El pasado 14 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en Ciudad de Guatemala, el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, reivindicó su promesa de “mano dura” para hacer frente a la corrupción y a la violencia endémica que hay en el país. Por otra parte, el nuevo gobierno también busca hacer frente a la crisis migratoria mejorando las condiciones de vida localmente para evitar una salida tan numerosa de guatemaltecos.

Por Victoria Ariagno

Guatemala comenzó el año con un gobierno renovado, presidido ahora por el médico derechista Alejandro Giammattei que, en su cuarto intento, logró vencer en ballotage a la socialdemócrata Sandra Torres, quien posteriormente fue arrestada por su vinculación en un caso de corrupción de su partido en 2015. Llamó la atención el elevado nivel de abstencionismo: teniendo más de 8 millones de ciudadanos empadronados, tan sólo unos 5 millones participaron en la votación de primera vuelta, y aún menor fue esta cantidad en segunda vuelta, de acuerdo con las cifras del Tribunal Supremo Electoral.

Por su parte, el saliente presidente Morales comenzó el año con la popularidad por el piso; aun así, las acusaciones de encubrimiento de actos ilícitos que lo implican (como el financiamiento electoral de la campaña que lo llevo a la presidencia en 2016) no parecen ser una amenaza para él puesto que recientemente asumió como diputado en el Parlamento Centroamericano, producto de lo cual gozará de inmunidad.

El pasado 14 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en Ciudad de Guatemala, Giammattei reivindicó su promesa de “mano dura” para hacer frente a la corrupción y a la violencia endémica que hay en el país. Propuso para ello una Iniciativa de Ley que declare a las “maras y pandillas como grupos terroristas”.

Por otra parte, el nuevo gobierno también busca hacer frente a la crisis migratoria mejorando las condiciones de vida localmente para evitar una salida tan numerosa de guatemaltecos. Como indica el último informe de Human Rights Watch, entre los factores que motivan a los ciudadanos a irse del país están: la extorsión por parte de organizaciones delictivas o de funcionarios individuales, que doblegan a la misma justicia de la nación en pos de sus propios intereses; la violencia contra periodistas, quienes son blanco de hostigamiento e incluso asesinados (como fueron los casos de Laurent Castillo en 2018, Carlos Rodríguez en 2016 y de Danilo López y Federico Salazar en 2015); la deficitaria y excluyente salud sexual y reproductiva que, como se vislumbra en el proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, contiene disposiciones que discriminan a personas del grupo LGBTI (ej. prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo) y que plantean tipificar en el código penal la “promoción del aborto” como un delito. Giammattei expresó en la campaña electoral que apoyaba el proyecto.

En cuanto al plano internacional, el presidente busca modificar el acuerdo de “tercer país seguro” que el anterior gobierno firmó con Estados Unidos -mediante el cual es posible que EEUU envíe a Guatemala a los solicitantes de asilo de otros países- por considerar insuficiente la información que el saliente gobierno le otorgó con respecto a la implementación de éste.

El país centroamericano tiene actualmente un déficit social desde todo punto de vista: en el plano de la educación, el empleo, el sistema de salud y la alimentación; los cuales se suman al aspecto monetario. La última cifra emitida hasta la fecha indica que el 59,3% de su población vive en condiciones de pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2014.

La debilidad del Estado para concretar políticas sociales hace saltar a la luz la necesaria autonomización de los recursos económicos y recursos humanos, a modo de evitar su malversación. Además, el hecho de que la mayoría de la población realice actividades en la economía informal obstaculiza todo tipo de planeamiento sostenible.

Paralelamente, el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional indicó que para fines del gobierno de Morales Guatemala había caído 10 puestos en comparación a sus inicios en 2016. Como consecuencia de aquello, las posibilidades de nuevas inversiones en el país se redujeron, así como también la credibilidad hacia las autoridades, lo cual, a su vez, afecta la gobernanza del país. Como el mismo informe indica: “la toma de decisiones políticas inclusivas es esencial para frenar la corrupción”.

Un ejemplo de este problema fueron los obstáculos dados a la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Creada entre la ONU y el Estado de Guatemala 12 años atrás, destapó estructuras criminales en el país, entre ellas casos que implicaban al mismo presidente Giammattei y al expresidente Morales, y que llevó a prisión a funcionarios de altos cargos políticos. Todavía no han empezado juicios en la mayor parte de los casos de corrupción iniciados desde 2015 debido a problemas recurrentes, como la intimidación de jueces y fiscales. La misma comisión fue disuelta a fines del año pasado y con ello la reputación del país decayó en materia de transparencia.

En palabras de Giammatei -apoyando la decisión de no renovación de la comisión tomada por el expresidente- la CICIG hacía frente a las consecuencias de los problemas, pero no atacaba directamente la raíz de la corrupción. Es por eso que, una vez en el alto cargo, instituyó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, la cual se espera llene el vacío que dejó la misión de las Naciones Unidas. Estará integrada por varios organismos de Estado para fomentar el mutuo control. Su autonomía funcional se vigilará de cerca, especialmente en el plano internacional, teniendo en cuenta que estará presidida por el mismo Presidente de la República, quien en su discurso de investidura hizo promesas con respecto a esta problemática.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).