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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
02-02-2026Guinea rumbo a la autocracia electoral
Las cifras oficiales de las elecciones de diciembre —una victoria del 87% con una participación declarada del 80%— no reflejan un mandato genuino, sino más bien un vacío: sin medios de comunicación independientes que monitorearan el proceso y sin una oposición viable en condiciones de competir, las elecciones fueron una mera formalidad. Las perspectivas de una democracia real en Guinea parecen remotas.
Por Inés Pousadela
En diciembre de 2025 tuvieron lugar en Guinea las primeras elecciones presidenciales celebradas desde que los militares tomaran el control mediante un golpe de Estado en 2021. El general Mamady Doumbouya logró mantenerse en el poder tras obtener el 87% de los votos. El resultado nunca estuvo en duda: no se trató de un hito democrático, sino de la culminación de un proceso simulado de transición hacia un régimen civil.
Doumbouya ha llevado a cabo con éxito un acto de alquimia política, convirtiendo una dictadura militar en una autocracia electoral. Tras desmantelar sistemáticamente a la oposición, silenciar a la prensa y reescribir las leyes para adaptarlas a sus ambiciones, se aseguró de revestir su control del poder con un fino velo de legitimidad electoral.
La arquitectura de la autocracia
El camino hacia este momento fue minuciosamente preparado. En abril de 2025, Doumbouya anunció que en septiembre se celebraría un referéndum constitucional, supuestamente marcando el principio del fin del régimen militar. Pero no fue así: en junio, Doumbouya creó una nueva Dirección General de Elecciones bajo el control del Ministerio de Administración Territorial, revirtiendo esfuerzos previos para establecer una institución electoral independiente.
La Constitución fue redactada en las sombras por el Consejo Nacional de Transición, el órgano legislativo designado por la junta. Aunque aparentemente los primeros borradores incluyeron salvaguardias contra la presidencia vitalicia, estas fueron eliminadas antes de que el texto definitivo viera la luz. El documento final eliminó la prohibición de que los miembros de la junta se presentaran a elecciones, amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y otorgó al presidente la facultad de nombrar a un tercio de los miembros del recién creado Senado.
Cuando el referéndum tuvo lugar, el 21 de septiembre, el régimen de facto recibió un sello de legitimidad. Las cifras oficiales reflejaron un 89% de apoyo con una participación del 86%, cifras que se vieron desmentidas por la realidad de un boicot opositor generalizado y la palpable falta de entusiasmo por parte de la población.
Un clima de temor
Desde mayo de 2022 rige una prohibición general de las protestas, y quienes se han atrevido a desafiarla han enfrentado la violencia de las fuerzas de seguridad. El 6 de enero de 2025, las fuerzas de seguridad asesinaron a por lo menos tres personas, entre ellas dos niños, durante manifestaciones convocadas por la coalición opositora Fuerzas Vivas de Guinea.
El camino hacia la victoria electoral continuó despejándose con medidas administrativas y judiciales adicionales. En octubre de 2024, las autoridades disolvieron más de 50 partidos políticos. En agosto de 2025, suspendieron a los principales grupos de la oposición, como la Agrupación del Pueblo de Guinea. Algunos de los principales líderes opositores, tales como el ex primer ministro Cellou Dalein Diallo, estaban en el exilio, mientras que otros, como Aliou Bah, fueron condenados a prisión: en el caso de Bah, por supuestamente insultar a Doumbouya.
El clima de temor se vio reforzado por una brutal represión de los medios de comunicación. Guinea cayó 25 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, la mayor caída del año. Se retiró la licencia a numerosos medios independientes y muchos periodistas fueron detenidos. Los que siguieron trabajando debieron acostumbrarse a practicar una estricta autocensura para evitar convertirse en el próximo blanco. Así, cuando llegó el momento de concurrir a las urnas, no había nadie que pudiera ofrecer perspectivas diversas, monitorear el proceso, investigar irregularidades o exigir que las autoridades rindieran cuentas.
Contagio de golpes de Estado
Guinea no es una excepción. Desde 2020, una ola de golpes de Estado ha azotado a África. Los militares tomaron el poder en Burkina Faso, Chad, Gabón, Guinea-Bissau, Madagascar, Mali, Níger y Sudán. El patrón es siempre el mismo: los militares toman el poder con la promesa de “corregir” los fallos del régimen anterior para luego romper sus promesas de regresar el poder a los civiles.
