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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
21-11-2025Argentina mantuvo silencio ante posibles crímenes de lesa humanidad en Bielorrusia
Los Estados democráticos deberían mostrarse solidarios con quienes defienden los derechos humanos en Bielorrusia y adoptar un compromiso activo con las libertades fundamentales en su política exterior. Sin embargo, en el caso de Argentina directamente no intervino en el diálogo interactivo del Examen Periódico Universal (EPU) de Bielorrusia, realizado el pasado 3 de noviembre de 2025 en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Por Dorothea Krueger
La persecución de opositores políticos en Bielorrusia es sistemática, viola libertades fundamentales y se intensificó de manera desmesurada desde 2020. En mayo de ese año, el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko anunció su candidatura para un sexto mandato consecutivo, lo que llevó a que miles de personas se volcaran a las calles en protesta. Pese a la violenta represión de estas manifestaciones pacíficas, la movilización creció de manera masiva y sin precedentes cuando, en agosto de 2020, los resultados de las fraudulentas elecciones presidenciales confirmaron la victoria de Lukashenko con un 80% de los votos. Cerca de 3.000 personas fueron detenidas por participar en las protestas posteriores a los comicios.
Lukashenko gobierna Bielorrusia desde 1994 y revirtió rápidamente las incipientes reformas que apuntaban a una transformación democrática del país tras su independencia de la Unión Soviética en 1991. En 1995 y 1996, enmiendas constitucionales debilitaron significativamente el rol y la independencia de los poderes Legislativo y Judicial, concentrando el poder en la presidencia y, tras la derogación del límite a los mandatos en 2004, en la figura misma de Lukashenko.
En 2025, y con la oposición en el exilio, Lukashenko inició su séptimo mandato tras ganar oficialmente con el 86,8% de los votos en las elecciones de enero. Actualmente, más de mil personas están privadas de su libertad por razones políticas en Bielorrusia. La detención arbitraria, frecuentemente acompañada de tortura o malos tratos, constituye el principal método del gobierno para silenciar voces disidentes.
El último informe del Grupo de Expertos Independientes sobre la situación de derechos humanos en Bielorrusia, un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, demuestra la sistematicidad de estas violaciones y la responsabilidad criminal de las autoridades, especialmente de Lukashenko, en dirigir y controlar la represión. Además, el grupo concluye que estas violaciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad y que el “Estado de Bielorrusia no solo es incapaz y no está dispuesto a enjuiciar los delitos internacionales que son de su competencia, sino que además promueve la impunidad de los presuntos autores de esos delitos”. Sin un poder judicial independiente, la población bielorrusa se ve privada de su derecho a la reparación, la verdad y las garantías de no repetición. Por ello, afirman los expertos, “el impulso para exigir responsabilidades debe provenir de la comunidad internacional”.
Si bien Bielorrusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) —tribunal competente para juzgar los crímenes más graves, entre ellos los crímenes de lesa humanidad—, existen alternativas para exigir justicia desde la comunidad internacional. Por ejemplo, cuando estos crímenes se cometen en territorio de un Estado parte, dicho Estado puede remitir el caso a la CPI (artículos 12(2) y 13 del Estatuto de Roma). Es lo que hizo Lituania el 30 de septiembre de 2024, alegando que desde 2020 se cometieron en Bielorrusia crímenes de lesa humanidad que incluyen la deportación, persecución y otros actos inhumanos y que, en parte, impactaron en territorio lituano. Actualmente, la CPI está realizando un examen preliminar para determinar si puede abrir una investigación, lo que eventualmente podría incluir investigaciones de crímenes cometidos en Bielorrusia, siempre y cuando estén vinculados con los crímenes transfronterizos extendidos a países como Lituania, Polonia, Letonia o Ucrania.
Otras vías para buscar justicia incluyen juzgar a los responsables en cortes nacionales mediante la figura de la jurisdicción universal, herramienta disponible en países como Argentina. Asimismo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), tratado del cual Bielorrusia sí es parte, permite, según su artículo 30(1), llevar controversias entre Estados parte ante la Corte Internacional de Justicia.
