un objetivo de dos años. Se trata de una moratoria que afecta a los pagos debidos entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2020. Los pagos aplazados tendrán que devolverse entre 2022 y 2024. Este alivio de la deuda será financiado por el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFAC) del FMI.
En octubre de 2020, el G20 acordó extender la congelación del servicio de la deuda hasta la primera mitad de 2021 con una posible prolongación hasta finales de este año. La extensión cubriría 44% de los pagos de la deuda de los países que habían solicitado participar. El pasado abril, los titulares de las carteras de Finanzas del G20 pactaron la última condonación de deuda hasta finales de 2021, y acordaron también aumentar los recursos del FMI en 650.000 millones de dólares. El G-20 invitó al FMI a presentar propuestas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los derechos especiales de giro.
