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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
26-06-2025Turquía bajo escrutinio: Argentina perdió una oportunidad para defender los derechos humanos
Esta ausencia no solo representa una oportunidad perdida para expresar solidaridad con los defensores de la democracia y los presos políticos en Turquía, sino que también puede interpretarse como un incumplimiento de la propia política exterior de derechos humanos del gobierno argentino que proclama en el sitio web de la Cancillería.Por Dorothea Krueger
Foto: RadioFreeEurope / RadioLibertyEl pasado 6 de mayo fue examinada la situación de los derechos humanos en Turquía en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que consiste en un informe nacional elaborado por el país examinado y en las recomendaciones formuladas por otros Estados Miembros de la ONU. Estas recomendaciones se nutren —además del informe nacional que detalla el punto de vista gubernamental del país examinado sobre sus avances en materia de derechos humanos— de los informes de órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU, así como de la información aportada por partes interesadas, como las organizaciones no gubernamentales. Con el fin de mejorar la rendición de cuentas de los Estados respecto a la protección y garantía de los derechos humanos fundamentales, la revisión entre pares del EPU pone en el centro de atención las deficiencias de los Estados y, al mismo tiempo, brinda un espacio para la devolución constructiva.
Como parte de su misión de promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, CADAL se monitorea este ejercicio de escrutinio del sistema universal de derechos humanos de la ONU. En cooperación con la Fundación Konrad Adenauer, CADAL observa la participación de Argentina en los EPU de países autocráticos y dictatoriales. Es decir, en contextos en los que las violaciones de derechos humanos no solo suelen ser sistemáticas, sino que además se ven agravadas por las restricciones al Estado de derecho y a las instituciones democráticas, que impiden la participación libre y efectiva de la sociedad civil y la rendición de cuentas.
El sistema político turco es considerado un “régimen híbrido” (Democracy Index, DI 2024), una “autocracia moderada” (Bertelsmann Transformation Index, BTI 2024) y una “autocracia electoral” (V-Dem Democracy Report 2025). Si bien Turquía no figura en la categoría más baja de ninguno de estos índices que evalúan la calidad democrática, la comparación interanual de los informes muestra que el país ha atravesado un proceso de autocratización durante las últimas dos décadas. Además, fueron los indicadores que evalúan las libertades civiles los que obtuvieron las puntuaciones más bajas para Turquía tanto en el BTI 2024 como en el DI 2024. El informe Freedom in the World de Freedom House corrobora esta situación al clasificar a Turquía como país “no libre”, y también CIVICUS considera el espacio cívico turco como “reprimido”.
El deterioro del Estado de derecho y la consolidación del régimen autocrático en Turquía se plasman en un ambiente político represivo, caracterizado por restricciones a las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, la represión a la oposición política y el control de los medios de comunicación y del poder judicial. Las autoridades bloquean páginas web de medios independientes, y periodistas enfrentan persecución bajo la ley antiterrorista, siendo los periodistas kurdos particularmente vulnerables a este tipo de ataques. Leyes como la antiterrorista, la de difamación y otras se aplican también como una suerte de cortina de humo para perseguir, detener y encarcelar a defensores de derechos humanos, abogados y dirigentes opositores. El caso más reciente y destacado es el del alcalde de Estambul y candidato presidencial, Ekrem İmamoğlu, detenido en el marco de una investigación por corrupción, lo que evidencia cómo el gobierno de Erdoğan incide en el poder judicial con fines políticos. Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que constatan detenciones arbitrarias y ordenan la liberación inmediata de las personas detenidas han sido ignorados reiteradamente por el gobierno turco.
Por su parte, las revisiones a Turquía por otros mecanismos de derechos humanos ofrecen información relevante previa al EPU del país. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por denuncias de actos de tortura y malos tratos generalizados, sobre todo en centros de detención. Recomendó investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre estas denuncias y sobre todos los casos de muerte bajo custodia. Asimismo, destacó las amenazas, agresiones físicas, detenciones, enjuiciamientos, torturas y malos tratos que enfrentan los defensores de derechos humanos y periodistas por ejercer sus libertades fundamentales. De manera similar, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la represión contra la sociedad civil y por la práctica de prisión preventiva prolongada de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo.
En cuanto a los derechos a la igualdad y la no discriminación, los discursos y crímenes de odio, así como la falta de investigaciones exhaustivas de estos delitos, representan un desafío para los derechos humanos en Turquía. Las principales víctimas son personas migrantes, mujeres y personas de la comunidad LGTBQ+, aunque la información recaudada por la ONU también señala la discriminación sistemática y la violencia sufrida por la comunidad kurda en el país. El Comité de Derechos Humanos recomendó aprobar una ley integral que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado.