Guinea es el tercero de los países de esta oleada en pasar de una dictadura militar a una autocracia electoral. Sigue los pasos de Chad, donde Mahamat Idriss Déby se aseguró la victoria en mayo de 2024 tras el sospechoso asesinato de su principal oponente, y Gabón, donde el general Brice Oligui Nguema ganó las elecciones de 2025 supuestamente con el 90% de los votos.
La comunidad internacional no está haciendo gran cosa. Doumbouya ignoró sistemáticamente los plazos y las sanciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que no tanto tiempo atrás se enorgullecía de su política de “tolerancia cero” hacia los golpes de Estado, y no enfrentó ninguna consecuencia. La Unión Africana y las Naciones Unidas expresaron su preocupación retórica, pero sus advertencias no fueron acompañadas de repercusiones diplomáticas o económicas.
La voluntad internacional de fingir normalidad mientras Doumbouya conduce una falsa transición envía un mensaje peligroso a otros aspirantes a autócratas, tanto en la región como fuera de ella.
Democracia denegada
Cuando Doumbouya tomó el poder en 2021, la reacción social fue cautamente optimista. Su predecesor, Alpha Condé, había modificado de forma controvertida la Constitución para asegurarse un tercer mandato en medio de violentas protestas y acusaciones de corrupción y fraude. Doumbouya prometió arreglar las cosas, pero en cambio acabó convirtiéndose en el hombre al que derrocó, utilizando exactamente las mismas tácticas de manipulación constitucional y represión para cimentar su poder.
Las cifras oficiales de las elecciones de diciembre —una victoria del 87% con una participación declarada del 80%— no reflejan un mandato genuino, sino más bien un vacío: sin medios de comunicación independientes que monitorearan el proceso y sin una oposición viable en condiciones de competir, las elecciones fueron una mera formalidad.
Las perspectivas de una democracia real en Guinea parecen remotas. Doumbouya se ha asegurado un mandato de siete años mediante unas elecciones que eliminaron la infraestructura esencial necesaria para la democracia. A falta de una presión internacional más fuerte y de un apoyo tangible a la sociedad civil guineana, Guinea se enfrenta a la perspectiva de un prolongado régimen autoritario tras una fachada democrática, con perspectivas sombrías en materia de derechos humanos.
Inés PousadelaVicepresidentaTiene un Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Belgrano en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica; Cursos de Doctorado en el IHEAL/Université Paris 3 en la orientación Estudios Latinoamericanos; una Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM; y es Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Senior Research Specialist de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) para Argentina del Open Government Partnership; y Profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT Uruguay.
En diciembre de 2025 tuvieron lugar en Guinea las primeras elecciones presidenciales celebradas desde que los militares tomaran el control mediante un golpe de Estado en 2021. El general Mamady Doumbouya logró mantenerse en el poder tras obtener el 87% de los votos. El resultado nunca estuvo en duda: no se trató de un hito democrático, sino de la culminación de un proceso simulado de transición hacia un régimen civil.
Doumbouya ha llevado a cabo con éxito un acto de alquimia política, convirtiendo una dictadura militar en una autocracia electoral. Tras desmantelar sistemáticamente a la oposición, silenciar a la prensa y reescribir las leyes para adaptarlas a sus ambiciones, se aseguró de revestir su control del poder con un fino velo de legitimidad electoral.
La arquitectura de la autocracia
El camino hacia este momento fue minuciosamente preparado. En abril de 2025, Doumbouya anunció que en septiembre se celebraría un referéndum constitucional, supuestamente marcando el principio del fin del régimen militar. Pero no fue así: en junio, Doumbouya creó una nueva Dirección General de Elecciones bajo el control del Ministerio de Administración Territorial, revirtiendo esfuerzos previos para establecer una institución electoral independiente.
La Constitución fue redactada en las sombras por el Consejo Nacional de Transición, el órgano legislativo designado por la junta. Aunque aparentemente los primeros borradores incluyeron salvaguardias contra la presidencia vitalicia, estas fueron eliminadas antes de que el texto definitivo viera la luz. El documento final eliminó la prohibición de que los miembros de la junta se presentaran a elecciones, amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y otorgó al presidente la facultad de nombrar a un tercio de los miembros del recién creado Senado.
