De acuerdo a la edición 2020 del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), la dimensión analítica de Transformación Política ha declinado de manera constante en Guatemala con el pasar de los años. Los indicadores del BTI que se usan para evaluar su régimen político actual son cinco en total y en dos de ellos, para el período 2018-2020, se manifiesta un desempeño menor al mínimo requerido en cada uno para mantener el estándar democrático: el «Poder Efectivo para Gobernar» y la «Separación de Poderes» requieren cada uno un piso de 4 puntos para ser considerados democráticos. En el caso de Guatemala, sendos indicadores se encuentran en 2020 a un nivel de 3 puntos, posicionando a este país como una autocracia.

Por Victoria Ariagno

Desde la segunda mitad del siglo XX Guatemala ha experimentado una variedad de gobiernos de naturaleza tanto militar como civil. En 1996 el gobierno de Guatemala -en ese entonces, presidido por Álvaro Arzú Irigoyen- y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmaron los acuerdos de paz que finalizaron formalmente la guerra civil que padeció el país durante 36 años. Fue un hecho que tuvo un impacto profundo en términos económicos y políticos, plasmado, por ejemplo, en el fenómeno de desplazamiento interno de miles de personas y la agudización de la polarización de la sociedad.

Actualmente, los clivajes y conflictos estructurales de Guatemala permanecen inalterables. El desplazamiento de individuos por motivos forzosos sigue siendo un problema de gran envergadura en el país, motivado por deficiencias democráticas fundamentales, que se ven plasmadas en la inestabilidad macroeconómica, la corrupción ligada a temas como el narcotráfico o la violencia generalizada, por mencionar algunas, y que se vienen arrastrando desde incluso antes del fin de esta guerra interna.

Como fruto de los Acuerdos de Paz de 1996 se prohibió la participación del Ejército en los procesos electorales y se limitó el control militar de la seguridad ciudadana. Estos acuerdos también fueron de utilidad para eliminar obstáculos a la inversión extranjera, lo cual culminó en 2006 con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica, con los Estados Unidos de América (el denominado DR-CAFTA), estimulando aún más la inversión y la diversificación de las exportaciones.

Sin embargo, tanto los acuerdos, como también este TLC y numerosas iniciativas políticas, como la búsqueda de una reducción del déficit presupuestario “mediante una política monetaria restrictiva, un aumento del impuesto al valor agregado del 7% al 10% y esfuerzos para combatir la evasión fiscal generalizada” -objetivo promovido por la administración del presidente Álvaro Arzú (1996-2000)-, no lograron explayar sus potencialidades, producto de la débil voluntad política por mantener su compromiso hacia el Estado de derecho. Fue así como, en su lugar, florecieron el lavado de dinero, el tráfico de armas y la trata de personas.

Se contempla también que, paralelamente a la reducción de la violencia física que trajo este nuevo período de paz, se fue habilitando un espacio más propenso a la movilización política por parte de actores de la sociedad civil.

A partir de la administración del presidente Alfonso Portillo (2000-2004) se hicieron evidentes las conexiones entre redes criminales, políticos y el aparato del Estado. El deterioro de los elementos de estatalidad se fue dando paulatinamente. Casos que se ocultaron arbitrariamente del ojo crítico de la ciudadanía lograron ser encubiertos con éxito gracias a la unificación de elites militares, políticas y económicas que acordaron su apoyo hacia acciones antidemocráticas, como son las trabas a la visibilización de la información pública.

Así fue como, ya para el año 2016, el presidente Jimmy Morales (2016-2019) contaba con el respaldo del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organización del sector privado que reúne a entidades gremiales. Esta coalición, conocida como “Pacto de Corruptos”, fue instrumental a las iniciativas del Ejecutivo en contra de los magistrados de la Corte Constitucional y especialmente en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La misma había logrado la disolución del partido político FCN-Nación mediante el que el presidente accedió a su cargo público y el cual obtuvo financiamiento ilícito para su campaña electoral. A fines de su mandato, Morales decidió suspender la renovación de las actividades de la mencionada comisión (que representaba a la Organización de las Naciones Unidas) en Guatemala. Además, la CICIG encaminó otras investigaciones que involucraron a autoridades estatales en la red criminal conocida como “La Línea”, las cuales desembocaron en el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. El trabajo de la comisión acentuó aún más las dicotomías que se venían dando en la opinión pública. Movimientos ciudadanos, como “Justicia Ya”, han reclamado la transparencia de las instituciones y la no impunidad de las autoridades.

