El contexto político de la pandemia agudiza las vicisitudes institucionales de dos países latinoamericanos, Perú y Bolivia, que comparten una evolución bastante similar en los indicadores de democracia y gobernanza de las mediciones del Bertelsmann Transformation Index (BTI) desde el año 2006. Ambos países se ubican en la categoría de “democracias defectuosas” según estos indicadores, reflejando los problemas institucionales que ambas naciones andinas arrastran desde hace mucho tiempo.

Por Raúl Ferro

La mano firme está de moda. Como sucede siempre en tiempos de incertidumbre, la ciudadanía quiere que sus líderes tomen medidas para enfrentar las amenazas y que las hagan respetar con firmeza. Si eso significa sacrificar libertades individuales, no importa. Es por eso que, subrayan diversos analistas, uno de los tantos riesgos que trae la actual pandemia del Covid-19 es la expansión y consolidación de actitudes autárquicas. Esto no quiere decir que todos los gobernantes que han tomado el toro del coronavirus por las astas pretendan convertirse en autócratas o algo peor. Pero el riesgo está servido.

En esta línea, el contexto político de la pandemia agudiza las vicisitudes institucionales de dos países latinoamericanos, Perú y Bolivia, que comparten una evolución bastante similar en los indicadores de democracia y gobernanza de las mediciones del Bertelsmann Transformation Index (BTI) desde el año 2006. Ambos países se ubican en la categoría de “democracias defectuosas” según estos indicadores, reflejando los problemas institucionales que ambas naciones andinas arrastran desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pese a esta coincidencia de diagnóstico, la historia, evolución y perspectivas de la democracia, la gobernabilidad y la economía en ambos países es, sin embargo, muy diferente. Y la crisis sanitaria pondrá a prueba su evolución en el futuro próximo.

Perú es un país que, tras recuperar la democracia en la década de los 80 del siglo pasado, atravesó unos turbulentos años que incluyeron la demencial, sangrienta y generalizada insurrección terrorista de Sendero Luminoso y una profunda debacle económica. Este período terminó a principios de los 90 en un régimen autocrático, el de Alberto Fujimori que, si bien eliminó el terrorismo y sentó las bases de una economía de mercado moderna, lo hizo a un elevado costo en materia de abusos contra los derechos humanos y de una extensiva corrupción. Perú corrió un serio riesgo de convertirse en un narcoestado, pero tras el colapso del régimen de Fujimori a fines de los 90, el país fue capaz de reencausarse y organizar una transición política dentro de marcos democráticos.

Este éxito, sin embargo, no resolvió los problemas institucionales de Perú, ni mucho menos. Esta nación ha venido sufriendo crisis tras crisis en los últimos 20 años. Tres de sus últimos cuatro presidentes están procesados judicialmente bajo acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. El cuarto, Alan García, se suicidó cuando iba a ser arrestado.

Las graves debilidades de las instituciones peruanas –tanto en los ámbitos legislativo, ejecutivo como judicial— son las que han estado detrás de estas crisis. Pero paradójicamente son estas mismas instituciones las que han funcionado –con dificultades, es cierto—para enfrentar estas crisis y mantener la democracia andando.

Las turbulencias continúan. El actual presidente, Martín Vizcarra, asumió en el 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. A fines del año pasado, enfrentado a graves problemas de gobernabilidad, disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones legislativas para enero del 2020. La medida, polémica desde el punto de vista constitucional, buscó destrabar el bloqueo sistemático del Congreso, dominado por el fujimorismo, a propósito del proceso de nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que, según el gobierno, no fue transparente. Todo esto, con el telón de fondo de múltiples procesos penales por corrupción que afectan a toda la clase política, incluyendo a la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori.

La medida, sin embargo, trajo malos recuerdos a muchos peruanos: el expresidente Fujimori instauró su autarquía en 1992 precisamente cerrando el Parlamento. Pero las similitudes entre ambos actos son superficiales. En 1992 Fujimori cerró el Parlamento sin invocar ninguna atribución constitucional y, además, también intervino los demás poderes, los medios de comunicación y detuvo a varios dirigentes políticos.  La acción de Vizcarra –que fue finalmente declarada constitucional— se limitó a la disolución del Congreso y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones.

La medida tuvo, por otro lado, un amplio respaldo popular: el apoyo al presidente subió 31 puntos tras la medida, alcanzando un 79% en octubre de 2019, aprobación que se ha proyectado hasta este año por su manejo de la pandemia del coronavirus, alcanzando más del 80% de apoyo en marzo y abril de 2020.