Ante este panorama, 125 Estados miembros de la ONU participaron en el diálogo interactivo del EPU de Turquía y formularon recomendaciones. Al menos 22 países presentaron recomendaciones en materia de libertades de expresión, reunión y asociación, entre ellos Austria, Bélgica, Canadá, Chequia, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, España y el Reino Unido. Además, unos 30 Estados formularon recomendaciones relativas al Estado de derecho en Turquía, así como reformas legislativas o medidas que aseguren que las leyes se apliquen conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos del país, es decir, que no se apliquen de forma arbitraria. Entre estos países se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chequia, Chile, Costa Rica, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, México, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Ucrania, el Reino Unido y Uruguay. Se destaca también el pedido de Canadá por la liberación de presos políticos, así como la preocupación expresada por Alemania en relación al proceso de autocratización y la detención de figuras políticas como el alcalde de Estambul.
En una carta fechada el 30 de abril de 2025, dirigida a la Dra. Ursula Basset, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, CADAL solicitó la participación de Argentina en el EPU de Turquía. La carta incluía una propuesta concreta para la recomendación argentina a Turquía:
“Liberar en forma inmediata a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y participación política, incluidas las personas detenidas por su participación en las protestas del parque Gezi de 2013, al alcalde Ekrem İmamoğlu y a las personas detenidas por reclamar su libertad. Aplicar todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la liberación inmediata de Selahattin Demirtaş y Osman Kavala.”
Lamentablemente, Argentina no participó en el EPU de Turquía. Esta ausencia no solo representa una oportunidad perdida para expresar solidaridad con los defensores de la democracia y los presos políticos en Turquía, sino que también puede interpretarse como un incumplimiento de la propia política exterior de derechos humanos del gobierno argentino. En efecto, en la página web de la Cancillería se declara:
“Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno argentino busca instrumentar una política de Estado de protección de los derechos humanos basada en el respeto de la libertad, la democracia representativa y el Estado de derecho, reconocidos en nuestra Constitución. […] La soberanía no otorga ninguna licencia al Estado para cometer violaciones de derechos humanos dentro de su propio territorio, y no puede usarse como argumento para impedir el escrutinio por parte del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria.”
Sin embargo, Argentina optó por no participar del escrutinio a Turquía por parte del sistema universal de derechos humanos.
Dorothea KruegerAsistente de proyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.
El pasado 6 de mayo fue examinada la situación de los derechos humanos en Turquía en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que consiste en un informe nacional elaborado por el país examinado y en las recomendaciones formuladas por otros Estados Miembros de la ONU. Estas recomendaciones se nutren —además del informe nacional que detalla el punto de vista gubernamental del país examinado sobre sus avances en materia de derechos humanos— de los informes de órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU, así como de la información aportada por partes interesadas, como las organizaciones no gubernamentales. Con el fin de mejorar la rendición de cuentas de los Estados respecto a la protección y garantía de los derechos humanos fundamentales, la revisión entre pares del EPU pone en el centro de atención las deficiencias de los Estados y, al mismo tiempo, brinda un espacio para la devolución constructiva.
Como parte de su misión de promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, CADAL se monitorea este ejercicio de escrutinio del sistema universal de derechos humanos de la ONU. En cooperación con la Fundación Konrad Adenauer, CADAL observa la participación de Argentina en los EPU de países autocráticos y dictatoriales. Es decir, en contextos en los que las violaciones de derechos humanos no solo suelen ser sistemáticas, sino que además se ven agravadas por las restricciones al Estado de derecho y a las instituciones democráticas, que impiden la participación libre y efectiva de la sociedad civil y la rendición de cuentas.
El sistema político turco es considerado un “régimen híbrido” (Democracy Index, DI 2024), una “autocracia moderada” (Bertelsmann Transformation Index, BTI 2024) y una “autocracia electoral” (V-Dem Democracy Report 2025). Si bien Turquía no figura en la categoría más baja de ninguno de estos índices que evalúan la calidad democrática, la comparación interanual de los informes muestra que el país ha atravesado un proceso de autocratización durante las últimas dos décadas. Además, fueron los indicadores que evalúan las libertades civiles los que obtuvieron las puntuaciones más bajas para Turquía tanto en el BTI 2024 como en el DI 2024. El informe Freedom in the World de Freedom House corrobora esta situación al clasificar a Turquía como país “no libre”, y también CIVICUS considera el espacio cívico turco como “reprimido”.