En enero de 2019 resultó especialmente controversial la aprobación de una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional por parte del Congreso, puesto que implica una contradicción a los Acuerdos de Paz de 1996 y beneficia a pasados perpetradores de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Un año después asumió la presidencia el médico derechista Alejandro Giammattei, quien instituyó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, en reemplazo de la CICIG (cuya retirada obligada respaldó) y en vistas a cumplir su promesa de campaña de una “mano dura” contra este mal que aqueja al país.

Cabe destacar que en las últimas elecciones presidenciales el resultado de primera vuelta se revirtió durante la segunda instancia, puesto que la socialdemócrata Sandra Torres fue derrotada en el ballotage. Además, un elevado nivel de abstencionismo indicaría una debilitada legitimidad electoral, lo cual podría complicar la gobernabilidad democrática y la aprobación de las tan necesarias reformas estructurales que requiere el país. Lo mismo sucede al no tener el oficialismo mayoría en el Congreso, siendo el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza mayoría con 52 escaños; no obstante, es necesario aclarar que la presidencia del mencionado poder estará a cargo de un funcionario del partido oficialista Vamos.

  A partir de los datos recabados a través del Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020, se hace una indagación específica de las variaciones más significativas que se dieron en ciertos indicadores. 

El análisis evolutivo de los tres ejes en los que se basa el Índice de Transformación de la fundación Bertelsmann Stiftung, demuestra que: 

El índice de Transformación hacia una Economía de Mercado contó, durante 2006-2020, con un nivel de variación menor al de los otros ejes. En el período actual se encuentra al mismo nivel que hace 14 años.

El indicador de Estabilidad Monetaria y Fiscal, dentro de este índice, demuestra que durante el período que se analiza, la inflación se mantuvo relativamente estable, y lo mismo sucedió con la deuda pública que, incluso más allá de este período específico, se sostuvo en una cifra de alrededor el 24% del PBI a lo largo de los 2010’s.

En el plano fiscal hubo un leve retroceso desde la llegada de Morales al poder, en 2016, puesto que desmanteló numerosos alcances en materia de reducción de evasión fiscal, como fue el Plan de Reforma Fiscal de 2013, que comprendía el aumento de los impuestos a las clases más ricas para así permitir a los guatemaltecos con menores ingresos por año la exención del pago de impuestos.

La Performance Económica, otro indicador, demuestra un incremento del valor de la moneda local en los últimos dos años, puesto que la política de deportaciones de la administración a cargo de Donald Trump afectó el ingreso de remesas en el país, las cuales tienen un peso significativo en la economía guatemalteca. El PBI per cápita es el sexto más bajo de la región y la economía se mantiene dependiente de sectores económicos tradicionales, como el azúcar. Se ha impulsado el sector minero en los últimos cinco años aproximadamente, producto de las fluctuaciones en los precios internacionales.

El mismo TLC firmado en 2006 sigue poniendo barreras importantes a la inversión extranjera directa, como son la precaria infraestructura y la falta de trabajadores calificados. Se presenta, entonces, la necesidad de estimular la inversión, el crecimiento del empleo y los salarios, para fomentar el crecimiento económico.

Además, actividades económicas a gran escala, como la minería a cielo abierto, el narcotráfico, conjunto con un sistema escolar precario, casos de trata de personas y abusos sexuales son otros factores que afectan al empleo, trabajo y medioambiente, que en última instancia repercute en la calidad de vida de la población; especialmente, afectando a grupos que persisten vulnerables tanto económica cuanto legislativamente, como las comunidades indígenas y campesinas, mujeres, niños, colectivo LGBTI.

Todo lo cual suscita el fenómeno de los desplazamientos internos que afecta a una enorme proporción de población guatemalteca. En la comunidad de Laguna Larga, en la región de Petén, se registró en 2018 un total de 345 personas desplazadas. Esta problemática se hace notar especialmente en el estudio del Índice de Gestión de la Gobernanza del BTI.

Este índice obtuvo en el año 2020 el menor puntaje de los últimos 14 años. La lucha contra la CICIG fortaleció mecanismos no democráticos en el accionar político; éste, motivado por la presión de grupos en el gobierno y de intereses privados y cortoplacistas, impulsados por la corrupción. Esto refleja la decadente capacidad de Priorización (indicador 14.1) que ha tenido la gestión de este último período analizado, que afecta, asimismo, la implementación de políticas públicas y otras disposiciones gubernamentales (indicador 14.2).

