Con un partido hegemónico aferrado al poder, el gobierno de la Guinea Ecuatorial reprime severamente los derechos a la libertad de expresión y de reunión a través de las detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva. Los represores no se hacen responsables, ya que gozan de una total impunidad.

Por Eric Cuevas

Guinea Ecuatorial tiene el mismo presidente, Teodoro Obiang, desde 1979, lo que lo convierte en el Jefe de Estado no monarca con más tiempo en el poder en todo el mundo. Sin embargo, como suele pasar con Jefes de Estado de largo plazo, la legitimidad de las últimas elecciones que lo mantuvieron en su puesto es severamente dudosa. En primer lugar, Obiang se presentó como candidato en las elecciones del 2016 a pesar de una enmienda constitucional del 2011 que establece un limite de dos mandatos presidenciales. Obiang se justificó diciendo que la enmienda no tenía carácter retroactivo. Además, la mayoría de los grupos opositores boicotearon estas últimas elecciones, citando casos de intimidación, la ausencia de un organismo electoral independiente, la restricción de los medios e irregularidades procesales. Al final, Obiang declaró su triunfo, supuestamente ganando con un cuestionable 93,7 por ciento de los votos.

La ilegitimidad de las elecciones no es nada nuevo para Guinea Ecuatorial. Las elecciones legislativas del 2015 también fueron criticadas por la intimidación de la oposición e irregularidades procesales que se vieron durante ellas. El gobierno también ha sido acusado previo a las elecciones de haber bloqueado los sitios web y páginas de Facebook de los partidos opositores.

Lo que ocurre alrededor de las elecciones muestra sólo una pequeña parte de los desafíos que existen para los partidos políticos opositores del país. Por ejemplo, los aportes de los fondos de campaña política que son estipulados en la constitución es retrasado regularmente. Asimismo, se le niega rutinariamente el acceso a los medios de comunicación a los partidos opositores. Estos son sólo algunos de los desafíos que han resultado en que sólo dos de un total de 170 escaños en el organismo legislativo pertenezcan a partidos opositores. Y aunque en el 2015 entraron en vigor nuevas leyes que facilitaron la creación de nuevos partidos políticos, no es claro si tuvieron algún efecto importante en las elecciones del 2016.

El partido mayoritario mantiene su monopolio político y económico en parte a través de la intensa represión de las libertades de expresión y de reunión, lo cual consigue con el uso descarado de detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva contra los disidentes políticos. Amnesty International y Freedom House reportan varios de estos casos dónde las fuerzas del Estado arrestan a los participantes de alguna reunión o manifestación organizada por la oposición, los golpean durante su detención y los liberan días después y sin cargos. Más de 250 personas han sido arrestadas entre febrero de 2016 y mayo de 2017 por haber asistido a reuniones de partidos opositores.

Este control también afecta a los medios de comunicación. Según Human Rights Watch, si bien existen algunos medios privados, la mayoría son dirigidos por personas con vínculos fuertes con Obiang. Además, los periodistas practican la autocensura, ya que los que critican al presidente, su familia o sus fuerzas de seguridad, se enfrentan con represalias. En julio de 2015, oficiales gubernamentales amenazaron a un reportero de la televisión nacional cuando filmó un informe sobre la escasez de combustible en la compañía de petróleo nacional. Asimismo, el gobierno acostumbra imponer una censura completa de noticias sobre eventos extranjeros, como lo hizo con la destitución del presidente de Burkina Faso en 2014.

Esta represión de los derechos depende mucho de la impunidad de los responsables, y esta impunidad es muy fácil de conseguir ya que, como reporta Freedom House,  el gobierno de Guinea Ecuatorial goza de un control fuerte sobre los medios, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial. En cuanto al poder judicial, los jueces consultan con la oficina del presidente antes de emitir una resolución para ciertos casos delicados. Además, el mismo Presidente Obiang es el primer magistrado del país.

Un ejemplo impresionante que ilustra hasta que punto llega la impunidad en Guinea Ecuatorial es el caso de Teodorin Obiang, el hijo mayor de Obiang. En septiembre de 2016, un juez francés ordenó que Teodorin enfrente juicio por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos. Esta orden fue formalizada por fiscales franceses en mayo. El Presidente Obiang reaccionó a esto nombrando a Teodorin vicepresidente del país y demandando a Francia dentro de la CPI por violar la inmunidad diplomática de su hijo. Las acciones por parte de Francia ocurrieron después de que el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos también investigó a Teodorin por lavar dinero. El caso se resolvió cuando Teodorin acepto entregar 30 millones de dólares, los cuales serán repatriados a la Guinea Ecuatorial.

Desgraciadamente, las violaciones de los derechos no se limitan a los ya mencionados. Según Human Rights Watch, la mitad de la población no tiene acceso al agua potable; el 26 por ciento sufre de la desnutrición infantil; en 2016, el 42 por ciento de los niños no estaban registrados en escuelas primarias y las mujeres y los niños son vulnerables al comercio sexual. Los oficiales gubernamentales también son acusados de participar en el trafico humano.

Eric Cuevas