El deterioro del Estado de derecho y la consolidación del régimen autocrático en Turquía se plasman en un ambiente político represivo, caracterizado por restricciones a las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, la represión a la oposición política y el control de los medios de comunicación y del poder judicial. Las autoridades bloquean páginas web de medios independientes, y periodistas enfrentan persecución bajo la ley antiterrorista, siendo los periodistas kurdos particularmente vulnerables a este tipo de ataques. Leyes como la antiterrorista, la de difamación y otras se aplican también como una suerte de cortina de humo para perseguir, detener y encarcelar a defensores de derechos humanos, abogados y dirigentes opositores. El caso más reciente y destacado es el del alcalde de Estambul y candidato presidencial, Ekrem İmamoğlu, detenido en el marco de una investigación por corrupción, lo que evidencia cómo el gobierno de Erdoğan incide en el poder judicial con fines políticos. Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que constatan detenciones arbitrarias y ordenan la liberación inmediata de las personas detenidas han sido ignorados reiteradamente por el gobierno turco.
Por su parte, las revisiones a Turquía por otros mecanismos de derechos humanos ofrecen información relevante previa al EPU del país. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por denuncias de actos de tortura y malos tratos generalizados, sobre todo en centros de detención. Recomendó investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre estas denuncias y sobre todos los casos de muerte bajo custodia. Asimismo, destacó las amenazas, agresiones físicas, detenciones, enjuiciamientos, torturas y malos tratos que enfrentan los defensores de derechos humanos y periodistas por ejercer sus libertades fundamentales. De manera similar, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la represión contra la sociedad civil y por la práctica de prisión preventiva prolongada de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo.
En cuanto a los derechos a la igualdad y la no discriminación, los discursos y crímenes de odio, así como la falta de investigaciones exhaustivas de estos delitos, representan un desafío para los derechos humanos en Turquía. Las principales víctimas son personas migrantes, mujeres y personas de la comunidad LGTBQ+, aunque la información recaudada por la ONU también señala la discriminación sistemática y la violencia sufrida por la comunidad kurda en el país. El Comité de Derechos Humanos recomendó aprobar una ley integral que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado.
Ante este panorama, 125 Estados miembros de la ONU participaron en el diálogo interactivo del EPU de Turquía y formularon recomendaciones. Al menos 22 países presentaron recomendaciones en materia de libertades de expresión, reunión y asociación, entre ellos Austria, Bélgica, Canadá, Chequia, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, España y el Reino Unido. Además, unos 30 Estados formularon recomendaciones relativas al Estado de derecho en Turquía, así como reformas legislativas o medidas que aseguren que las leyes se apliquen conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos del país, es decir, que no se apliquen de forma arbitraria. Entre estos países se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chequia, Chile, Costa Rica, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, México, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Ucrania, el Reino Unido y Uruguay. Se destaca también el pedido de Canadá por la liberación de presos políticos, así como la preocupación expresada por Alemania en relación al proceso de autocratización y la detención de figuras políticas como el alcalde de Estambul.
En una carta fechada el 30 de abril de 2025, dirigida a la Dra. Ursula Basset, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, CADAL solicitó la participación de Argentina en el EPU de Turquía. La carta incluía una propuesta concreta para la recomendación argentina a Turquía:
“Liberar en forma inmediata a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y participación política, incluidas las personas detenidas por su participación en las protestas del parque Gezi de 2013, al alcalde Ekrem İmamoğlu y a las personas detenidas por reclamar su libertad. Aplicar todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la liberación inmediata de Selahattin Demirtaş y Osman Kavala.”
Lamentablemente, Argentina no participó en el EPU de Turquía. Esta ausencia no solo representa una oportunidad perdida para expresar solidaridad con los defensores de la democracia y los presos políticos en Turquía, sino que también puede interpretarse como un incumplimiento de la propia política exterior de derechos humanos del gobierno argentino. En efecto, en la página web de la Cancillería se declara:
“Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno argentino busca instrumentar una política de Estado de protección de los derechos humanos basada en el respeto de la libertad, la democracia representativa y el Estado de derecho, reconocidos en nuestra Constitución. […] La soberanía no otorga ninguna licencia al Estado para cometer violaciones de derechos humanos dentro de su propio territorio, y no puede usarse como argumento para impedir el escrutinio por parte del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria.”
Sin embargo, Argentina optó por no participar del escrutinio a Turquía por parte del sistema universal de derechos humanos.
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