Tanto el Índice de Transformación Política hacia un Estado democrático, como el de la Gestión de la Gobernanza, si bien tienen diferentes enfoques teóricos, presentaron variaciones durante los mismos períodos: de 2010 a 2014, iniciada desde la presidencia de Álvaro Colom y agudizada durante la de Otto Pérez Molina, y de 2018 a 2020, durante la presidencia del comediante Jimmy Morales, ambas figuras que, entre otros aspectos que se mencionan en el presente informe, acarrearon una muy mala reputación política por su accionar perjudicial hacia el Estado y hacia la sociedad guatemalteca.

La dimensión analítica de Transformación Política ha declinado de manera constante con el pasar de los años (teniendo en cuenta que el BTI se calcula desde el año 2006 hasta el presente).

Los indicadores de este índice, que se usan para evaluar su régimen político actual (según el criterio de la Bertelsmann Stiftung), son cinco en total. En dos de ellos, para el período 2018-2020, se manifiesta un desempeño menor al mínimo requerido en cada uno para mantener el estándar democrático (que exige que ninguno esté debajo de su propio límite): el “Poder Efectivo para Gobernar” (indicador 2.2, dentro del criterio de Participación Política utilizado en esta dimensión analítica) y la “Separación de Poderes” (indicador 3.1, dentro del criterio de Estado de derecho) requieren cada uno un piso de 4 puntos para ser considerados democráticos. En el caso de Guatemala, sendos indicadores se encuentran en 2020 a un nivel de 3 puntos, posicionando a este país como una autocracia.

Esta clasificación se corrobora en la realidad guatemalteca, siendo que las capacidades para Gobernar de Forma Efectiva (indicador 2.2) son menoscabadas por la influencia de poderes de veto informales y grupos de interés, como asociaciones económicas y especialmente estructuras criminales clandestinas, conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), las cuales florecieron particularmente en el escenario durante la guerra civil que se vivió en el país. Las mismas sirven de apoyo a actividades ilegales, como el narcotráfico, el contrabando o la fabricación de pasaportes falsos.

El Ministerio Público y la CICIG emprendieron investigaciones que desmantelaron las conexiones de estos cuerpos con el aparato administrativo del Estado, nexos que les otorgaron un grado de impunidad tal que les permitió perpetuarse inclusive finalizada la guerra civil y también imponer obstáculos a toda iniciativa de reforma judicial o legislativa que vaya en contra de sus intereses; más aún, su poderío logró la misma disolución de la CICIG.

En lo relativo a la Separación de Poderes (indicador 3.1), si bien se da en la formalidad, el mecanismo de pesos y contrapesos, que garantizaría un funcionamiento eficaz y mutuamente controlado de los poderes, ha mermado por la coalición informal del gobierno que puede actuar sin temor a responsabilizarse ante el Estado de derecho. Por el contrario, se maneja mediante la negociación entre sus integrantes y dictando disposiciones arbitrarias que suelen ir en atropello de los intereses del pueblo guatemalteco como lo demuestran las protestas masivas a inicios del año 2019 acusando de corrupto al entonces presidente Jimmy Morales, quien redobló su negligencia hacia el Estado de derecho, rechazando abiertamente la decisión de la Corte Constitucional de renovar el mandato de la CICIG.

Los principales desafíos para el desarrollo de Guatemala se dan en la Gestión gubernamental, lo cual termina afectando su transformación hacia un Estado plenamente democrático. La corrupción resulta ser el mal más enraizado en el funcionamiento de las instituciones de Guatemala, la cual corroe todo tipo de formulación democrática. Como país que ha firmado y ratificado tratados de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y la Convención sobre los Derechos del Niño, es obligación del Estado garantizar los derechos de estos grupos de manera equitativa, a modo de reducir los niveles de desigualdad social y económica que afectan a estos grupos. Su responsabilidad de garantizar el derecho a una vida digna implica que el Estado adopte medidas de asistencia humanitaria, como acceso a una alimentación adecuada y al agua potable, el acceso a un alojamiento salubre y habitable, servicios de asistencia y cuidados básicos para niños y niñas, y legalizar el aborto, entre otras medidas.

El marco legal bajo el cual se formulan e implementan las políticas públicas en Guatemala debe replantearse, pero antes, para lograr que esto se concrete, es necesario afianzar la autonomía del Poder Judicial, protegiendo a denunciantes de corrupción y fiscalizando el financiamiento de la política.

En tanto las respuestas de las autoridades del Estado ante las demandas civiles se mantengan nulas, y mientras no se elabore tampoco ningún diagnóstico preciso sobre las problemáticas, la sociedad tenderá a solicitar más ayuda a la comunidad internacional, lo cual, a su vez, debilitará la credibilidad del gobierno guatemalteco y probablemente sufra algún grado de exclusión en las relaciones internacionales.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).