Como mínimo, sin embargo, los Estados democráticos deberían mostrarse solidarios con quienes defienden los derechos humanos en Bielorrusia y adoptar un compromiso activo con las libertades fundamentales en su política exterior. El Examen Periódico Universal (EPU) de Bielorrusia, realizado el 3 de noviembre de 2025 en el CDH en Ginebra, representó una oportunidad para reclamar ante la comunidad internacional por las violaciones de derechos humanos en el país y formular recomendaciones concretas para mejorar su situación. Bielorrusia debe luego responder a estas recomendaciones, aceptándolas y comprometiéndose a implementarlas, o bien “tomando nota” y dejando en evidencia su falta de voluntad de actuar en consecuencia. Sin embargo, en el caso de Argentina directamente no intervino en el diálogo interactivo del EPU de Bielorrusia.
Como parte de su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la solidaridad democrática internacional, CADAL envió el 25 de septiembre de 2025 una carta a la Misión Permanente de Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra y a la Mesa de Entradas de la Cancillería, solicitando que el país interviniera en el EPU de Bielorrusia e incluyera la recomendación de “liberar de manera inmediata a Ales Bialiatski y a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, y garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, de conformidad con las obligaciones internacionales de Bielorrusia”.
Ales Bialiatski es defensor de derechos humanos, Premio Nobel de la Paz 2022 y fundador de Viasna, organización que desde 1996 documenta abusos y torturas contra presos políticos en Bielorrusia. Fue encarcelado en julio de 2021 y cumple una condena de diez años por documentar violaciones cometidas tras las protestas contra la elección fraudulenta de 2020 y por defender la libertad de reunión.
En total, 101 Estados miembros de la ONU participaron del EPU de Bielorrusia en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Entre ellos, al menos 30 recomendaron explícitamente la liberación de presos políticos: Albania, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania, Eslovenia, Suecia y Ucrania.
La ausencia de Argentina en este proceso representa un enorme retroceso en política exterior en derechos humanos. Este abandono de la comunidad internacional solidaria con quienes ven sus derechos humanos sistemáticamente vulnerados es tanto un gesto de indiferencia frente al sufrimiento ajeno, como una señal de alerta sobre el real compromiso que con la libertad dice tener el gobierno de Javier Milei.
Dorothea KruegerCoordinadora de ProyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.
La persecución de opositores políticos en Bielorrusia es sistemática, viola libertades fundamentales y se intensificó de manera desmesurada desde 2020. En mayo de ese año, el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko anunció su candidatura para un sexto mandato consecutivo, lo que llevó a que miles de personas se volcaran a las calles en protesta. Pese a la violenta represión de estas manifestaciones pacíficas, la movilización creció de manera masiva y sin precedentes cuando, en agosto de 2020, los resultados de las fraudulentas elecciones presidenciales confirmaron la victoria de Lukashenko con un 80% de los votos. Cerca de 3.000 personas fueron detenidas por participar en las protestas posteriores a los comicios.
Lukashenko gobierna Bielorrusia desde 1994 y revirtió rápidamente las incipientes reformas que apuntaban a una transformación democrática del país tras su independencia de la Unión Soviética en 1991. En 1995 y 1996, enmiendas constitucionales debilitaron significativamente el rol y la independencia de los poderes Legislativo y Judicial, concentrando el poder en la presidencia y, tras la derogación del límite a los mandatos en 2004, en la figura misma de Lukashenko.
En 2025, y con la oposición en el exilio, Lukashenko inició su séptimo mandato tras ganar oficialmente con el 86,8% de los votos en las elecciones de enero. Actualmente, más de mil personas están privadas de su libertad por razones políticas en Bielorrusia. La detención arbitraria, frecuentemente acompañada de tortura o malos tratos, constituye el principal método del gobierno para silenciar voces disidentes.