Pero la popularidad no es todo. La composición del Congreso elegido en enero del 2020, con una magra representación del fujimorismo, está altamente fragmentada, lo que, sumado a la emergencia sanitaria, dificulta la tramitación de algunas de las reformas institucionales impulsadas por el gobierno. De igual forma, Vizcarra ha venido enfrentando frecuentes crisis ministeriales como coletazo de las investigaciones por corrupción que siguen adelante.

Si Vizcarra será capaz de avanzar en el fortalecimiento institucional de Perú en base a su popularidad es una pregunta abierta. El tiempo no está a su favor –termina su mandato en julio del 2021—y la crisis económica que está provocando la pandemia se tomará la agenda. La tarea quedará, al parecer, en manos de los líderes políticos que tomen las riendas del país en próximo año.

Bolivia

Mientras Perú enfrentaba el cierre del Congreso, en Bolivia la crónica debilidad institucional del país hizo crisis nuevamente en un violento terremoto político. El 20 de octubre se realizaron elecciones presidenciales en las que participó –de forma legalmente cuestionable—el entonces presidente Evo Morales, quien supuestamente obtuvo la victoria por un margen muy estrecho y con un abrupto cambio de tendencia tras haberse suspendido el conteo durante 20 horas, cuando el 84% de los votos ya se había escrutado. La sospecha sobre una posible manipulación desencadenó violentas protestas. El gobierno invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a auditar las elecciones y el veredicto no lo favoreció. La OEA encontró irregularidades y recomendó convocar nuevas elecciones y reemplazar las autoridades del Tribunal Constitucional. Morales aceptó, pero poco después, ante la presión de la oposición, de la policía y de las fuerzas armadas, Morales renunció y se exilió.

Lo reemplazó en el cargo la segunda vicepresidente del senado, Jeannine Añez, quién convocó en un principio nuevas elecciones para el 3 de mayo del 2020, aunque impidiendo que Morales pueda participar como candidato.

El incidente puso fin a 14 años de gobierno de Evo Morales, el más largo y estable de la historia de Bolivia, un país con un profundo historial de inestabilidad política y violencia, pero que retornó a cierta normalidad en los años 80.

El surgimiento y triunfo de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, tiene raíces complejas. Morales fue el primer presidente de origen indígena del país y su gobierno adhirió al proyecto bolivariano encabezado por Hugo Chávez desde Venezuela. Pero, a diferencia de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, el gobierno de Morales realizó un manejo económico moderado y logró tasas de crecimiento del PIB de alrededor del 5% anual en promedio durante su mandato, triplicando el ingreso per cápita. También logró una importante reducción de la pobreza, que pasó del 63,1% de la población en el 2007 al 34,6% en el 2018, según datos del Banco Mundial.

En el plano institucional, sin embargo, los avances no fueron en absoluto tan positivos. El gobierno logró imponer una nueva Constitución en el 2009, que fue aprobada en referéndum popular, pero que, al igual que otros gobiernos de la órbita bolivariana, ha interpretado con indulgencia para consolidar su poder. Aprovechando su mayoría legislativa, el gobierno de Morales colocó a sus partidarios en la sala de control de organismos clave como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura.

En el 2019, Human Rights Watch denunció, por ejemplo, la destitución arbitraria de un centenar de jueces desde el 2017. El propio Morales, al presentarse como candidato a la reelección en el 2019, desconoció su propia Constitución, tras haber perdido el referéndum realizado en el 2016 para modificarla y permitir su reelección. Finalmente logró que el Tribunal Supremo de Justicia reconociera su “derecho humano” a postular, ignorando la voluntad popular y la institucionalidad que su propio régimen había implementado. Su gobierno ha estado, además, salpicado por numerosos escándalos de corrupción algo que, sin embargo, ha sido común en gobiernos anteriores.

La renuncia de Morales a la presidencia no significa, desafortunadamente, una mejora de la calidad institucionalidad de Bolivia. El gobierno interino de Añez ha sido acusado de perseguir a líderes simpatizantes de Morales. Human Rights Watch también ha denunciado que el gobierno de Añez está limitando la libertad de expresión a través del decreto que impone la cuarentena.  “El Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión,” ha señalado HRW.

Debido a la pandemia, el gobierno también ha postergado las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo. La nueva fecha no había sido fijada aun al cierre de este artículo.

La situación política está altamente polarizada en Bolivia y el actual gobierno no parece muy interesado en disminuir la presión. La actual presidenta interina es candidata a la presidencia y está empatada, en el segundo lugar, con Carlos Mesa, según las encuestas más recientes. El candidato del partido de Morales, el ex ministro de economía Luis Arce, encabeza las preferencias. En este contexto, las perspectivas de avanzar en la construcción de una mejor institucionalidad democrática en Bolivia no se ven muy sólidas.

Raúl Ferro

Consejero Consultivo

Analista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.