Cuando el referéndum tuvo lugar, el 21 de septiembre, el régimen de facto recibió un sello de legitimidad. Las cifras oficiales reflejaron un 89% de apoyo con una participación del 86%, cifras que se vieron desmentidas por la realidad de un boicot opositor generalizado y la palpable falta de entusiasmo por parte de la población.
Un clima de temor
Desde mayo de 2022 rige una prohibición general de las protestas, y quienes se han atrevido a desafiarla han enfrentado la violencia de las fuerzas de seguridad. El 6 de enero de 2025, las fuerzas de seguridad asesinaron a por lo menos tres personas, entre ellas dos niños, durante manifestaciones convocadas por la coalición opositora Fuerzas Vivas de Guinea.
El camino hacia la victoria electoral continuó despejándose con medidas administrativas y judiciales adicionales. En octubre de 2024, las autoridades disolvieron más de 50 partidos políticos. En agosto de 2025, suspendieron a los principales grupos de la oposición, como la Agrupación del Pueblo de Guinea. Algunos de los principales líderes opositores, tales como el ex primer ministro Cellou Dalein Diallo, estaban en el exilio, mientras que otros, como Aliou Bah, fueron condenados a prisión: en el caso de Bah, por supuestamente insultar a Doumbouya.
El clima de temor se vio reforzado por una brutal represión de los medios de comunicación. Guinea cayó 25 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, la mayor caída del año. Se retiró la licencia a numerosos medios independientes y muchos periodistas fueron detenidos. Los que siguieron trabajando debieron acostumbrarse a practicar una estricta autocensura para evitar convertirse en el próximo blanco. Así, cuando llegó el momento de concurrir a las urnas, no había nadie que pudiera ofrecer perspectivas diversas, monitorear el proceso, investigar irregularidades o exigir que las autoridades rindieran cuentas.
Contagio de golpes de Estado
Guinea no es una excepción. Desde 2020, una ola de golpes de Estado ha azotado a África. Los militares tomaron el poder en Burkina Faso, Chad, Gabón, Guinea-Bissau, Madagascar, Mali, Níger y Sudán. El patrón es siempre el mismo: los militares toman el poder con la promesa de “corregir” los fallos del régimen anterior para luego romper sus promesas de regresar el poder a los civiles.
Guinea es el tercero de los países de esta oleada en pasar de una dictadura militar a una autocracia electoral. Sigue los pasos de Chad, donde Mahamat Idriss Déby se aseguró la victoria en mayo de 2024 tras el sospechoso asesinato de su principal oponente, y Gabón, donde el general Brice Oligui Nguema ganó las elecciones de 2025 supuestamente con el 90% de los votos.
La comunidad internacional no está haciendo gran cosa. Doumbouya ignoró sistemáticamente los plazos y las sanciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que no tanto tiempo atrás se enorgullecía de su política de “tolerancia cero” hacia los golpes de Estado, y no enfrentó ninguna consecuencia. La Unión Africana y las Naciones Unidas expresaron su preocupación retórica, pero sus advertencias no fueron acompañadas de repercusiones diplomáticas o económicas.
La voluntad internacional de fingir normalidad mientras Doumbouya conduce una falsa transición envía un mensaje peligroso a otros aspirantes a autócratas, tanto en la región como fuera de ella.
Democracia denegada
Cuando Doumbouya tomó el poder en 2021, la reacción social fue cautamente optimista. Su predecesor, Alpha Condé, había modificado de forma controvertida la Constitución para asegurarse un tercer mandato en medio de violentas protestas y acusaciones de corrupción y fraude. Doumbouya prometió arreglar las cosas, pero en cambio acabó convirtiéndose en el hombre al que derrocó, utilizando exactamente las mismas tácticas de manipulación constitucional y represión para cimentar su poder.
Las cifras oficiales de las elecciones de diciembre —una victoria del 87% con una participación declarada del 80%— no reflejan un mandato genuino, sino más bien un vacío: sin medios de comunicación independientes que monitorearan el proceso y sin una oposición viable en condiciones de competir, las elecciones fueron una mera formalidad.
Las perspectivas de una democracia real en Guinea parecen remotas. Doumbouya se ha asegurado un mandato de siete años mediante unas elecciones que eliminaron la infraestructura esencial necesaria para la democracia. A falta de una presión internacional más fuerte y de un apoyo tangible a la sociedad civil guineana, Guinea se enfrenta a la perspectiva de un prolongado régimen autoritario tras una fachada democrática, con perspectivas sombrías en materia de derechos humanos.