El último informe del Grupo de Expertos Independientes sobre la situación de derechos humanos en Bielorrusia, un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, demuestra la sistematicidad de estas violaciones y la responsabilidad criminal de las autoridades, especialmente de Lukashenko, en dirigir y controlar la represión. Además, el grupo concluye que estas violaciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad y que el “Estado de Bielorrusia no solo es incapaz y no está dispuesto a enjuiciar los delitos internacionales que son de su competencia, sino que además promueve la impunidad de los presuntos autores de esos delitos”. Sin un poder judicial independiente, la población bielorrusa se ve privada de su derecho a la reparación, la verdad y las garantías de no repetición. Por ello, afirman los expertos, “el impulso para exigir responsabilidades debe provenir de la comunidad internacional”.
Si bien Bielorrusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) —tribunal competente para juzgar los crímenes más graves, entre ellos los crímenes de lesa humanidad—, existen alternativas para exigir justicia desde la comunidad internacional. Por ejemplo, cuando estos crímenes se cometen en territorio de un Estado parte, dicho Estado puede remitir el caso a la CPI (artículos 12(2) y 13 del Estatuto de Roma). Es lo que hizo Lituania el 30 de septiembre de 2024, alegando que desde 2020 se cometieron en Bielorrusia crímenes de lesa humanidad que incluyen la deportación, persecución y otros actos inhumanos y que, en parte, impactaron en territorio lituano. Actualmente, la CPI está realizando un examen preliminar para determinar si puede abrir una investigación, lo que eventualmente podría incluir investigaciones de crímenes cometidos en Bielorrusia, siempre y cuando estén vinculados con los crímenes transfronterizos extendidos a países como Lituania, Polonia, Letonia o Ucrania.
Otras vías para buscar justicia incluyen juzgar a los responsables en cortes nacionales mediante la figura de la jurisdicción universal, herramienta disponible en países como Argentina. Asimismo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), tratado del cual Bielorrusia sí es parte, permite, según su artículo 30(1), llevar controversias entre Estados parte ante la Corte Internacional de Justicia.
Como mínimo, sin embargo, los Estados democráticos deberían mostrarse solidarios con quienes defienden los derechos humanos en Bielorrusia y adoptar un compromiso activo con las libertades fundamentales en su política exterior. El Examen Periódico Universal (EPU) de Bielorrusia, realizado el 3 de noviembre de 2025 en el CDH en Ginebra, representó una oportunidad para reclamar ante la comunidad internacional por las violaciones de derechos humanos en el país y formular recomendaciones concretas para mejorar su situación. Bielorrusia debe luego responder a estas recomendaciones, aceptándolas y comprometiéndose a implementarlas, o bien “tomando nota” y dejando en evidencia su falta de voluntad de actuar en consecuencia. Sin embargo, en el caso de Argentina directamente no intervino en el diálogo interactivo del EPU de Bielorrusia.
Como parte de su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la solidaridad democrática internacional, CADAL envió el 25 de septiembre de 2025 una carta a la Misión Permanente de Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra y a la Mesa de Entradas de la Cancillería, solicitando que el país interviniera en el EPU de Bielorrusia e incluyera la recomendación de “liberar de manera inmediata a Ales Bialiatski y a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, y garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, de conformidad con las obligaciones internacionales de Bielorrusia”.
Ales Bialiatski es defensor de derechos humanos, Premio Nobel de la Paz 2022 y fundador de Viasna, organización que desde 1996 documenta abusos y torturas contra presos políticos en Bielorrusia. Fue encarcelado en julio de 2021 y cumple una condena de diez años por documentar violaciones cometidas tras las protestas contra la elección fraudulenta de 2020 y por defender la libertad de reunión.
En total, 101 Estados miembros de la ONU participaron del EPU de Bielorrusia en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Entre ellos, al menos 30 recomendaron explícitamente la liberación de presos políticos: Albania, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania, Eslovenia, Suecia y Ucrania.
La ausencia de Argentina en este proceso representa un enorme retroceso en política exterior en derechos humanos. Este abandono de la comunidad internacional solidaria con quienes ven sus derechos humanos sistemáticamente vulnerados es tanto un gesto de indiferencia frente al sufrimiento ajeno, como una señal de alerta sobre el real compromiso que con la libertad dice tener el gobierno de Javier Milei.
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